Crecido al amparo del PRI y de sus
peores prácticas, Ángel Aguirre gobernó Guerrero a finales del siglo pasado y
dejó, entre otras cosas, una cauda de perredistas asesinados. Amigo de Enrique
Peña Nieto, éste no intervino cuando el guerrerense cambió de chaqueta,
despechado con el priismo, y se cobijó en la llamada izquierda para acceder de
nuevo al mandato estatal. Ahora, con el crimen de Ayotzinapa, ese manto
protector de la máxima autoridad parece desvanecerse y el gobernador busca
desesperadamente conservar el cargo, incluso pese a que la orden de matar a los
normalistas pudo haber salido de su entorno más cercano, como opina un
empresario local.
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Nacido políticamente en el PRI, que lo hizo gobernador de
Guerrero (1996-1999) y cobijado por el PRD para ejercer un nuevo mandato en el
estado, la gestión de Ángel Aguirre Rivero se complica cada día más por el
asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, calificada por
organizaciones como Human Rights Watch como el ataque a estudiantes más grave desde
1968.
El
predecesor de Aguirre, Rubén Figueroa Alcocer, resistió ocho meses al frente
del gobierno estatal luego de la matanza de 16 campesinos en Aguas Blancas a
manos de policías estatales en junio de 1995, pero dimitió por la intervención
directa del presidente Ernesto Zedillo.
Arropado
por la dirigencia nacional del PRD, presidida ahora por Carlos Navarrete,
dirigente de la corriente Nueva Izquierda, ante la presión de miles de voces en
el mundo que piden su salida, Aguirre maquinó una estrategia dilatoria.
El
jueves 9, primero en Acapulco y en presencia de un público que le lanzaba
vivas, y más tarde flanqueado por Navarrete y el secretario general del PRD,
Héctor Bautista, respondió al clamor popular en su contra con el anuncio de la
próxima presentación de una iniciativa al Congreso local para preguntar a los
guerrerenses si debe continuar al frente del Ejecutivo estatal.
En
su terruño el gobernador rechazó los señalamientos de “asesino o represor” y de
que recibió financiamiento del Cártel de los Beltrán Leyva en su campaña, como
señala un video que circula en internet; aseguró que la federación sabía de la
infiltración de la delincuencia organizada en las policías municipales, exigió
verdad y justicia para el caso y sostuvo que no dejaría el gobierno por los
“opinotecnócratas”.
En
una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la cual no se aceptaron
preguntas, Aguirre precisó que al Congreso local le corresponderá procesar la
iniciativa que presentará el lunes 13. Navarrete apuntaló: “Si es la decisión
de los guerrerenses revocarle el mandato al gobernador, que así sea”.
(Fragmento
del reportaje que se publica en la revista Proceso 1980, ya en circulación)
(PROCESO/
GLORIA LETICIA DÍAZ/ 11 DE OCTUBRE DE 2014)
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