Después de diez años de
impunidad por el asesinato de dos jóvenes, la violación de 30 mujeres y la
agresión a más de 200 integrantes, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
(FPDT) advirtió que su lucha cesará hasta suspender definitivamente el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICIM).
Al conmemorar el décimo
aniversario del “mayo rojo” por el enfrentamiento de miembros del Frente con
policías estatales y federales, las demandas son las mismas de entonces:
detener la construcción de la terminal aérea –la empresa Cypsa Vise construye
en tierras de Tocuila, Texcoco, sin consentimiento de los ejidatarios, la
autopista- y castigo a los responsables de los delitos cometidos por policías
en contra de los integrantes del Frente.
Alexis Benhumea y Javier
Cortés fueron asesinados; “más de 200 compañeros –agredidos- y más de 40
mujeres abusadas sexualmente”, recuerda Ignacio del Valle, dirigente de la
organización. Por los hechos, se detuvo a 6 policías a los que denominó
“chivitos expiatorios”.
Si en este país la justicia
fuese efectiva, insistió, “el primero en ir a la cárcel sería el presidente de
la República, Enrique Peña Nieto, por ordenar, como gobernador del Estado de
México, aquel operativo; por ser el autor intelectual, junto con todos los que
a su mando obedecieron, de esa represión”.
El proceso judicial sigue
abierto, en espera de que las víctimas acepten la reparación del daño para con
ello dar carpetazo a las investigaciones.
No obstante, insistió del
Valle Medina, once mujeres afectadas que permanecen en resistencia no recibirán
un solo peso, “no se rinden, piden justicia”.
“Nosotros no aceptaremos algo
así… Hablan de una cuenta económica pero ni siquiera hemos investigado cuánto
es porque eso sería indigno”, destacó.
De manera estratégica, y de
víctima en víctima, expuso, los jueces nos han citado a declarar para tratar de
convencernos, pero “nuestra posición es no aceptar ningún trato en tanto no
haya justicia”.
Para evitar presiones e
intimidaciones, explicó que acordaron ya no asistir al penal de Santiaguito y
sólo reciben las notificaciones sobre el caso, pues una vez que aceptaran la
indemnización le darían carpetazo al asunto y “Atenco no se vende”.
El FPDT mantiene en litigio
sus tierras: espera el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), instancia ante la que promovió la emisión de medidas cautelares en
favor de los habitantes de los pueblos y comunidades que se localizan en la
zona de influencia del Nuevo Aeropuerto.
Además, tiene pendiente de
resolución del amparo 14/2015 ante el juzgado noveno de distrito con residencia
en Nezahualcóyotl para que se decrete la suspensión del proyecto de la terminal
aérea.
También queda por resolverse
el amparo directo 796/2015 turnado al Primer Tribunal Colegiado del Segundo
Circuito de Nezahualcóyotl para que se declare la nulidad del Acta de la
Asamblea del primero de junio de 2014 que pretende hacer cambio de uso de suelo
y destino de tierras a parcelas y la adopción de dominio pleno sobre ellas.
El Primer Tribunal Colegiado
de Nezahualcóyotl determinó procedente y fundado el recurso de queja 254/2015 y
ordenó al Juez Quinto de Distrito admitir la ampliación de la demanda de amparo
contra los decretos expropiatorios 1971 y 1982 que afectan ejidos de San Salvador
Atenco y comunidades aledañas.
Este día, el Frente celebró,
en la explanada principal de San Salvador Atenco, una misa en honor a los
caídos y actividades culturales; mañana preparará una ofrenda y realizará una
marcha a la Ciudad de México.
Durante la eucaristía, el
sacerdote Miguel Concha indicó que Atenco es un referente para quienes se
organizan en defensa de sus derechos y bienes comunales.
“Quienes pretenden
arrebatarnos también la esperanza, han hecho y hacen un uso represor de las fuerzas
del propio estado… Hoy debe existir justicia para los dos jóvenes asesinados,
las más de 30 mujeres abusadas sexualmente y cientos de personas reprimidas”,
expuso.
Los enfrentamientos de los
días 3 y 4 de mayo de 2006 estuvieron marcados por la represión policiaca que
los activistas denuncian pretende legitimarse a través de la Ley que Regula el
Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, rebautizada como Ley Atenco y
Ley Eruviel.
La norma avalada hace más de
un mes por los diputados locales es analizada por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), ante la que se promovió acción de inconstitucionalidad.
Diversas organizaciones
sociales consideran que el ordenamiento será una licencia para el uso de las
armas de fuego en la represión y criminalización de la protesta, y facilitará
los desalojos con apoyo de la fuerza pública.
(RIODOCE/ PROCESO/ 4 MAYO, 2016)
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