México,
DF.- Los contratos, sobre todo entre particulares, para la “renta” de vientres
maternos permitido en algunos estados, dañan a las mujeres de escasos recursos
y baja educación, denunció la abogada Ingrid Tapia Gutiérrez.
Los
acuerdos que las agencias elaboran para amparar la renta de vientres en México
formalizan una realidad, pero ésta no deja de darse en condiciones de
desigualdad social y en términos de explotación, indicó la jurista en un
comunicado de Early Institute.
De
acuerdo con Tapia Gutiérrez, la maternidad subrogada es la explotación de
mujeres con fines reproductivos (EMFR), la cual parece tener un punto central
en la discusión de los grupos que la aprueban.
Sin
embargo, la abogada comentó que los contratos que puedan celebrarse para tratar
de formalizar una práctica de la maternidad subrogada son una falacia, porque
darle formalidad a un acto no hace que éste se lleve a cabo en condiciones de
igualdad.
“El
hecho de permitir un contrato entre quienes no están en las mismas circunstancias
por su lengua, nivel educativo o económico, daña a las partes involucradas y
daña al interés público, al poner en riesgo a las mujeres que acceden desde su
vulnerabilidad social”, abundó.
La
experta señaló que en Tabasco se utilizan este tipo de acuerdos, y es justo en
ese estado donde se generó una “enorme” industria de turismo reproductivo que
derivó en abusos y manejos “no muy claros” de la práctica.
Añadió
que esta situación surge porque se pierde de vista la realidad, las
circunstancias en las que son contactadas las mujeres y las enormes ganancias
que obtienen de ellas las agencias de subrogación, debido a que es un mercado
muy redituable, al que poco le interesa la protección de las mujeres
involucradas.
“No
pueden celebrarse contratos de compra/venta sobre las por la sencilla razón de
que las personas no son un bien de consumo y la renta de vientres no es sólo
eso, es la utilización del cuerpo y la salud de una mujer, y no sólo el
vientre”, resaltó.
Dijo
que el pretender que las personas piensen que los acuerdos contractuales
regulados y supervisados por la autoridad es la manera más viable de impedir
que el creciente mercado de mujeres gestantes sufra abusos, es querer vender
una visión social irresponsable.
Pues
aseguró que la explotación no se da por la existencia o no de un contrato, sino
por la realidad en la que éste se da como la disparidad de conocimientos y las
necesidades de una mujer que tiene que ofertar su cuerpo para resolver otras
problemáticas.
“Reflexionemos
e investiguemos con seriedad sobre la viabilidad del tema: no es gratuito que
países desarrollados como Alemania, Francia, Italia y España, por mencionar
algunos, prohíban la EMFR”, puntualizó.
(ZOCALO/
Notimex/ 15/07/2015 - 10:32 AM)
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