TOLUCA,
Edomex. (proceso.com.mx).- La Comisión de Seguridad Ciudadana del Estado de
México (CES) y la Procuraduría General de la República (PGR) sabían de la
posible fuga de El Chapo desde un día antes, pero ignoraron los indicios revelados
por tres detenidos en Mavoro, municipio de Jocotitlán, que confesaron ser
integrantes del Cártel de Sinaloa con la encomienda de preparar y resguardar
una pista de aterrizaje improvisada, comprar cascos de minero y chalecos
antibalas.
Estos
detalles están contenidos en el parte oficial de los elementos de la CES que
realizaron la detención y en la carpeta de investigación 443650730001115 de la
Fiscalía Especializada para Delincuencia Organizada de la PGR con sede en
Toluca, por delitos de portación de armas, tráfico y acopio de armas
prohibidas.
No
obstante, cuando quienes dijeron llamarse José Ramón García, de 18 años; Carlos
Tovar Amparo, de 40; y José Antonio González; de 54; este último identificado
con el alias El Pony y como el jefe del grupo, fueron trasladados al Ministerio
Público (MP) estatal en la Subprocuraduría de Atlacomulco, el agente desestimó
su importancia y se negó a recibirlos, arguyendo que se trataba de “raterillos
de poca monta”, y los remitió a la delegación de la PGR.
A
los detenidos les fueron incautadas dos armas largas adaptadas con
lanzagranadas, granadas de fragmentación y más de 600 cartuchos útiles.
Apenas
el pasado viernes, Eduardo Valiente, titular de la CES, negó que los elementos
hubieran reportado la existencia de una pista clandestina.
La
fuga original se había previsto para el viernes 10 de julio, pero la detención
de estos sujetos, que ya habían adquirido los chalecos antibalas, cascos
mineros de la marca Truper, rellenado algunos baches del terreno improvisado y
señalizado con cal la brecha que serviría como pista, frustró el primer
intento.
Versiones
de los vecinos que llamaron a los elementos policiacos a quienes reportaron
presencia de gente armada, indican que los detenidos les confesaron que sólo
estaban en espera de que aterrizara una avioneta en un promedio de 20 minutos,
por lo que les pidieron apagar sus celulares, y que después se irían.
En
su declaración ante la PGR, los detenidos señalaron que provenían de Nayarit;
después fueron a Guadalajara, luego a Querétaro, después a Naucalpan para
adquirir en la agencia Satélite las dos unidades empleadas en la operación, y
posteriormente a Atlacomulco.
En
este municipio mexiquense, cuna de la clase política estatal y ahora nacional,
se hospedaron en el hotel Dorado durante tres días.
Al
momento de su detención, remisión e integración de la carpeta, estos indicios
no resultaron relevantes para las autoridades; no obstante, han sido retomados
después de la fuga de Joaquín Guzmán Loera.
(PROCESO/
VENERANDA MENDOZA/ 19 DE JULIO DE 2015)
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