Ni sumando los salarios del Presidente
de la República y el del gobernador de Baja California, alcanzaría para cubrir
el sueldo del próximo “director general” de la desaladora en Rosarito aprobada
por diputados del PAN-PRD. Hasta el “encargado del almacén” recibirá más dinero
que el mandatario estatal. Son los costos inflados que justifican los más de
172 mdp que recibirá la empresa al mes durante 37 años
El Gobierno del Estado que encabeza
Francisco Arturo Vega de Lamadrid
consiguió, con el respaldo de diputados del PAN-PRD, aprobar lo necesario para
echar a andar una desalinizadora que los bajacalifornianos pagarán durante 37
años.
La desalinizadora que ha
marcado el gobierno de “Kiko” es un negocio de más de 76 mil 740 millones de
pesos que recibirá la empresa por parte del Gobierno del Estado, y que saldrás
del bolsillo de los ciudadanos al pagar el agua potable.
Los pagos que pronto empezará
a recibir la empresa extranjera por parte del Gobierno del Estado para la
construcción y operación de la desalinizadora en Rosarito serán de 172.8
millones de pesos al mes.
Millones de pesos que el
Estado pagará a través de los pagos de usuarios de la Comisión Estatal de
Servicios Públicos -se eleva 2 mil 074 millones anuales más de los que ejerce
la Secretaría de Seguridad Pública en un año-.
Para “justificar” estos
costos, la empresa entregó diversas estimaciones de gastos de operación de la
futura planta, entre estos, los sueldos de su personal; una plantilla
desorbitada.
Por ejemplo, al “director
general” de la desalinizadora se le asignó un sueldo mensual de 359 mil 333
pesos, es decir, más de cinco veces el salario del propio gobernador Vega.
Ni Enrique Peña Nieto, el
Presidente de la República, percibe un pago tan elevado como el encargado de la
desalinizadora.
De hecho Peña, quien devenga
250 mil 247 pesos al mes, cobrará 109 mil 86 pesos menos que el “director” de
la planta.
Bueno, ni sumando el sueldo
mensual del gobernador y el del inquilino de Los Pinos alcanza para cubrir el
gran pago que proyectó la empresa beneficiada por el Gobierno del Estado.
El sueldo del “director” solo
se compara con lo que gana el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Luis María Aguilar Montes, quien más gana en todo el país: 4 millones
658 mil 775 pesos anuales, cantidad muy similar a la del “director” a quien se
le proyectaron 4 millones 331 mil 990 pesos al año.
PLANTA DE AGUA, MINA DE ORO
En ese proyecto se plasmó la
construcción, financiamiento y operación para la planta desalinizadora de
Rosarito por un monto mensual de 149 millones 312 mil 018 pesos (más Impuesto
al Valor Agregado, IVA). El contrato lo firmó la Secretaría de Infraestructura
y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) entonces dirigida por Manuel Guevara.
La lógica de la operación es
prácticamente sencilla: el Estado -por no tener recursos suficientes– cede a
las empresas la construcción y operación de la desaladora; a cambio el gobierno
les paga una cantidad millonaria de manera mensual.
Posteriormente, el primero de
diciembre de 2017, diputados en el Estado del PAN y del PRD (excepto Miguel
Osuna Millán) aprobaron el Dictamen 95, en el cual se autorizaba al gobierno de
“Kiko” Vega buscar el financiamiento para varias Asociaciones Público Privadas
(APP), entre estas la desaladora.
Previo a la aprobación y
firma del contrato, las empresas justificaron el cobro del monto de su
“inversión”, entre esos documentos entregaron al Estado una “cédula para el
cálculo del costo de personal” para el proyecto.
ZETA obtuvo copias del
expediente en el que se localiza el organigrama de la planta. Y sus números son
irreales:
* “Director de Planta” ganará 359 mil
333 pesos de sueldo al mes.
* “Subdirector”, 212 mil pesos.
* “Gerente de Mantenimiento”, 231 mil
pesos.
* “Gerente de Operación”, 231 mil pesos.
* “Administrador”, 105 mil 540 pesos.
* “Jardinero”, 101 mil 360 pesos
mensuales.
Los empleados de bajo nivel,
según la propia información que entregó la empresa al Estado, también tendrán
salarios de primer mundo:
* “Encargado de Compras”, 55 mil 190
pesos al mes.
* “Secretaria”,45 mil pesos.
* “Coordinador de Almacén”, 67 mil 900 pesos.
* “Ayudantes”, 30 mil 48 pesos cada uno.
* “Jefe de Laboratorio”, 67 mil 900… y
un poco más para el “Técnico en Calidad”.
* “Oficial Eléctrico”, 47 mil 500 pesos,
al igual el “Oficial Electromecánico”.
* “Auxiliar de mantenimiento”, 30 mil
pesos al mes.
Como si fuera poco, en el
documento oficial firmado por el “representante” de las empresas, Lautaro
Manuel Millaman-Turuel, advierte: “El número de personal que se señala en esta
cédula es el mínimo requerido”.
31 MDP PARA 37 EMPLEADOS
Según el documento de la
empresa respecto los supuestos gastos, son en total 37 empleados los que
requiere la planta como “mínimo”, distribuidos en cuatro departamentos:
Dirección, Administrativo, Operación y Mantenimiento.
Según los propios cálculos,
el gasto en “total (de) sueldo mensual” es de 2 millones 395 mil 545 pesos para
los 37 empleados. Y estiman que al año, la suma incrementaría a 31 millones 170
mil 750 pesos.
En promedio, cada empleado de
la desalinizadora costará poco menos de un millón de pesos anuales, 842 mil
pesos por cada uno.
Para tener una idea del monto
proyectado por la desaladora basta decir que con una cantidad similar a lo que
ellos estiman como gasto anual de sueldos a 37 personas, la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (con 33 millones de pesos) puede cubrir las 121 plazas de
personal (sueldos, aguinaldos, finiquitos y todas las prestaciones) en todo un
año.
Un año de sueldos de la
desaladora es dos veces lo que el gobierno de “Kiko” Vega destinó en carreteras
estatales, en carreteras alimentadoras y en caminos rurales en todo 2017 (15
millones 675 mil pesos).
Otro ejercicio que sirve para
dimensionar los pagos mensuales de 172 millones de pesos (2 mil 74 millones
anuales) que el gobierno tendrá que hacer durante 37 años a la desalinizadora:
alcanza para casi cubrir prácticamente lo que el gobierno gasta en todo el
Estado en la Secretaría de Salud Pública (2 mil 490 millones), incluyendo pago
de todo el personal médico, operación de todos los hospitales, suministros,
etcétera.
Con un solo pago mensual a la
desaladora, podría solventarse todo lo
que la administración estatal invertirá en la Secretaría de Medio Ambiente en
todo 2018 (50.9 millones) y la Secretaría de Pesca y Agricultura (72.1 millones).
Y sobrarían todavía 49 millones de pesos, es decir, diez veces lo que el Estado
presupuestó en 2017 para “infraestructura de cultura”.
Con un mes y medio del pago
que recibirá la desaladora, basta y sobra para poder cubrir el edificio de la
Policía Estatal Preventiva que se está construyendo en Tijuana (239.6 millones de pesos).
O bien, un año de pagos a la
desaladora es igual a 14 veces lo que “Kiko” destinó a inversión pública en
educación superior en 2017 (142.8 millones), según el Presupuesto de Egresos. Y
con lo que un año de desaladora alcanzaría a tener más de 100 veces el
presupuesto destinado en 2017 al programa Empleo Temporal y benefició entre 4
mil y 6 mil apoyos con un presupuesto de 20 millones.
Un solo año de los 40 que
durará la concesión, la desaladora costará casi el doble de toda la inversión
pública anual en los cinco municipios de Baja California.
LAS EMPRESAS DEL AGUA
El 22 de agosto de 2016, tres
empresas crearon el Consorcio Aguas de Rosarito SAPI de CV, exclusivamente para
recibir el contrato de una APP con el gobierno de Baja California.
El consorcio realmente es
encabezado por Consolidated Water,
compañía extranjera que tiene sus oficinas en las Islas Caimán, el
famoso paraíso fiscal por ser la Capital del lavado de dinero.
Se unieron las empresas NSC
Agua, SA de CV, filial de Consolidated Water en México; NuWater SAPI de CV
(Lautaro M. Millaman Teruel) y
Degremont, SA de CV (Adrien Tieche, Jordi Valls Riera e Ignacio del Campo),
ambas filiales de empresas extranjeras, pero con vínculos políticos en México.
Supuestamente las empresas
invertirán 9 mil 891 millones de pesos para la construcción y operación de la
planta, y el Estado le pagará durante los 37 años a razón de 149 millones de
pesos (más IVA) cada mes, es decir, 2 mil millones cada año o 76 mil 740
millones de pesos anuales, lo que incluye el pago por el agua en bloque De
manera que la empresa recuperará su inversión en menos de cinco años.
Entre los socios se encuentra
Galo Horacio Macías Bretón como consejero de administración, representante de
los inversionistas de Terminales Portuarias del Pacífico, abiertamente
beneficiadas durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Lautaro Manuel Millaman fue
funcionario del Gobierno Federal en la Secretaría de Desarrollo Social y
sancionado por Secretaría de la Función Pública en 2014 por ocultar su
declaración patrimonial.
Michael Avant Smith y
Frederick W. Mctaggart, son otros dos miembros del consejo de administración y
desde esta administración, “socios” del Gobierno del Estado que encabeza
Francisco Vega de Lamadrid
PAN-GOBIERNO “CASTIGA” A DIPUTADO OPOSITOR DE
DESALADORA
Miguel Osuna Millán, diputado
del Partido Acción Nacional, es el único legislador de su bancada que votó en
contra del Dictamen 95, mismo que autorizó al gobierno del Estado endeudarse
por más de 82 mil millones de pesos, la mayoría para la desaladora de Rosarito.
Su voto en el Pleno fue en contra de la voluntad del gobernador, el cual se vio
obligado a involucrarse personalmente para presionar a los legisladores de
sacar la votación panista mediante una
trampa legislativa, en la mañana del 1 de diciembre de 2017.
La presidencia del Congreso,
representada por el panista Raúl Castañeda, citó sorpresivamente a una sesión
extraordinario únicamente con los diputados del PAN y del PRD (con 15 minutos
previos al inicio) y con previo acuerdo -ésta es una versión extraoficial, pero
muy sonada- con al menos dos diputados del PRI, Benjamín Gómez y Alejandro
Arregui.
Pero el encono del Gobernador
y los de su partido en contra de Osuna Millán es porque además el diputado ha
evidenciado las graves faltas e irregulares en el contrato de la desaladora,
igualmente ha señalado los costos desorbitantes del millonario negocio.
Desde que ejerció su voto en
contra del Dictamen 95 y firmó una solicitud para que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación revisara las posibles violaciones a la Constitución por
parte del proyecto, el gobernador y el partido tomaron represalias.
Desde diciembre, el diputado
confirmó que todo aquel que sostenía una relación de amistad con él, fue
despedido del gobierno del Estado; es decir, funcionarios que formaron parte
del equipo de Osuna cuando éste fue secretario de Salud al inicio de la
administración.
Apenas la semana pasada, a
otros funcionarios, conocidos como “amistades” de Osuna Millán, se les pidió su
salida de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, la cual depende
del Poder Legislativo y es dirigido por Carlos Padilla Villavicencio.
Junto a esto, el presidente
del Comité Estatal del PAN, José Luis Ovando Patrón, inició un procedimiento
sancionador en contra del diputado por su oposición a dicho dictamen, sobre el
cual, Osuna Millán explicó públicamente: “aprueba una desaladora que proveerá
en una primera fase de 69 millones de metros cúbicos al año”, siendo que “en la
realidad”, únicamente se necesitan “cuatro millones anuales”, pero a partir de
2025.
En un video difundido en las
redes sociales del diputado, se menciona que “en diversas reuniones de
trabajo”, éste presentó al gobierno documentos revisados “por especialistas,
expertos en desalación y economía”, en donde resulta preocupante la responsabilidad
y el daño económico que ocasionaría el proyecto por el que votó en contra.
El legislador además aseguró
que el intento del PAN-gobierno por sancionarlo “es un honor” cuando se hace al
“defender el bien público”.
ZETA buscó al dirigente del
PAN, quien se limitó a decir: “es un proceso interno, no debo declarar al
respecto”; mientras que Osuna aseguró que falta carácter y liderazgo para
revisar los temas legislativos y así acompañar a la bancada en las decisiones
importantes.
El diputado puntualizó que
las represalias en contra de su persona y su equipo las asumirá, al igual que
desea que esta Legislatura se conduzca con responsabilidad y compromiso por
quienes los han elegido, la ciudadanía.
Mientras tanto juró que
seguirá en la bancada del PAN, siempre y cuando sea beneficioso para los
ciudadanos y tomando decisiones que busquen el bien mayoritario.
SUPREMA CORTE REVISARÁ LAS DESALADORAS DE “KIKO”
Será la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) quien revise los atropellos del gobierno del Estado
y de los diputados del PAN-PRD que han denunciado 11 legisladores de Baja
California, en su afán por echar andar los proyectos de las Asociación Público
Privadas, entre estos, las desaladoras en la entidad.
El Dictamen 95, votado por
los diputados y por la instrucción del gobernador, Francisco Vega de Lamadrid,
endeudará al Estado por más de 82 mil millones de pesos durante los próximos 37
años.
El martes 23, la Suprema
Corte reconoció que la solicitud de Acción de Inconstitucionalidad que solicitaron
diversos legisladores de Baja California sí es de su competencia y serán ellos
quienes emitan una opinión jurídica de mega endeudamiento.
El recurso de revisión fue
firmado por 11 de los 25 diputados locales: cinco diputados del PRI, dos de
Morena, el Diputado del PAN, Miguel Osuna Millán, y los legisladores del PES,
PBC y de PT.
“Es un gran paso y representa
un fallo del Gobierno del Estado que daba por hecho que sería desechado”, fue
referido por el diputado por el Partido Encuentro Social (PES), Luis Moreno.
Esperan así lograr dar revés
a lo aprobado en la sesión de Pleno, convocada de manera mañosa por el panista
Raúl Castañeda Pomposo, quien convocó el primero de diciembre para votar el
endeudamiento únicamente a los integrantes de su bancada.
“Hoy deben estar muy
nerviosos los inversionistas que este tema esté en la SCJN, porque es un volado
y hoy deben valorar si deben invertir en algo tan obscuro, errático,
cuestionado, poco legitimado, porque estaría en riesgo mucho dinero”.
Afirmó que la decisión de la
instancia federal podría tardar de tres a seis meses, ya que es un proceso
lento, pero esperan que se decida lo más pronto posible para poder tener más
certeza y confianza sobre esto.
Por su parte, el Poder
Ejecutivo emitió un comunicado de prensa con el que minimizó la decisión de los
ministros, refiriendo que no se debe dar un significado mayor al que éste
tiene.
A través del coordinador de
Amparo de la Dirección Jurídica y Contenciosa del gobierno del Estado, Cristian
Ornelas Islas, el Estado indica que la inconformidad será estudiada por el
órgano colegiado, pero que no representa un “freno” al proyecto de las
desaladoras previstas en el Decreto 168.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / ISAÍ LARA BERMÚDEZ/
LUNES, 29 ENERO, 2018 12:00 PM)
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