Organizaciones
civiles, de activistas y defensores, y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), vincularon el atentado contra el alcalde de Choix con amenazas,
asesinato y hostigamiento que han sufrido dirigentes de los desplazados en ese
municipio y Salvador Alvarado.
El organismo
internacional resolvió el lunes 28 de abril pedir al Estado mexicano que
proteja a dos mujeres activistas, defensoras de los derechos humanos y líderes
de las familias desplazadas en estos municipios sinaloenses, identificadas como
Esperanza Hernández Lugo, con domicilio en Guamúchil, y Nayeli González.
Esta es la primera
vez que la comisión interamericana interviene en un caso de desplazamiento por
violencia en el país, de acuerdo con organismos de derechos humanos mexicanos.
Ambas —Esperanza y
Nayeli— fueron protegidas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos (CMPDDH) y sacadas de esta entidad. Actualmente se
encuentran en un lugar seguro, pero la CIDH y organismos de México y Estados
Unidos —entre ellos la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
(WOLA), el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG) y Refugees
International—, piden a los gobiernos federal y estatal garanticen la seguridad
de ambas.
Para estos
organismos, hay un hilo de violencia que relaciona al menos cuatro hechos entre
sí y que coloca a los desplazados y a sus representantes o dirigentes en un
ambiente de grave riesgo: la elaboración de un padrón de desplazados en Sinaloa
y la decisión de muchas de estas familias de interponer una denuncia por
despojo de tierras, el atentado contra el alcalde de Choix, Juan Raúl Acosta
Salas, el asesinato de Roberto Rábago —uno de los desplazados que acudió a las
reuniones con otras víctimas y activistas nacionales—, y la amenaza de muerte
contra Hernández Lugo.
El atentado contra
el edil fue el 6 de marzo de 2015 –cuando éste se dirigía con su esposa y
miembros de su comitiva a Mochicahui, El Fuerte— y un día después, el 7,
Esperanza Hernández recibió un mensaje en su teléfono celular, advirtiéndole
que si no se iba de Guamúchil sería asesinada. El asesinato de Felipe Rábago
fue el 11 de marzo, en Juan José Ríos, municipio de Guasave, en un atentado
donde su esposa, Nayeli, resultó gravemente herida.
El alcalde —quien
ha dado recursos para que los desplazados paguen las rentas de sus viviendas,
despensas y otros apoyos— fue recientemente dado de alta pero él y seis
integrantes de su gabinete fueron heridos y hospitalizados en Los Mochis,
cabecera municipal de Ahome.
La Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) ha informado que tres hombres y una mujer
fueron detenidos por este atentado; los presuntos homicidas señalaron que les
pagaron por asesinar al presidente municipal, pero se desconoce el móvil y
quién ordenó y pagó por ultimarlo.
Ahora, tanto
Esperanza Hernández Lugo como Nayeli González, quien acompañaba a su esposo
Roberto Rábago cuando fueron agredidos a balazos—, sufren un doble
desplazamiento: cuando fueron obligados a punta de pistola a dejar sus
viviendas, en las zonas alteñas de la Sierra Madre Occidental, y ahora que
tuvieron que dejar Sinaloa luego de los nuevos actos violentos.
“La CIDH observa
que el contexto y antecedentes relatados por los solicitantes tendrían como
hilo conductor una serie de recientes hechos de violencia que habrían ocurrido,
en general, contra personas que han ejercicio un rol protagónico en defensa de
los derechos de las comunidades”, advierte.
Entre estos
hechos, agregó, se encuentran la denuncia ante autoridades estatales sobre la
violencia y los desplazamientos de la zona serrana a la ciudad, y la falta de
respuesta de parte del gobierno, el atentado contra el alcalde de Choix —quien
habría sido la única autoridad que ha apoyado las peticiones de los desplazados
por la violencia—, las amenazas de muerte y hostigamiento contra dirigentes de
las víctimas, el atentado sufrido el 10 de marzo por la familia Rábago —días
después de reunirse con representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas—, y la publicación en redes sociales de una foto de una de las
defensoras con hombres armados que integran un grupo delictivo, vestidos de
militares. A esto se agrega un mensaje de texto que llegó a uno de los
parientes de Hernández Lugo, en el que le advierten, días después del asesinato
del señor Rábago, que debe salirse de Guamúchil o de lo contrario será
asesinada.
“La intensidad de
los hechos alegados y las llamadas directas a los domicilios de las defensoras
sugieren que sus familiares podrían compartir los mismos factores de riesgo”,
señala en su documento el organismo.
Sobre las 421
personas desplazadas en Choix, el organismo internacional “toma nota” sobre los
hechos ocurridos desde septiembre de 2011 y la supuesta falta de efectividad
del gobierno estatal para atender la situación de violencia en la zona serrana.
“La CIDH considera
como beneficiarias de las presentes medidas cautelares a las defensoras E y K
(así las identifica), así como a sus familiares, quienes se encuentran
plenamente identificados en los documentos aportados por los solicitantes y
ascenderían a 10 personas”.
Por lo que pide al
gobierno de México adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la
integridad personal de las defensoras y sus familiares, garantice que ambas
puedan desarrollar sus actividades como tales, sin ser objeto de violencia y
hostigamiento, e informe sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los
presuntos hechos que dieron lugar a esta medida cautelar y evitar que ésta se
repita.
Además, pide al
gobierno informe en 10 días sobre las medidas aplicadas y actualizar estos
reportes periódicamente.
ANTECEDENTES
Igual que
Esperanza Hernández Lugo, en 12 de los 18 municipios, alrededor de 30 mil
personas fueron desplazadas de sus comunidades a partir de 2011, debido a los
ataques, amenazas y homicidios perpetrados por grupos armados del Cártel de
Sinaloa y de los Beltrán Leyva. En medio de las pugnas quedaron muchos
ciudadanos y sus familias.
Esperanza
Hernández tuvo que dejar su casa y todas sus pertenencias en la comunidad de
Ocurahui, municipio de Sinaloa. De este poblado y de San José de los Hornos,
unas 2 mil 400 personas tuvieron que salirse de sus viviendas y caminar durante
días y noches en busca de refugio. Algunas de ellas permanecieron
momentáneamente en Surutato, municipio de Badiraguato, y luego migraron a
Culiacán, Navolato y Guamúchil, en Salvador Alvarado.
Se emplearon de
pepenadores, en el basurón ubicado en el norte de la ciudad capital, o bien
como jornaleros agrícolas. Permanecen en el desempleo o contratados
temporalmente, en casas prestadas o de renta, pero igualmente en la miseria.
En Guamúchil,
donde se ubicaron cientos de familias desplazadas, Esperanza pidió a los
gobiernos municipal, federal y estatal apoyos para empleos y viviendas, así
como servicios públicos y alimentación. Lo hizo una y otra vez, y hasta acudió
con el gobernador Mario López Valdez, quien la recibió en Culiacán, sin obtener
respuesta.
“No lo sentí en
ningún momento interesado ni sensible a la situación que le expuse, a nuestros
padecimientos. Al final, lo único que me dijo es que no me prometía nada, que
iba a ver qué podía hacer. Y eso fue todo”, dijo ella, luego de haber salido de
ese encuentro con el mandatario, en octubre de 2013.
DE OCURAHUI A WASHINGTON
Información de la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, uno de los
pocos organismos que en el país se ha preocupado por el tema de los desplazados
ante hechos violentos, hay a nivel nacional por lo menos 280 mil desplazados.
Entre los estados
con mayor incidencia de este fenómeno, provocado por operativos gubernamentales
o grupos armados ligados o no al narcotráfico, están Guerrero, Michoacán,
Oaxaca y Sinaloa. En total, en 14 de los 32 estados se tiene este problema.
Por eso Esperanza
acudió a Guamúchil, ante las amenazas y esos cerca de 30 asesinatos que se
tuvieron en la región de Ocurahui, San José de los Hornos. Fue a Culiacán, pero
también a Surutato. Luego acudió a la Ciudad de México, primero para exponer su
problema ante esta comisión —durante la presentación de un libro sobre el tema,
el año pasado—, y luego en busca de refugio. Dos veces desplazada.
Habló ante
organismos ciudadanos del país y también con directivos de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos y de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No fue
suficiente. Apoyada por varias de estas organizaciones que ahora exigen al
gobierno su protección y la de otra activista desplazada, acudió a Washington
para hablar sobre su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), durante los últimos días de abril.
En febrero, un
equipo de defensores y activistas de organismos nacionales realizaron tres
reuniones en Sinaloa con desplazados: dos de ellos en Guamúchil —uno con los
habitantes de esa ciudad y otro con los de Choix—, y uno más en Culiacán. En el
encuentro con choicences, varios asistentes advirtieron sobre la presencia de
un hombre conocido por muchos y supuesto integrante de grupos delictivos de la
región norte. El hombre, a quien no se identificó, iba en calidad de
infiltrado.
Los activistas
tenían como objetivo elaborar un padrón de desplazados y que éstos
interpusieran una denuncia por despojo de tierras. Fueron Rábago y su esposa
quienes se opusieron, por temor, a firmar la denuncia. Días después fueron
atacados a balazos.
“Esta situación
fue como detonante. Los incidentes se tuvieron dos semanas después: el
presidente sufrió un atentado y parece que todo esto se está ligando al tema de
la convocatoria que se hizo, a la reunión de los familias”, sostuvo una fuente
cercana a los representantes de organismos nacionales que acudieron a
Guamúchil.
En esos días, un
funcionario de la Comisión de Asuntos Indígenas del gobierno estatal estuvo
preguntando a los asistentes por los nombres de los desplazados que firmaron y
los datos de los activistas de organismos que acudieron de otras partes del
país.
“Nosotros lo
tenemos documentado todo esto, a raíz de esto les pedimos a las dos que se
salieron inmediatamente para valorar y hacer un análisis de riesgo, y de
entrada salvar la vida. Fueron sacadas de Sinaloa desde entonces y siguen fuera
de la ciudad las dos, o sea que son desplazadas por segunda ocasión”, dijo la
fuente, quien pidió mantener el anonimato por temor a represalias.
Ahora Esperanza no
puede regresar. Sigue protegida, guarecida, en espera de garantías para volver…
por lo menos a Guamúchil, si no hay condiciones para regresar a su casa,
Ocurahui.
(RIODOCE/ REDACCION/3 mayo,
2015)
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