El espionaje como recurso usual del
gobierno es algo practicado y conocido desde hace tiempo. Y el presidente Peña
Nieto –se sabe al menos desde 2008, gracias a una investigación de la PGR
alentada por Manlio Fabio Beltrones– presuntamente lo aprovechó desde su
periodo como gobernador mexiquense, cuando se cree que indagó en las vidas de
muchos personajes de la política y la farándula, incluyendo a su ahora esposa.
Una confusión más de alguien que suele ignorar la línea que divide lo público
de lo privado.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
–¿Qué, nadie me va a preguntar si tengo novia, o qué? ¿No hay reporteros de
espectáculos aquí? –preguntó Enrique Peña Nieto la mañana del 11 de abril de
2007 a un grupo de 10 periodistas. El entonces gobernador del Estado de México
sorprendió a los reporteros y también a su jefe de Comunicación, David López.
Reciente aún la muerte de su esposa, Mónica Pretelini, los rumores sobre sus
romances eran una constante.
Una reportera de Milenio
Diario le recordó que ellos iban a reportear sus actividades públicas y su
trabajo como gobernador, no su vida privada.
–¿Es que nadie me va a
preguntar si es cierto que salgo con Galilea Montijo? –insistió Peña Nieto.
Finalmente le preguntaron lo
que quería. El gobernador mexiquense contestó que no andaba con la conductora
de Televisa, porque era “muy exuberante” para su gusto.
No fue la única vez que el
mandatario estatal mezclaba lo público con lo privado, la farándula con la
política. Antes de dar la “exclusiva” de su noviazgo con Angélica Rivera, en
noviembre de 2008, en entrevista con Katia D’Artigues y Sabina Berman, en el
programa televisivo Shalalá, se lo confió a las reporteras que cubrían sus
actividades.
Y no faltaba que él les
preguntara: “¿Y qué dicen por ahí de mí?”.
Una constante de su gobierno
estatal, pero también de su sistema de vigilancia, fue mezclar a periodistas
con políticos, a empresarios con activistas sociales, a integrantes de su
propio gabinete, a adversarios políticos dentro del PRI y en otros partidos, y
también a conductores, actores y actrices de Televisa.
Quería formar parte de ese
mundo de la farándula. Y Televisa lo apoyó también en sus labores de espionaje,
mediante los servicios de Alejandro Quintero, entonces vicepresidente de
Comercialización de la televisora, quien ahora ha vuelto a trabajar para Peña
Nieto pero en el entorno de Los Pinos.
A través de una red de
empresas y “consultoras”, como TV Promo, Zimat y Radar Servicios Especializados,
no sólo lo asesoraban en asuntos de marketing político, sino también de
espionaje. Una de sus operadoras fue Yessica de Lamadrid, quien posteriormente
trabajó para Eduardo Medina Mora en el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen).
Uno de los temas que más le
preocupaban, confía a Proceso un reportero que cubrió las actividades de Peña
Nieto como gobernador, era el de su hijo fuera del matrimonio con Maritza Díaz
Hernández, quien colaboró con el gobierno de Arturo Montiel. “Era el gran
secreto”, afirma.
Díaz Hernández acudió a
mediados de 2009 a Proceso porque se sentía espiada y fue amenazada vía
telefónica por Angélica Rivera, la actriz de Televisa contratada para la
promoción de los spots del gobierno del Estado de México y que se convirtió
entonces en la novia oficial del mandatario.
El 4 de marzo de 2012, en
vísperas del inicio de la campaña presidencial, Díaz Hernández rompió el
silencio y contraatacó. Subió un mensaje en su red social de Facebook:
“EPN se reunió con Joe Biden
(vicepresidente de Estados Unidos en ese momento). Ojalá le hayas comentado el
asunto de tu hijo menor que tienes pendiente en USA. Es una responsabilidad que
no has asumido.”
También hubo un acoso
telefónico y llamadas intimidantes contra la actriz Verónica Castro, excuñada
de Angélica Rivera, a raíz de una entrevista que concedió a la revista Hola! el
8 de julio de 2009.
La conductora estelar de
Televisa desmintió en esa entrevista la versión oficial de que el matrimonio
entre su hermano y Angélica Rivera había sido irregular. La noticia cayó como
bomba en el corporativo. Castro fue “congelada” desde entonces no sólo de la
pantalla de la empresa de Azcárraga Jean, sino del cine, el teatro y otras
actividades. También fue espiada por el gobierno mexiquense y por la empresa
televisiva.
En la confusión más fuerte
entre lo público y lo privado, la propia Angélica Rivera fue objeto del
espionaje de su prometido y futuro presidente de la República, tal como se supo
al conocerse la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR)
sobre la empresa Seguridad Privada Inteligente, de Luis Miguel Dena, ex agente
del Cisen (Proceso 1738).
EL CASO DENA
El 13 de junio de 2008, el
coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, interpuso una
denuncia ante la PGR por presunto espionaje contra él, su familia y sus
colaboradores.
Adversario de Peña Nieto por
la candidatura priista de 2012, a Beltrones le llegó información de que lo
espiaban y decidió denunciar.
El 6 de noviembre de 2008, la
Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores
Públicos cateó dos casas en Naucalpan, Estado de México, desde donde se
efectuaba el presunto espionaje.
Se encontraron “sábanas” de
información con las transcripciones de llamadas telefónicas de personajes
políticos, como Beltrones; Andrés Manuel López Obrador; el jefe de gobierno
capitalino, Marcelo Ebrard; el senador panista Santiago Creel; el secretario de
Gobernación, Juan Camilo Mouriño; la líder nacional el PRI, Beatriz Paredes; el
exgobernador de Zacatecas Ricardo Monreal; el exgobernador de Hidalgo Jesús
Murillo Karam; y de decenas más de posibles aspirantes presidenciales,
incluyendo a Humberto Moreira y Fidel Herrera. El único que no estaba en esas
“sábanas” era Enrique Peña Nieto.
La información de vínculos,
relaciones afectivas, información general, vulnerabilidades y “datos
confidenciales” incluyeron también a Angélica Rivera, entonces novia de Peña
Nieto, y Mariagna Pratts, entonces esposa de Ebrard.
La investigación de la PGR
señaló a un exagente del Cisen, Luis Miguel Dena, como propietario de la
empresa Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones.
Originario de Zacatecas, Dena
–con estudios en neurolingüística, neuroprogramación, epistemología y
semiología– ingresó al Cisen en marzo de 1994. Trabajó para Jorge Tello Peón,
entonces director de ese organismo, y fue su delegado en la Ciudad de México y
en el Estado de México, donde se vinculó con la red de espionaje estatal creada
desde la época de Arturo Montiel.
También aparecieron en la
estructura de esa empresa varios exagentes del Cisen, como Guillermo Lago
Montes, quien trabajó en distintas áreas gubernamentales de inteligencia entre
1980 y 1993; Miguel Ángel Solís Hernández; Alfredo Ávila Uribe, especialista en
temas de subversión; José Tagle Balderas, agente entre 1993 y 2006; Alejandro
Rodríguez Rosas, empleado entonces del centro de inteligencia; y Adriana
Morales Rodríguez, analista.
Uno de los socios de Dena en
esta empresa fue un exmilitar israelí, Yosef Shevah Porat, Yosi, especialista
en antiterrorismo, quien huyó del país cuando se descubrieron las dos casas en
Naucalpan.
Dena fue sentenciado a seis
años de prisión por espionaje, pero recobró la libertad antes, a raíz del fallo
del juez federal Fernando Córdova Valle.
Su nombre volvió a aparecer
el 10 de junio de 2012, la noche del segundo debate presidencial. La candidata
panista Josefina Vázquez Mota mostró un cheque emitido por el organismo
policiaco Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem),
considerado una “caja chica” de los políticos y comandantes mexiquenses.
“Enrique Peña Nieto mandó a
espiar a varios personajes políticos. Con dinero público financió un centro de
espionaje y aquí está la comprobación en un estado de cuenta donde su gobierno
pagaba este centro de espionaje”, afirmó Vázquez Mota.
Peña Nieto no se dio por
aludido. No respondió nada. Días después, el coordinador de su campaña, Luis
Videgaray, rechazó que el candidato o el PRI estuvieran detrás de las
acusaciones lanzadas por la panista.
Carmen Aristegui, en su
programa radiofónico de MVS, entrevistó a Dena, quien negó que hubiera espionaje,
pero admitió que los Cusaem compraron su software.
“Es cierto que Cusaem, que es
un ente híbrido, me contrata y contrata a mi empresa, porque esa es la persona
moral que de alguna forma yo constituyo; me contrata por la capacidad
profesional que yo había demostrado, desarrollamos un software para la
prevención del delito”, afirmó.
Dena se describió como “un
hombre de inteligencia” –no como un espía– que recibió entrenamiento durante 20
años en la Escuela Nacional de Inteligencia Argentina, en la CIA y el FBI y en
el Mosad israelí.
PARANOIA DESDE LOS PINOS
Antes del extenso reportaje
publicado por Azam Ahmed y Nicole Perlroth en The New York Times el lunes 19,
el gobierno de Peña Nieto enfrentó otros dos escándalos sobre sistemas de
espionaje y adquisición de millonarios equipos de intrusión informática en las
comunicaciones privadas.
En julio de 2015 los
reporteros Jorge Carrasco y Mathieu Tourliere documentaron en Proceso que la
paranoia de Peña Nieto lo llevó a contratar millonarios servicios de espionaje
para combatir a sus críticos, no al crimen organizado.
Entre abril y julio de ese
año, un ataque de hackers a la empresa Hacking Team, creada en 2003 por el
italiano David Vincenzetti, reveló que habían vendido malware con nombres como
Da Vinci o Galileo a más de 30 países, incluyendo a México.
La “filtración” múltiple
demostró que desde 2009, cuando era gobernador, Peña Nieto autorizó la compra
del Remote Control System, la principal herramienta de espionaje de Hacking
Team, capaz de penetrar de manera simultánea miles de celulares y computadoras,
con capacidad de infiltrarse en cuentas personales de Facebook, Google, Yahoo,
Twitter, Gmail y decenas de aplicaciones.
Como presidente de la
República, Peña Nieto autorizó también contratos por cerca de 26 millones 300
mil pesos para dependencias federales, como las secretarías de Defensa, Marina,
Gobernación, la Policía Federal y el Cisen. En total, de 2009 a 2015 se habrían
destinado más de 55 millones de euros para los servicios de Hacking Team, según
el reportaje de Proceso.
En octubre de 2015 se dio a
conocer el nombre de Pegasus como otro malware intrusivo comercializado por NSO
Group, de origen israelí. En la revista Eje Central se documentaron 729 blancos
de espionaje de este sistema entre el 31 de agosto y el 14 de septiembre de ese
año: actores de Televisa Talento, el hijo de Andrés Manuel López Obrador,
empresas de seguridad, periodistas como Carmen Aristegui y Raymundo Riva
Palacio, la empresa poblana Multisistemas Noticias Cambio, y Diario 21, de
Guerrero.
Incluso se documentó el
espionaje al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, exfuncionario del
Estado de México y señalado en otro momento como operador de otra red de
espionaje en la época de Peña Nieto como gobernador.
Una nota interna de Los
Pinos, de octubre de 2015, cuya copia tiene Proceso, señala:
“Lo que antes era un rumor,
ya se ha constatado. En este sexenio arrancó un programa y un sistema para
rastrear y monitorear a TODOS (sic) los blancos que pudieran ser un obstáculo
para los objetivos del gobierno federal.
“Esta noticia no sería
novedosa, si no se hubiera filtrado la categorización de dichos blancos: a)
actores políticos; b) empresarios; c) líderes sociales; d) comunicadores; e)
académicos; y f) funcionarios y militantes priistas.
“El objetivo de este
monitoreo es, incluso, detectar el fuego interno que se da dentro de los grupos
de interés del PRI.”
El 13 de febrero de este año,
la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19, Social TIC, Amnistía
y Citizen Lab denunciaron que el sistema Pegasus sirvió para espiar al abogado
Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública; a Alejandro Calvillo,
de El Poder del Consumidor, y a Luis Encarnación, coordinador de Contrapeso.
Cuatro días después de las
nuevas revelaciones del The New York Times y después de que el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negara categóricamente que se utilizara
Pegasus para espiar a ciudadanos, Peña Nieto hizo una serie de declaraciones
confusas y equívocas que acabaron por avivar la indignación frente al
escándalo.
En Lagos de Moreno, Jalisco,
Peña Nieto improvisó un discurso para emprenderla no contra quienes violan los
derechos de la privacidad, sino contra quienes denunciaron ser víctimas de
espionaje.
“Espero que la PGR, con
celeridad, pueda deslindar responsabilidades y espero, al amparo de la ley,
pueda aplicarse contra aquellos que han levantado falsos señalamientos contra
el gobierno”, afirmó.
De inmediato, el Centro
Prodh, Artículo 19, Social TIC, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, el
Poder del Consumidor e Imco emitieron un comunicado señalando que el presidente
“carece de elementos técnicos y jurídicos para afirmar que las denuncias son
falsas y, por el contrario, los informes científicos realizados hasta ahora
apuntan en otra dirección.
“Que el presidente de la
República descarte a la ligera una denuncia de esta gravedad pone en entredicho
la posibilidad de que se conduzca una investigación seria, objetiva,
transparente y efectiva” que, además, “aún no ha comenzado”, recordaron estos
organismos.
El corresponsal de The New
York Times, Azam Ahmed, tuiteó: “Creo que el presidente acaba de ordenar una
investigación sobre la sociedad civil y el NYT para historia de espionaje”.
Poco después, Ahmed redactó
otro mensaje en Twitter informando: “Me llamó presidencia para decirme que @EPN
no nos estaba amenazando, ni a la sociedad civil. Dijo que no quiso decir eso”.
El propio Peña Nieto tuvo que
rectificar señalando que “no lo expliqué suficientemente. Advertí que se
investigue si fuera de una entidad pública están teniendo intervenciones y esta
es la indicación que he dado.
“No sé por qué este empeño de
llevar a ese escenario al gobierno. Todo lo contrario. Lo que estoy queriendo afirmar
es que no tenemos participación en espionaje” y que su gobierno “tolera y
respeta las voces críticas”.
El viernes 23, en entrevista
con Aristegui Noticias, Ahmed afirmó que en su llamada telefónica, el vocero
presidencial, Eduardo Sánchez, le explicó que el mensaje equívoco se produjo
porque “Peña Nieto improvisó, no leyó sus tarjetas”.
Este reportaje se publicó en la edición
2121 de la revista Proceso del 25 de junio de 2017.
(PROCESO/ JENARO VILLAMIL/ 27 JUNIO,
2017)
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