Al
centro, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto durante el desfile militar
del Día de la Independencia, en septiembre de 2016 Credit Mario Guzman/European
Pressphoto Agency
CIUDAD
DE MÉXICO — Destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas
anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de
espionaje adquirido por el gobierno mexicano que, en teoría, solo debe ser
utilizado para investigar a criminales y terroristas.
Entre
los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un
proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de
México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales
cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los
familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente.
Desde
2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones
de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí.
El
software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y
otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una
persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos
electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la
cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona
vigilada se convierte en un micrófono oculto.
La
empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de
forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para
combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas como los que
han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo.
Sin
embargo, según decenas de mensajes examinados por The New York Times y
analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a
algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus
familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e
intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la
sociedad mexicana.
“Somos
los nuevos enemigos del Estado”, señaló Juan Pardinas, director general del
Instituto Mexicano para la Competitividad, quien redactó e impulsó la
legislación anticorrupción apodada Ley 3de3. Su iPhone y el de su esposa fueron
blanco en varias ocasiones del programa espía, según un análisis forense
independiente. “La nuestra es una sociedad en la que la democracia se ha
deteriorado”, afirmó Pardinas.
Los
ciberataques sofisticados en contra de ciudadanos son indicativos de las luchas
internas que se libran en México y despiertan cuestionamientos legales y éticos
sobre un gobierno que enfrenta fuertes críticas por sus antecedentes en temas
de derechos humanos.
“Por
supuesto que no se puede justificar esa intervención. Pero eso es irrelevante.
En México nadie pide permiso para hacerlo”.
EDUARDO GUERRERO, EXFUNCIONARIO DE LA
AGENCIA DE INTELIGENCIA DEL GOBIERNO MEXICANO
Según
la ley mexicana, un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia
de comunicaciones privadas y solo cuando los funcionarios demuestran que tienen
un caso bien armado para realizar esa solicitud. Es muy poco probable que el
gobierno haya recibido esa aprobación judicial para hackear los teléfonos de
los activistas y periodistas, comentaron varios exfuncionarios de los servicios
mexicanos de inteligencia.
“Las
agencias mexicanas de seguridad no le pedirían una orden a la corte porque
saben que no la obtendrían”, dijo Eduardo Guerrero, un ex miembro del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional de México, una de las agencias
gubernamentales que utilizan el programa espía Pegasus. “¿Cómo sería posible
que un juez autorizara vigilar a alguien que se dedica a la protección de los
derechos humanos?”.
“Por
supuesto que no se puede justificar esa intervención”, agregó Guerrero. “Pero
eso es irrelevante. En México nadie pide permiso para hacerlo”.
Los
intentos para realizar hackeos fueron muy personalizados: llegaron a los
objetivos por medio de mensajes diseñados para inspirar pánico y conseguir un
acceso rápido a los teléfonos celulares. En el caso de Carmen Aristegui, una de
las periodistas más famosas de México, un operador se hizo pasar por la
embajada de Estados Unidos en México y le imploró darle clic en un enlace para
resolver un supuesto problema con su visa. La esposa de Pardinas, el activista
anticorrupción, recibió un mensaje en el que le ofrecían pruebas de que su
marido tenía un amorío.
El
gobierno mexicano reconoce haber recabado información de sospechosos legítimos
de un modo apegado a derecho. “Como en cualquier régimen democrático, a fin de
combatir al crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, el
gobierno mexicano realiza actividades de inteligencia”, señaló un funcionario.
No obstante, el gobierno “rechaza categóricamente que alguna de sus
dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de
defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de
cualquier otra persona sin previa autorización judicial”.
La
periodista mexicana Carmen Aristegui recibió mensajes de texto que contenían el
código para infectar su teléfono. Credit Edgard Garrido/Reuters
Ya
se sospechaba del uso de programas espías por parte del gobierno mexicano,
incluidos los intentos de hackeo a opositores políticos y activistas cuyo
trabajo ha afectado intereses corporativos en México.
Sin
embargo, no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable. El
software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. Incluso el fabricante,
NSO Group, señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de
los intentos específicos de hackeo.
Pero
los ciberexpertos pueden verificar en qué momento se ha utilizado el software
en el teléfono de un objetivo, lo cual les deja pocas dudas de que el gobierno
mexicano o algún grupo corrupto interno están involucrados.
“Básicamente,
es lo mejor que hay”, dijo sobre el análisis Bill Marczak, el investigador
sénior en Citizen Lab que confirmó que los teléfonos de activistas y
periodistas mexicanos tenían rastros del software.
Además,
NSO Group asegura que es muy poco probable que los cibercriminales hayan
obtenido acceso a Pegasus de algún modo, porque el programa solo puede ser
utilizado por las agencias gubernamentales en las que se ha instalado la
tecnología.
NSO
Group afirma que investiga el historial de los gobiernos en temas de derechos
humanos antes de venderles el software. No obstante, una vez que otorgan la
licencia e instalan el hardware dentro de las agencias de inteligencia y los
cuerpos de seguridad, la empresa dice que no hay manera de saber cómo se
utilizan las herramientas espías o contra quién están siendo usadas.
La
compañía simplemente le cobra a sus clientes gubernamentales según el número
total de objetivos a vigilar. Para espiar a diez usuarios de iPhone, por
ejemplo, el fabricante cobra 650.000 dólares, además de la cuota de instalación
de 500.000 dólares, según las propuestas de comercialización de NSO Group que
revisó The New York Times.
“El
hecho de que el gobierno esté usando vigilancia de alta tecnología en contra de
defensores de derechos humanos y periodistas que exponen la corrupción, en
lugar de contra los responsables de estos abusos, dice mucho de para quién
trabaja el gobierno”.
LUIS FERNANDO GARCÍA, DIRECTOR DE R3D
Aunque
NSO Group supiera que se está haciendo un mal uso de su software, la empresa
dice que no podría hacer mucho al respecto: no puede entrar en las agencias de
inteligencia, quitar el software y llevarse el hardware. Más bien, NSO Group confía
en que sus clientes cooperarán con una inspección interna que realizaría la
empresa, la cual entregaría los resultados a la autoridad legal competente… por
lo que los gobiernos terminan siendo los responsables de vigilarse a ellos
mismos.
Normalmente,
el único recurso de la empresa es ir reduciendo poco a poco el acceso del
gobierno a las herramientas en el transcurso de varios meses, o incluso años,
al dejar de proporcionar nuevos parches o actualizaciones del software.
Sin
embargo, en el caso de México, NSO Group no ha condenado ni ha reconocido que
haya abuso de su software, a pesar de que se han presentado evidencias en
repetidas ocasiones que demuestran que sus herramientas se han utilizado en
contra de ciudadanos comunes y sus familias.
La
casa de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes normalistas
desaparecidos en septiembre de 2014. Los abogados que representan a los
familiares de los desaparecidos han sido blanco del programa espía. Credit Adriana
Zehbrauskas para The New York Times
EL PASO DE LA ESPERANZA A LA
INTIMIDACIÓN
Desde
hace mucho tiempo, los periodistas, defensores de los derechos humanos y
activistas anticorrupción en México han enfrentado peligros enormes. Durante
décadas los han seguido, acosado, amenazado e, incluso, asesinado por realizar
su trabajo; riesgos laborales más comunes en Estados autoritarios que en los
que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, como es el caso de México.
El
presidente Enrique Peña Nieto comenzó su mandato en 2012 con la promesa de
dejar atrás la historia atribulada del país y poner a México en el lugar que se
merece dentro del escenario mundial por medio de reformas a la educación, a las
telecomunicaciones o al sector energético.
No
obstante, para 2014 se habían desvanecido gran parte de esas promesas tempranas
por escándalos y crisis, entre ellos la desaparición de 43 estudiantes
normalistas después de un enfrentamiento con la policía y las acusaciones de
que el mandatario y su esposa adquirieron una casa lujosa de un constructor que
después recibió varios contratos públicos.
Son
escándalos que han derrumbado la imagen perfectamente cuidada que Peña Nieto
tuvo como candidato –un político enérgico dispuesto a trabajar en conjunto con
otros partidos para modernizar y mover a México– y lo han pintado como un
funcionario corrupto que desconoce la realidad que viven los mexicanos. Ese
cambio es el resultado, en buena medida, del trabajo de los periodistas
mexicanos que develaron los casos y de los activistas y defensores que no han
permitido que sean olvidados.
“Este
era un gobierno que pasó de establecer la agenda a ser reactivo”, dijo Carlos
Loret de Mola, un popular conductor de televisión que recibió ocho mensajes de
texto que contenían código para infectar su teléfono con el programa Pegasus.
“Entonces vieron a los periodistas y pensaron: ‘Estos están sacando estas cosas
y nos hacen quedar mal, mejor los espiamos'”.
El
funeral del periodista mexicano Javier Valdez, el quinto reportero asesinado en
lo que va de 2017, el 16 de mayo Credit Rashide Frias/Associated Press
México
todavía está muy lejos de ser como Turquía, la nación que encarcela a más
periodistas en todo el mundo. No es como China, un Estado autoritario en donde
se silencian las críticas y el gobierno considera que la prensa libre es un
peligro político. Pero, de igual manera, México vive una crisis con respecto a
esos temas.
El
año pasado, fueron asesinados más periodistas que durante cualquier otro año de
este siglo; el 2017 ya va encaminado a romper ese récord.
“El
hecho de que el gobierno esté usando vigilancia de alta tecnología en contra de
defensores de derechos humanos y periodistas que exponen la corrupción, en
lugar de contra los responsables de estos abusos, dice mucho de para quién trabaja
el gobierno”, dijo Luis Fernando García, director de R3D, un grupo de derechos
digitales en México que ha ayudado a identificar varios casos de abuso del
programa Pegasus. “Definitivamente no es a favor del pueblo”.
UN CASO CERCANO AL PRESIDENTE
Quizá
ningún otro periodista en México ha dañado más la reputación del presidente
Peña Nieto que Carmen Aristegui. Y pocos han pagado tan caro por haberlo hecho.
Ella
y su equipo sacaron a la luz en 2014 el escándalo de la “Casa blanca”, una
historia de intrigas de bienes raíces que involucraba un arreglo especial para
la primera dama por parte de un contratista del gobierno que tiene una relación
de vieja data con el mandatario.
El
despido de la periodista Carmen Aristegui de MVS generó protestas a su favor en
2015. Credit Edgard Garrido/Reuters
La
historia alcanzó una audiencia mundial y obligó a la esposa del presidente a
entregar la casa, lo cual representó una especie de dilema ético para el
gobierno mexicano; en otro país quizá habría resultado en el nombramiento de un
fiscal independiente o en una pesquisa legislativa. Al final el presidente fue
exculpado por la Secretaría de la Función Pública, mientras que Aristegui
perdió su trabajo. Su despido marcó el inicio de una campaña prolongada de
acoso y difamación en su contra: demandas, allanamientos de sus oficinas,
amenazas a su seguridad personal y el monitoreo de todos sus movimientos.
“Se
trata de un acto de venganza por el reportaje”, dijo Aristegui en una
entrevista reciente. “No se puede ver de otra manera”.
Así
que le pareció sospechoso cuando en 2015 empezó a recibir mensajes de texto de
números desconocidos, en los cuales le urgían a que diera clic a un enlace. Uno
contenía un llamado de ayuda para encontrar a un menor desaparecido; otro tenía
una alerta por supuestos cargos desconocidos a su tarjeta de crédito, y otro
tenía la presunta nota de la embajada estadounidense sobre su visa.
Cuando
estos mensajes no fueron suficiente para que le diera clic al hipervínculo y
descargara el software de manera inadvertida, los siguientes fueron más
estridentes; incluso recibió uno que decía que la iban a arrestar. Varios de
los mensajes llegaron del mismo número telefónico, dando muestra de los
descuidos del operador.
El
caso de la Casa Blanca provocó un escándalo debido a posibles conflictos de
interés en la adquisición del inmueble por parte de la primera dama mexicana.
Credit Hector Guerrero/Agence France-Presse — Getty Images
Y
siguieron intentándolo. En marzo, los mensajes de texto también comenzaron a llegar
al teléfono del hijo de 16 años de Aristegui, Emilio. “La única razón por la
que irían tras mi hijo es para intentar encontrar algo en contra de mí, para
causarme daño”, dijo Aristegui.
Después
de su despido, por supuestos desacuerdos dentro de la radiodifusora MVS
Noticias, mantuvo su carrera publicando noticias en su sitio web. Pero la
situación le ha cobrado factura, en especial las demandas. En una querella
presentada por el presidente de MVS, un juez dijo que Aristegui “excedió su
libertad de expresión y de información” por la publicación de un libro de su
equipo de reporteros sobre el caso de la Casa Blanca.
En
varias ocasiones han hackeado su sitio web y en noviembre irrumpieron en sus
oficinas. Los agresores fueron tan descarados que ni siquiera se molestaron en
usar máscaras y no han sido detenidos. Ella ha decidido canalizar las amenazas,
el acoso e incluso el espionaje en su trabajo.
“He
optado por creer que mi trabajo público es lo que me protegerá”, dijo
Aristegui. “El gran reto para los periodistas y los ciudadanos es que el miedo
nos sirva y no nos conquiste”.
AMENAZAS VÍA MENSAJES DE TEXTO
Era
el 21 de diciembre de 2015 y Pardinas estaba en la playa con su familia, pero
su teléfono no dejaba de sonar: al principio eran llamadas de abogados con los
que coordinaba la redacción de una propuesta legislativa… y después un extraño
mensaje de texto.
Habían
pasado largos meses de una campaña para que se aprobara una ley sin precedentes
que obligaría a los servidores públicos de México a divulgar sus declaraciones
patrimoniales por posibles conflictos de intereses financieros.
En
noviembre, Pardinas también había presentado un estudio sobre los costos
políticos y económicos de la corrupción en México, que confirmaba con hechos y
cifras lo que casi todos los mexicanos saben: que la corrupción está
incapacitando al país. Después le dio seguimiento con entrevistas en medios en
los que llegó a burlarse de que el gobierno gastaba más en comprar café que en
el presupuesto de la oficina para combatir la corrupción.
El
estudio, las entrevistas y un sinnúmero de reuniones con políticos abrieron el
camino para la llamada Ley 3de3, que Pardinas —director general del Instituto
Mexicano para la Competitividad— ayudó a redactar.
Entonces,
en sus vacaciones navideñas, recibió el mensaje: “En la madrugada falleció mi
padre, estamos devastados, te envío los datos del velatorio, espero puedas
venir”. Venía con un enlace adjunto. Pardinas pensó que era raro que quien le
envió un mensaje tan personal no estuviera entre los contactos de su teléfono.
Se lo mostró a su esposa y decidió hacer caso omiso.
Juan
Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad, y su esposa recibieron
varios mensajes con una liga que habría infectado su celular con el programa
Pegasus. Credit Iván Stephens/GDA, vía Associated Press
Hacia
mayo de 2016, el proyecto de 3de3 había conseguido más de 630.000 firmas
ciudadanas a favor, con lo que el congreso tuvo que discutirla. Y entonces
llegó otro mensaje. Este parecía venir del medio informativo Uno TV, el cual
envía boletines diarios a los usuarios de teléfono celular de todo el país.
Pero lo que le llamó la atención fue el titular: “La historia de corrupción
dentro del Instituto Mexicano para la Competitividad”. Se alarmó porque era su
organización, pero decidió no darle clic porque sospechó que era un acto
delictivo. Al día siguiente le llegaron más mensajes.
Lo
que sucedió fue que, después de no tener éxito con él, los responsables lo
intentaron con su esposa. El mensaje, que también parecía ser de Uno TV, decía
que se habían filtrado videos que mostraban a Pardinas mientras tenía
relaciones sexuales con una colega. Pardinas llamó a su esposa y le explicó que
era un intento de acoso. “Esta gente otra vez”, respondió ella.
Al
final la propuesta de ley fue aprobada, relativamente intacta, por el congreso
mexicano, excepto que el senado agregó una provisión para que no solo los
funcionarios sino ciudadanos que trabajaran en empresas con contratos públicos
–en total se verían afectados alrededor de 30 millones de mexicanos– tuvieran
que divulgar sus declaraciones patrimoniales. El presidente Peña Nieto vetó la
3de3 con el argumento de que necesitaba ser discutida con mayor profundidad.
Pardinas
siguió con sus denuncias en las entrevistas, donde nombraba a los legisladores
que obstruían la ley y las empresas bien conectadas que se beneficiaban con el
dinero del gobierno. La iniciativa estaba atorada, pero aun así llegó otro mensaje
el 1 de agosto. Este tenía una amenaza: “Oiga afuera de tu casa anda una
camioneta con dos vatos armados, let tome fotos vealos y cuídese (sic)”.
Pardinas,
quien estaba en su oficina cuando llegó el mensaje, se negó a caer una vez más.
Pero llamó a su esposa para pedirle que se asomara por la ventana para ver si
afuera había una camioneta estacionada. No había nada.
“Al
final, mi esposa ya tenía un entrenamiento casi olímpico en este asunto del
hackeo”, bromeó Pardinas.
GAJES DEL OFICIO
Mario
Patrón, al centro, es el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez. Este defendió a tres mujeres otomíes encarceladas
injustificadamente y que en febrero recibieron una disculpa pública. Credit
Rebecca Blackwell/Associated Press
A
fines de abril de 2016, Mario Patrón estaba inquieto. La mesa de la conferencia
estaba llena de compañeros defensores de derechos humanos, entre ellos el
representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos.
Todos
fueron a discutir la bomba que estaba por caer el día siguiente: un panel
internacional que fue a México para investigar la desaparición de los 43
estudiantes normalistas divulgaría su informe final. Patrón sabía que los
hallazgos iban a ser brutales para las autoridades.
Se
acusaría al gobierno de negligencia e incompetencia, incluso de actividades
ilícitas en el manejo del caso. Como el resto de las personas en el lugar,
Patrón, cuya organización representa a los padres de los estudiantes
desaparecidos, se preguntaba cómo respondería el gobierno.
Sonó
su teléfono y vio la pantalla. La noticia que había estado esperando: “EL GOBIERNO DE MÉXICO SALE AL FRENTE DEL
GIEI”, decía el texto, con el acrónimo del grupo interdisciplinario que
publicaría el informe. Parecía ser la noticia que estaba esperando.
Le
mostró el mensaje a su colega y dio clic al enlace. Pero en vez de un artículo
o un comunicado de prensa, el vínculo simplemente lo redirigió a una página en
blanco. Confundido, dejó la reunión y se fue de prisa a su oficina para hacer
llamadas e informarse de lo que estaba planeando el gobierno. Y eso bastó para
que cayera en la trampa.
“Tener
evidencia de que somos víctimas de verdadera vigilancia confirma que nos están
amenazando y que el gobierno está dispuesto a utilizar medidas ilegales para
intentar detenernos”.
MARIO PATRÓN, DIRECTOR DEL CENTRO PRODH
Patrón
es el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez, o Centro Prodh, posiblemente el grupo de defensa de derechos humanos
más respetado en todo México. Está involucrado en varios de los casos más
graves de abusos a los derechos humanos del país y ha sido un gran crítico del
gobierno.
Además
de Patrón, otros dos abogados del grupo fueron atacados con el software:
Santiago Aguirre, el abogado principal de las familias de los estudiantes
desaparecidos, y Stephanie Brewer, una abogada estadounidense que ha trabajado
con el grupo desde 2007.
“Siempre
hemos sospechado que nos espían y nos escuchan”, dijo Patrón, quien se percató
de que la situación había empeorado considerablemente desde que desaparecieron
los normalistas. “Pero tener evidencia de que somos víctimas de verdadera
vigilancia confirma que nos están amenazando y que el gobierno está dispuesto a
utilizar medidas ilegales para intentar detenernos”.
Una
bodega en Tlatlaya, estado de México, donde fueron hallados los cuerpos de 22
personas que se cree que fueron ejecutadas por el ejército en 2014. El Centro
Prodh representa a una de las sobrevivientes. Credit Rebecca Blackwell/Associated
Press
Además
de los estudiantes desaparecidos, el Centro Prodh representa a una de las
sobrevivientes de un ataque militar en el municipio de Tlatlaya en 2014, donde
el ejército arrasó con un supuesto escondite de un cartel y asesinó a 22 personas;
el Centro Prodh ha encontrado evidencias de que los sucesos de aquella noche no
se desarrollaron como una balacera, como argumenta el Ejército, sino que fueron
ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados.
Entre
los clientes de la organización también se encuentran las mujeres de Atenco, un
grupo de once estudiantes universitarias, activistas y vendedoras de mercado
que la policía arrestó hace casi diez años, durante las protestas sucedidas en
el pueblo de San Salvador Atenco, y que fueron sometidas a brutales abusos
sexuales mientras las trasladaban a la cárcel.
Además
del grave abuso de poder y la violación de las mujeres, el caso es
especialmente sensible porque el gobernador que ordenó la represión en contra
de los manifestantes fue Enrique Peña Nieto, el actual presidente.
Brewer
y otros abogados llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y esperaron casi siete años. La comisión falló a favor de las mujeres,
ordenó al gobierno que les diera reparaciones y que investigara con la debida
diligencia las responsabilidades de las autoridades hasta lo más alto de la
cadena de mando, una directriz que podía incluir a Peña Nieto. El caso después
fue enviado ante la Corte Interamericana.
Fue
entonces, poco después del décimo aniversario de los ataques contra las
mujeres, que Brewer recibió un mensaje de texto sospechoso que cuestionaba por
qué el Centro Prodh no defendía también a los soldados y policías víctimas de
abusos. La abogada, intrigada, abrió el enlace y este la dirigió a una página
web corrupta, un indicio del software Pegasus.
“Es
parte de defender los derechos humanos en México”, aseguró Brewer. “Son los
gajes del oficio”.
Azam
Ahmed reportó desde Ciudad de México y Nicole Perlroth desde Boulder, Colorado.
Paulina Villegas colaboró con el reportaje en Ciudad de México.
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