Después
de callar durante casi tres meses, la administración de Enrique Peña Nieto tuvo
que reaccionar ante la evidencia: todo indica que un grupo de soldados ejecutó
extrajudicialmente a 21 personas en el municipio mexiquense de Tlatlaya.
Un
reportaje de la revista Esquire, difundido de manera simultánea el miércoles 17
en la página electrónica de ese medio y en la de Proceso, provocó que el
gobierno de Estados Unidos exigiera a las autoridades mexicanas una
“explicación creíble” acerca de la matanza.
Así,
lo que no consiguieron las fundamentadas denuncias de Human Rights Watch y
Amnistía Internacional lo logró Washington: orillar a la Secretaría de la
Defensa y a la PGR a declararse “dispuestas” a investigar.
El
gobierno de Enrique Peña Nieto había optado por el silencio, pero luego de que
Washington le pidió una investigación creíble en torno a la muerte de 22
personas en Tlatlaya a manos del Ejército, ya no pudo mantener oídos sordos
ante las versiones de la prensa nacional e internacional en el sentido de que
se trató de una ejecución extrajudicial masiva.
Tuvo
que llegar una declaración oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos
para que la administración de Peña Nieto reaccionara. Los principales
involucrados, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría
General de la República (PGR), emitieron sendos comunicados la noche del
viernes 19 para reiterar que han hecho bien las cosas, tanto en el operativo en
ese municipio del Estado de México como durante su investigación, que aún no
concluye.
La
Sedena insistió en que los efectivos del Ejército repelieron una agresión la
madrugada del 30 de junio cuando patrullaban cerca del poblado Cuadrilla Nueva,
en el municipio mexiquense de Tlatlaya, en la frontera con el estado de
Guerrero. Pero dijo estar dispuesta a una investigación para llegar al fondo
del asunto conforme a derecho.
En
el mismo tenor, la PGR aseveró que ha iniciado una averiguación previa y que
está en la etapa de indagatorias con un equipo de especialistas en diversas
disciplinas para saber si las conductas de los implicados se apegaron a
derecho.
La
Sedena y la PGR quedaron obligadas a fijar su postura horas después de que el
Departamento de Estado le pidió al gobierno de Peña Nieto dar una versión
creíble de lo ocurrido en Tlatlaya, ante las versiones de prensa de que no fue
un enfrentamiento, como dicen los militares, sino una ejecución extrajudicial
de presuntos delincuentes…
Fragmento
del reportaje que se publica en la edición 1977 de la revista Proceso,
actualmente en circulación.
(PROCESO
/ REPORTAJE ESPECIAL/ JORGE CARRASCO ARAIZAGA/23 DE SEPTIEMBRE DE 2014)
No hay comentarios:
Publicar un comentario