Ciudad
de México, 4 de mayo (SinEmbargo).– Organizaciones civiles como el Frente
Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida y el Agua Vale más que Oro, denunciaron
que el proyecto minero Los Cardones, en Baja California Sur, pretende
instalarse en las inmediaciones de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna
“violando derechos mediante argucias legaloides, e incluso violando
flagrantemente leyes y reglamentos federales y estatales”.
La
empresa mexicana Desarrollos Zapal es propietaria del proyecto minero–metalúrgico
Los Cardones, que consta de un depósito mineral con valores de oro y se
localiza en la Delegación de San Antonio, Municipio de La Paz, en Baja
California Sur. Desarrollos Zapal es subsidiaria de Invecture Group, de acuerdo
con la página oficial de la mina.
La
Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna forma parte de la Red Mundial de
Reservas de la Biosfera, protegidas por la Unesco. Contiene el único bosque de
pino-encino de Baja California Sur y la única selva sudcaliforniana de toda la
península. Una gran cantidad de especies encuentran protección en la reserva.
Los
habitantes de la zona dicen que todo ese patrimonio de los mexicanos está en
peligro por la ambición de unos cuantos.
El
martes pasado, habitantes de Todos Santos –población cercana– se manifestaron
contra el proyecto minero Los Cardones en una gira del Gobernador del Estado,
Marcos Covarrubias Villaseñor. Los ciudadanos llevaron consignas como “Oro para
pocos, cáncer para todos”, “Por favor prohíban la minería tóxica en BCS” y “El agua
vale más que oro”. El mandatario prometió “decir no a las inversiones que
depreden nuestros recursos naturales, que atenten al medio ambiente”.
En
México existen al menos 36 conflictos mineros, la mayoría relacionados con
casos de contaminación, daño a las comunidades y despojos a los pobladores
donde se ubican zonas generadoras de una riqueza. De todos estos casos, al
menos 70 por ciento son de compañías extranjeras. Datos del observatorio de
Conflictos Mineros de América Latina y de la propia Secretaría de Economía,
destacan que al menos tres cuartas partes de los proyectos mineros son de
empresas de capital canadiense, que ampliaron su presencia en México tras la
firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Grupos
ambientalistas y habitantes de La Paz y de los Cabos ligan a Desarrollos Zapal
con Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca. Juan Ángel Trasviña Aguilar,
presidente de Medio Ambiente y Sociedad (MAS), aseguró en una rueda de prensa
en junio de 2014 que Salinas Pliego tenía acciones en el proyecto minero a
cielo abierto Los Cardones.
A
decir del activista, el canadiense Michael John Detmold Macphee era director
general de Grupo Invecture y miembro del Consejo Ejecutivo de Grupo Elektra. En
una revisión para actualizar esta información, se corroboró el primero, sin
embargo, el nombre de Detmold no aparece en la estructura del Consejo
Administrativo de la empresa de Salinas.
Vecinos
organizando la oposición al proyecto minero que, dicen, contaminará la Reserva
de la Biósfera. Foto: Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida
En
el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa hubo dos intentos
fallidos de autorización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) para que Desarrollos Zapal iniciara la
explotación en las inmediaciones de la Reserva de la Biósfera Sierra de la
Laguna.
En
el año 2010 el proyecto Los Cardones no logró el permiso de cambio de suelo
porque no acreditó la propiedad de terrenos de Jesús María III de 275 hectáreas
y otro más.
De
acuerdo con el sitio bcsnoticias, los abogados afirmaron poseer seis contratos
de compraventa privado que se habían llevado a cabo con los rancheros del
lugar.
Según
planos de la minera, este es un terreno nacional con una extensión denominada
Jesús María III, lugar donde se ubica el rancho Las Pardecitas o El Encantado,
propiedad del señor Jorge Cordero Cordero desde hace más de 80 años.
Reportes
de prensa local señalan que el 17 de enero de 2008 personal de la mina
convencieron al señor Jorge de firmar un contrato de acceso a terrenos superficiales
para que los empleados de Desarrollos Zapal efectuaran exploraciones mineras.
La renta se fijó cuatro mil dólares.
Posteriormente
obligaron al señor Cordero a firmar un Convenio de Terminación de Contrato de
Acceso a Terrenos Superficiales el 25 de abril de 2014. Le ofrecían que, según
la cláusula sexta del documento, si dejaba su tierra el 26 de mayo de 2014
recibiría tres millones de pesos, de acuerdo con el sitio BCSNOTICIAS.
La
minera argumentó que ya le habían dado 260 mil pesos como parte de una
compraventa, pero el señor Jorge no estuvo de acuerdo porque ese dinero era de
rentas por pasar a la zona.
Tras
la resistencia del señor Cordero, Desarrollos Zapal interpuso una denuncia ante
el juez de Primera Instancia del Ramo Civil en Baja California Sur, donde
exigía el cumplimiento forzoso del Convenio de Terminación de Contrato de
Acceso a Terrenos Superficiales.
Pero
no todo quedó en la demanda. La madrugada del 4 de marzo, la empresa
Desarrollos Zapal irrumpió en el rancho de las Pardecitas –propiedad del señor
Jorge Ricardo Cordero Cordero desde hace 80 años– con más de 30 guardias de la
empresa de seguridad privada Adamantium Security, perteneciente presuntamente a
Grupo Salinas. Los guardias destruyeron el rancho, reportaron diversos medios
locales.
Ante
esta situación, las organizaciones se pronunciaron en contra del proyecto
minero Los Cardones.
“La
sociedad sudcaliforniana a través de miles de firmas promovidas por nuestras
organizaciones civiles y ciudadanas se ha manifestado en absoluto rechazo a
estas empresas depredadoras, pero la colusión de intereses de políticos y
autoridades de distintos niveles de gobierno siguen en contubernio con estos
poderosos intereses económicos y no cejan en su empeño de explotar el oro,
aunque para ello tengan que no sólo atropellar derechos, destruir el desarrollo
económico, incluso hasta la vida de miles de personas”, indicaron los
ambientalistas y ciudadanos en un comunicado.
En
el texto, exigieron a las autoridades federales revocar las concesiones mineras
en Baja California Sur. A las autoridades estatales “negar los permisos y
licencias para que estas empresas mineras ya señaladas se asienten en cualquier
parte de los municipios de La Paz y de Los Cabos, y a las autoridades del
municipio de La Paz, donde se asiente la jurisdicción de la Sierra de La
Laguna, “a negar cualquier cambio de uso de suelo y licencias de construcción a
las empresas mineras señaladas y a cualquier otra que pretenda destruir
nuestros ecosistemas”.
(SIN
EMBARGO/ Redacción / mayo 4, 2015 - 18:01h)
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