Fotos: Enrique Botello
Después de seis legislaturas, lejos de
resolverse el conflicto con los límites territoriales, partirá de cero. La SCJN
suspendió el proceso a inicios de 2017, por lo que el tema volverá al Congreso
del Estado
Han pasado seis legislaturas,
veinte años, alcalde tras alcalde, plebiscitos, millones de pesos gastados por
las últimas administraciones, y hasta el principal defensor por parte de
Ensenada ya murió, mientras el conflicto de los límites territoriales entre
Rosarito y Ensenada sigue sin resolverse. Todo apunta que el pleito empezará de
cero.
Faltando 48 horas para que
concluyera la XXI Legislatura, cuya Comisión de Gobernación, Legislación y
Puntos Constitucionales encabezaba el diputado perredista Roberto Dávalos, el
Congreso del Estado de Baja California resolvió a favor del municipio de Playas
de Rosarito, el cual determinó que los 168 kilómetros -casi 17 mil hectáreas- son
territorio rosaritense.
Aunque con el fallo a favor
nada cambió para los residentes de la delegación La Misión y poblados que la
conforman, como Santa Anita, La Fonda, San José de la Zorra, entre otros. La
certidumbre territorial largamente esperada, y sobre todo la atención a sus
necesidades que no satisfacen ni uno ni otro Ayuntamiento, continúan en espera.
El Decreto 684 que el
Congreso de Baja California dictaminara el 7 de octubre de 2016, favoreciendo a
Playas de Rosarito, fue impugnado tras controversia por parte del municipio de
Ensenada, que recurrió como última instancia ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), donde presentó un recurso de amparo en contra de la
decisión de la XXI Legislatura.
Como respuesta, en enero de
2017, la SCJN dejó sin validez el
decreto, y declaró “suspendido” el proceso: “Dijo que no había nada para
nadie”, refieren los defensores de los límites territoriales de Ensenada. Pero
la última instancia advirtió que nada más determinaría si el Congreso local actuó
conforme a legalidad y llevó los procedimientos, que no correspondería a la
SCJN decidir a favor de Rosarito o Ensenada.
Le recordó al Congreso local
el Artículo 27 de la Constitución, que establece facultades tales como “fijar
la división territorial, política, administrativa y judicial del Estado, así
como crear o suprimir municipios; fijar, determinar y modificar la extensión de
sus territorios; autorizar mediante decreto los convenios amistosos que sobre
sus respectivos límites celebren los municipios…”.
Es decir, el tema regresará
al Congreso de Baja California, y éste deberá determinar, otra vez, si se
inicia una nueva confrontación con más desahogo de pruebas y demás recursos que
el proceso implica, o decidir, sin más, por Rosarito o Ensenada.
A medio año de haber recibido
el amparo la SCJN, recién envió a un perito topógrafo, Adalberto Díaz Vera,
quien presuntamente actuará como la figura jurídica llamada amicus curiae
(amigo de la Corte), auxiliar que se conduce como tercero en discordia y ofrece
más argumentos que respalden la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
De entrada, una primera
audiencia que se tenía programada para el 30 de marzo de 2017, fue pospuesta de
forma indefinida, dado a nuevos peritajes presentados por Ensenada, y más
objeciones por parte de Rosarito. Lo cierto es que los diputados de la actual
Legislatura tendrá que resolver en definitiva, “pero nomás no quieren sacar el
tema”, advierte Emmanuel González Cota, coordinador del Frente Ciudadano en
Defensa del Territorio de Ensenada.
Dicha agrupación se dirigió a
la actual Legislatura apenas conformada, solicitándole “dejar sin efecto y
revertir todos los daños causados a los ensenadenses, frente al despojo que ha
sufrido el municipio de Ensenada”, y acusaron a los anteriores diputados de no
haber tomado en cuenta documentales históricos y técnicos.
Una vez que la SCJN notificó
al Congreso sobre los nuevos peritajes presentados por Ensenada, los defensores
del territorio intensificaron sus gestiones ante los nuevos diputados, pero
debido a la respuesta obtenida a la fecha, presienten que la historia se
repetirá, “le siguen dando largas”.
HISTORIA SIN FIN
Como coordinador del Grupo
Interdisciplinario para la Defensa del Territorio de Ensenada (GIT), el empresario
Andrés Armenta González fue uno de los defensores más férreos y beligerantes de
los límites del municipio. En innumerables ocasiones señaló los intereses en
juego para beneficiar al final de cuentas al hotelero rosaritense Hugo Torres
Chabert, y a los compromisos de éste con el gobernador Francisco Vega de
Lamadrid y el Congreso, en especial con la diputada Laura Torres, hija de Hugo.
Las últimas denuncias
públicas que hizo Armenta fue revelar que el Congreso había “desaparecido”, o
le habían robado, el expediente de
pruebas y peritajes aportados por Ensenada, documentos contenidos nada menos
que en ocho cajas, hecho que el jurídico de la anterior Legislatura y el
diputado Dávalos negaron una y otra vez.
“Hubo alguien que tuvo
interés en que se perdieran esos archivos, y hubo quien permitió la salida de
los mismos, ahora nos salen con que a Chuchita la bolsearon y nadie establece
una responsabilidad, nomás nos dicen ‘los perdí’… ¡qué a toda madre!”,
arremetió Armenta.
Desde 2009, el coordinador
del GIT encabezó la defensa del territorio por parte de Ensenada, y murió en el
intento. El empresario falleció el 8 de febrero del presente año. El escenario
de la defensa territorial ahora lo conforman nuevos personajes. El GIT,
coordinado por Alfonso García Quiñones, surgió un nuevo grupo en torno al
tema, el Frente Ciudadano en Defensa del
Territorio de Ensenada (FCDTE), además del alcalde Marco Antonio Novelo, los
nuevos diputados, así como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Todos, se
supone, con el mismo fin, pero divergentes en los modos, “un desorden”, resume
uno de los actores.
Los empresarios del CCE
avalaron al GIT y solicitaron al alcalde Novelo para que tal grupo siga defendiendo los límites como lo han
venido haciendo por casi nueve años, argumentando que nadie como ellos tiene
conocimiento del tema a partir de los estudios, peritajes y documentación que
han acumulado, además, han trabajado de manera honoraria con tres
administraciones municipales, lo que debe considerar el Ayuntamiento, sobre
todo después de anunciar que gastarán 6 millones de pesos más, aparte de los
que gastó el ex alcalde Gilberto Hirata en la defensa legal del territorio.
García Quiñones declaró que
con Novelo se cortó la comunicación, y que lo mejor será trabajar sin él. Les
molesta que el presidente municipal contrate a un tercer despacho de abogados
para defender lo que otros dos despachos no lograron: “Proponemos que dejen de
estar contratando despachos que no tienen pruebas ni argumentos que ofrecer, y
le dejen el trabajo a la ciudadanía ensenadense, como el GIT, más si se está en
una etapa de austeridad”.
“La defensa jurídica del
territorio de Ensenada corresponde al Ayuntamiento”, respondió enfático el
primer edil. “Serán abogados de la Dirección Jurídica quienes se hagan cargo de
darle seguimiento al caso”, anunció.
“Desde mi período como
diputado he defendido el territorio de Ensenada como si fuera mi casa”, expresó
Novelo, a la vez que aceptó estar analizando el pagar 6 millones de pesos a un
tercer despacho de abogados en Ciudad de México, aparte de los 12 millones que
ya había gastado Gilberto Hirata Chico con dos bufetes diferentes, pero de los
que el actual Ayuntamiento no tiene reportes ni términos del contrato, registro
del contrato. ¡Vaya!, ni comprobantes de los pagos.
En ese contexto, y previendo
el regreso del expediente al Congreso local, el grupo FCDTE solicitó al
presidente municipal les informara en qué paso van sus gestiones, cómo van a
defender y pagar la defensa, así como qué pasó con los 12 millones de pesos gastados
por la anterior administración. La actitud por parte de Novelo ha sido fría e
indiferente.
“Estamos defendiendo con toda
diligencia y con todos sus instrumentos a su alcance el conflicto de límites
territoriales vía la Controversia Constitucional bajo el expediente 158/2016
ante la SCJN (…) Con toda transparencia les comunico que se está demandando
impugnar Decreto 137 (…) El procedimiento prácticamente está concluido”, les
respondió el edil mediante oficio.
“Nos comenta que todo está
bien, que está avanzando, pero lo que queremos es que nos diga si realmente va
a defender los límites territoriales”, manifiesta Emmanuel González,
coordinador del grupo. “Lo único que nos
contesta es ‘no te preocupes’, pero ese ‘no se preocupen’ es el que nos preocupa,
nos dan evasivas, pero ellos piensan que nos quedamos de brazos cruzados”,
acota.
Incluso consideran que la
tranquilidad de Novelo contrasta con la de su antecesor Hirata, “quien viajaba
y nos decía ‘va así y así’, pero ya en su recta final no pudo hacer nada,
mientras que al nuevo alcalde como que no le interesa”.
Dice que como diputado Novelo
nomás les dio largas, luego se fue a la candidatura y su suplente, Juan Antonio
Sánchez Zertuche, no hizo nada. Armando Reyes Ledesma, también diputado por Ensenada
en la anterior Legislatura, “andaba en otro rollo, ‘sí, sí, vengan’, pero nunca
lo hallábamos”, acusan.
Ahora las parejas tanto de
Zertuche como de Reyes, convertidas en diputadas por el Distrito XIV, Rocío
López Gorosave (PRD) y Claudia Agatón (PT), encuentran una actitud muy
diferente, aunque sin acciones concretas, dicen mostrar interés en continuar
con la defensa, al igual que la diputada federal Eloísa Talavera. Del diputado
por el Distrito XV, Alejandro Arregui (PRI), señalan: “Hasta ahora no hemos
podido hablar con él, porque siempre anda ocupado”.
Sobre todo, lo que le urgen
al presidente municipal, es que aclare lo de los 12 millones de pesos pagados a
abogados externos durante la administración pasada, información que por cierto
se solicitó a la Unidad de Transparencia y ésta no respondió. Igualmente
andan bailando otros 3 millones de pesos
que declaró la síndico procuradora Laura Karina Castrejón -quien obedece a los
intereses de Reyes Ledesma dentro del Ayuntamiento- entregó al GIT, y que éstos
niegan, pues siempre han solventado con sus propios recursos las diligencias
del pleito territorial.
Por ello reiteran su
exigencia a Novelo: “Que se clarifique y se den a conocer a la ciudadanía, pero
con datos concretos, nombres y apellidos, fechas, que lo hagan público,
transparente; que no lo hagan en grupitos cerrados”.
La franja en disputa
representa 168 kilómetros, donde se asientan 6 mil personas, entre ellas 2 mil
500 norteamericanos pensionados. Tiene una alta plusvalía, anualmente representa
un ingreso de 100 millones de pesos para el Ayuntamiento correspondiente a
Impuesto Predial y otros derechos. El municipio que pierda también verá
reducidas sus partidas federales en más del 30 por ciento, “la rebanada del
pastel que se quieren comer es grande”, ilustra José Luis Flores, miembro del
frente.
Los defensores ya se la
sentenciaron a la actual Legislatura: “Estamos listos para emprender todo tipo
de acción de resistencia civil pacífica para evitar que el Congreso del Estado,
en contubernio con el Gobierno del Estado, lleve a cabo este despojo a
Ensenada. Somos más de 15 mil ciudadanos que estamos listos para entrar en
acción”.
(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa/ Juan Carlos Domínguez /Lunes, 26 Junio, 2017
12:00 PM)
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