OAXACA,
Oax. (proceso.com.mx).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) afirmó que la
masacre de Iguala en el estado de Guerrero, es un crimen de Estado y forma
parte de una ofensiva policiaco-militar-paramilitar porque desde su lógica
criminal se trata de dar un “escarmiento” y de enviar un mensaje de terror a
los que se organizan y defienden sus derechos.
El
grupo guerrillero considera que “ante esta terrible y lacerante realidad es
legítima y valida la justicia popular, se hace necesaria e imprescindible. Al
respecto toda iniciativa que emane de la creatividad popular es válida y
bienvenida”.
Respecto
a las posturas del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Ángel
Aguirre, calificó de “embustes del priismo asesino de siempre y el perredismo
caciquil de Guerrero que estos actos de terrorismo puede ser obra del mítico
crimen organizado”.
El
grupo insurgente reiteró que lo acontecido en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de
septiembre, “fue una masacre, un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad
planificado desde las altas cúpulas castrenses y policiacas, cuya cadena de
mando se extiende hasta el Ejecutivo como jefe supremo de las fuerzas armadas”.
Considera
que estos atentados son “un acto de terrorismo de Estado que se enmarca en el
plano nacional como parte de una ofensiva contra los que se organizan y
protestan ante las injusticias y arbitrariedades de este putrefacto régimen”.
En
un comunicado fechado hoy desde la comandancia de zona de Guerrero recalcó que
“los crímenes de Estado no se resuelven con un simple ‘perdón’, ni mucho menos
con ‘consultas ciudadanas’ para decidir si renuncia o se queda el gobernador
Ángel Aguirre Rivero, eso no es más que demagogia pura y retórica barata, un
manotazo de desesperación ante la creciente ira y protesta popular”.
El
grupo rebelde que apareció en 1996 resaltó que “ante esta afrenta más al pueblo
ni siquiera bastan las renuncias o juicios políticos contra funcionarios de
segundo y primer nivel, se requiere la aplicación de la justicia de acuerdo a
protocolos internacionales tipificándolos como crímenes de Estado y de lesa
humanidad, si es que en verdad se quisiera hacer justicia.
También
señal que “es falso que lo que está aconteciendo en el país se deba a la
inexistencia de un Estado de derecho, como también es falso que exista un
Estado fallido. Tlatlaya en el Estado de México e Iguala en Guerrero son sólo
un botón de muestra de la existencia de un Estado policiaco-militar y un estado
de derecho oligárquico”.
El
EPR señaló que “desde su trinchera de lucha exigen la presentación con vida de
los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de
Ayotzinapa, Guerrero, y de los eperristas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y
Edmundo Reyes Amaya detenidos-desaparecidos en la ciudad de Oaxaca el 25 de
mayo del 2007.
Insistió
en que los 7 asesinados, 4 de ellos estudiantes, 43 normalistas más
detenidos-desaparecidos, decenas de heridos varios de ellos de gravedad,
decenas de torturados, decenas de amenazados, decenas de desplazados, el
hallazgos de fosas clandestinas, no puede ser obra del crimen organizado, ni
mucho menos es un simple incidente, se trata de una masacre, de un crimen de
Estado, de un crimen de lesa humanidad perpetrado dolosamente por los cuerpos
policiacos, militares y paramilitares como parte de la política de terrorismo
de Estado que se aplica de manera sistemática en México.
(PROCESO/
PEDRO MATÍAS/ 12 DE OCTUBRE DE 2014)
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