TRANSPORTISTAS Y AUTORIDADES EN PUGNA

FOTOS: Enrique Botello

En septiembre de 2011, el Ayuntamiento de Enrique Pelayo Torres autorizó la tarifa actual de 10 pesos. Ahora los transportistas exigen que aumente a 13 pesos. No se descarta un paro general del servicio, mientras la autoridad argumenta que el alza debe ser acorde a la calidad del servicio

La intención del incremento a la tarifa del transporte público en Ensenada mantiene en pugna a transportistas y autoridades. Los dueños de las unidades del servicio público alegan aumentos en sus costos que se recrudecieron luego del alza en los precios de los combustibles, en tanto la autoridad porteña considera que subir el pasaje debe estar aparejado con la calidad del servicio que se da, y ese desacuerdo está provocando que se amenace con paralizar la movilidad, amén del inherente colapso económico.

Las tarifas del transporte sufrieron su última modificación en septiembre de 2011. Hace cinco años y ocho meses, el Ayuntamiento encabezado por Enrique Pelayo Torres autorizó la tarifa actual, que es de 10 pesos. Ahora los transportistas exigen se establezca en 13 pesos, ya que la actual no les permite siquiera dar mantenimiento a las unidades y aclaran que hay algunas colonias que no reciben el servicio de forma regular y sesgadamente amagan con parar totalmente en los próximos días.

Esta disputa por el costo del transporte ya se ventiló incluso en la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Baja California, donde los transportistas iniciaron querella luego de la negativa al aumento que recibieron del XXI Ayuntamiento que encabezó Gilberto Hirata Chico, ya que ellos consideran tener los argumentos suficientes para conseguirlo.

El magistrado Roberto Vidrio Gutiérrez primero estimó válidos los reclamos de los empresarios del volante y orden el incremento, luego multó al alcalde, síndico y regidores actuales por no motivar su negativa al ajuste tarifario.

Un primer indicio de que los transportistas están dispuestos a luchar por sus demandas, se dio el miércoles 24 de mayo, cuando al menos unas 40 carpas, en las que choferes comparten el espacio con mujeres y niños, fueron instaladas en los accesos principales dl Palacio Municipal en lo que ellos denominan un “plantón permanente” con el que esperan presionar al gobierno encabezado por Marco Antonio Novelo Osuna.

Mientras apoyados por varios grupos de taxistas, cinco gremios de transportistas -“Rojo y Blanco”, “Amarillo y Blanco”, “Vigía”, “Brisa” y “Flecha Verde” de San Quintín- se mantienen en plantón, la autoridad municipal sostiene que el tema de la tarifa debe ser revisado desde el punto de vista de la calidad del servicio y si éste merece el incremento o no, pero todo indica que ninguno de los ediles, incluyendo los que integran la Comisión del Transporte, quieren cargar con el peso de una medida anti popular.

La tarde del 23 de mayo, fecha en que el Cabildo de la ciudad tuvo sesión extraordinaria programada a las cinco de la tarde, pero iniciada a las seis, desde las tres de la tarde transportistas se apostaron en las afueras de Palacio Municipal, choferes con sus esposas e hijos, muchos hijos, así como dueños y concesionarios del transporte, se congregaron para exigir que los regidores incluyeran en el orden del día el tema de las tarifas al transporte. Ese día, entre 200 y 300 personas se prepararon con pancartas y lanzando consignas.

Inició la sesión y, aun cuando -no sin contratiempos y empujones previos- los manifestantes tuvieron acceso al recinto, la posición de los ediles, que solicitaron receso para retirarse a deliberar en privado, no varió, pues mientras la mayoría de los regidores, incluyendo a algunos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se mantuvieron firmes en su negativa,  los otros, también con algunos del PRI, que sí estaban en favor del incremento al transporte, recibieron instrucciones de las dirigencias de sus partidos para no avalar ninguna alza, pues no quieren asumir el costo político.

El presidente de la Unión de Transportistas Independientes del Municipio de Ensenada (UTIME) Armando Gutiérrez Vega, explicó al pleno del XXII Ayuntamiento que ellos ya hicieron lo que tenían que hacer: “Ya cumplimos con todo, sin embargo, existen elementos económicos producidos por los aumentos de los combustibles, de las refacciones, de las revisiones mecánicas, el aumento de todos los servicios que nos dan ya están altos por lo que los costos son elevados.

“Por estas razones es que no hay una explicación lógica para fundamentar un solo elemento en contra del incremento a la tarifa, ¿cómo pueden argumentar que no procede?” ¡Esto es político!”, les espetó.

La sesión de Cabildo resultó tan desordenada que tuvieron que suspenderla varias veces para llamar al orden a los transportistas, quienes al final, literalmente volvieron a ver a los regidores salir huyendo ante la protesta de los manifestantes, quienes se quedaron igual que antes de iniciarla.

Algunos choferes se quejaron de su líder, al que criticaron de proceder con tibieza ante las autoridades. De hecho dicen tener la sensación de que “Novelo sí quiere, pero no tiene la mayoría de votos”.

Muchos choferes recordaron que el año pasado, durante la contienda electoral que renovó la alcaldía y el Congreso del Estado, los partidos políticos y sus candidatos los buscaron para pedirles su voto y respaldo logístico. Ahora dicen sentir que esos funcionarios electos se olvidaron de ellos y esperan que no vuelvan a buscarlos en época proselitista.

PRIMERO LA CALIDAD, LUEGO EL INCREMENTO

El coordinador de la Comisión de Transporte y Seguridad Pública del Cabildo, regidor Iván Duarte, de la fracción del Partido Encuentro Social (PES), explica que los ediles “ubicamos el tema de tarifa dentro del contexto general de la movilidad en el municipio, para evitar que se vea como si fuera solo un ejercicio de costo y recuperación, donde dices ‘bueno mi operatividad hasta este momento, por ejemplo, me cuesta por pasajero 11 pesos, entonces le subo a 13 y ya me queda una ganancia justa y un margen para modernización como dice el Reglamento y la Ley’”.

Duarte refiere a ZETA que el mecanismo tradicional para autorizar incremento en la tarifa de transporte público respondía únicamente a las necesidades económicas del transportista, pero no estimaba la calidad y eficiencia que entregaba al usuario, y ese es el punto que ahora está como prioridad para la comisión que encabeza, “donde la pregunta es sí se lo merecen o no -el aumento-”.

Abunda que anteriormente “se hacía un ejercicio ahí medio subjetivo en el cual, cumplías tus compromisos y dabas un servicio de calidad, pues te mereces la tarifa;  ahora, si no lo haces de manera eficiente ni con calidad, entonces no te la mereces”.

Según el regidor del PES, la actual administración está a favor de un esquema que fomente la eficiencia en el tiempo de los traslados de las personas, que mejore el trato que reciben los usuarios por parte de los choferes y que vaya aparejada con las obras necesarias para evitar costos innecesarios como los que origina el mal estado de las vialidades. En suma, una óptica global que no se suscriba simplemente al costo del servicio y la promesa de mejora en las unidades.

“’Ese ejercicio lineal es el que nosotros requeríamos, si bien no eliminar o quitarlo por completo del imaginario colectivo, pero sí completarlo con un ejercicio más complejo en relación a la cuestión, primero el procedimiento institucional por medio de la Unidad Municipal del Transporte (UMT), la cuestión de la flotilla, de la apreciación ciudadana, servicio de calidad y eficacia por parte de los operadores; cuestiones de vialidad, bacheo y otros como la sincronización de semáforos para hacerlo eficiente en el tiempo de recorrido y los costos de operación, o sea, hacer el esquema más complejo, y en esa maduración compleja meter la tarifa, que sería como una situación de traslado de costos de operación al usuario”, ejemplifica.

El coordinador de la Comisión de Transporte y Seguridad considera que los ediles que tienen la responsabilidad de decidir si avalan o no el incremento a las tarifas, vieron recortado su tiempo para analizar cuál debería ser el sentido de su voto, debido a la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, que les fijó plazos para que resolvieran una situación que mantenían en estudio. Asegura que el voto en contra se dio principalmente porque se careció de elementos para valorar de manera adecuada.

“Independientemente de esa resolución que se va a dar por parte de una sala o de un órgano diverso al magistrado del Contencioso, ese procedimiento jurídico nos marcó tiempos. De tal manera que nos dijo, ‘en tres días denme avances, en tres días determinen, en cinco días transmitan las constancias’, y eso nos obligó a hacer una votación o abordar el tema en un tiempo diverso a que el análisis natural nos representaba.

“Echamos mano de lo que teníamos en ese momento”, abundó, “de los dictámenes y las opiniones técnicas que teníamos, con la información con que contábamos en ese momento, para poderle dar cumplimiento a ese ejercicio jurisdiccional. Y  pues sale una negativa, la cual el tribunal insiste que debería tener más elementos de fundamentación y motivación”.

COLAPSADOS

La visión de la autoridad contrasta de forma abrupta con la que sobre el tema tienen los transportistas, que en su decir “están colapsados” y se quejan de que en el tema del transporte le falta de visión al gobierno municipal, ya que, aunque ellos han cumplido con todos los requisitos que se han solicitado, no tienen una respuesta afirmativa y la situación económica es caótica, y eso arrastra otros problemas.

El presidente de UTIME describe la situación: “El transporte está crítico, la verdad esto está colapsado económicamente, nos colapsaron económicamente  por falta de políticas económicas, por falta de visión aquí del Ayuntamiento, entonces ahorita ya estuvo, ya se nos agotó la paciencia, ya se no agotó el aguante económico, estamos quebrados y esto ya no dio; necesitamos que resuelvan este asunto”.

A su consideración, los regidores ya tienen elementos suficientes para aprobar el aumento, pues “no pueden fundar ni motivar -su negativa-, no hay elementos frente a los económicos, en contra de nosotros, todo está muy claro, no hay cómo pueden decir que no hay que subir la tarifa, después de tanto tiempo y aumentos de todos los costos, diésel, combustible… todo lo que influye para un alza de tarifa”.

De acuerdo a Gutiérrez Vega, los transportistas han aportado lo suyo para mejorar el servicio mediante la adquisición de uniformes, presentando exámenes de control de sustancias tóxicas, reemplazando las unidades por otras de un modelo reciente, además de que les recordó a los ediles que “el peor servicio es el que no hay”, y afirma, se mantiene en pie la posibilidad de un paro general del transporte.

“Todos los ediles saben que no hay ningún elemento que pueden ellos decir que no hemos hecho, ¿uniforme? ya los hicimos; ¿antidoping?, se hizo, iniciamos el proceso de modernización de unidades nuevas por usadas y semi nuevas, o sea, nosotros ya cumplimos con todo, y ahí están los elementos económicos de los aumentos de los combustible, los aumentos de las refacciones, el aumento de las revisiones mecánicas; todos los servicios que nos dan ya están altos, los costos son elevados, entonces no hay para dónde, no tienen cómo fundamentar un solo elemento a favor, o cómo pueden argumentar ellos de que no procede una tarifa: no lo hay, esto es político”.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ/  LUNES, 29 MAYO, 2017 12:00 PM)