Comuneros de Santa María tienen miedo de
exigir pagos justos por sus bienes
“No podemos subir a Santa
María a reclamar lo que es nuestro y de nuestros hijos, ni buscar un
acercamiento con la gente que negoció nuestros terrenos para la construcción de
la presa, porque si subimos nos matan”, coincidió en lamentar un comunero
rosarense.
Desplazados no sólo por la
construcción de presa, sino por las múltiples amenazas que han recibido por
parte de grupos armados, sólo uno que otro se anima a subir de manera casi
clandestina y pasar desapercibido, para quienes dominan el territorio en la sierra
de El Rosario no se sientan amenazados y tomen represalias.
Son alrededor de 50 comuneros
que sacaron a sus familias de manera gradual y en distintas fechas, quienes
viven ahora en distintos poblados del sur de Sinaloa. Otros han llegado hasta
la capital del estado, y quienes tuvieron recursos salieron de la entidad,
describen.
Ante el anuncio de que
Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), estará de gira en el estado y supervisará el avance de la obra Santa
María, los afectados, que prefieren omitir su nombre, buscan una reunión con el
funcionario.
Sería arriesgado ir a buscar
un encuentro con él a Santa María, pero si va a estar en Mazatlán o Culiacán,
lo vamos a abordar, comentan.
Saben que hay por lo menos un
grupo armado en la sierra y en la cabecera municipal de El Rosario, pero
también niegan tener pláticas o acercamiento con ellos.
No suben ni con el gobierno
ni con la seguridad que dicen está desplegada por la sierra rosarense, “porque
nos pueden matar, hay mucho temor, ese sería el problema y eso nos limita a
tener un acercamiento allá en el pueblo”.
EN EL CONTEXTO
El gobierno del estado se
limitó a firmar un convenio con la llamada Mesa Negociadora, que presuntamente
representa a todos los comuneros, comprometiendo para todos el pago de una
renta mensual, que según reportan los afectados no es distribuida
correctamente, además de que el acuerdo de ocupación previa tampoco se les ha
dado a conocer para saber a detalle sus alcances.
Quieren presionar al gobierno
federal y del estado para que se les tome en cuenta pero tienen la limitante de
que la presencia de grupos armados les impide llegar a Santa María para
entrevistarse con las autoridades.
El pasado miércoles 27 de
abril, el gobierno del estado anunció que De la Parra Ramírez confirmó su
presencia en la entidad para ver los avances de la obra en la sierra de El
Rosario, por lo que las reacciones no se hicieron esperar.
“Queremos, por algún medio
que se le preguntara a Conagua qué hacemos, cómo le hacemos, que somos un grupo
de comuneros que hemos solicitado la intervención del gobierno pero como no les
conviene a gente como José Luis López Montiel, (titular) de la Unidad de
Inversiones, él dijo que no, que iba a ver pero no veía posibilidades de tener
un acercamiento con el gobierno”, explicaron.
Tampoco se les ha dado la
oportunidad de intervenir en una junta
con integrantes de la Mesa Negociadora.
Y es que hay aspectos
importantes y de valor económico que los comuneros que negociaron con el
gobierno del estado habrían pasado por alto, como árboles maderables y terrenos
que son tomados tal cual sin considerar el valor agregado de las viviendas y de
dichas especies.
Este grupo aclaró que no ha
recibido ni piensa recibir dinero que por concepto de la renta ha otorgado el
gobierno del estado, “creemos y queremos que el amparo se resuelva a nuestro
favor para que se dé a conocer toda la información que estamos solicitando y a
la que tenemos derecho, porque la Mesa Negociadora puso a disposición del
gobierno el patrimonio de nuestros hijos”.
EL SAQUEO
De los avalúos que se
hicieron a sus viviendas para determinar
el monto con el que serían indemnizados, no hay claridad ni están conformes.
“Porque el lote describe la
casa y superficie, tipo de construcción, pero queremos pelear porque solo
ofrecen pagar la construcción, pero no el terreno y los árboles frutales y de
madera que son parte del patrimonio”.
Lamentan que se haya
destruido sus casas y con eso se reduzca el valor.
Casas viejas, construidas con
ladrillo y pegadas con una mezcla de arcilla, han sido prácticamente
desmanteladas, denunciaron.
Gente que baja de la sierra,
vecinos y el propio avalúo confirmaron que el robo y destrucción de sus
viviendas bajó drásticamente su valor.
“Se los llevaron para
construir en otro lugar, pero no hay manera de demostrarlo”.
Y es que nadie, antes de
abandonar el pueblo, hizo registro fotográfico de lo que dejaban atrás, y dudan
que alguien se anime a ofrecer su testimonio en una tierra donde la ley del más
fuerte es la que domina.
FUERA DEL PRESUPUESTO
En uno de los viajes que
hicieron a Culiacán, un grupo de comuneros constató que en el presupuesto del
gobierno del estado no existe un monto para que se les pague por la
indemnización.
No faltaron las sugerencias
para que se manifestaran públicamente y consiguieran unos 400 millones de pesos
por parte de las autoridades a cuenta de la indemnización a la que tienen
derecho, pero aún no se define nada.
“No queremos gastar los
huaraches yendo de El Rosario a Culiacán y de Culiacán para acá; queremos que
el gobernador nos cumpla lo que nos prometió”, advirtió uno de los comuneros,
aquél 10 de junio de 2014 un habitante de Santa María, minutos antes de que su
representante, Ángel Toledo Medrano, presidente de la Mesa Negociadora para la
construcción de la presa, recibiera el cheque por 381 mil pesos de manos de
López Montiel.
A casi dos años de distancia
de aquella advertencia que el comunero hiciera al gobernador Mario López Valdez
a través del funcionario, el grupo disidente reveló su identidad.
Se trataba de Hilario
Alvarado Oronia, quien era integrante de la Mesa Negociadora y quien murió sin
ver terminada la obra por la que recibió una parte proporcional del pago que se
hizo por la ocupación previa de sus terrenos.
(RIODOCE/ NELDA ORTEGA/ MAZATLÁN EN 1
MAYO, 2016)
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