Los
crímenes de Ayotzinapa y Tlatlaya son noticias que le dieron la vuelta al mundo
y mostraron un rostro de México muy distinto al que se empeña en difundir el
gobierno. Ante la magnitud de estos crímenes, la ONU, la OEA y Washington han
exigido castigo a los responsables, en tanto que diputados del Parlamento
Europeo piden que se suspendan las negociaciones de cooperación que se tienen
con el país. La respuesta de Los Pinos es una estrategia basada en comunicados
que sólo reproducen el discurso peñanietista del pasado lunes.
WASHINGTON/BRUSELAS/BERLÍN
(Proceso).- Ante la imagen negativa que México proyecta en el exterior por los
casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, el gobierno de Enrique Peña Nieto aplicó una
estrategia de control de daños: Las embajadas mexicanas envían cartas y
comunicados a gobiernos y parlamentos de las naciones ante las cuales están
acreditadas, los jefes de misión convocan a periodistas para “retransmitirles”
el mensaje que el mandatario leyó el lunes 6 o hacen “visitas de cortesía” a
medios locales para ofrecer la versión de lo que “realmente” ocurre en el país.
El
objetivo: Crear la percepción de que el gobierno mexicano tiene el control de
la situación en varios estados –donde en realidad la violencia está desbordada–
y cumple sus compromisos internacionales en materia de seguridad, justicia y
derechos humanos.
Y
es que la matanza de Tlatlaya, la desaparición forzada de los normalistas de
Ayotzinapa y el descubrimientos de las fosas clandestinas en Iguala –hechos
ampliamente difundidos por la prensa internacional–, empiezan a tener efectos
concretos en materia de política exterior: la Organización de las Naciones
Unidas, la de Estados Americanos (OEA) y el Departamento de Estado de Estados
Unidos condenaron los acontecimientos y exigieron una investigación completa y
transparente para esclarecer esos crímenes y llevar a ante la justicia a los
responsables.
Más
aún: 16 diputados del Parlamento Europeo solicitaron que el proceso de
modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (UE), que
negocian actualmente ambas partes, se suspenda hasta “reconstruir la confianza”
con las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos.
(Fragmento
del reportaje que se publica en la revista Proceso 1980, ya en circulación)
(PROCESO
/ J. ESQUIVEL, M. APPEL Y Y. ALCARAZ/ 11 DE OCTUBRE DE 2014)
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