Foto:Cuartoscuro/General Salvador
Cienfuegos Zepeda, Secretario General de la Defensa Nacional
En las últimas semanas el
General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario General de la Defensa Nacional,
ha hablado de más.
Al menos para la tradición
militar, que está institucionalizada, disciplinada y sometida a su Comandante
Supremo, en este caso el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Primero y en un acto inédito
en los tiempos modernos, pidió disculpas a nombre del Ejército por la tortura a
la que fue sometida una mujer –criminal, por cierto- por parte de elementos de
las Fuerzas Armadas que él encabeza.
Suponiéndose duro,
intolerable a la tortura (Ajá), reacio a la corrupción, y ejerciendo su mando,
declaró:
“Son estos sucesos
repugnantes, que aunque aislados, dañan de manera muy importante nuestra imagen
y el prestigio, que dignamente hemos ganado en más de cien años de lealtad […]
actos muy alejados de los principios y valores que se nos inculcan
permanentemente, desde nuestro ingreso a las fuerzas armadas…”.
“Desde este campo militar y
en relación a los reprobables actos a los que me he referido y que hoy nos
congregan, en nombre de todos los que integramos esta gran institución
nacional, ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada por este
inadmisible acto”.
Lo dijo ante sus tropas en el
Campo Militar Número 1 en la Ciudad de México.
Hace unos días, el General
otra vez –insisto, para los parámetros institucionales militares a los que
estamos acostumbrados- habló de más. La disculpa del Ejército, si bien en muy
pocos casos causó un buen trago e imagen, en muchos fue todo lo contrario.
Fue una aceptación tácita de
las prácticas de tortura y excesos que han caracterizado al Ejército Mexicano
desde, bueno, muchos, muchos años, no solo de 1968 a la fecha.
Además que la acción en ese
caso específico, evidenció los abusos en el sistema de procuración de justicia,
y vulneró la probabilidad de encarcelar a una mujer, que ciudadanos michoacanos
acusan de criminal.
En ese contexto de la
confirmación de abusos por parte de militares, de una dudosa participación en
hechos como los de Tlatlaya y Ayotzinapa,
y justo cuando el General de Brigada Jesús Moreno Aviña ha sido
condenado a 52 años y seis meses de prisión por ejecuciones, allanamientos,
secuestros y tráfico de droga, al General Salvador Cienfuegos se le soltó la
lengua otra vez.
Hace unos días, en un acto
oficial de izamiento de la bandera, luego de quejarse de lo que considera “un
exceso” de críticas hacia la actuación del Ejército Mexicano, se rehusó a que
él y sus tropas abandonen las calles de México, justificó ante medios de
comunicación:
“Mientras no estén las
corporaciones de policía capacitadas y adiestradas para poder enfrentar estos
delitos, tendremos que estar en las calles”.
Algo extraño considerando que
la política de utilizar al Ejército Mexicano para el combate a las drogas y a
los cárteles, fue la estrategia de Felipe Calderón Hinojosa durante todo su
sexenio, y que cuando el Presidente Enrique Peña Nieto tomó posesión, lo
primero que hizo fue retirar al Ejército de las calles, regresarlo a los
cuarteles.
Peña pasó de la guerra contra
las drogas, a la estrategia –hoy evidentemente fallida- de un “México en Paz”.
Retiró retenes militares que
aseguraban cargamentos de droga, dio instrucción a Generales en Guarniciones,
Zonas y Regiones, de no hacer declaraciones ni coordinar operativos de
persecución de narcotraficantes, les instruyó a solo coadyuvar con los
aseguramientos estableciendo perímetros de seguridad, y de hecho, que
entregaran todo lo confiscado a la Procuraduría General de la República (PGR)
para su resguardo en delegaciones federales y no en bodegas militares.
Enrique Peña Nieto, pues, sacó
al Ejército de las calles, al mismo Ejército que ahora dice el General
Cienfuegos, que no dejará las calles hasta que las Policías civiles no estén
capacitadas y adiestradas, expresión que no es casual, pues con esa premisa fue
que Calderón instruyó al Ejército a perseguir al narcotráfico, precisamente por
la corrupción que imperaba –impera- en las corporaciones policíacas
municipales, estatales y federales.
Así pues, o el General está
contradiciendo al Presidente, o Peña ya cambió de opinión.
Cosa rara, considerando que
en estos momentos, en el Senado de la República, hay una iniciativa de reforma
a la Ley de Seguridad Nacional, precisamente para otorgarle facultades al
Presidente para, previo a una declaratoria de seguridad, faculte al Ejército o
a la Marina, o a los dos, a coadyuvar con las autoridades civiles en la
persecución del crimen, la delincuencia organizada y el narcotráfico, cuando la
situación haya rebasado a las autoridades locales.
En estos momentos el
Ejército, el mismo que Cienfuegos dice que no regresará a las cuarteles, no
tiene facultades para actuar con las corporaciones civiles.
La reforma, de aprobarse,
definirá los términos en los que las Fuerzas Armadas participarán en el combate
a la inseguridad, en qué, por cuánto tiempo y con cuáles facultades.
Entonces, o el General habla
de más, o Peña nos oculta a los mexicanos un cambio de estrategia en el combate
a la criminalidad y el narcotráfico que a estas alturas del sexenio parece
incontenible en números y en violencia.
(SEMANARIO ZETA/ Adela Navarro Bello /
Miércoles, 4 mayo, 2016 11:00 AM)
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