Familiares de víctimas de
desaparición de varios estados del país, demandaron a las autoridades de
Morelos la exhumación inmediata de los 150 cuerpos que se encuentran en las
fosas clandestinas de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ubicadas en el
predio El Maguey, del poblado de Tetelcingo, al norte de Cuautla, Morelos.
La protesta de los
integrantes del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México ocurre
después de que este martes fueran vinculados a proceso los presuntos
responsables de la inhumación clandestina realizada el 28 de marzo de 2014, Ana
Lilia Guerrero Moreira, ex coordinadora Central de Servicios Periciales; y
Jerson Cervantes Gurrea, ex encargado de despacho de la Coordinación de
Servicios Periciales de la Zona Oriente.
A nombre de los familiares
provenientes de los estados de México, Nuevo León, Michoacán, Guerrero,
Jalisco, Morelos y la Ciudad de México, Valentina Peralta Puga, coordinadora de
la Red Eslabones por los Derechos Humanos, habló del objetivo de la manifestación
“lo que están buscando son a sus seres queridos desaparecidos, secuestrados,
hijos, padres, hermanos, esposas, esposos y sabemos que las fosas clandestinas,
que realizó la Fiscalía de Justicia en Morelos, de manera irregular, en un
predio en la comunidad indígena de Tetelcingo, en la ciudad de Cuautla, puede
darles una pista”.
Afirmó que se encuentran 150
cuerpos sin identificar, a quienes ni siquiera les practicaron las pruebas
periciales básicas que son la toma de muestra biológica para tener el perfil
genético y la superposición antropomórfica, que son radiografías y fotografías
al cráneo y restos, para poder cotejar con los seres humanos que se buscan.
“Sabemos que no lo hicieron,
explicó, por eso nosotros tenemos que exigir que esos cuerpos sean procesados
uno por uno, conforme a derecho, es decir, que se exhume cuerpo por cuerpo ante
la presencia de peritos de la PGR, de la Policía Federal, de personal de la
UAEM, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto
Comisionado, para que se obtengan los perfiles genéticos de cada ser humano que
ahí se encuentra, para que sea cotejado con los perfiles genéticos que han
aportado los familiares de los desaparecidos”, sostuvo.
Y recalcó, “queremos que el
28 de marzo saquemos el primer cuerpo de esa fosa, porque el 28 de marzo (de
2014) los sepultaron ahí, porque el 28 de marzo (de 2011) mataron a un grupo de
jóvenes, entre ellos el hijo de Javier Sicilia, porque el 28 de marzo (de
2013), Graco dijo que era el día de la víctima, porque ese día mataron a un
grupo de seres humanos en Tamaulipas y los depositaron en fosas, por eso el 28
de marzo es un día simbólico donde vamos a sacar contra viento y marea el
primer ser humano de las fosas de Tetelcingo, pese a quien le pese”.
Peralta Puga lamentó que la
respuesta del gobierno de Graco Ramírez sea la complicidad a favor de la
impunidad, porque después de seis horas de discusión con funcionarios del
gobierno del estado, en una reunión realizada hace dos meses en el palacio de
gobierno, llegaron a acuerdos, levantaron una minuta, que después los
funcionarios ya no quisieron firmar, una vez que se retiraron a un evento al
que les había convocado el mismo gobernador.
Este martes, el fiscal Javier
Pérez Durón estableció un plazo de mes y medio para que el propietario del
predio que es utilizado como panteón en Tetelcingo, “regularice el lugar” y
entonces sean exhumados los cuerpos que no han sido identificados y que la
Fiscalía establece que son cerca de 40.
En entrevista, informó que se
solicitará la coadyuvancia de la Procuraduría General de la República (PGR), y
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para “transparentar” el
procedimiento de exhumación y la toma de muestras genéticas de los cadáveres
depositados en las fosas clandestinas, en las que dijo, se encuentran 118
cuerpos, negando como siempre, que hayan sido 150 como afirman las víctimas.
“Con la colaboración de la
PGR y de la CNDH, se garantiza certeza en el actuar de la Fiscalía General del
Estado, con respecto a la exhumación y la toma de muestras genéticas”, dijo el
fiscal, y se negó a opinar respecto de la posible participación del
Departamento de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), pues afirmó que se buscarán a instituciones a nivel nacional
como PGR y CNDH.
(RIODOCE/ Proceso/ 18 febrero, 2016)
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