Durante los sexenios de Ernesto Zedillo
Ponce de León (PRI), Vicente Fox Quesada (PAN) y Felipe Calderón Hinojosa
(PAN), al igual que en la actual administración de Enrique Peña Nieto, hubo
casos de corrupción. Desde desvíos por 420 millones de pesos por Óscar Espinosa
Villareal, un hombre cercano a Zedillo, el Fobaproa, el financiamiento ilícito
de la campaña de Fox, la Estela de Luz para conmemorar el Centenario de la
Revolución y el Bicentenario de la Independencia hasta redes más complejas como
la de los hijos de Marta Sahagún con Oceanografía o la serie de sobornos de la
constructora brasileña Odebrecht durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto.
Sin embargo, el nivel de aprobación de
ninguno de sus tres antecesores cayó tanto como el del priista de Atlacomulco,
quien en su quinto año de gobierno ha tocado el mínimo histórico en ese rubro.
Ahora, el desplome de la aprobación
presidencial tiene un efecto colateral que es casi un tiro de gracia al PRI:
Edomex, la cuna del grupo político en el poder, podría quedar en manos
opositoras.
PRIMERA DE UNA SERIE
Ciudad de México, 17 de mayo
(SinEmbargo).– Al Presidente Enrique Peña Nieto le explotaron casos de
corrupción muy temprano en su sexenio. Y su nivel de aprobación entró en un
tobogán, y la confianza en su Gobierno se desvaneció muy pronto.
Desde 2014, con el escándalo
de la “casa blanca” y, posteriormente, la filtración de grabaciones de la constructora
OHL México que manchó a diversos funcionarios públicos, así como la lluvia de
desvíos de recursos públicos de diversos gobernadores priistas, Peña Nieto no
ha hecho más que caer en las encuestas.
Peña es, de acuerdo con las
más recientes encuestas, el Presidente más impopular en la historia moderna del
país. De acuerdo con un texto de Ulises Beltrán, de la casa encuestadora BGC,
Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) se fue con 66 por ciento de aprobación;
Vicente Fox Quesada (2000-2006), con 57 por ciento y Felipe Calderón Hinojosa
(2006-2012) dejó el cargo con 62 por ciento.
El trabajo del actual
mandatario, aún en su quinto año de gobierno, sólo es aprobado por el 12 por
ciento de la ciudadanía, revela la más reciente encuesta publicada por Grupo
Reforma. En 2013, antes de que la corrupción saliera a la luz y a nivel
internacional se alabaran sus reformas estructurales, el 50 por ciento validaba
su labor.
Aunque Enrique Peña Nieto
prometió un sistema de transparencia, hasta la fecha organizaciones como el
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) enfatizan que sólo Puebla,
Nayarit y Chiapas de las 32 entidades cuentan con reforma constitucional e
implementación de la Ley del Sistema Local Anticorrupción. Además, sigue sin
designarse al Fiscal Anticorrupción y a los magistrados especializados
administrativos para el Sistema Nacional Anticorrupción.
En 2014, una investigación
periodística reveló que la Primera Dama, Angélica Rivera Hurtado, poseía una
mansión en Lomas de Chapultepec con un valor por 86 millones de pesos. La
denominada “casa blanca” fue construida por Grupo Higa, una de las empresas que
ganó la licitación del tren México-Querétaro [proyecto cancelado[, y que antes
levantó obras por miles de millones en el Estado de México, cuando Enrique Peña
Nieto fue Gobernador.
La Secretaría de la Función
Pública (SFP), bajo la dirección de Virgilio Andrade Martínez, descartó la
existencia de conflicto de interés. Pero en julio del año pasado, cuando el
Presidente promulgó las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, pidió perdón
por la “indignación” y “percepción” generada.
Durante 2015, la empresa
Infraiber reveló una serie de audios que evidenciaban actos de corrupción entre
OHL México –que construyó el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior
Mexiquense– y funcionarios públicos, entre ellos, el ex titular de Pemex,
Emilio Lozoya Austin; el ex director general de la CFE, Enrique Ochoa Reza, y
el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
La empresa, filial de una
española, lo negó. Sin embargo, la semana pasada la organización Ahora reveló
que OHL México sostiene económicamente desde 2002 las campañas del PRI en el
Estado de México y, además, miente en sus reportes financieros enviados a la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
“Es el acto de corrupción más
grave de los últimos años en México”, dijo a SinEmbargo recientemente el
abogado Pablo Díez Gargari, quien ha seguido el caso.
Asimismo, su Gobierno no
movió un dedo para atrapar al ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa
[hoy preso en Guatemala], y a otros gobernadores ahora señalados por corrupción,
desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.
Incluso, cuando Peña Nieto estaba en plena campaña para la elección
presidencial de 2012, los presumió como gobernadores destacados que conformaban
al “nuevo PRI”. César Duarte Jáquez y Roberto Borge Angulo, ex mandatarios de
Chihuahua y Quintana Roo, tienen órdenes de aprehensión, pero se ignora dónde
están.
En resumen, en cinco años de
ejercicio gubernamental, la administración de Peña se nota desgastada y es
señalada como de las más opacas en la historia moderna de México.
PEÑA FRENTE A OTROS 3 SEXENIOS
La corrupción y falta de
transparencia por la que grupos civiles y especialistas consideran que el
quinto año de Peña Nieto es el peor en muchas décadas, no es, sin embargo,
exclusivo del priista.
Los tres ex presidentes que
lo antecedieron –Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe
Calderón Hinojosa– también tuvieron sus dosis de señalamientos. La diferencia
es que algunos fueron evidenciados después de dejar su administración.
El sexenio del priista
Ernesto Zedillo es más recordado por la crisis económica de 1994-1995 y por las
matanzas en Aguas Blancas, Guerrero, y en Acteal, Chiapas, así como su
respuesta frente a las cuestionadas elecciones en Tabasco. También se le
responsabiliza por la deuda pública por 65 mil millones de dólares en la que
terminó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa); por el Regente
que designó en el Departamento del Distrito Federal, y luego fue su Secretario
de Turismo, Óscar Espinosa Villareal, y quien fue encarcelado por desviar 420
millones de pesos, así como por tolerar al ex Gobernador de Quintana Roo, Mario
Villanueva Madrid, quien, por nexos con el narcotráfico, fue aprehendido en
mayo de 2001 tras casi dos años de búsqueda.
Durante el periodo de
transición al panismo la corrupción también dejó huella.
En el Gobierno de Vicente Fox
Quesada surgió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental. Sin embargo, al inicio de su administración resaltó el
caso de “Amigos de Fox”, el financiamiento ilícito por 91 millones de pesos de
su campaña presidencial, y el “toallagate”, la revelación periodística de los
lujos en Los Pinos por adquirir toallas de 400 dólares o cortinas a control
remoto de 17 mil dólares.
Hasta 2014, ocho años después
de que culminó su gestión, una Comisión especial de la Cámara de Diputados
acusó que los hijos de Marta Sahagún Jiménez –Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún,
junto con su tío Guillermo Sahagún– gestionaron, entre 2002 y 2006, contratos
con Petróleos Mexicanos (Pemex) por 5 mil 929 millones de pesos a cambio de
comisiones para favorecer a Oceanografía, empresa de Amado Yáñez Osuna, recién
liberado bajo fianza luego de estar preso dos años por fraude.
El sexenio de Felipe
Calderón, aunque destaca por el inicio de la guerra contra el narcotráfico,
también estuvo manchado por escándalos como el de la Estela de Luz, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), la guardería ABC, la empresa Hildebrando y
recientemente Odebrecht, la constructora brasileña que repartió sobornos por
4.5 millones de dólares entre los años 2010 y el 2012, justo el último tramo
del Gobierno calderonista.
ERNESTO ZEDILLO (1994-2000)
Luego del asesinato del
candidato Luis Donaldo Colosio, el director de su campaña política, Ernesto
Zedillo Ponce de León asumió la presidencia del país. Su administración, de
diciembre de 1994 a noviembre de 2000, estuvo marcada por la crisis financiera
denominada “Efecto Tequila” y el asesinato de 17 personas en Aguas Blancas,
Guerrero, y de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, masacre por la cual el priista
fue demandado por presunta responsabilidad y encubrimiento.
Durante su gestión también
hubo casos de corrupción como el Fondo Bancario de Protección al Ahorro
(Fobaproa), el desvío por 420 millones de pesos del Jefe del antiguo
Departamento del Distrito Federal, Óscar Espinosa Villareal; y el lavado de
dinero del ex Gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva.
De acuerdo con un texto de
Ulises Beltrán, investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas
(CIDE) y de la casa encuestadora BGC, el inicio del gobierno de Zedillo es
recordado por la crisis económica desatada a finales de diciembre de 1994.
“Las caídas en la aprobación
presidencial ocurren por circunstancias económicas, la crisis de enero de 1995,
aumentos del IVA, precios y desempleo en mayo de 1995”, expuso en un texto de
la revista Nexos.
Zedillo, economista por la
Universidad de Yale, arrancó su gobierno con una aprobación cercana a 76 por
ciento, de alguna manera “heredada” del gobierno anterior. Para enero de 1995
esta cifra ya era menor de 50 por ciento y un mes después sólo el 23 por ciento
de los mexicanos aprobaba su forma de gobernar, la cifra “más baja jamás
observada”.
Pero logró la recuperación
“más espectacular” de la popularidad presidencial, por lo menos en México. En
un año la aprobación del Presidente pasó de 22 a 57 por ciento, impulso que
mantuvo hasta agosto de 1997, cuando llegó a 71 por ciento, la popularidad más
alta que obtuvo en todo su sexenio, documentó Beltrán.
–DEL RESCATE DE LA BANCA A UNA DEUDA POR 65 MIL MDD:
Después de la crisis
económica de 1982 y la reprivatización de la banca, se creó en 1990 el Fondo
Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para evitar la quiebra del sistema
bancario nacional. En diciembre de 1998, durante la presidencia de Ernesto
Zedillo, fue sustituido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
(IPAB). Sin embargo, el manejo del fondo estuvo plagado de abusos, corrupción y
fraudes, lo que desembocó en una alta deuda pública de alrededor de 65 mil
millones de dólares pagada por la ciudadanía.
“El responsable de la deuda pública
frente al Congreso es Ernesto Zedillo. El Fobaproa no era una entidad pública,
no generaba deuda pública, a menos que el gobierno federal lo transformara en
ello. Y ese gobierno federal tiene nombre y apellido: se llama Ernesto
Zedillo”, dijo Gabriel Reyes Orona, ex Procurador Fiscal de la Federación y ex
funcionario en el Banco de México, a La Jornada en una entrevista en 2006.
El Fobaproa fue creado como
un seguro al que contribuían los bancos con sus propios fondos para garantizar
la solvencia del sistema bancario y con ello los ahorros depositados frente a
posibles crisis. Pero no tenía más que un par de decenas de empleados con poca
experiencia, lo que le impedía auditar la cartera —o
recopilar en forma sistemática— la documentación que recibía,
expuso el politólogo Luis Rubio.
De acuerdo con el director
del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), el origen, la gestación
y erupción del Fobaproa fue producto de “la ineficiencia, incompetencia y
sucesión de errores” de las autoridades financieras más que de la corrupción,
aunque también la hubo.
En el corazón del problema
bancario estuvo una privatización de la banca “fundamentada en criterios
errados, mal hecha y operada por personas inexpertas, en ocasiones
incompetentes y en algunos casos deshonestas y carentes de todo sentido ético”,
escribió en un ensayo publicado en 1998. Rubio destacó que la absoluta falta de
supervisión provocó quiebras fraudulentas y un acelerado proceso de deterioro
financiero del sistema de pagos.
1994: LOS ALFILERES DE LA HECATOMBE
–EL ÚLTIMO REGENTE DE LA CAPITAL:
Óscar Espinosa Villarreal,
designado por Ernesto Zedillo, fue el último regente del Departamento del
Distrito Federal de 1994 a 1997. El 12 de diciembre de 1997, luego de ese
cargo, el Presidente lo nombró Secretario de Turismo de su gobierno, pero
renunció para enfrentar los procesos legales que iniciaron en su contra quienes
lo sucedieron en el gobierno capitalino.
En 2005 –ya con el panista
Vicente Fox en la Presidencia– un juez lo sentenció a siete años y seis meses
de prisión por el desvío de 420 millones de pesos durante su gestión como
regente. La sentencia también lo obligó a pagar 285 millones 270 mil pesos “por
reparación del daño” y cubrir una multa de 13 mil 866 pesos. Posteriormente
salió libre bajo fianza.
Espinosa Villarreal había
permanecido refugiado en Nicaragua, pero se entregó de manera voluntaria a las
autoridades de ese país, quienes en agosto de 2001 lo extraditaron a México.
–VILLANUEVA Y EL “SEÑOR DE LOS CIELOS”:
Mario Villanueva Madrid fue
electo Gobernador de Quintana Roo en 1993, pero su administración fue señalada
por presuntos nexos con el cártel de Amado Carrillo Fuentes, alias “El señor de
los cielos”. Hasta mayo de 2001, un año después del término del sexenio de
Ernesto Zedillo, fue encarcelado en el Altiplano y en 2010 extraditado a
Estados Unidos.
La Procuraduría General de la
República (PGR) lo acusó de recibir entre 400 mil y 500 mil dólares por
permitir la libre manipulación de cargamentos de droga en la entidad durante el
periodo de 1994 a 1999, a la par del gobierno del Presidente priista. Las
autoridades de Estados Unidos le aseguraron 19 millones de dólares.
El 28 de junio de 2013 fue
sentenciado por lavado de dinero y el pasado 22 de diciembre de 2016, tras
cumplir su condena, fue liberado de la cárcel de Lexington, Estados Unidos, y
enviado a México, donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, asociación
delictuosa e intimidación, cuya sentencia suma 22 años en prisión.
–CRISIS POLÍTICA HEREDADA:
Además de la crisis
económica, el Presidente Ernesto Zedillo heredó crisis política por las
cuestionadas elecciones en Tabasco y el asesinato del político priista José
Francisco Ruiz Massieu y el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampa, así como el levantamiento
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En noviembre de 1994
oficialmente ganó la guberantura el priista Roberto Madrazo, pero el entonces
perredista Andrés Manuel López Obrador acusó fraude electoral y realizó
diversas protestas incluyendo tomas de pozos petroleros.
Ante la tensión, el entonces
Secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán –ahora en el equipo de
AMLO–, prometió llamar a otras elecciones en el estado sureño, lo cual, de
acuerdo con López Obrador, fue avalado por el Presidente Zedillo. Si el PRD
comprobaba 20 por ciento de irregularidades, la elección sería declarada
inválida. Sin embargo, acusó, “se echaron para atrás” y Zedillo “cedió a los
grupos de poder de Tabasco”, entre ellos, mencionó al empresario priista Carlos
Hank González. La Secretaría de Gobernación negó en un comunicado haber
acordado realizar nuevas elecciones.
Respecto al EZLN, el 9 de
febrero de 1995 Ernesto Zedillo anunció en un mensaje a la Nación sobre el giro
de órdenes de aprehensión contra dirigentes del movimiento acusados por la PGR
de uso de armas exclusivas del Ejército y terrorismo. A la par, el Ejército
llegó a los municipios de Simojovel y San Andrés Larráinzar, Chiapas.
–MATANZAS EN AGUAS BLANCAS Y ACTEAL:
Cuatro meses después, el 28
de junio de 1995, 17 personas fueron asesinadas en Aguas Blancas, Guerrero. De
acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ese día la
Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se trasladó a Atoyac de
Álvarez para realizar un mitin para exigir el cumplimiento de los compromisos
contraídos por el Gobierno de Guerrero y la presentación de Gilberto Romero
Vázquez, quien había desaparecido.
El gobierno estatal emitió
medidas preventivas contra la toma de las instalaciones del ayuntamiento.
Cuando llegó una de las unidades a El Vado, se registró un enfrentamiento con
disparos entre los campesinos y los policías que pidieron revisar el vehículo,
lo que dejó 17 muertos y lesionados.
“Algunos campesinos
refirieron a personal de la CNDH que dos pasajeros de la camioneta descendieron
portando su machete agrediendo con dichas armas a los comandantes Lorenzo Roque
Cortez y Dustano Vargas Hernández, ambos integrantes de la Policía Motorizada,
lo cual originó que los elementos policiacos reaccionaran disparando
indiscriminadamente contra quienes se transportaban en dicho vehículo”,
documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Hasta que la prensa publicó
un video donde se veía la matanza y la siembra de armas, el Presidente Ernesto
Zedillo y el Secretario de Gobierno pidieron a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) investigar los hechos y elaborar un informe. Dos ministros
resolvieron que en El Vado de Aguas Blancas hubo violación grave a las
garantías individuales. Del 1 de julio de 1995 al 7 de febrero de 1996 fueron
consignados 53 personas, entre policías y funcionarios públicos. El 12 de marzo
de 1996, Rubén Figueroa Alcocer renunció al cargo de Gobernador de la entidad.
Posteriormente, en diciembre
de 1997 en Acteal, Chiapas, paramilitares presuntamente vinculados con el
gobierno asesinaron a 45 indígenas tzotziles, entre ellos bebés y mujeres
embarazadas. Eran miembros de la organización Las Abejas, simpatizante del
movimiento zapatista. Ante ello se presentó la renuncia del Secretario de
Gobernación, Emilio Chuayffet, y del Gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz
Ferro, así como la aprehensión de Jacinto Arias Cruz, Presidente municipal de
Chenalhó.
En el 2005 defensores de
derechos civiles pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
responsabilizar al Estado mexicano y en septiembre de 2011, familiares de las
víctimas demandaron en Estados Unidos al ex Presidente Zedillo por su presunta
responsabilidad y encubrimiento de la matanza. La demanda señala que el
gobierno zedillista finalizó las pláticas de paz con los zapatistas y lanzó un
plan para armar y entrenar a milicias locales para combatirlos. Pero en 2014
fue desechada por la Corte Suprema de Estados Unidos.
VICENTE FOX (2000-2006)
La transición llegó. A pesar
de que en el sexenio del panista Vicente Fox Quesada se aprobó la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su
administración arrancó tras la acusación de financiamiento ilícito a su campaña
, caso conocido como “Amigos de Fox”, así como la revelación de que se
compraron para Los Pinos toallas importadas de 400 dólares, cortinas a control
remoto de 17 mil dólares y sábanas de 3 mil 500 dólares.
Además, en 2014 la Comisión
de la Cámara de Diputados que investigó el caso del fraude de Oceanografía
determinó que Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, junto con su tío Guillermo
Sahagún, gestionaron contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) por 5 mil 929
millones de pesos para favorecer a la empresa de Amado Yáñez Osuna entre 2002 y
2006 a cambio de comisiones.
Los hijos de Marta Sahagún
Jiménez fueron beneficiados durante el sexenio de su padrastro, Vicente Fox
Quesada, quien ordenó al entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, avalar
los acuerdos entre ambas compañías. Los contratos con Pemex comenzaron a
lloverle en 2002 y en sólo tres años, pese a casos de incumplimiento, obtuvo
32.
Sin embargo, el último día de
gestión de Vicente Fox, el 30 de noviembre de 2006, el Presidente y su
Procurador, Daniel Cabeza de Vaca, determinaron “la no acción legal” para estos
hechos. “Se actuó pensando que lo que investigaron los diputados no era
suficiente para iniciar una acción legal”, dijo Jesús González Schmal, abogado
y miembro de la Comisión especial de investigación.
En una entrevista con la
revista Contralínea, Manuel Bribiesca negó que su familia haya realizado actos
de corrupción.
Asimismo, el entonces
Diputado priista Enrique Jackson denunció la red de financiamiento ilícito a la
campaña de Vicente Fox, proveniente del extranjero y de diversas empresas.
La asociación civil Amigos de
Fox, dirigida por el empresario Lino Korrodi, recaudó 91 millones de pesos para
la campaña del panista, por lo que en 2003 el Tribunal Electoral multó por 399
millones de pesos al PAN y por 98 millones al Partido Verde.
Pese a ello, Fox inició su
sexenio con una aprobación muy alta de 74 por ciento, ocho puntos arriba de la
que dejó Ernesto Zedillo. Pero a partir de marzo inició la caída “más grande
observada hasta entonces”, con una pérdida de 29 puntos para terminar con una
aprobación de 45 por ciento en marzo de 2002, iniciada por el aumento de las
tarifas de electricidad, documentó Ulises Beltrán, de la encuestadora BGC.
Ya desde abril de 2000 había
caído cuando “reventó” la burbuja de especulación financiera en las bolsas de
valores de todo el mundo provocada por la sobrevaloración de las acciones
relacionadas con el uso de la internet.
–LOS HIJOS PROTEGIDOS DE MARTA SAHAGÚN:
En 2002 entró en vigor la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el
país. El Presidente Vicente Fox expuso que buscaba cerrar las posibles fuentes
de corrupción e incrementar la vigilancia ciudadana sobre el ejercicio de
gobierno. Mediante la rendición de cuentas y la transparencia, resaltó, los
ciudadanos tendrán la potestad sobre los actos de gobierno mediante la apertura
informativa.
Sin embargo, la comisión de
la Cámara de Diputados creada para investigar el caso de Oceanografía señaló en
2014 a los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, hijos de Martha
Sahagún Jiménez, esposa de Vicente Fox, como intermediarios de la compañía para
gestionar contratos millonarios con Petróleos Mexicanos.
Oceanografía, propiedad de
Amado Yáñez, era proveedora de servicios de Pemex durante el gobierno de Fox.
También defraudó a Banamex por 360 millones de dólares en facturas falsas. En
octubre de 2014 Yáñez fue detenido por violar la Ley de Instituciones de Crédito,
pero en abril de este año salió libre bajo fianza.
Jesús González Schmal,
abogado y político que dirigió la comisión que investigó el caso, aseguró que
con los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca, y su tío Guillermo Sahagún Jiménez
“se catapultó la empresa Oceanografía a través de una red de delincuencia
organizada en la que participaron los familiares de aquel Presidente de la
República [Vicente Fox Quesada]”.
En 2000 Oceanografía debía 21
millones 130 mil pesos al Servicio de Administración Tributaria, pero desde
2001 se recibieron instrucciones de la oficina de Mata Sahagún en Los Pinos
para cancelar el embargo que aplicaría la Secretaría de Hacienda.
Además, los Bribiesca
estuvieron envueltos en la compra fraudulenta de cartera de bienes del
Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).
“Nosotros descubrimos que los
hijastros de Vicente Fox, que eran muchachos que traían un vocho sin llanta de
refacción, en pocos meses ya viajaban en Lear Jet privado. La Diputada Martha
Lucía Micher y yo propusimos la creación de la comisión especial, y así comenzó
a fluir la información de cómo estos tipos se quedaron con una adjudicación de
una subasta que se hizo en el IPAB, y que tenía un valor de avalúo de mil 250
millones de pesos”, dijo González Schmal.
Esto, acusó, se realizó sin
la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del IPAB.
En entrevista con SinEmbargo
publicada en 2014, además del caso de Oceanografía, González Schmal retomó la
acusación contra Manuel Bribiesca en Estados Unidos, donde fue acusado de
participar en un fraude al ostentarse como representante estadounidense de
México Gas, caso por el que aceptó ser culpable en octubre de 2012.
También recordó que Gabriel
Quesada Suárez, primo de Vicente Fox, es acusado de pertenecer a una red de
lavado de dinero.
FELIPE CALDERÓN (2006-2012)
Felipe Calderón heredó de
Vicente Fox cifras relativamente bajas de aprobación de 57 por ciento, que para
marzo de 2007 aumentó hasta 73 por ciento para permanecer más o menos ahí todo
el primer año de gobierno, en una tendencia ligeramente positiva. Su gobierno
fue marcado por la crisis financiera internacional en 2008 y por iniciar la
guerra contra el narcotráfico que hasta la fecha sigue sumando muertos y
desaparecidos. Pero, como sus antecesores, también registró casos de corrupción
desde la forma en como llegó a la Presidencia hasta cinco años después de terminarla
con el caso Odebrecht.
Diego Heriberto Zavala Gómez
del Campo, cuñado del panista y director de la empresa de software Hildebrando,
tuvo entre sus clientes al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) durante
las elecciones presidenciales. A través de su socio Oracle de México fue
proveedor de la base de datos que se empleó para el Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP).
Los resultados oficiales
dieron la victoria a Calderón, quien ganó por 0.56 por ciento al perredista
Andrés Manuel López Obrador. El ahora dirigente de Morena acusó que había
ocurrido un fraude electoral, llamó “espurio” a Calderón y se autoproclamó como
el Presidente legítimo.
“Los de la política son mis
hermanos Margarita [Zavala] y Nacho. Lo que yo puedo dejar claro es que si mi
empresa hace algo mal, ilegal, y de casualidad me cachan, jamás me vuelven a
comprar algo. Perdemos prestigio y eso es suicidarse. Hoy por hoy, somos la
segunda empresa en México de software y no podemos arriesgar”, dijo Diego
Zavala Gómez del Campo a Proceso en junio de 2006.
El 5 de junio de 2009 un
incendio en la guardería ABC, en Sonora, provocó la muerte de 49 niños y más de
70 menores heridos. El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio acusó
que en la sentencia por homicidio culposo dictada en mayo de 2016 no figuró
Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, socia de la estancia infantil y
prima de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón y la posible candidata
panista rumbo a 2018. La prima, dijo el movimiento, fue beneficiada con una
resolución absolutoria anticipada por el Magistrado Pablo Ibarra.
“Una vez más manifestamos los
padres, madres y ciudadanos aglutinados al Movimiento 5 de Junio que el origen
del incendio resulta irrelevante para determinar responsabilidades de diversas
personas, ya que si se hubiera contado con las instalaciones, elementos de
seguridad, y las autoridades del IMSS así como los dueños de la guardería ABC
hubiesen cumplido con su responsabilidad, ese incendio no habría producido las
consecuencias devastadoras”, aseguraron tras la sentencia.
Un año después, como parte de
los festejos del Centenario de la Revolución y Bicentenario de la
Independencia, se prometió la Estela de Luz, un monumento en Chapultepec al
centro de la Ciudad de México. La obra estaba planeada para ser presentada el
16 de septiembre de 2010, pero se entregó con un retraso de 15 meses.
La instalación recibió
señalamientos de corrupción y negligencia en el manejo de los recursos
públicos. Al principio, su costo sería de 400 millones de pesos pero
posteriormente aumentó hasta mil 35 millones de pesos. El resultado final fue
una columna de 104 metros de altura, de mil 856 toneladas de peso, mil 704
placas de cuarzo brasileño y 6 mil 200 metros cuadrados de granito.
En noviembre de 2011, la
Secretaría de la Función Pública (SFP) reveló la existencia de redes de
corrupción conformadas por varios funcionarios de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) que llegaron a cobrar hasta mil 320 millones de pesos en 232
juicios.
Entre los involucrados se
encontró Néstor Félix Moreno Díaz, ex Director de Operaciones de la
paraestatal, quien fue detenido el 7 abril de 2010 y procesado por presunto
enriquecimiento ilícito por 34 millones de pesos. Moreno Díaz trabajó en la CFE
desde los años setenta. Desde 2000 se detectaron contratos irregulares y
adquisición de suministros inservibles en la empresa y en 2009 Estados Unidos
comenzó a investigarlo.
El Presidente Felipe
Calderón, además, estuvo relacionado con los sobornos que el gigante de la
construcción Odebrecht repartió en América Latina para obtener contratos por
miles de millones de dólares.
Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló
que mediante un correo electrónico dos ejecutivos de esa empresa brasileña,
Roberto Prisco Ramos y Alexandro Alencar, gestionaron en 2009 una reunión entre
Calderón y el entonces Presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva ,como
parte de su estrategia de negocios en Pemex.
El 23 de febrero del 2010,
dos meses y medio después del correo, Calderón y Lula tuvieron un encuentro privado
en México dentro de la Cumbre de la Unidad Latina y del Caribe organizada en
Quintana Roo. Un comunicado conjunto celebró la inversión de 2 mil 500 millones
de dólares que realizaría el grupo mexicano Idesa y la brasileña Braskem,
filial de Odebrecht, para la planta de Etileno XXI, en Veracruz.
Los sobornos de Odebrecht en
México fueron por 10.5 millones de dólares, de acuerdo con el Departamento de
Justicia de Estados Unidos. Se repartieron en dos momentos. Primero 4.5
millones de dólares entre los años 2010 y el 2012, en el último tramo del
gobierno calderonista y posteriormente entregaron 6 millones de dólares, entre
2013 y el 2014, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, gobierno también
inundado por señalamientos de corrupción e impunidad.
(SIN EMBARGO.MX/ DULCE OLVERA/ MAYO 17,
2017, 12:05 AM)
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