GOBIERNO MALOVISTA GASTÓ CASI MIL MILLONES DE PESOS EN RENTA DE CÁMARAS PARA VIDEOVIGILANCIA

Gobierno malovista gastó casi mil millones de pesos en renta de cámaras para videovigilancia mediante adjudicación directa

El gobierno de Mario López Valdez erogó en cinco años 923 millones 800 mil 10 pesos por la contratación del servicio de un sistema integral de enlace y monitoreo de seguridad y vigilancia para el Estado de Sinaloa a la empresa Comunicación Segura SA de CV, con fecha de 17 de enero de 2012.

El proceso se llevó a cabo por medio de una adjudicación directa, de conformidad en lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de bienes inmuebles, relativos a las excepciones de las licitaciones públicas, específicamente el inciso cuatro del artículo 51, el cual señala que “será adjudicación directa cuando la contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad pública”.

La decisión se tomó durante una sesión del comité intersectorial de adquisiciones, arrendamientos y servicios del poder ejecutivo del Estado de Sinaloa, integrado por los entonces funcionarios Armando Villarreal Ibarra, secretario de Administración y Finanzas; Karim Pechir Espinosa de los Monteros; de Innovación Gubernamental; Juan Pablo Yamuni Robles, de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.

En la sesión también tomaron parte el entonces secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, así como Arturo Wilson Calderón, director del Archivo General de Notarías y por Juan Carlos Suárez Guzmán, director de Bienes y Suministros.

El sistema, según constan los anexos de 38 páginas, señala que el servicio está integrado no solamente de videogilancia urbana, sino al interior de las diferentes dependencias estatales, así como de la ahora Fiscalía General del Estado, y entraría en vigencia del 23 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016.

La copia del documento fue adquirida vía acceso a la información por el ciudadano Ernesto Saldaña, integrante del Colectivo para la Defensa del Patrimonio Público, bajo el numeraria “GES E01/2012”, firmado por Arturo Duarte García, entonces subsecretario de Administración y como testigos Francisco Córdova Celaya, entonces secretario de Seguridad Pública y por Juan Carlos Suárez Guzmán, mientras que por la empresa firmó Lorena Ángel Zayas.

En el anexo uno del documento se explica que el sistema integral de enlace y monitoreo de seguridad y vigilancia para el Estado  consiste en la “adquisición del servicio integral de enlace y monitoreo de seguridad para una mejor respuesta ante eventos y emergencias, la cual se proporcionará mediante el Centro de Coordinación Integral, Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia”, el cual es conocido como C5.

Entre las páginas 26 y 31 del contrato se explica además que se instalarán cámaras de videovigilancia con equipo de almacenamiento y control, cámaras de videovigilancia fijas para carreteras, cámaras tipo punta de poste y cámaras fijas, cuyas características y cantidad de unidades fueron testadas.

En la edición 434, Ríodoce publica trabajos sobre la videoviglancia en Culiacán mediante el Centro de Emergencias y de Respuesta Inmediata (CERI) y del C4. En estas, del total de 168 cámaras instaladas, únicamente funcionaban 11 de ellas.

El resto dejó de funcionar debido a que no se les dio mantenimiento o se descompusieron y ya no fueron reparadas, a pesar de que tenían garantía, por lo que el gobierno estatal, apoyados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lograron la reparación de 100 de ellas.

La erogación de los casi mil millones de pesos se llevó a cabo en cinco exhibiciones; la primera el 20 de enero de 2012, por 203 millones 563 mil 885.83 pesos; los siguientes pagos fueron por 180 millones, 59 mil 31.04 pesos los días 1 de abril de 2013, 2014, 2015 y 2016.

Las oficinas de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ahora Fiscalía, así como el edificio de la Policía Ministerial y los de las unidades especiales (Antisecuestros, de Investigación Policial, de Órdenes de Aprehensión, Servicios Patrimoniales y Generales), fueron parte también del sistema integral de seguridad y vigilancia. Las especificaciones técnicas requeridas para ello fueron testadas en el documento.

VIDEOVIGILANCIA NO SIRVIÓ DE NADA: COLECTIVO PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO

Las diferentes luchas por tratar de transparentar los recursos públicos, en qué se han invertido y en qué han rendido o en qué se han malgastado, se convirtió en tarea del Colectivo para la Defensa del Patrimonio Público, y en el tema de la videovigilancia, Ernesto Saldaña explica que la lesión que deja a la sociedad va más allá de lo económico.

La solicitud fue entregada a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (Ceaip) de manera física por el mismo Ernesto Saldaña, y el miércoles 31 de mayo fue entregado el documento de 50 hojas, 38 de ellas testadas prácticamente en su mayoría.

“Como puedes ver se niegan a poner las especificaciones de todo el material para el cual fueron contratados y fue por un sistema de videovigilancia que no sirvió, porque tuvimos más de 7 mil 700 asesinatos y robos de autos y en casa habitación y ese sistema ya no existe porque fue un contrato por la prestación de servicios y en el que la empresa retiró todo el material porque así lo estipulaba el contrato y Sinaloa se quedó sin videovigilancia, o sea, en pocas palabras pagamos cerca de mil millones de pesos por algo que ya no existe y que nunca funcionó”, dijo.

La Secretaría de Seguridad Pública, a través de Administración y Finanzas, invirtió ya, también por adjudicación directa, 47 millones de pesos para 100 videocámaras y se planea invertir alrededor de 140 millones de pesos en la instalación de 500 videocámaras para todo el Estado.

(RIODOCE/ AARON IBARRA/ 5 junio, 2017)