Zacarías Cervantes
Chilpancingo.- En
una asamblea, dirigentes del movimiento armado en contra de la delincuencia de
los municipios de Ayutla y Tecoanapa comenzaron ayer a deliberar la forma en
que serán juzgados los ya 46 detenidos.
Aún no se ha
determinado si será un tribunal o una asamblea popular el que juzgará a los
detenidos, pero el acuerdo es que será integrado por comisarios municipales,
comisariados ejidales y principales de los pueblos que participan en el
movimiento.
Ayer, los grupos de
ciudadanos continuaron con los filtros de control a la entrada de los poblados
principales de los dos municipios que se encuentran a orillas de la carretera
Tierra Colorada-Cruz Grande, y los militares solamente mantuvieron recorridos
por la carretera y operativos en algunos poblados, informó vía telefónica uno
de los líderes.
En la asamblea
realizada el medio día de ayer en el restaurante Cristy, de Ayutla, los
ciudadanos de los pueblos que participan en el movimiento discutieron la
conformación de lo que en un principio se dijo sería un consejo para juzgar a
los detenidos.
Sin embargo, al
final no hubo consenso en cuanto a si la instancia que juzgará a los detenidos
será un tribunal o una asamblea popular.
En la asamblea de
ayer se justificó crear esta instancia “porque hay una crisis de justicia en el
país, y principalmente en Guerrero, por lo que no hay confianza en los juzgados
ya establecidos en el sistema de justicia formal.
Los 46 detenidos
serán presentados públicamente el próximo 31 de enero, donde se definirá su
situación legal, se informó.
Uno de los
dirigentes, entrevistado vía telefónica, informó que también se propuso que
este organismo antes de emitir su fallo va a deliberar sobre los orígenes del
delito, porque, según se reconoció en la asamblea de ayer, algunos de los
detenidos fueron obligados a participar, y otros son promotores del delito,
“pero de ninguna manera los entregaremos al gobierno”.
Los dirigentes
informaron que este sábado va a continuar la asamblea a la que asistieron unos
300 ciudadanos de Tecoanapa y Ayutla, y “será el momento para acordar si la
figura es un tribunal popular o asamblea general”, dijo uno de los líderes.
Asimismo ratificó
que continuarán los retenes en Cruz Quemada y las Ánimas, municipio de
Tecoanapa, así como en Ayutla, y desmintió que los militares estén en los
retenes, “ellos solamente hacen los recorridos por las carreteras, pero no han
asumido el control de los puestos de revisión”.
Por otra parte
declaró la fuente que se acordó orientar a los pueblos sobre la forma en que va
a operar la nueva policía comunitaria, misma que “será distinta a la (Policía
Ciudadana y Popular) del municipio de
Huamuxtitán y de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, pero se retomará
su experiencia, al igual que de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). No queremos parecernos a nadie”.
Desdeña la UPOEG a la Codehum y a la prensa nacional
Tras el movimiento
ciudadano armado que comenzó el 5 de enero en Ayutla, hubo detenciones de
ciudadanos, presuntamente vinculados con la delincuencia organizada, quienes
fueron recluidos en una casa de seguridad ubicada en la comunidad mixteca de El
Mesón.
Desde el principio,
la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) y la prensa
local, solicitaron entrevistar a los detenidos, luego de que sus familiares
venían haciendo denuncias en el sentido de que algunos de ellos estaban siendo
torturados.
Sin embargo, la
dirigencia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero
(UPOEG) se opuso con el argumento de que eran los ciudadanos de la comunidad
donde se encontraban o familiares de las víctimas las que se oponían.
El 16 de enero, el
mismo presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández, acompañado por el
visitador general, Hipólito Lugo Cortés, así como de un grupo de reporteros de
medios nacionales y locales, fueron regresados de un retén ubicado antes de
llegar a El Mesón, por parte de ciudadanos, en su mayoría mujeres de esa
localidad, con el argumento de que pretendían (la Codehum) defender a los
delincuentes.
Fue hasta el 23 de
enero pasado cuando la dirigencia pudo entrevistarse sólo con 35 de los 44
detenidos en El Mesón, en medio de un ambiente de tensión, pues nuevamente no
se permitió el acceso a los medios nacionales y locales.
Sin embargo ayer, la
dirigencia de la UPOEG aceptó la petición de corresponsales de la agencia
francesa AFP para tener acceso a 27 de los detenidos, a quienes pudieron
tomarles fotografías y realizar entrevistas a quienes tienen contacto con
ellos, situación que no se permitió a los reporteros de medios nacionales y
locales en días anteriores.
Aunque según
trascendió fue sólo para desmentir que los detenidos estén recibiendo malos
tratos o torturas.
Siguen los puntos de revisión
Uno de los líderes
aseguró que los puntos de revisión por parte de los ciudadanos continuaron ayer
en las comunidades de Cruz Quemada y Las Ánimas, municipio de Tecoanapa, en
donde se había dicho que asumió el control el Ejército. La fuente aseguró que los
militares solamente siguen realizando recorridos en la carretera y en algunas
comunidades.
Añadió que los
puntos de revisión y control, cuando menos en el caso de Tecoanapa, siguen bajo
la responsabilidad de la población civil y que así continuará hasta que los
ciudadanos de las comunidades consideren que se ha restablecido la seguridad.
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