TIXTLA,
Gro. (proceso.com.mx).- El sábado, a la misma hora que el gobernador Ángel
Aguirre Rivero escenificaba en Iguala, ante la prensa, una teatral reunión con
su gabinete en crisis por la desaparición de los 43 normalistas y presumía su
colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los
expertos argentinos encontraron el acceso bloqueado a las fosas y eran
excluidos de una reunión con el gobierno federal que a partir de ayer tomó el
mando de la búsqueda.
El
equipo conformado por expertos independientes llegados de varios países a
petición de los estudiantes normalistas y las familias de los desaparecidos, ha
tenido que enfrentar diversos obstáculos por parte de autoridades estatales y
federales, como había denunciado Amnistía Internacional y ahora denuncia el
centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.
“Ha
habido una serie de obstáculos para que hagan su trabajo”, informó el abogado
Vidulfo Rosales, de “Tlachinollan”, quien menciona que el último incidente
ocurrió ayer.
El
bloqueo fue al mediodía, cuando el gobernador anunciaba en el Museo de la
Bandera que se inauguraba una segunda etapa de búsqueda de los jóvenes y daba
la palabra a los miembros de su gabinete para que informaran el trabajo realizado
hasta el momento.
“Tengo
fe de que a nuestros jóvenes los encontraremos con vida y esa es y sigue siendo
mi prioridad. No descansaremos hasta que regresen cada uno a sus hogares (…)
Tengo esperanza y fe que algunos de los cuerpos encontrados en esas fosas no
pertenezcan a esos jóvenes”, dijo el gobernador ante los medios.
Al
final de la reunión que duró 15 minutos, y para no recibir preguntas de la
prensa, sus colaboradores cerraron las cortinas del auditorio, como se hace al
final de una función de teatro.
“Estuvo
bueno el show”, se escuchó el grito de algún periodista. “Ya se acabó la
función de títeres”, gritó uno más. “Qué bueno que ya acabó el circo”, fue otro
de los gritos.
Este
domingo, un día después de la escenificación, el abogado Montes, en entrevista
con Proceso, informó lo que sobre terreno ocurría en realidad.
“No
se les permitió el acceso a las fosas pese a que con el gobierno federal se
acordó su entrada para poder hacer el trabajo. Al parecer no bajó bien la
instrucción, no les permitieron el acceso y hoy se encuentran en el Semefo
haciendo los trabajos”, dijo en entrevista con Proceso. El EAAF no ha querido
dar declaraciones al respecto.
El
equipo es reconocido mundialmente por su trabajo en identificación de restos
humanos en países donde han ocurrido violaciones a derechos humanos masivas,
como Argentina en tiempos de la dictadura, Bosnia y en años recientes en
México, por los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y en las fosas de San
Fernando, Tamaulipas.
Según
el abogado perteneciente a este centro de derechos humanos que ha acompañado a
los estudiantes y a las familias, aunque los gobiernos estatal y federal
manifiestan en público su beneplácito por la inclusión del prestigiado equipo
argentino en la identificación de cadáveres, en realidad les han impedido hacer
su trabajo.
“No
se les permite ingresar a hacer toma de muestras porque llegaron peritos de
PGR. Hubo un problema para acreditarlas legalmente y no se los permitían porque
no traían documentos originales que respaldaran su experiencia y cuando se
destrabó no estaba el Ministerio Público que tenía que hacer los trámites para
que pudieran trabajar en la Normal (tomando muestras de ADN) y en el Semefo”,
dijo.
“Fueron
dos días de martirio y complicaciones, hasta el tercer día se normalizó”.
Por
esas primeras horas perdidas llegaron a las primeras cinco fosas –de las que se
rescataron 28 cuerpos– cuando las exhumaciones ya estaban terminando. “No
tuvieron oportunidad de participar en eso”.
El
defensor señaló que el gobierno estatal perdió mucho tiempo para comenzar la
búsqueda de los estudiantes. Primero se enfocó en detener a los policías
municipales acusados de los asesinatos y la desaparición, y en sus
declaraciones, luego encabezó un operativo de búsqueda en la que puso a los
padres a preguntar, casa por casa, por el paradero de sus hijos y después mandó
a todos los burócratas –desde el barrendero hasta el director de área y los
secretarios— a hacer lo mismo.
Pero
la búsqueda nunca fue seria, coordinada y con labores de inteligencia. Y a
partir del hallazgo de las primeras cinco fosas el gobierno se dedicó a la
identificación de cadáveres y dejó la búsqueda en vida. En ese tiempo el
gobierno federal se mantuvo omiso.
“Fue
su estrategia política anunciar: ‘Ya se encontraron los cuerpos para acabar con
la inconformidad de las familias, para decir ‘se acabó el tema Ayotzinapa, se
acabó el problema’, pero es una válvula de escape. Ni el gobierno federal ni el
estatal saben si los restos son de ellos o no”, dijo en la entrevista.
Criticó
también que algunos ministerios públicos no fueron sensibles con la gente.
Mencionó el caso de Elizabeth López Peña, titular dentro del estado del área
encargada de búsqueda de desaparecidos, por su insensibilidad con la gente –por
ejemplo, les negó copia de sus propias declaraciones– y por haber hecho los
trámites más tardados para extender el tiempo de la toma de muestras.
“El
obstáculo más reciente es que no se les permitió el ingreso a las cuatro fosas
nuevas”, dijo al salir de una reunión con padres de familia.
El
10 de octubre pasado, Amnistía Internacional denunció a través de un comunicado
que la búsqueda era “caótica y hostil” y que los “peritos internacionales
reconocidos por los familiares de los desaparecidos” no habían podido acceder a
las fosas para realizar su trabajo.
Según
la información recabada por Amnistía Internacional, el trabajo realizado por
agentes del Ministerio Público estatal sobre las exhumaciones de los restos
hallados en las seis fosas descubiertas anteriormente presentaría deficiencias,
lo cual dificultará las pruebas de identificación.
“Es
esencial que los peritos internacionales tengan acceso inmediato e irrestricto
a todas las investigaciones forenses que se están llevando a cabo”, indicaba el
comunicado.
Aunque
la desaparición de los estudiantes ocurrió la noche del 26 de septiembre, el
día de hoy un enviado de la Secretaría de Gobernación anunció a las familias
reunidas en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que el gobierno federal
empezó a hacerse cargo de las investigaciones para dar con el paradero de sus
hijos. La tardanza de 16 días desató la indignación de los familiares.
(PROCESO
/ MARCELA TURATI/ 12 DE OCTUBRE DE 2014)
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