En 2013, el semanario inglés
The Economist se dio a la tarea de establecer cuantitativamente la definición
de un estado de guerra civil. “No cada lucha que involucre a grupos armados es
una guerra civil”, apuntó. “Varias medidas cualitativas pueden ayudar un simple
conflicto de una guerra: ¿tienen los rebeldes apoyo político?, ¿tienen
posibilidad de ganar?, ¿buscan sólo dinero? En la academia también se hacen distinciones
cuantitativas.
El problema es escoger el
número. ¿Debería de ser la marca 25 muertos al año? ¿O 100? ¿O mil?”. Y agregó:
“Arriba de la marca de mil, pocos dudan que es una guerra”. Sin embargo, no
todos los conflictos violentos son percibidos como una guerra civil. México es
un caso típico. Más de 50 mil muertos durante el gobierno de Felipe Calderón no
fueron suficientes para que se pensara en México que había una guerra civil.
Una suma que será mayor en el de Enrique Peña Nieto, seguramente tampoco será
percibido como un conflicto que marcó al País.
Pero eso es lo que tenemos.
En un análisis de Virginia
Page en la Universidad de Columbia en Nueva York sobre paz y guerras civiles,
la autora establece cinco criterios que definen un conflicto armado como guerra
civil que, en México se cumplen todos: la guerra ha causado más de mil muertos;
representa un desafío a la soberanía de un Estado internacionalmente
reconocido; ocurre dentro de las fronteras de ese Estado; involucra al Estado
como uno de los principales combatientes; y los rebeldes son capaces de
mantener una oposición militar organizada y causar víctimas significativas al
Estado. Como recordatorio, durante el primer trimestre de este año hubo seis
mil 511 denuncias de homicidio doloso en el País; es decir, seis veces más de
la cantidad estándar para calificar un conflicto como una guerra civil.
Las autoridades han negado,
desde el gobierno de Calderón, que se viva una guerra civil. Es una guerra
contra criminales, dijo siempre el ex Presidente. En el gobierno de Peña Nieto,
mientras las fuerzas de seguridad federales dejaron de combatir criminales
durante ocho meses, se hizo algo que sólo se había visto en la guerra de Bosnia
en los 90: el gobierno armó a un grupo (las autodefensas en Michoacán) para
combatir y aniquilar a otro grupo (Los Caballeros Templarios). El gobierno
peñista no tiene en su vocabulario político la palabra “guerra”, pero las
acciones extraconstitucionales en Michoacán entran en la tipología del
genocidio, razón por la cual se está armando un expediente en Estados Unidos
contra el Presidente Peña Nieto, para llevarlo a una corte internacional,
acusado de crímenes de lesa humanidad.
Por sus omisiones y
negligencias, con sus eestrategias fallidas e ilegales como apoyar a miembros
de la delincuencia organizada para limpiar de criminales a Michoacán, el
gobierno ha contribuido a la creación o consolidación de zonas donde la guerra
es abierta. El testimonio de Jorge Alberto Martínez, corresponsal de la agencia
Quadratín donde describe lo que sufrieron él y otros seis colegas el sábado en
la zona guerrerense de Tierra Caliente, dibuja detrás del drama personal
escenas que sólo se ven en los ecosistemas bélicos: retenes militares y de
grupos antagónicos a las fuerzas gubernamentales; enfrentamientos armados en
las calles, con vehículos incendiados como barricadas para frenar los ataques
de los adversarios y servir de trinchera, y capas de colaboradores dentro de la
población, sometida por adoctrinamiento, complicidad o miedo, para que los
apoyen con información, vigilancia y acciones armadas.
Lo que vivieron los
periodistas en la zona de Arcelia el sábado pasado, es similar a como se vivía
la guerra civil en El Salvador, donde a la zona de conflicto se llegaba en
automóvil y se pasaban retenes militares y de las fuerzas de oposición, para
adentrarse a tierra de nadie y llegar al corazón del conflicto del día. La
diferencia con El Salvador, es que mientras en Guerrero y otras regiones del
País los periodistas pueden atestiguar la guerra que se vive de manera
cotidiana, con una frecuencia que aterra, en El Salvador un corresponsal, si
tenía suerte, podía cubrir personalmente no más de tres enfrentamientos entre
el Ejército y la guerrilla, al año. Ni esa, ni otras guerras civiles en el
mundo han producido, en tan corto tiempo, tantos periodistas muertos como
durante el gobierno de Peña Nieto en la guerra civil no declarada: seis en los
cinco meses que lleva el año, y siguen contando.
Se pueden trazar otras
analogías. En Belfast, cuando la guerra de colonización en Irlanda del Norte
–con tintes religiosos-, estaban perfectamente determinados los dos bandos en
conflicto y dentro de la violencia había un orden. Más peligroso era en Beirut,
en la guerra civil en Líbano, pero la única frontera de terror era la línea
verde que dividía a musulmanes de cristianos; una vez en cualquiera de los dos
territorios, había certidumbre sobre la vida. México es más como los Balcanes
en la partición de Yugoslavia, donde cruzando la frontera de los Cascos Azules
de la ONU, todo era como en las zonas calientes mexicanas: posibilidades de
ejecución sumaria, desapariciones, violencia dentro de las ciudades y el sólo
orden de quien tenía las armas para decidir quién vivía y quién moría. Aquí,
los periodistas se han convertido, como en otros conflictos en el mundo, en
objetivos y daños colaterales. Igual que miles de mexicanos, hay que decirlo,
atrapados también en este clima que mata.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/
Raymundo Riva Palacio/ 17/05/2017 | 12:01 AM)
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