Después de cinco años de
impulsar una denuncia contra presuntos socios defraudadores de la línea de
camiones ABC, accionistas de la empresa continúan en pleito legal toda vez que
la resolución correspondiente no cumplió con sus expectativas
Accionistas de la empresa
Autotransportes de la Baja California apelaron una resolución de la juez cuarto
penal en Tijuana, Ignacia Fimbres Moreno, la cual no contempla órdenes de
aprehensión contra miembros del consejo administrativo a quienes los quejosos
habían denunciado por administración fraudulenta.
En una queja administrativa,
de la cual obra copia en poder de ZETA, los denunciantes (José Ramírez, Eva
Mapula, Regino Ramírez, Horacio Rodríguez, María Aguirre y Felipe Cueva),
acusan que la jueza incumplió con los plazos estipulados para dictar la
resolución, “excediéndose injustificadamente y en exceso por más de cuatro
meses” y que tampoco valoró las pruebas a partir de las cuales pretendían
fueran aprehendidos los denunciados, quienes responden a los nombres de: Héctor
Urzúa, Carlos Sánchez, Enrique Arellano, Gaspar Núñez, Adolfo Hernández, José
Mejía y Carmen Alcántara.
En el documento resolutivo
emitido por la licenciada Fimbres Moreno, con fecha del dos de febrero de 2016
y referente a la causa penal 496/2015, la jurisconsulta expone: “no se
encuentran satisfechos los requisitos” para dictar de orden de aprehensión. El
representante legal de los accionistas César del Río, manifestó a ZETA no estar
de acuerdo con la determinación, toda vez que, en su opinión, la jueza no
explica por qué “no son suficientes” como requisito, las pruebas esgrimidas. Y
sostuvo que el caso “está en apelación; está por radicarse en el tribunal
superior de Mexicali”, calculó que la radicación procederá en cuestión de
semanas.
De acuerdo a la propia
resolución textual de la magistrada (referente a la causa penal 496/2015), los
accionistas acusan que a ellos en su calidad de socios de la empresa, en un
lapso de diez años el consejo de administración “jamás” les entregó títulos
representativos de las acciones que les corresponden; conforme al mismo
documento, tampoco se les rindió un informe de rendición de cuentas acorde a la
Ley de Sociedades Mercantiles; por otro lado, manifestaron haber detectado un
contrato de crédito “por la cantidad de cuarenta y cinco millones de dólares”,
a propósito del cual ABC aparece como “acreditada”; se trata de un crédito con
“garantía prendaria”, cuya obtención implicó que quedaran “gravados todos y
cada uno de los activos de la empresa”.
El préstamo quedó inscrito en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio “de esta ciudad” el 24 de
julio de 2007, reza el texto resolutivo, en tanto que los querellantes alegan
haberse enterado de la operación “en fecha reciente”.
ZETA acudió en dos ocasiones
al Juzgado Cuarto de lo Penal, en busca de una opinión de la Licenciada Fimbres
Moreno a propósito del caso de transportes ABC, específicamente en lo referente
a su determinación de considerar insuficientes las pruebas de los
transportistas “ofendidos” contra los administradores acusados, así como a su
postura sobre el recurso de apelación que los quejosos interpusieron.
En un primer momento la
abogada manifestó a través de una asistente que sobre ese tema no podía emitir
declaraciones.
Ése fue el posicionamiento
obtenido en referencia a un asunto en el que obra de por medio una queja
administrativa contra la titular del Juzgado.
En la segunda visita que se
le hizo, con el objeto de reiterarle que el propósito de la entrevista era
brindarle un espacio abierto a la argumentación, la juzgadora recibió al
reportero en su oficina.
Sin acceder a que se
registrara en audio el encuentro, Fimbres Moreno indicó, palabras más, palabras
menos, que “legalmente” estaba impedida de hablar sobre el caso de Transportes
ABC en vista de que así lo establecía un “pedimento”.
También se buscó al Contador
Adolfo Hernández Hurtado (uno de los denunciados), en la central de autobuses
de Tijuana, donde se encuentran las oficinas de ABC.
Ahí, un asistente atendió al
reportero de ZETA. El directivo, a decir del empleado, se encontraba en una
reunión a puerta cerrada en su oficina, por lo que según hizo saber mediante su
subalterno, no podía atender otros asuntos.
Se le dejaron anotados
números telefónicos y, de paso, el tema a tratar, a efecto de que, Hernández
Hurtado, de considerarlo propicio, hiciera valer el derecho de réplica que,
manifiestamente, se le estaba extendiendo. Posteriormente, en vista de no
recibir respuesta del contador, ZETA insistió telefónicamente.
La persona que atendió la
llamada respondió que Hernández Hurtado no se encontraba y que había salido de
la ciudad. Manejo ‘fraudulento’ y
proceso tortuoso Sobre el delito de “administración fraudulenta”, uno de los
accionistas, José Ramírez González, refirió que el consejo administrativo les
hizo “una propuesta de conformar una sociedad” en la que todos los socios de
ABC aportaran, “todas nuestras acciones, nuestras propiedades, nuestros
autobuses a efecto de ser una empresa de primer mundo”, dijo el entrevistado;
los planes del consejo, continuó, se llevaron a cabo, solo que, con el paso del
tiempo, “con los ingresos de todos los autobuses, no compraban los autobuses
nuevos que habían dicho”.
Afirmó que el crédito no
reportado, por 45 millones de dólares, los puso en alerta.
También lamentó que como
parte del pleito legal, que se sostiene desde 2011, tuvieron que lidiar en
distintas ocasiones, para que el Ministerio Público les admitiera pruebas, o
para sostener la denuncia luego de que el asunto se archivara en dos ocasiones
(2012, 2014), hasta llegar a la consignación en julio de 2015.
Por su parte el licenciado
César del Río comparó: “Parecía más que nada un juicio civil, donde uno tiene
que estar promoviendo y pidiéndole al Ministerio Público; cuando es el
Ministerio Público el que tiene que ordenar las diligencias, para integrar
debidamente una averiguación previa”.
Perjuicios En materia de
pérdidas, Ramírez González señaló: “hoy por hoy de nuestras empresas ya no
queda nada…era una empresa familiar de aquí de gente de Baja California, pues
hoy por hoy esta gente, para borrar toda la huella de todo el fraude que han
hecho en contra de nosotros, prácticamente (la empresa) ya no existe”.
La línea de transporte bajo
el consejo de administración actual se llama ABC Plus, “esa marca la crean,
pero usan las instalaciones, la infraestructura, los permisos, todo de nuestra
empresa, de Autobuses de la Baja California”, mencionó Mónica Morales Aguirre,
hija de uno de los ofendidos (Jorge Morales Cárdenas), quien ya falleció.
La entrevistada aseguró que
con todo y que entregaron sus bienes para la supuesta modernización de la
empresa, los administradores no les han entregado un solo porcentaje como
ingreso obtenido, con la justificación de que “la administración anterior”
había dejado endeudada a la compañía.
Los accionistas además
manifestaron haber quedado fuera del negocio de mensajería “ABC”, que bajo la
nueva administración se llama “Baja Pack”, modificación que a decir del
licenciado del Río, se llevó a cabo sin que se les diera aviso.
Finalmente, para el abogado
defensor, la resolución de la jueza (que evita que se giren las órdenes de
aprehensión peticionadas), “se debe revocar porque no tiene sustento”.
A propósito de la apelación
interpuesta: “Se acaba de admitir el recurso de apelación”, informó; y sobre
sus expectativas acerca del seguimiento que se le dé al procedimiento en
cuestión se pronunció optimista: “esperamos que allá (en el tribunal superior,
en la capital del estado), se haga un verdadero estudio exhaustivo del
expediente”, confió.
(SEMANARIO ZETA/ FOTO: Cesar Rene Blanco
V/ Eduardo Andrade Uribe/ Lunes, 4 abril, 2016 01:00 PM)
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