Arturo Rodríguez García/Reportaje Especial
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- En la fachada de lo que fue el casino Royale, las 52 cruces
colocadas por los deudos de quienes perdieron la vida en el atentado
incendiario del 25 de agosto de 2011 fueron retiradas la mañana del lunes 7.
También desaparecieron las fotografías de las víctimas que permanecían ahí a manera
de memorial.
Un grupo de
familiares de los fallecidos en el casino se congregó en los alrededores del
predio y, cuando se aproximaron a la entrada, el encargado se fue corriendo.
Los atendió un joven vigilante.
“Como si fuera
basura nos aventaron las cruces por debajo de la malla ciclónica”, dice Samara
Pérez Muñiz, sobreviviente del ataque y madre de Brad Xavier Muraira Pérez,
quien murió en ese lugar.
–¿Las quieren todas?
–les preguntó insolente el guardián.
Ese mismo día la
Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León (CDHNL) emitió una medida cautelar
dirigida al ayuntamiento de Monterrey para que garantizara la permanencia del
modesto memorial. Sin embargo la alcaldesa Margarita Arellanes, de extracción
panista y a quien se vincula con la mafia de los casinos (Proceso 1860),
declaró a la prensa que el asunto no era de su competencia.
Al día siguiente los
familiares regresaron para colocar de nuevo las cruces, aunque fuera en el
suelo. Un supuesto abogado del propietario los recibió para aclararles que no
hubo mala intención en el retiro del monumento, pues se pretendía remozar el
sitio porque “se veía muy feo”. El memorial se reinstaló.
En medio del
escándalo desatado por las declaraciones de Talía Vázquez Alatorre –ex esposa
del casinero Juan Iván Peña–, quien involucra a encumbrados políticos del PAN
cercanos a Felipe Calderón con la mafia de los casinos (Proceso 1889), la
tragedia del ataque al casino Royale sigue presente.
“El escándalo no nos
revela nada. Sólo volvemos a entender la impunidad en el caso. Sabíamos que
había intereses muy grandes que no permitían que se esclarecieran los hechos, y
al ver este escándalo de casinos, permisos y demás confirmamos lo que siempre
supimos.
“Vemos
dolorosamente, desde que empezamos a conocer el caso, que hubo una tremenda
corrupción que no podía ser parada porque las autoridades federales estaban
inmiscuidas”, dice Samara Pérez.
Empantanados
El martes 15,
familiares de las víctimas acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) para dar seguimiento a la recomendación 66/2012, emitida a
finales de noviembre pasado. Fueron recibidos por Luis García, primer visitador
del organismo.
La recomendación
resolvió que hubo violaciones a los derechos de seguridad y legalidad por parte
de los tres órdenes de gobierno, que favorecieron a Atracciones y Emociones
Vallarta, propietaria del centro de apuestas.
La CNDH informó a
las familias de las víctimas que el ayuntamiento de Monterrey y la CDHNL no
aceptaron la recomendación. El rechazo es el último de los incumplimientos de
promesas y compromisos que hicieron Felipe Calderón, la empresa y hasta la
Iglesia.
En la última semana
de su gobierno Calderón concedió a Joaquín López Dóriga una entrevista que se
transmitió en el horario estelar de Televisa. Ahí manifestó que el episodio más
doloroso de su gobierno fue el del casino Royale. Los deudos consideraron
ofensiva esa declaración.
“Es un sentimiento
de impotencia, enojo, sufrimiento. No podemos entender que una persona que nos
ignoró en todo su sexenio, diga que fue lo que más lo marcó, cuando no tuvo ni
siquiera la delicadeza ni la responsabilidad moral de un presidente de hacerles
justicia a esos ciudadanos que murieron en el ataque más grande que ha habido
de la delincuencia organizada a la población civil”, plantea Samara.
El desempeño de la
PGR en torno a los hechos del casino Royale ha sido una incógnita que los
familiares de las víctimas no han podido despejar: Atrajo la investigación y la
regresó en menos de tres meses, mantuvo hasta hace poco la custodia de las
instalaciones y detuvo y trasladó a la Ciudad de México a presuntos
responsables que nadie sabe quiénes son ni dónde están.
Además el fiscal
Juan Mendoza tomó declaraciones a las familias sin permitirles revisarlas e
impidió el acceso de sus abogados; se contradijo en la cantidad de detenidos,
pues primero dijo que eran 14 y luego que eran muchos, sin precisar el número.
Mientras tanto, en la procuraduría estatal ya hasta lograron sentencias contra
siete perpetradores.
Províctima, la
institución calderonista creada al vapor para atender a víctimas de la
violencia, fue un fiasco. Durante una reunión sostenida el jueves 17 con la
subsecretaria de Gobernación Lía Limón, los familiares tuvieron acceso al
informe de la dependencia. Se llevaron una sorpresa: El expediente consistía en
el vaciado de datos de lo que el gobierno estatal ha implementado en cuanto a
becas, apoyos y otras medidas.
Quieren una
audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto para pedirle “que todas las
autoridades con responsabilidad de los hechos, por acción u omisión, sean
castigadas y que se paguen las indemnizaciones, por simple lógica, por derecho…
que se hagan cargo de los daños que sufrimos”.
Pese a que
desconfían, ven una buena señal en la publicación de la Ley de Víctimas: “Nos
escuchan, pero eso no es garantía. Nos han escuchado muchos en este año y medio
y estamos casi como al principio”, dice otro deudo.
Héroes y víctimas
El día del ataque
era el primero de trabajo de Rubén Morales Castillo en el centro de apuestas.
Ayudó a sacar a varias personas del sitio en llamas, pero él no se pudo salvar.
Murió ahí.
Las investigaciones
revelaron que el chofer de Raúl Rocha, propietario del casino, tenía en su
poder el celular de Rubén y su tarjeta de crédito. La familia cree que los
dueños querían ocultar su relación laboral para no pagar indemnización.
Y es que Atracciones
y Emociones Vallarta no reconoció a Rubén como trabajador y rechazó tener
obligación con sus deudos.
Familiares de 14
empleados del centro de apuestas han sufrido todo tipo de abusos. Entre otras
cosas los han hecho firmar documentos haciéndoles creer que son indemnizaciones
cuando en realidad se trata de perdones legales.
El día del ataque
Samara Pérez acudió al casino en compañía de su hijo Brad Xavier, quien había
cumplido la mayoría de edad y acababa de sacar su credencial para votar. Ese
día el joven estrenaba unos tenis blancos, regalo de su abuela.
Cuando entraron los
sicarios, Samara corrió a buscar a su hijo. Fue a un área y a otra, a la zona
VIP y, entre las llamas y el humo, cayó rendida detrás de una barra. Entonces
advirtió la puerta por la que salían varios empleados. Como pudo los siguió y
se vio libre. Una mano desconocida atrancó la salida.
Por esa puerta
pudieron salvar la vida más personas, piensa. Nadie daba información. Hasta una
hora y media después lograron convencer a policías y trabajadores de una
construcción para que usaran una retroexcavadora. La puerta cedió y la avenida
San Jerónimo, donde se ubicaba el casino, se inundó de un espeso humo negro.
“Entonces entendí
que mi hijo no podía estar vivo”, rememora. Se aferró a una esperanza: Podía
estar entre los heridos, pero llegó la hora en que ya no había nada más que
esperar. Su esposo llegó al lugar y caminaron juntos hasta encontrar un taxi.
Después vino el
infierno ministerial: descripción, confusión de cuerpos y finalmente
identificación. Los tenis desaparecieron y los pies de Brad estaban calzados
con unos huaraches viejos.
(PROCESO/ Arturo Rodríguez García/ 25 de enero de
2013)
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