MÉXICO,
D.F. (apro).- El gobierno de Felipe Calderón fue denunciado ante la
Procuraduría General de la República (PGR) por su probable responsabilidad y/o
complicidad en el tráfico de armas promovido por Estados Unidos a México en la
operación Rápido y Furioso.
La
organización no gubernamental Desarma México anunció este martes que la
querella fue presentada por la participación que pudieron tener altos
funcionarios del sexenio pasado en la introducción ilegal de armas ideada por
la estadunidense Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF,
por sus siglas en inglés).
La
denuncia se basa en las comparecencias y documentos del Departamento de
Justicia ante el Senado de Estados Unidos que refieren el conocimiento que
tenían funcionarios del gobierno mexicano, dijo el abogado Gonzalo Aguilar
Zinser, integrante de Desarma México y uno de los firmantes de la denuncia, al
darla a conocer durante un foro de El Colegio de México (Colmex).
También
explicó que en uno de los documentos de ATF, que forman parte de la
investigación del Senado estadunidense, se habla de una entrega controlada con
el conocimiento de funcionarios mexicanos.
En
ese testimonio, un funcionario de la ATF informa a un superior en el sur de la
frontera de esa agencia que se procedió a la introducción a México de 19 armas
de alto poder y que los agentes homólogos en México perdieron el convoy. Eso
indicaría que hubo mexicanos que sabían que se iban a meter las armas al país,
añadió el abogado.
En
2011, cuando detonó el escándalo, luego de una investigación realizada por el
International Consortium of Investigative Journalists, con sede en Washington,
la PGR aseguró que no tenía conocimiento de la operación.
Al
amparo del concepto de “víctima directa” de la Ley de Víctimas, quienes firman
la queja denuncian “la pasividad del Estado mexicano y, en su caso, la complicidad
de las autoridades que pudieron tener conocimiento, participaron, permitieron e
incentivaron el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos a nuestro país,
desde el año 2006 y hasta el 2011”, como parte del programa de la ATF.
Esa
política deliberada de la ATF se extendió prácticamente durante todo el sexenio
de Calderón. En total, más de 3 mil armas acabaron en manos de la delincuencia
organizada, primero como parte de un operativo denominado Wide Receiver
(Receptor Abierto) y luego de Rápido y Furioso.
Ese
tráfico ilegal de armas, a cargo tanto de agencias gubernamentales
estadunidenses como presumiblemente mexicanas, resultó en el homicidio,
secuestro, extorsión y asalto a mano armada de civiles y policías, sostienen
los denunciantes.
Uno
de esos casos fue el de la matanza de Villas de Salvárcar, en Juárez,
Chihuahua, en enero de 2010, cuando fueron asesinados 17 adolescentes y 12
resultaron heridos.
“Nuestras
autoridades no sólo incumplieron con su obligación de impedir el tráfico ilegal
de armas a nuestro país, también, de manera cuestionable e irresponsable,
presumiblemente permitieron su introducción”, indica la denuncia firmada por
Sergio Aguayo Quezada, Miriam Morales Sanhueza, Gonzalo Aguilar Zinser, Felipe
Gómez Mont Landerreche, José Miguel Castillo Hernández, Paulina Arriaga
Carrasco, Javier Shütte Ricaud y Daniel Téllez Santana.
Los
quejosos piden a la PGR que investigue la colaboración que pudieron tener
funcionarios mexicanos, pues inicialmente Rápido y Furioso consideraba que las
armas que se entregaran a los traficantes tuvieran chip o localizador digital,
pero al final se buscó su identificación balística una vez utilizadas o
aseguradas.
También,
que la dependencia federal determine si funcionarios mexicanos o extranjeros
cometieron delitos en nuestro país. Y explican: Se presume que las autoridades
mexicanas enviaban información balística de casos relacionados con esas armas a
autoridades estadunidenses, o éstas directamente intervinieron en asuntos
policiales en territorio mexicano para su rastreo.
En
este caso, las autoridades mexicanas necesariamente hubieran tenido que
permitirles el libre acceso a escenarios del crimen, con lo que se actualizaría
una violación a la soberanía del Estado mexicano.
La
PGR, reclamaron, debe investigar bajo qué figura jurídica se habría permitido
esa presencia o si fue una “absoluta negligencia” de las autoridades mexicanas
de entonces.
Resultaría
más grave, abundaron los denunciantes, que si estos posibles delitos fueron
perpetrados por miembros del gobierno mexicano encargados de la procuración de
justicia, o pertenecientes a cuerpos de policía o las Fuerzas Armadas.
En
su demanda, que se anunció durante el seminario sobre Violencia en México que
se realiza en el Colmex, apelan a la figura de víctimas directas porque en un
futuro esas armas pueden ser accionadas en contra de alguno de ellos.
“Eso
me da derecho para que se investigue y castigue a los que permitieron su
entrada”, dijo Aguilar Zinzer.
(PROCESO/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA/23 DE SEPTIEMBRE DE 2014)
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