A dos semanas del
homicidio del ex policía, apenas se ha
comenzado a citar a declarar a familiares, amigos, agentes y comandantes de la
Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz.
Pero nada se sabe del presunto chofer y sicarios que participaron en el crimen
A 15 días de la ejecución del ex suboficial de
la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de
La Paz, Juan Antonio Salgado Burgoin, la Subprocuraduría de Investigaciones
Especiales (SIE) no tiene resultados oficiales respecto a las investigaciones,
menos aún, ha definido alguna de las tres líneas de investigación del
asesinato.
El titular de la
SIE, Isaí Arias Famanía, desapareció del escenario público, y en dos ocasiones
se ha negado a recibir a ZETA, bajo el argumento de que “hasta ahora no tenemos
nada concreto”.
Hasta el cierre de esta edición, el chofer y los dos sicarios que
participaron en el asesinato no habían sido identificados, tampoco se sabía
nada sobre su paradero, pese a haber dejado indicios dactilares en los
cartuchos percutidos, así como dentro y fuera de la camioneta pick-up que se
utilizó para perpetrar el crimen.
Las huellas
dactilares de los presuntos responsables de la ejecución fueron ingresadas casi
de inmediato al Sistema Automatizado de Identificación. Su resultado será clave
para lograr la identificación de los autores materiales del crimen de Salgado
Burgoin.
Lo que sí se sabe,
es que el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en
Homicidio Dolosos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE),
comenzó a citar a declarar a familiares, amigos, agentes y comandantes de la
Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La
Paz.
Los señalados por el
propio ex policía durante una videograbación, particularmente la alcaldesa de
La Paz, Esthela Ponce Beltrán; el comisionado y el director operativo de la
Policía Municipal, Noé López Ramírez e Iván Sánchez Escobar, respectivamente;
además del coordinador de Enlace del Gobierno del Estado de Baja California
Sur, José Manuel Santoyo García, solo estaban en vías de ser citados y declarar
sobre las imputaciones en su contra.
En medio del festejo
del 85 Aniversario del Partido Revolucionario Institucional, la presidenta
municipal de La Paz no hizo pronunciamiento alguno sobre el caso -como se
esperaba-, ya que a decir de un colaborador cercano, “era una infamia lo que
estaba viviendo”, y “cuyo fuego amigo, es más que evidente en los colaboradores
de los senadores Isaías González Cuevas y Ricardo Barroso Agramont, se han
encargado de enlodarla”.
Datos recabados por
ZETA -con base en información de peritos de la Dirección de Servicios
Periciales- evidencian que en el crimen del ex policía se usaron una pistola 9
milímetros de la marca Luger o Parabellum. y una subametralladora 9 milímetros.
Según la prueba de
balística, lo anterior se determinó por el sello encontrado en los cartuchos
percutidos y asegurados en la escena del crimen.
Un perito criminalista
consultado por este Semanario, reforzó la versión: “El sello es como la huella
dactilar del arma, porque en cada disparo queda una marca única en la bala, la
cual es diferente en cada armamento de fuego”.
Las conclusiones de
la Dirección de Servicios Periciales, es que de los 11 cartuchos percutidos,
tres eran de pistola y ocho de una subametralladora.
No obstante, del
nulo avance en el resultado de las investigaciones, surgió una luz en el
camino, cuando la Policía Ministerial del Estado logró, el lunes 3 de marzo, la
captura de los narcomenudistas Imer Reynosa Aguilar y Aarón Medina Arias,
quienes llevaban consigo una subametralladora 9 milímetros.
Los detenidos
circulaban por la calle Alfredo V. Bonfil, entre Rojo Lugo y Manuel Valencia,
en el poblado del Vizcaíno, cuando fueron sorprendidos en posesión del arma,
con once cartuchos útiles.
Un agente de
investigación que participó en la captura informó que los narcomenudistas “iban
caminando por la calle, uno de ellos con una mochila negra sobre el hombro,
cuando al observar a la Policía, de inmediato cambiaron el ritmo del caminado y
la dirección; al notar el cambio fueron hacia ellos, quisieron correr, pero
fueron alcanzados y detenidos”.
imer reynosa aguilarLos
agentes preguntaron sobre la procedencia del arma, pero los sospechosos se
negaron a declarar, por lo que fueron consignados al Agente del Ministerio
Público de la Federación, de la
Procuraduría General de la República (PGR).
Hasta el jueves 6 de
marzo, la Dirección de Servicios Periciales de la PGJE había solicitado una
prueba de balística de la subametralladora para determinar si ésta fue
utilizada o no en el crimen de Salgado Burgoin.
En tanto, el Agente
del Ministerio Público de la Federación de la PGR puso a los dos detenidos a
disposición del Juez Mixto de Primera Instancia en Guerrero Negro, quien en un
término de 72 horas, resolvería su situación jurídica.
En su declaración
preparatoria, la propia esposa del ex
policía, Yuridiana Bibiana Geraldo, expuso que solo logró reconocer a uno de
los dos matones, a quien definió como de “tez blanca y complexión delgada”, y
portaba “una pistola en la mano”.
Respecto al otro
implicado, Geraldo apenas lo vio de reojo y no supo qué arma traía, “solo
recuerdo que primero se escucharon tres balazos, y después muchos, yo abracé a
mi hijo y me agaché”.
(SEMANARIO
ZETA/ Investigaciones ZETA/ marzo 11, 2014 12:00 PM)
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