Esto pasa en un país que se
respeta: El FBI pidió a Apple que le de acceso a su plataforma tecnológica para
hackear el teléfono de uno de los protagonistas afines a Estado Islámico que
mataron a 14 personas e hirieron a 22 en diciembre en San Bernardino,
California, a fin de adentrarse en su red de vínculos terroristas. El director
ejecutivo de Apple, Tim Cook, se negó, y el FBI logró que una jueza ordenara
este martes que les permitiera ingresar al iPhone 5C del terrorista. Cook dijo
que apelará el fallo, y su postura tiene el respaldo del resto de los gigantes
tecnológicos, que están defendiendo la privacidad de sus usuarios, las
garantías individuales del individuo y, por supuesto, el negocio.
Esto sucede en México: A
través de las plataformas de Telmex y Telcel, todos aquellos que quieran,
pueden espiar a quien se les plazca y, además, distribuir a través de sus
mismas redes los contenidos de ese espionaje, sin que a nadie le preocupe que
esos materiales ciertos, editados o falsos, busquen desprestigiar a una persona
y aniquilar su fama pública, o el aplastamiento de su privacidad, sus derechos
humanos básicos y sus garantías individuales. Gracias a esa perversidad, montan
en las redes de Telmex y Telcel una gran plataforma de desinformación, y se
consolida al espionaje como un recurso político donde la mayor efectividad
responde a la ley física de los mayores recursos que se le inviertan a esa
actividad ilegal.
En la gradería mexicana, la
plaza se divide. Cuando alguien que representa en el colectivo imaginario de un
sector de la población lo correctamente correcto, se denuncia a los posibles
autores intelectuales de semejante despropósito; cuando ese mismo colectivo
tiene etiquetado al sujeto de la intrusión, lo que se da es una algarabía que
celebra el ejercicio de la política caníbal. En esta discusión siempre se habla
de las víctimas y los vengadores, pero nunca aparece en el debate público el
tema del gigante de las telecomunicaciones mexicanas que creó y que encabeza
Carlos Slim.
Telmex y Telcel están inmunes
en la opinión pública mexicana, intocables por parte de cualquier autoridad que
ni siquiera los mira con ojos inquisidores de cómo pueden permitir que el
espionaje viaje por sus plataformas sin que a nadie le quite la respiración. La
respuesta de Slim y compañía seguramente será que ellos no lo permiten, lo que
coloca a la empresa en una situación más delicada: si no permiten el espionaje,
entonces, ¿qué rayos pasa con sus sistemas de seguridad? La información de sus
clientes y usuarios, por tanto, está a disposición del mejor postor que quiera
transformar la realidad.
La discusión en Estados
Unidos es interesante. Edward Snowden, el joven analista de la CIA que
transformó la percepción del mundo –no en México, por cierto–, de cómo todos
los ciudadanos son observados a través de los sistemas de comunicación global
en sus más mínimos detalles, dijo sobre el diferendo entre Apple y el FBI, que
es el tema tecnológico más importante en una década. El martes pasado, Sheri
Pym, la jueza de la Corte Federal del Distrito Central de California, ordenó a
Apple que le diera al FBI acceso a su información y proveyera la asistencia
técnica que requiriera el Gobierno para poder hackear el teléfono del
terrorista. Cook respondió el miércoles con una carta de mil palabras a los
clientes de Apple, que advertía con la demanda del FBI una “escalofriante”
ruptura en la privacidad, con lo cual se abría una puerta trasera a sus
salvaguardas. “A los mismos ingenieros que construyeron un encriptado fuerte en
el iPhone para proteger a los usuarios –escribió Cook–, irónicamente, se les
ordena que debiliten esas protecciones, con lo cual nuestros usuarios estarán
menos seguros”.
Sundar Pichai, vicepresidente
de Google, lo apoyó a través de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter,
donde afirmó: “Forzar a las compañías a permitir que hackeen sus productos,
compromete la privacidad de sus usuarios. Las autoridades y los servicios de
inteligencia afrontan retos importantes para proteger a las personas de delitos
y del terrorismo, y nosotros hacemos productos seguros para mantener la
información a salvo. Siempre damos acceso a investigaciones cuando hay órdenes
del juez, pero es totalmente distinto pedir a las empresas que incluyamos una
fórmula para que puedan acceder a los datos de los usuarios y sus aparatos.
Éste podría ser un mal precedente”.
La postura de los gigantes
tecnológicos tiene como fundamento la credibilidad con sus clientes y sus
usuarios, quienes depositan en ellas su vida misma, a la que entregan con su
compra, un mandato para que manejen toda la información, la más delicada y
secreta inclusive, con la certeza de que no será divulgada o que alguien pueda
acceder a ella. Es la credibilidad de un negocio lo que está en juego en un
país serio. En uno como México, el gigante de las telecomunicaciones tiene su
red perforada por todos lados, que es la impresión que deja cuando tantas
actividades ilegales, asumidas como legítimas por la sociedad, circulan por sus
plataformas. Slim debería detenerse a reflexionar un momento sobre este tema y
el papel de su gran empresa en la materialización de delitos federales y del
fuero común, antes de que el Gobierno se despierte, entienda el tema, y con el
título de concesión de Telmex le pida cuentas.
(ZOCALO/ COLUMNA DE RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 19 DE FEBRERO 2016)
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