CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La
justicia en las Fuerzas Armadas es por consigna, a contentillo de los generales
y sus jefes políticos. Las faltas a la disciplina castrense son un argumento en
el que cabe todo cuando se trata de castigar a un militar que cayó de la gracia
de su mando.
Las acusaciones por
homicidios, lesiones y delitos graves de violaciones a los derechos humanos o
de colaboración con el narcotráfico también son una salida perfecta para el
castigo.
Las violaciones a los códigos
de Justicia Militar y Penal Federal sin duda que deben castigarse, siempre y
cuando estén comprobados. Abundan también esos casos en los que, a pesar de las
evidencias, los responsables han sido protegidos, también por “órdenes
superiores”.
En las prisiones militares
del país hay muchos detenidos por consigna o de plano venganza. En el menor de
los casos se les impide por todas las vías el ascenso. Al generalato en turno
no le ha importado ir incluso contra algunos de sus hombres que han favorecido
la imagen del Ejército.
Es el caso del general
Ricardo Martínez Perea, quien está por cumplir su condena a 15 años de prisión,
acusado de colaborar con el narcotráfico en Tamaulipas. Conocido como el último
general táctico, es decir, que ascendió por sus conocimientos en el campo y no
en las aulas como Diplomado de Estado Mayor, fue detenido cuando más
aseguramientos estaba haciendo en la zona de influencia del Cártel del Golfo,
justo cuando habían surgido Los Zetas, los militares de élite del Ejército que
desertaron para convertirse en el brazo armado de esa organización delictiva y
que años después cobró vida propia.
Qué o a quién afectó el
general Martínez Perea en sus aseguramientos, no se sabe. Era el sexenio de
Vicente Fox. Bastó un simple anónimo para que se le acusara, procesara y
sentenciara.
Nunca lo dejaron demostrar su
inocencia y, aunque está a punto de salir de prisión, mantiene su pelea
jurídica para que la justicia militar le reconozca como inocente.
El caso trascendió desde hace
varios años por el rango de Martínez Perea, al igual que el de otros generales
de división que han sido acusados por pugnas al interior del Ejército o
sentenciados por presiones políticas, con independencia de su responsabilidad.
Son los menos. La mayoría de
los presos son mandos medios, oficiales y tropa que con dificultad se defienden
de las órdenes que el ministerio público militar y los jueces castrenses
reciben de los mandos superiores del Ejército. Son incontables los internos de
las prisiones militares que están en esa situación.
Es difícil que la sociedad
salga en su defensa, sobre todo por la imagen que prevalece de que las Fuerzas
Armadas se han destacado como perpetradoras de violaciones a los derechos
humanos desde que entraron de lleno al combate del narcotráfico, hace una década.
La situación de esos presos
no es muy diferente a lo que ocurre en la justicia ordinaria, pero en las
instituciones en los que sus jefes no se cansan de mencionar “el honor” como
divisa, la lealtad se ha convertido en el privilegio de unos cuantos y que
están en la primera fila en las conmemoraciones, como la de este 19 de febrero,
Día del Ejército.
Comentarios: @jorgecarrascoa
(PROCESO/ ANÁLISIS /JORGE CARRASCO
ARAIZAGA / 18 FEBRERO, 2016)
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