NARCO, ZETAS Y PARAMILITARES, LA NUEVA REALIDAD EN CHIAPAS

En los últimos años –desde que el PVEM y el PRI llegaron a la gubernatura– la violencia vinculada al crimen organizado se desató en Chiapas. Los Zetas protagonizan la lucha por plazas estratégicas, multiplican la distribución de droga y amplían su repertorio delictivo; todo, impunemente. Y no es la única señal de descomposición durante el gobierno de Manuel Velasco: grupos paramilitares de infame memoria como Paz y Justicia, Los Chinchulines y MIRA han resurgido al amparo del poder político.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (Proceso).- En el norte, Los Altos y la frontera de Chiapas con Guatemala se desató una pelea entre grupos del crimen organizado de la que muy pocos quieren hablar. Se trata de zonas a las cuales ni siquiera el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se mete, pues las bandas criminales se han fortalecido al fundirse con paramilitares e integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La vida en algunas de las comunidades indígenas de estas zonas cambió radicalmente. Entre los jóvenes indígenas aumentó la adicción a la cocaína y el crack que circula en sus pueblos, comunidades o colonias, como la famosa Hormiga –a las afueras de San Cristóbal de las Casas–, conocida porque ahí se venden drogas, armas y autos robados.

Un hecho reciente exhibió la virulencia en la batalla por el control del territorio. El 17 de julio de 2015 fue reportada la desaparición del activista Toni Reynaldo Gutiérrez López en el municipio de Tila a manos de policías municipales y civiles armados. Una semana después, fue encontrado muerto con huellas de tortura, la cara desollada y sin ojos.

Magaly del Carmen Cruz Pérez, esposa de Gutiérrez, y habitantes de Tila han denunciado la presencia de Los Zetas y de paramilitares en esta parte del estado. También lo han hecho los sacerdotes Blas Alvarado, de Pueblo Nuevo Solistahuacán, y Marcelo Pérez, de Simojovel, quienes acusan al gobernador Manuel Velasco –quien llegó al poder en diciembre de 2012 como abanderado del PVEM y del PRI– de intentar ocultar la presencia de la delincuencia organizada en Chiapas para no ensombrecer sus pretensiones de lanzarse como candidato a la Presidencia de la República en 2018.

EL DESVANECIMIENTO

Desde 1994, la atención pública sobre Chiapas se concentró en el EZLN, luego de la declaración de guerra que lanzó al Estado mexicano. Pero ya desde entonces era evidente la presencia de poderosos grupos del narcotráfico en la entidad.

En mayo de 1993, Joaquín Loera Guzmán fue capturado por primera vez en la frontera de Guatemala y Chiapas. Hubo versiones de que el jefe del Cártel de Sinaloa se paseaba por San Cristóbal de las Casas (Proceso 867). En 2010 se reportó nuevamente su presencia en el municipio de Villa Flores y, más recientemente, después de su segunda fuga, fue visto por Comitán tras haberse escapado de un operativo de la Marina en Tamazula, Durango, donde se había refugiado (Proceso 2033).

Luis Alonso Abarca González, del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (DH-DO), sostiene en entrevista que el asesinato de Toni Reynaldo es una señal clara de la presencia de grupos del narcotráfico, como Los Zetas, que están peleando el control de la zona al Cártel de Sinaloa y sus aliados del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

El activista social observa que, a partir de las elecciones municipales del año pasado –en las cuales el PVEM, partido del gobernador Manuel Velasco, se llevó 57 de las 122 alcaldías en disputa–, hubo un repunte de la presencia de grupos paramilitares, como Paz y Justicia, Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), Los Diablos, Los Gómez y Los Petules, entre otros, que se han vinculado con el narcotráfico y la trata.

“Se trata de la disputa por plazas estratégicas en la lógica de la delincuencia organizada. Pretenden controlar Comitán y Frontera Comalapa por su cercanía con Guatemala y por el corredor que va desde Comitán hasta Palenque, para el movimiento y trasiego de drogas y armas.

“En Tila, por su cercanía con Tabasco, está una nueva ruta migrante. En Nueva Esperanza se menciona que hay gente que se dedica al tráfico de migrantes y que tiene protección del ayuntamiento.

“Ése es el contexto de violencia. Y ahora hablamos de la reactivación de un grupo paramilitar, pero con componentes distintos a 1994, porque entonces surgió para contener al EZLN y evitar que la gente simpatizara o se sumara a él. Ahora se le agrega el factor de delincuencia organizada y un reordenamiento territorial con intereses de minería y petróleo.”

De acuerdo con el mapeo que hacen algunas organizaciones, los brotes de violencia han ocurrido en Simojovel, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Tila, Palenque, Ocosingo, Marqués de Comillas, La Trinitaria, Frontera Comalapa, El Bosque, Oxchuc y San Cristóbal de las Casas –otrora áreas de influencia del EZLN.

Pero ahora los zapatistas se han replegado o sólo mantienen posiciones de alerta, señala Luis Alonso Abarca González, del DH-DO.

–¿Qué ha pasado con el EZLN? –se le pregunta.

–En Tila el EZLN se ha mantenido al margen, pensamos que ya no tiene un papel significativo en la región. Hay bases de apoyo, pero se han reducido drásticamente en los últimos años. Ahí han avanzado grupos paramilitares y de la delincuencia organizada. Vemos que el EZLN está en una situación de impasse o de repliegue indefinido. Ya no tiene la fuerza que tuvo hasta 1998 o 1999.

Incluso en la región de Las Cañadas, observa, donde el EZLN nació en 1983, el zapatismo ha mantenido un silencio total y no se ha pronunciado respecto del narcotráfico.

“Hay total hermetismo y, de repente, lo único que se sabe es que hay ciertos roces en las comunidades. Recuerdo una anécdota que me decía un compañero: el impacto del avance del narco lo puedes ver por el tipo de grupo musical que llega a Las Cañadas, incluso en comunidades zapatistas. Antes era impensable que fueran grupos como banda Maguey, Calibre 50 o El Komander.”

El Ejército, recuerda, declaró que destruyó mil hectáreas de amapola en Las Cañadas, pero él considera que esa afirmación sólo intentó vincular al zapatismo con el crimen organizado.

–El crimen organizado ha tenido presencia desde hace tiempo en Chiapas, ¿pero está resurgiendo? –se le inquiere.

–Sí, pero el componente nuevo es que hay un fin estratégico: el control del territorio. Hay interés en apropiarse de los recursos mineros, por el agua, por los recursos de la selva y por la frontera.

–¿Los Zetas?

–En el caso de Tila hay pintas del Z-40 y el Z-42. En San Cristóbal hay pintas de MS-13, de los Mara Salvatrucha 13. Estos grafitis coinciden con el cambio de las rutas de los migrantes, porque el ferrocarril de Tapachula y Ciudad Hidalgo fue cerrado y la gente se está internando hacia el centro. San Cristóbal está en el camino y el corredor sigue hacia San Juan Chamula, Bochil, Pueblo Nuevo y Tabasco. La otra ruta es de San Cristóbal a Ocosingo, Yajalón y Tila, hacia Tabasco.

Asevera que en Pueblo Nuevo Solistahuacán hay grupos criminales que son parte del gobierno, y que bandas como el Cártel de Jalisco Nueva Generación también buscan entrar.

Frontera Comalapa, indica, es una plaza estratégica porque hace frontera con Guatemala. Está controlada por Los Zetas.

“Desde 2009 el gobierno de (el entonces mandatario perredista) Juan Sabines reconoció en un informe que Chiapas estaba controlado por Los Zetas, y por eso no había violencia. Pero creemos que hoy con el PVEM hay un cambio y una disputa de nuevos grupos. Esto reactivó la violencia aparentemente paramilitar. Creemos que hay más cosas detrás, que hay delincuencia organizada como en otras partes del país, y que no se trata de casos aislados.”

PARAMILITARES Y NARCOS

En Chiapas, los grandes grupos del crimen organizado se fusionaron o aliaron con bandas locales –cuyo origen se remonta al paramilitarismo que el gobierno de Ernesto Zedillo impulso en 1996 contra el EZLN.

El párroco de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Blas Alvarado Jiménez, coordinador regional de la Liga Mexicana de los Derechos Humanos (Limeddh) y fundador del albergue de migrantes conocido como La 72, en Tenosique, Tabasco, advierte en entrevista que Manuel Velasco quiere ocultar a los paramilitares por convenir a sus aspiraciones presidenciales.

“Los grupos que podríamos llamar oriundos seguramente se han relacionado con algún cartel fuerte que los financie. Tienen cuernos de chivo, armas que perforan blindajes… Y no se dedican sólo al narcotráfico, sino que cobran cuotas para que la gente pueda seguir trabajando. Ya han quitado cafetales, quemado casas y desplazado familias completas a otras comunidades.”

–¿Hay presencia de zetas? –se le pregunta.

–Sí, vienen del norte de Chiapas, de Reforma, Pichucalco, de la zona de Teapa. Esa gente trabaja y maneja la zona de los migrantes allá en Tenosique y está incursionando en el norte de Chiapas. Los Zetas no sólo manejan armas y secuestros, también las drogas y el tráfico de personas. En realidad Los Zetas están en todos lados acá, por el sureste.

El 1 de enero de este año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH-BC) denunció que el PVEM está vinculado con el grupo paramilitar Paz y Justicia en Tila y Sabanilla (norte de Chiapas), municipios que ganó en las elecciones de junio de 2015.

“Paz y Justicia nunca fue desmantelado como tal. Desde la década de los noventa hasta la del 2000 realizaron acciones ofensivas, y la estructura nunca fue desarmada”, acusó entonces Jorge Luis Hernández, coordinador del Área de Incidencia del CDH-BC.

Luis Alonso Abarca González, del DH-DO, indica que los vecinos de Tila aseveran que los traficantes de personas tienen protección del ayuntamiento.

En ese municipio, ejidatarios adherentes al EZLN han denunciado al exalcalde Linder Gregorio Gutiérrez Gómez; a su esposa, la diputada local por el PVEM Sandra Luz Cruz Espinoza, y al actual munícipe, Leopoldo Édgar Gómez Gutiérrez, de formar parte de Paz y Justicia.

En esta región, acusan, siguen operando los rescoldos de otra agrupación paramilitar conocida como Los Chinchulines, mientras que, en la selva, el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), fundado por los hermanos María Gloria y Norberto Santiz, ahora está vinculado con el tráfico de migrantes.

LAS ADICCIONES

Los cárteles también han multiplicado la distribución de droga entre los jóvenes indígenas.

“En Tila ya es una constante, los jóvenes no sólo consumen mariguana, también cocaína. Además vemos un cambio en la aspiración de los muchachos. Ahora quieren trabajar en el crimen organizado, y esto se ve incluso en San Cristóbal de las Casas”, señala Luis Alonso Abarca.

Marcelo Pérez, presbítero de Simojovel, ha sido amenazado por Juan y Ramiro Gómez –exalcaldes priistas conocidos como Los Gómez–, vinculados con el tráfico de armas y estupefacientes. En entrevista, reconoce el problema de adicción a los enervantes en las comunidades indígenas.

“Simojovel y Pueblo Nuevo ya se volvieron mercados. En Simojovel está el grupo de Los Diablos, que ha atemorizado a la población, ha causado desplazamientos y hace poco mató a dos personas”, Además, abunda, cobra derecho de piso a los comerciantes.

Denuncia que, de hecho, él ya fue amenazado e incluso supo que esa banda ofrece “mucho dinero” para que lo maten.

El párroco de Pueblo Nuevo, Blas Alvarado, confirma el consumo de coca y crack en los pueblos indígenas, no sólo del norte sino en el centro de Chiapas: “Las drogas duras ya están entrando. Antes la cocaína era la máxima, ahorita ya venden piedra y toda esa porquería. Hay muchachitos de 12 años, de secundaria, entrándole al crack.

–¿Eso en Tila? –se le inquiere.

–No solamente ahí, también en Los Altos, en toda la zona de San Juan Chamula…

–¿Por qué todo esto se está manteniendo en silencio?

–Porque hay intereses grandes metidos ahí, y estas gentes que manejan las drogas duras son gentes que financian las cuestiones políticas. Han creado un ambiente de terror, y nadie se mete, de tal manera que ellos van a terminar agarrando el control de todo, ellos van a poner y quitar autoridades, ellos van a controlar todo.

(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ JOSÉ GIL OLMOS / 7 ABRIL, 2016)