Durante abril de 2014, el Cabildo del
ayuntamiento paceño aprobó la venta de 78 terrenos del gobierno municipal para
pagar deudas y mejorar servicios públicos. Sin embargo, una investigación de
ZETA expone que seis predios fueron adquiridos por ex funcionarios, amigos y
prestanombres de los ex alcaldes Esthela Ponce y Francisco Monroy
La Paz, Baja California Sur.-
El 11 de abril de 2014, durante una sesión privada de Cabildo, de carácter
extraordinario, la ex presidenta municipal de La Paz, Esthela de Jesús Ponce
Beltrán, solicitó un punto de acuerdo para cambiar la condición jurídica de 78
bienes inmuebles, propiedad del gobierno municipal paceño, los cuales pudieran
pasar de dominio público a dominio privado, a fin de ser vendidos y obtener
recursos para sanear las finanzas públicas del XIV Ayuntamiento local.
Los bienes inmuebles y parte
del patrimonio del gobierno paceño, habían sido obtenidos de la donación de los
desarrolladores de fraccionamientos, obligados a entregar el 10 por ciento del
área lotificable vendible -según la Fracción III Artículo 27 de la Reglamento
de Fraccionamientos del Estado-, cuyas propiedades debían ser destinadas para
equipamiento urbano de la capital.
En ese entonces la
justificación de la ex alcaldesa paceña fue que ocupaban brindar “una mejor
prestación de los servicios públicos, tales como seguridad, recolección de
basura, pavimentación, mantenimiento de parques y suministro de agua”.
El ayuntamiento de La Paz,
otra vez hundido en el escándalo, ahora la autocompra de predios de ex
funcionarios de la administración anterior.
Por tal motivo, según el
punto de acuerdo en poder de ZETA, requería que el patrimonio municipal de los
paceños fuera desafectado, es decir, cambiar la condición jurídica de los
terrenos, y que a partir de ahí, pudieran ser “enajenables, prescriptibles y
embargables”, y tener la posibilidad de venderlos a través de las figuras de
permuta, hipoteca, compraventa y donación en pago.
El dinero obtenido de la
venta del patrimonio municipal iba a ser utilizado “en el pago de pasivos y el
gasto del empate de recursos con el Estado y la Federación para la ejecución de
obras sociales y turísticas”.
La propuesta del cambio de
situación jurídica era porque -según el escrito- “no podían ser vendidos” por
ser bienes inmuebles considerados del dominio público, es decir, equipamiento
urbano tal como áreas verdes, parques, canchas deportivas y espacios públicos
de uso predominante para la población.
Ponce Beltrán informó que el
ayuntamiento paceño era el legítimo propietario de los 78 bienes inmuebles
-según constancia en los planos de lotificación debidamente autorizados por las
direcciones generales de Desarrollo Urbano y Ecología y Catastro, los cuales ya
estaban inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio-.
Las propiedades estaban localizadas
en las colonias Paseos del Sol, Marina Sur, Diana Laura, Santa Gertrudis, El
Palmar II, Santa Fe, Calafia, Villas del Encanto, Paraíso del Sol II, Miramar,
Tierra Café, Santa María, Campestre La Paz, Las Rinconadas de las Californias,
San Rafael II, Villas de La Paz, Valle del Mezquite, Conchalito y Camino Real;
así como las zonas rurales de San Pedro, Plutarco Elías Calles, El Pescadero,
El Centenario, Carretera Pichilingue, Carretera Los Planes y Laguna de
Oxidación.
La ex presidenta municipal paceña dijo en la
exposición de motivos que “el ayuntamiento es competente y está legalmente
facultado para conocer y resolver el destino del patrimonio municipal, toda vez
que es el órgano colegiado encargado de aprobar por acuerdo de la mayoría
calificada la desafectación del patrimonio inmobiliario municipal, cuando dejen
de destinarse al uso común o al servicio público”.
El debate Después de la
presentación exprés, y durante la trigésimo octava sesión extraordinaria
privada de Cabildo, la propuesta abrió el debate.
La primera en hablar, y tras
presentar el escrito, fue la propia Esthela de Jesús Ponce Beltrán, quien
comentó que el planteamiento era para buscar -según ella- “un marco de
negociación con empresas y proveedores con los que el ayuntamiento tiene
deudas, como FONACOT y Comisión Federal de Electricidad, y poder llegar a un
acuerdo. Silvia Aguilar Baltazar.
“Mi interés es que los bienes que se enajenen,
si es procedente la solicitud, es que sean los menos, a fin de no comprometer
el patrimonio municipal”, dijo.
El primero en refutar la
propuesta fue el ex regidor del PRD, Javier González Rubio Cerecer, quien
expresó que 78 eran “muchos predios”, y tendría que revisar “porque el padrón
inmobiliario me lo acaban de entregar, y no hay más documentación anexa de los
terrenos”.
El edil recordó lo delicado
del tema que fue la venta del terreno del Cerro de la Calavera -vendido por su
cuñado, el ex alcalde y ex gobernador Leonel Cota Montaño-, por el cual después
de tanto tiempo, todavía andaban los dimes y diretes, por lo que presentó la
contrapropuesta de vender únicamente cinco terrenos de más o menos grandes
extensiones, los cuales estaban en la lista, y dejar el resto pendientes.
Fue entonces cuando muy
quitado de la pena y sin ninguna pizca de vergüenza, el ex síndico del PRI,
Francisco Javier Moreno Soria, dijo estar de acuerdo y sacó textualmente la
frase “los bienes son para remediar los males”, por lo que dijo que la venta
estaría encaminada a resolver los problemas de servicios.
El ex regidor del PANAL, José
de la Toba Camacho, secundó al ex síndico y expuso que la venta motivaba “para
resolver los problemas de servicios públicos por el elevado crecimiento de la
población de La Paz”, aunque textualmente alertó:
“El cambio del estatus de los
bienes municipales de dominio público a privado se puede poner en riesgo la
posibilidad de un embargo por acreedores, por lo que es necesario revisar a
fondo los bienes inmuebles susceptibles de inversión o venta”.
El ex regidor panista Saúl
Lamas Guzmán preguntó:
“¿Los terrenos del padrón son
donaciones de las compañías de fraccionamientos para áreas verdes?”,
planteamiento que se respondió de inmediato por parte de la ex alcaldesa
paceña, argumentando que se habían revisado “las zonas donde estaban los
predios” y, en según ella, no requerían de equipamiento urbano porque éste ya
existía.
Terminando su intervención,
el ex regidor priista Ricardo Fiol Higuera comentó estar de acuerdo con la
propuesta de cambio de situación jurídica y venta, porque “se está haciendo algo
para resolver la situación financiera, y lo mismo escuché de ciudadanos que
para pagar deudas se vendiera lo que se necesitaba, a fin de obtener mayores
recursos”.
Por su parte, Luis Fernando
Barajas Gámez, del Partido Nueva Alianza (PANAL), refutó lo dicho por su
compañero, porque para empezar “no son los únicos bienes inmuebles del
ayuntamiento paceño”, y además expresó que se debían exponer los criterios para
seleccionarlos y ver cuáles de la lista se van a vender.
El ex edil consideró que la
venta era “una situación delicada, y se declaró sorprendido por la actitud del
ex síndico Francisco Javier Moreno Soria, quien era el responsable del
patrimonio municipal de los paceños. Entonces intervino Esthela Ponce Beltrán:
“Se van a vender los bienes
no necesarios para infraestructura social, y los que no se utilicen en estas
negociaciones y acuerdos, estaré pendiente de que se regresen al estatus
anterior para que no queden en manos libres”.
Por último intervino el ex
regidor priista Fausto Álvarez Gámez, quien pidió la máxima secrecía en este
asunto para no levantar ruido o generar una polémica por la venta del
patrimonio municipal.
Al final, tras agotarse las
intervenciones, los ex regidores votaron quedando de la siguiente manera: 12
votos a favor de la venta, 3 abstenciones y 0 en contra.
Armando Martínez Vega,
anuncio una investigación por parte de una comisión especial – Antonio Manríquez
Bancalari, en la lista de los beneficiados – Francisco Javier Moreno Soria, el
ex Sindico del XIV Ayuntamiento de La Paz Los que votaron a favor fueron:
Esthela de Jesús Ponce
Beltrán, Francisco Javier Moreno Soria, Fausto Álvarez Gámez, Silvia García
González, Ana Luisa Yuan Santa Ana, José Yakael Ramírez Pérez, Norma Alicia
Castañeda Quintero; Ricardo Fiol Higuera, José Javier Martínez González, Pilar
Eduardo Carballo Ruiz y Saúl Lamas Guzmán. Los que se abstuvieron fueron:
Javier González Rubio Cerecer, Luis Fernando Barajas Gámez y Jesús Francisco
Rubio Salgado.
Las irregularidades Sobre
está aprobación todo pareciera estar bien, de no ser porque -a la vuelta de dos
años- algunos de los terrenos aparecieron registrados a nombre de ex
funcionarios, amigos y prestanombres de los ex alcaldes de La Paz, Esthela de
Jesús Ponce Beltrán y Francisco Javier Monroy Sánchez.
El 26 de octubre de 2015,
después de un mes de la toma de protesta del nuevo alcalde, Armando Martínez
Vega, ZETA solicitó a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (ITAI) la siguiente información:
* El estatus en que se encuentra
cada uno de los predios que forman o formaban parte del patrimonio del gobierno
municipal de La Paz.
* Informar si fueron vendidos
o transferidos, ya sea a una persona física o moral.
* La fecha y el precio del
metro cuadrado en el caso de que se haya dado un acuerdo comercial.
* Copia de toda la
documentación detallada, como contratos de compraventa, recibos de dinero o
cualquier documentación que acredite la operación de compraventa a terceros del
patrón de bienes patrimoniales del municipio paceño.
La respuesta a la solicitud
de información, bajo el número de expediente 590/2015, llegó hasta el 9 de
noviembre de 2015, cuando la directora general de Catastro, Rafaela Beltrán
Castro, remitió lo siguiente:
– Confirmó que la situación
jurídica del listado de 78 bienes inmuebles fue cambiada del dominio público al
dominio privado, seis de los cuales fueron transferidos (vendidos) a través de
la figura de dación de pago a particulares y uno más a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
No obstante que el 9 de
agosto de 2015 fuera revocado el punto de acuerdo del 11 de abril de 2014,
revirtiendo el patrimonio de dominio privado a dominio público, lo que
automáticamente lo convirtió en inalienable, imprescriptible e imbargable,
según el Artículo 2 Fracción XII de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y
artículos 160, 161 y 163 Fracción IV de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal
del Estado.
– Determinó que el precio de
venta y fecha de la operación de compraventa no fue revelada porque -según el
escrito- “la información no se encuentra registrada”, en virtud de que la “la
transmisión de dominio obedece a daciones en pago que fueron ejecutadas por la
tesorería municipal”.
– Hizo entrega del dictamen
de desafectación y el acuerdo privado
del Cabildo. Aunque en el informe, la directora de Catastro de La Paz refiere
seis daciones en pago, el padrón de los 78 bienes inmuebles del patrimonio
municipal, arrojó 15 actuales propietarios:
Silvia Aguilar Baltazar: Prestanombres del ex
alcalde de La Paz, Francisco Javier Monroy Sánchez, quien se adjudicó un
terreno de 7 mil 798 metros 77 centímetros cuadrados de un predio en la colonia
Villas del Encanto, por una supuesta deuda de 2 millones 505 mil pesos 866 mil
34 centavos a la compañía Autoservicios Aguilar. Antonio Alejandro Manríquez
Bancalari.
Ex director de Fomento
Económico en la pasada administración, el cual tiene dos predios: uno de 934 y
otro de 933 metros cuadrados en la comunidad de El Pescadero. La operación
quedó registrada como compraventa.
Moisés Pérez Correa.
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda (CANADEVI), quien se adjudicó un terreno de 663 metros cuadrados en la
colonia Paraíso del Sol II, registrado
como una operación de compraventa.
Elías Higuera Amador.
Secretario general del Partido Progresista, quien tiene tres terrenos: uno de 6
mil 670 metros cuadrados, otro de 5 mil 121 metros cuadrados y uno más de 5 mil
11 metros cuadrados sobre la carretera a Los Planes. José Gildardo Osuna
Santos. Se adjudicó un terreno de 14 mil 726 metros cuadrados en la carretera a
Los Planes. Otros más son:
Juan Trinidad Ugalde Cortés y
Manuela Victoria Amao Cota, así como las compañías MC KENTON, S. A de C.V.
Proyecto y Desarrollo Punta Cortés, S.A de C.V.; Proyecto Inmobiliario de
Culiacán, S.A de C.V.; y Comercializadora y Desarrolladora de Proyectos, S.A de
C.V.
Sobre estos hechos, el
alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, anunció que iniciarían un proceso
para recuperar los terrenos dados en pago a supuestos proveedores de la pasada
administración.
“Dimos la instrucción de que
ningún otro terreno vuelva utilizarse para pagar deudas con proveedores, porque
esas áreas de donación deben utilizarse exclusivamente para parques, centros
recreativos y espacios públicos”, citó durante una entrevista.
El edil del Partido Acción
Nacional agregó que una comisión especial investiga el caso, y hasta la fecha
ha detectado que “hemos visto a muchas personas que se vieron favorecidas con
el pago de donación, por lo que debemos hacer el reconocimiento de la deuda,
tratar de pagar y recuperar el área de donación”.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ BCS/ FOTOS:
Gerardo Zúñiga/ Gerardo Zúñiga Martes,
16 febrero, 2016 01:00 PM)
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