Hace 10 años, las familias de
65 mineros se estremecieron con la tragedia de la mina Pasta de Conchos, en San
Juan de Sabinas, en la región de Nueva Rosita, Coahuila. Sin embargo, después
de una década sólo quedó impunidad, pobreza, olvido y el sepulcro clandestino de
decenas de esposos y padres.
La tragedia de Pastas de Conchos ocurrió
el 19 de febrero del año 2006. Dejó un saldo de 11 trabajadores heridos y 65
mineros muertos, los restos de 63 aún yacen en el socavón. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México a 19 de
febrero (SinEmbargo).- “El Gobernador ya no quiso recibirnos. No nos han
recibido. Nos dicen que no está y que no está. Hemos estado ahí, en plantones
de una semana y nada. Yo no sé qué esconde la empresa, no fueron perros para
dejarlos ahí. Yo quisiera aunque sea un hueso que me entreguen de mi esposo,
pero no hacen el intento por sacarlos. No hacen nada. Sí con un hueso ya me
conformo”, dice Tomasita Martínez Almaguer, viuda de Reyes Cuevas Silva.
Reyes Cuevas quedó sepultado
junto con otros 64 mineros el 19 de febrero de 2006 a las 2:30 de la madrugada,
cuando explotó la mina de carbón Unidad 8 Pasta de Conchos, propiedad de
Industrial Minera México, subsidiaria de Grupo México, y nunca fue rescatado.
Cada trabajador contaba con una reserva de oxígeno de seis horas.
Las llamas alcanzaron entre
600 y 900 grados centígrados. Antes de la explosión los mineros se habían
quejado de una concentración excesiva de gas metano, superior a los estándares
permitidos.
Hoy, como hace una década, su
cadáver yace junto al de sus compañeros a una profundidad aproximada de 490 metros,
en medio del silencio de un sepulcro clandestino, similar al que envuelve al
caso.
Aquel 19 de febrero, recuerda
Tomasita, llegaron cientos de personas a San Juan de Sabinas: políticos,
reporteros, funcionarios de la entidad y el entonces Gobernador de Coahuila,
Humberto Moreira Valdés.
El caos se apoderó de la
situación y el rescate de los cuerpos nunca se realizó. La mayoría de las
familias se enteró por los noticieros a media mañana y conforme fueron pasando
las horas de ese 19 de febrero, la esperanza de rescatarlos con vida, se fue
agotando.
“Ese día había mucha gente.
Andaba el Gobernador [Humberto Moreira*, había extranjeros, todo el mundo
entrevistando. Ahora estamos solas las viudas en el campamento. El actual
Gobernador Rubén Moreira ya ni siquiera nos recibe. Nos ven como locas”, dice
Tomasita.
En enero pasado, un grupo de
viudas acudió al Palacio de Gobierno estatal, donde ahora despacha el hermano
de Humberto Moreira. Pidieron una reunión con el mandatario, pero nunca las
recibió.
“El caso ya se cerró, porque
son 10 años. Ahí nos dieron unas actas de defunción mal hechas. El error de
nosotras es haber agarrado esas actas, porque a nosotras no nos han dado los
cuerpos. Si no hay cuerpo, no debimos aceptar las actas”, dice.
EL ACUERDO GOBIERNO–GRUPO MEXICO
Cuando ocurrió la tragedia,
el Presidente de la República era el panista Vicente Fox Quesada y su
Secretario de Trabajo y Previsión Social el poblano Javier Lozano Alarcón,
actual Senador por el Partido Acción Nacional (PAN).
Los familiares de los mineros
han acusado desde entonces que hubo contubernio entre las autoridades federales
y estatales con Grupo México, para evitar el rescate de los fallecidos.
Fue en febrero de 2007 cuando
el Gobierno de Coahuila, según afirman las viudas, emitió 65 actas de defunción
certificadas por un médico forense. Sólo dos cuerpos fueron rescatados.
Grupo México argumentó, para
suspender la búsqueda, que los mineros murieron calcinados. Pero los cadáveres
que fueron recuperados presentaron evidencia de que murieron por asfixia.
En abril de 2007, dos meses
después de que se entregaron las actas de defunción, la compañía de Germán
Larrea Mota-Velasco, suspendió el rescate de los cuerpos por petición de la
Secretaria del Trabajo. La empresa argumentó, gracias a un peritaje que mandó
hacer a cargo del estadounidense Daniel Wooton, que entre 25 y 75 por ciento de
Pasta de Conchos estaba inundada.
El agua estaría posiblemente
contaminada con VIH, tuberculosis y hepatitis, les dijeron a los familiares. La
contaminación podría contagiar a los rescatistas.
La versión completa del
perito fue difundida el miércoles por el periódico Vanguardia. De acuerdo con
un documento difundido por el diario, la conclusión del peritaje “Evaluación de
las Operaciones de Recuperación en la Mina de Pasta de Conchos y Resultados de
los Futuros Esfuerzos de Recuperación”, elaborado por el experto D.G. Wooton, a
petición de Grupo México, establece que el agua contaminada con enfermedades
infecciosas como VIH, hepatitis, tuberculosis y patógenos entéricos [causantes
de pérdidas en ls producción de frutales], que podrían ser contagiosos para
quienes entren.
La investigación —realizada
del 23 al 27 de marzo de 2007– concluye que los mineros atrapados podrían estar
infectados por alguna enfermedad potencialmente mortal.
“El nivel de agua cubre el
área donde las víctimas estaban trabajando, resultando que el agua ha estado en
contacto con los cuerpos en descomposición…”, establece el documento. “No
obstante, dependiendo de la salud de las víctimas, los trabajadores de rescate
pueden estar expuestos a infecciones crónicas, incluyendo hepatitis, VIH,
patógenos entéricos y tuberculosis. Esta exposición puede suponer severos
riesgos a la salud al personal de la mina, a sus familias o a la comunidad
entera”.
El análisis, entregado a las
familias de los 63 mineros atrapados fue realizado con base a entrevistas con
funcionarios de GMéxico y expertos en seguridad laboral.
La investigación indica que
fueron analizadas muestras de agua tomadas de un agujero de bombeo donde se
encontraron altos niveles de bacterias coniformes y aeróbicas, comúnmente
encontradas en cadáveres en descomposición.
Esta teoría es reforzada por
un segundo informe —también ordenado por GMéxico y elaborado por Donald
McBride, Supervisor Inspector para la Oficina de Minas y Minerales de Illinois—
que indica que la mina “podría contener agua contaminada de enfermedades
posiblemente mortales”.
En su “Informe de Condiciones
y Riesgos en la Mina Pasta de Conchos”, McBride advierte que arriesgarse a recuperar
los cuerpos podría ser un peligro para la salud.
La emisión de actas de
defunción evitó el pago de pensiones e indemnizaciones. La empresa otorgó 750
mil pesos a cada una de las familias de los 65 mineros fallecidos y gastos para
la educación de los menores que quedaron huérfanos. Pero los familiares no
quedaron conformes. Hubo marchas y protestas exigiendo el rescate de los
cuerpos.
En la tragedia de Pasta de
Conchos hay recomendaciones al Gobierno, por parte de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) en favor de las familias de Pasta de Conchos.
La recomendación 26/2006
estudió la violación de derechos humanos cometida por la delegación de la
Secretaría del Trabajo en Coahuila.
Entre las irregularidades que
se encontraron destacan que la compañía no contaba con 19 documentos sobre la
seguridad de la mina Pasta de Conchos en una inspección realizada el 12 de
julio de 2004. También se realizaron 48 observaciones y se dictaron 34 medidas
a ser atendidas.
El Gobierno pidió a la
empresa corregir los puntos solicitados. El 7 de febrero de 2006, 12 días antes
de la tragedia, se verificó el cumplimiento de las medidas. Sólo 28 estaban
cumplidas.
La Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) desestimó la recomendación de la CNDH, argumentando que
no era competente para conocer la queja de Pasta de Conchos, porque no era de
carácter laboral. Sin embargo, en julio de 2006, aceptó la recomendación y la
Comisión notificó a la STPS que se tenía como “aceptada, con cumplimiento
insatisfactorio”, debido al pago insuficiente de indemnizaciones.
Por su parte, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) también emitió un dictamen en el que señaló que
el Gobierno de México tuvo responsabilidad por negligencia en la muerte de los
mineros de Pasta de Conchos y en su rescate.
Los cuerpos de los mineros
que fueron rescatados son: Felipe de Jesús Torres Reyna, que contaba con 49
años de edad al momento del accidente y su cadáver fue recuperado el 23 de
junio de 2006.
El 1 de enero de 2007 fue
localizado y rescatado el cuerpo de José Manuel Peña Saucedo, del poblado de
Palaú. Los familiares y mineros echaron andar un plan de rescate independiente
que fue frustrado por la empresa y autoridades de Coahuila en 2008.
El día de la tragedia, hace ya una
década, familiares de los mineros permanecieron durante horas a la espera de
información. Desde entonces, mantienen un campamento afuera de la mina. Fotos:
Cuartoscuro
EL DÍA TRÁGICO
Tomasita y otras viudas
entrevistadas por SinEmbargo recuerdan ese día.
“En 2008 estuvimos a casi
nada de encontrarlos, pero al darse cuenta de que estábamos por encontrarlos,
cerraron la mina y nos sacaron. Nos dicen que fueron los estatales [policías],
todavía estaba Humberto Moreira”, dice.
Tomasita indica que después
de 10 años de la tragedia, las viudas y los hijos desean recuperar los cuerpos
para sepultarlos y tener una tumba para visitar.
“Llega el Día del Padre, el
día del finado y se nos hace muy duro. Dicen que quieren abrir la mina para
trabajarla. Yo digo que no lo vamos a permitir, no van a trabajar arriba de
ellos, que nos den lo que es de uno. No son animales, no se vale, son nuestros
esposos”, dice.
María Guadalupe Hernández
Leyva, viuda de José Alfredo Silva Contreras, coincide en que el Gobernador
Rubén Moreira, ya no las recibe.
“Me siento desesperada porque
no tenemos respuesta, ni por la empresa ni por el Gobierno. La semana antepasada
fuimos a ver al Gobernador y no nos recibió. Nos puso unos achichincles, que
nos juzgaron locas”, dice.
La mujer asegura que Germán
Larrea nunca se presentó ante los familiares de los 65 mineros muertos.
“Cuando pasó el accidente no
tuvo la dignidad de avisarnos. Nos enteramos por la televisión. En 10 años nos
hemos sacrificado mucho y no hemos logrado nada. Sentimos que ya no vamos a
lograr nada”, indica.
En una década han muerto tres
viudas, cuenta María Guadalupe. Las que quedan se reúnen en ocasiones. En el
campamento aún hay unas 10 mujeres de manera constante.
María enviudó con tres hijos
pequeños: de 13, 11 y tres años de edad. La empresa les dio ayuda sólo un
tiempo. Sus hijos no estudiaron una carrera.
En 2010 la asociación de
familiares de las víctimas de la mina “Pasta de Conchos“, el Equipo Nacional de
Pastoral Laboral, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
(Centro Prodh) y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) presentaron
un informe sobre Pasta de Conchos.
En ese informe compararon la
acción de las autoridades de Chile, que tras 17 días de búsqueda rescataron a
los 33 mineros que quedaron atrapados luego del derrumbe ocurrido el 5 de
agosto de 2010.
Las organizaciones criticaron
que Grupo México agotó la búsqueda en menos de 48 horas y declaró muertos a los
mineros en menos de cinco días. No instaló un equipo de monitoreo sísmico para
ubicar a los mineros y no entregó información confiable a las cuadrillas de
rescate.
Hace unos días, el Obispo de
la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, responsabilizó a Humberto Moreira por
la muerte de los mineros de Pasta de Conchos.
“Ahí está, él fue el que
empezó a cooptar a las viudas cuando las empezamos a organizar en Pasta de
Conchos y empezaron a prohibirles y a decirles que lo que estaban haciendo no
les iba a ayudar a ellos y esto me consta a mí”, dijo Vera López.
LAS “BECAS” DE GRUPO MÉXICO
Elizabeth Castillo Rábago es
viuda del minero Gil Rico Montelongo y recuerda la tragedia de Pasta de
Conchos, como el hecho que le dio un giro a su vida.
Un giro negativo. Hasta ese
momento, el 19 de febrero de 2006, su esposo llevaba los gastos del hogar.
La pareja procreó tres hijos
que, cuando ocurrió la tragedia tenían 15, 13 y nueve años. Los pequeños eran
muy apegados a su padre, cuenta Elizabeth y la pérdida significó un problema
fuerte emocional para la familia, adicional al económico.
“Ellos estaban muy apegados a
él y él con ellos. Ha sido difícil, porque nunca nos atendió un psicólogo. En
estos largos años uno desea haber tenido una estabilidad y ayuda con un
psicólogo, porque he sabido sacar adelante a mis hijos, pero ha sido muy
difícil”, indica.
Sus hijos mayores Gil y
Agustín no concluyeron sus carreras técnicas. Pero Pablo, el menor estudió y
trabajó para poder costear su carrera en Desarrollo de Negocios.
“Al del medio le faltaron dos
años para terminar su carrera. Al mayor le faltó un semestre para terminar
Técnico en Computación. Él más chiquito siguió estudiando, pero ya sin beca”,
dice.
La beca que Grupo México les
dio a sus hijos era de 490 pesos al mes para primaria; 690 para educación
secundaria; 900 para cursar preparatoria y mil pesos para una carrera técnica.
“A veces la daba cada mes, a
veces cada dos meses. La verdad fue muy difícil sacar adelante a mis hijos,
todavía el mayor se queja de que si su papá estuviera, las cosas hubieran sido
diferentes”, narra.
Pablo, el menor, quiere
estudiar gastronomía. Lo hará con el salario que gane de su trabajo con la
carrera técnica que ya tiene.
Los hijos de Gil Rico y su
esposa se han recuperado a medias de la tragedia. Aún esperan los restos de su
padre.
“La esperanza es la última
que muere. Esperamos que sí nos hagan justicia. Aunque son 10 años y lo vemos
difícil, el Gobernador [Rubén Moreira] ya no nos atiende, antes sí nos atendía
y nos había dicho que nos iba ayudar. Pero ya a partir de este año ya ni nos
contesta. Ahorita sólo hay silencio”, dice.
Hoy las esposas e hijos de
los mineros sepultados en Pasta de Conchos realizarán una marcha en Coahuila y
una vigilia en la madrugada en la mina, para recordar aquel 19 de febrero.
(SIN EMBARGO.MX/ Shaila Rosagel /
febrero 19, 2016-00:00h)
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