EMBOSCADAS

Gabriela Soto

Durante el homenaje a los cinco agentes del Grupo Élite, de los siete muertos totales que fueron acorralados por las ráfagas de la delincuencia organizada en marzo de 2011, Malova se comprometió a otorgar un apoyo por un millón de pesos para el establecimiento de su propio negocio, un incentivo adicional de lo que reciben los familiares de un policía muerto. Pero la ayuda no llegó

Viudas de policías

Le gustaba portar armas, disfrutaba la adrenalina que se disparaba en su cuerpo cuando participaba en los operativos de la fiscalía estatal, presumía su placa policiaca. Carlos Humberto Villegas Burgos dedicó 14 años de su vida a servir a las fuerzas investigadoras. En su ejercicio libró varias emboscadas de los grupos delictivos.

A partir de su ingreso a las filas del Grupo de Policías de Élite, en febrero de 2011, supo del peligro al que se exponía y su mayor temor se cumplió: murió sin graduarse de la licenciatura en Derecho y sin poseer un patrimonio para heredar a sus tres hijos y esposa. Fue asesinado por el grupo de delincuencia organizada que opera en Guasave, aquella tarde del domingo 6 de marzo de 2011, cuando los delincuentes acorralaron con una tromba de balas a los policías que trasladaban a dos detenidos. Ahí quedó su cuerpo junto a otros seis de sus compañeros.

Ante el fracaso del “grupo de fuerzas especiales” frente al crimen organizado, el gobernador Mario López Valdez se comprometió a apoyar a cada una de las viudas, con becas para los hijos, con una pensión y un apoyo económico por un millón de pesos para emprender su propio negocio, en aquel homenaje-sepelio que se preparó para los policías caídos y que los dolientes aprovecharon para denunciar: “Señor gobernador, usted tiene gente que está con el narco”.

Pero la ayuda no llegó. A casi dos años del terrible enfrentamiento, cuatro madres de familia afectadas recorren los pasillos del Palacio de Gobierno intentando descifrar en qué dependencia se perdieron los proyectos entregados, en qué archivo se trabó el apoyo, quién falló.

Proyectos empresariales truncos

Nancy Nevárez aún no se resignaba a la muerte de su esposo, Carlos Humberto: aún lloraba sin parar y su único pensamiento era él. Con el dolor aquejando el corazón, las viudas fueron presionadas a tomar un curso inmediato de capacitación empresarial por aproximadamente tres meses en Empreser, un programa de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Nevárez recuerda que el director de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Guillermo Prieto, emplazó a las cuatro mujeres a definir el proyecto en que invertirían el dinero que supuestamente otorgaría el Gobierno estatal. Ella decidió producir caña junto a dos viudas más.

“El emprendedor Nancy Rafaela Nevárez ha planteado el desarrollo del proyecto denominado ‘Cañeros’. La empresa se dedicará a sembrar superficie de caña; que buscando siempre la calidad, productividad y aumentando superficie, así como rendimiento año tras año. El surgimiento de este proyecto está basado con la finalidad de promover la producción de la materia prima; caña de azúcar, bajo los parámetros de calidad logrando los más altos niveles de productividad”, detalla el proyecto entregado a la Sedeco.

El proyecto empresarial agrícola de las tres viudas, al parecer se perdió entre la falta de coordinación entre las dependencias y la insuficiencia de compromiso por el Gobierno estatal. Aunque existen documentos que avalan la entrega del plan de negocios, la Sedeco afirmó que lo remitió primero a la Secretaría de Seguridad Pública y luego a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Estas dos últimas dependencias justifican que jamás fueron entregados.

“Se entregaron. En su momento nos dijeron llévalos a la Secretaría de Seguridad Pública, y luego nos dijeron ¿sabes qué?, como eran ministeriales, (se remitieron) a la Procuraduría. Entonces, ahí ya no es ámbito de nuestra competencia, digamos donde iba a quedar eso. A mí me pidieron armar los proyectos con ellas, los terminamos y ahí está”, defendió Guillermo Prieto.

En una carta dirigida al gobernador por la deudo María Candelaria Soto Valdez, pareja del policía Ernesto Félix Rubio, con fecha de recibo el 14 de julio de 2011, le recuerda su deuda con la familia.

“He decidido que el proyecto familiar que nos fue sugerido por su gobierno, consiste en la compra de cinco hectáreas de riego localizadas en el ejido San Diego, sindicatura Eldorado, municipio de Culiacán. Lo anterior, constituye el millón de pesos que usted se comprometió a entregar a los familiares de los agentes recibidos”, específica el documento.

Hay más oficios con fechas posteriores y dirigidas al titular de la Sedeco, Eduardo Ortiz Hernández. Ninguno tuvo respuesta.

“Decidimos juntarnos lo que éramos María Candelaria, Lilian y yo. Como ahí andaban vendiendo unas tierras pues, ahí donde viven ellas, en Eldorado, decidimos juntarnos para comprarlas y trabajarlas juntas, fue por eso que yo decidía hacer eso. Ahora ya no me interesaría hacer eso, porque a mí me interesaría poner algo así, una papelería pues… porque ya esas tierras que vendían ya, ya pasó mucho tiempo, esas tierras ya no las venden. Este proyecto que hicimos ya no sirve”, manifestó Nevárez.

Pese al bombardeo de documentos con reclamos y de visitas estériles, el Gobierno estatal cerró sus puertas a las otras víctimas.

“Pensamos muy mal del señor gobernador porque por parte de él mandó un representante, Guillermo Prieto, porque ese dinero que nos prometió fue para un negocio a futuro, para nuestros hijos. Y ahora que nos digan que no, pues yo tengo mis hijos en la universidad, los dos, y ya es más gasto. Ahorita ni beca ni nada, el seguro de vida se está terminando. Y yo trabajo y aun así no alcanza”, reclamó María Yáñez Delgado, ex pareja de Martín Velázquez Gutiérrez.

Becas irregulares

La entrega de becas prometidas para los hijos de los agentes policiacos muertos aquella cruenta tarde de marzo de 2011 es irregular, acusan las viudas. Candelaria Soto nunca obtuvo el apoyo de mil 500 pesos mensuales prometidos para la continuación de los estudios de sus hijos.

“Ha sido bastante difícil, bastante batalloso, porque no alcanza el dinero. Yo soy una de las personas que no me llegó la beca de los niños, de ninguno de los dos. Y tengo un niño de preescolar, ese niño no tiene ni beca ni nada”, afirmó.

Por su parte, Nevárez acusó que solo dos de sus hijos fueron becados pero por el programa Becasin, cuyo apoyo es de 200 pesos mensuales, y recientemente uno de ellos dejó de percibirlo, sin alguna explicación.

La viuda del policía Raymundo Torres Díaz, Lilian Izábal González, señaló que también le retiraron el apoyo.

“Nos dan una beca que nos pagan a destiempo. Y que este año no llegó, al menos a mis hijos no les llegó”, dijo.

Las madres de familia tampoco han recibido una respuesta sobre tal irregularidad. Ahora buscan desesperadamente la ayuda de los diputados del Congreso local para obtener una audiencia con Malova y sacar adelante sus proyectos.

Las cifras de caídos

En los dos primeros años del Gobierno de Mario López Valdez han muerto 133 policías. De ese total, 37 pertenecían a la Policía Estatal, 32 eran ministeriales, y los 64 restantes militaban en las fuerzas municipales, de acuerdo con datos proporcionados por la SSP y PGJE.

Las parejas de los agentes preventivos estatales caídos pueden solicitar créditos para establecer un negocio propio, cuyo monto oscile desde los cinco hasta 200 mil pesos. Desde 2011 que empezó a funcionar este programa solamente se han entregado tres, detalló el subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo de la SSP.

Sadol Osorio Porras estimó que se han entregado 200 créditos a viudas, policías y ex internos con un monto aproximado de siete millones de pesos. Son las ex parejas de los policías quienes menos solicitan estos empréstitos. En tanto, la PGJE no tiene un área de apoyo a los familiares de los agentes muertos.

(RIODOCE.COM.MX/ Gabriela Soto   /Domingo 20 de enero de 2013)