En la investigación
de la PGR también figuran los hombres del ex secretario general del Gobierno
municipal, Ramón Romero Amador, fallecido el año pasado, y de los ex regidores
del PRD, Rigoberto Arce Higuera, Irasema Yolisman Salorio Garaizar, Alfredo
Quintana Fuerte, Luis Davis Davis, Sonia Davis Higuera -del Partido Nueva
Alianza- y Eduardo Velázquez Anzaldúa del PAN. Otros presuntos responsables: el
ex contralor municipal Rigoberto Veliz Amador y los ex directores de Ingresos y
Egresos de la Tesorería, Loreto Arce Davis y Blas Arrioja Loyo
“Si caigo yo, tú te
vas conmigo y todos los que estamos embarrados”, advirtió el ex alcalde de Loreto, Yuan Yee
Cunnigham, al ex síndico y actual diputado local, Santos Rivas García, un par
de semanas antes de ser capturado y en una mesa entre amigos. A tono de mofa se
reía de ser investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por
el delito de peculado.
El ex presidente
municipal loretano amagaba así a su ex colaborador. “Tú, como síndico y todo el
Cabildo, autorizaron y firmaron el traslado de dinero de una cuenta bancaria a
otra de los recursos federales, y todos de una u otra manera estamos
implicados, porque obra en actas de Cabildo.
Pero un día después
de que el ex alcalde loretano y su tesorero, Óscar Aguilar Yee, fueron
detenidos y encarcelados el 12 de marzo de 2014, el diputado de Movimiento
Ciudadano y presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la
XIII Legislatura, promovió un juicio de amparo para el siguiente día, bajo el
número de expediente 248/ 2014, en contra de cualquier orden de aprehensión que
pudiera librar el Juez Primero de Distrito en Baja California Sur, Javier
Lozoya Losa.
Las palabras del ex
alcalde de Loreto fueron el preludio de lo que podría suceder en caso de ser
detenido por el desvío detectado, hasta ahora, de 33 millones 380 mil 314 pesos
de recursos federales en proceso de comprobación, los cuales estaban
etiquetados para obra pública e infraestructura urbana de ese pujante destino
turístico.
Efectivamente, en el
avance de las investigaciones -y según un agente de investigación asignado al
caso de la PGR- el ex alcalde y ex tesorero de Loreto no son los únicos
responsables del delito de peculado; existen cuando menos 13 implicados más,
entre éstos:
- El ex
secretario general del Gobierno municipal, Ramón Romero Amador, fallecido el
año pasado.
- El ex
síndico Santos Rivas García y los ex regidores perredistas Rigoberto Arce
Higuera, Irasema Yolisman Salorio Garaizar, Alfredo Quintana Fuerte, Luis Davis
Davis; así como Sonia Davis Higuera (Partido Nueva Alianza) y Eduardo Velázquez
Anzaldúa (Partido Acción Nacional.
- El ex
contralor municipal Rigoberto Veliz Amador y los ex directores de Ingresos y
Egresos de la Tesorería, Loreto Arce Davis y Blas Arrioja Loyo,
respectivamente.
La lista de los
anteriores ex servidores públicos del VI Ayuntamiento de Loreto “son los
corresponsables de haber autorizado y solapados el desvío de recursos federales
destinados a obras públicas e infraestructura urbana, y a quienes buscan fincar
responsabilidades penales por autorizar y permitir que el dinero fuera tomado
para el pago de nómina, aumentos salariales, pago de arrendamientos de locales,
pago de combustible, ‘inversiones’, anticipos de sueldos y pago de proveedores,
entre los que destaca, ente otros, Servicios Vega, Prieto y Asociados S.C.”,
expuso un agente de la PGR.
No obstante, y de
acuerdo con la investigación de la Procuraduría General de la República, la
ruta del dinero fue rastreada de una cuenta a otra y luego a otra, hasta llegar
a la conclusión que parte de los recursos desviados fueron presuntamente
utilizados en el proceso electoral de 2011”.
El agente de
investigación asignado al caso Yuan Yee indicó que los principales sospechosos
“son el ex candidato a gobernador de la alianza ‘Sudcalifornia para Todos’,
integrada por el PRD y el PT; Luis Armando Díaz y el actual alcalde del PRD en
Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño”.
En base a datos de la
PGR, el dinero reclamado fue sacado en pleno proceso electoral, casualmente a
principios del ejercicio fiscal 2011, donde “ambos candidatos en aquel entonces
fueron apoyados económicamente por el alcalde de Loreto, a decir de algunos
testigos, cuyos nombres están bajo reserva”.
Uno de los agentes
de investigación del caso Yuan Yee afirma que parte de los montos e
irregularidades detectadas en la ruta del dinero es que “fueron trasladados de
una cuenta a otra hasta en tres o cuatro ocasiones, para tratar de perder la
ruta del dinero y llegar a manos de supuestos proveedores que en la revisión y
verificación de sus datos fiscales, causaron sospechosamente baja al término
del gobierno municipal”.
El dinero desviado
fue extraído entre diciembre de 2010, y enero y febrero de 2011 de las cuentas
bancarias 0100-0111-0004 0171039075, 0100-0112-0016-00 y de la subcuenta
0100-0111-0017-000165589621, utilizadas por el Fondo de Fortalecimiento
Municipal (FORTEMUN), Programa Hábitat y de Empleo Temporal; así como del
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Loreto.
A continuación, se
describe cómo fueron extraídas algunas cantidades de los recursos federales:
* En
diciembre se hicieron dos operaciones que quedaron registradas “sin importe”,
cuyo rastreo aún está en proceso en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
en virtud de que las pólizas desaparecieron extrañamente del expediente y no se
remitieron comprobantes de conciliación bancaria.
* En enero, 1
millón 997 mil 451 pesos en seis operaciones, quedaron de la siguiente manera:
624 mil 401, 250 mil, 172 mil, 3 mil 100, 87 mil 950 y 860 mil pesos.
* En febrero,
32 millones 242 mil 03 pesos fueron sacados en siete operaciones de la
siguiente manera: 669 mil 923, un millón, 61 mil 141, 4 millones 661 mil 933, 3
millones 733 mil 240 pesos; 4 millones 886 mil 460, y 17 millones 229 mil 333
pesos.
EL ENREDO
A diez días de la captura del ex alcalde de
Loreto, Yuan Yee Cunnigham y de su ex tesorero, Óscar Aguilar Yee, el Juez
Tercero de Distrito, Pablo Enríquez Rosas, dictó el martes 18 de marzo auto de
formal prisión en contra de los ex servidores públicos del VI Ayuntamiento de
Loreto.
Testigos apuntan que
el ex alcalde “se negó a pagar la fianza”, bajo el temor de que al salir fuera
cumplimentada una segunda orden de aprehensión obsequiada en su contra, lo que
precisamente sucedió la noche del 17 de marzo, cuando el Juez Primero de
Distrito, Javier Lozoya Losa, determinó que había pruebas suficientes para
incriminarlo por otro nuevo desvío de dinero destinado a la construcción de un
campo deportivo en Loreto.
El ex edil y el ex
tesorero fueron notificados de la segunda orden de aprehensión dentro de la
misma celda que en su momento ocuparon el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño
y su ex secretario general, Alfredo Porras Domínguez, dentro del Centro de
Clasificación y Observación del CERESO de La Paz, cuya situación jurídica se
complicó por tener dos expedientes abiertos:
* El número 013/2014, por el desvío de 1 millón 600
mil pesos.
* El 021/2014, por el desvío de 865 mil pesos.
En suma, 2 millones
465 mil pesos, los cuales abarcan únicamente dos de cinco averiguaciones
previas abiertas en su contra por el delito de peculado.
La situación
jurídica de los ex funcionarios pasó de “inculpados” a “procesados”, quedando
sujetos al reglamento interior del Centro de Readaptación Social de La Paz,
bajo los números de reos 863 para el ex alcalde, y 864 para el ex tesorero.
Desde el día de su
captura, ambos lucieron uniformes de color amarillo, tal y como lo establece el
reglamento y, al cierre de esta edición, ex edil fue prácticamente rapado.
Los dos detenidos se
acogieron al Artículo 20 Constitucional y se negaron a declarar, para después,
dentro de los procesos penales, presentar su versión sobre las imputaciones en
su contra; siendo Alfredo Padilla Esparza, el abogado defensor designado por los
ex funcionarios.
Redes de corrupción
alcanzan a ex alcaldes, ex secretarios y ex gobernadores
Los nichos de
corrupción en la época más reciente de México no tienen distingos partidistas.
La justicia que
alcanzó al ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, a sus principales
colaboradores de gobierno, y recientemente al ex alcalde de Loreto, Yuan Yee
Cunnigham y su ex tesorero, Óscar Aguilar Yee, es la misma que empezó a
expandirse a lo largo y ancho del país, y está detonando importantes capturas
de ex alcaldes, ex secretarios y hasta ex gobernadores.
La más reciente, la
del ex secretario de Finanzas del Estado de Michoacán, Humberto Suárez López,
acusado de los delitos de peculado por casi 40 millones de pesos.
El ex funcionario de
las administraciones de los ex gobernadores perredistas Lázaro Cárdenas Batel y
Leonel Godoy Rangel, fue capturado el martes 18 de marzo en Guadalajara,
Jalisco, y trasladado a la Procuraduría General de Justicia del Estado en
Morelia, Michoacán, donde fue presentado para rendir declaración en la Agencia
del Ministerio Público del Fuero Común.
El ex tesorero es
acusado, junto con cinco de sus ex colaboradores, de autorizar y contratar a la
empresa Convem de México, S.A. de C.V., que presuntamente ofrecía asesoría al
Gobierno del Estado en la concertación de deuda bancaria.
No obstante, y según
el resultado de una auditoría realizada al ejercicio fiscal 2011, la compañía
era “fantasma” y recibió 39 millones 725 mil 750 pesos por concepto de asesoría
y servicios profesionales.
Las evidencias
encontradas, refieren que el ex tesorero Humberto Suárez López “celebró siete
contratos entre noviembre de 2009 y diciembre de 2010”, pese a no estar
inscrito en la lista de proveedores.
Por motivos de
salud, el ex secretario de Finanzas no piso la cárcel, y fue trasladado a un
hospital al sur de la capital michoacana.
Anteriormente la
justicia mexicana cayó sobre el ex gobernador de Tabasco, el priista Andrés
Granier, y después sobre el ex mandatario de Aguascalientes, Luis Armando
Reynoso Femat, del Partido Acción Nacional, y contra quienes libraron órdenes
de aprensión por peculado y uso indebido de recursos públicos.
En el Estado de
Jalisco también llovió y se hizo justicia tras la captura del ex director del
Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Rodolfo Ocampo
Velázquez, amigo personal del ex gobernador panista Emilio González Márquez,
acusado de desviar mil 200 millones de pesos otorgados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
(SEMANARIO ZETA/ Gerardo Zuniga Pacheco /marzo 25,
2014 12:00 PM )
Los cómplices de Yuan Yee
Posted
marzo 25, 2014 12:00 PM by Gerardo Zuniga Pacheco
En la investigación de la PGR también figuran los
hombres del ex secretario general del Gobierno municipal, Ramón Romero
Amador, fallecido el año pasado, y de los ex regidores del PRD,
Rigoberto Arce Higuera, Irasema Yolisman Salorio Garaizar, Alfredo
Quintana Fuerte, Luis Davis Davis, Sonia Davis Higuera -del Partido
Nueva Alianza- y Eduardo Velázquez Anzaldúa del PAN. Otros presuntos
responsables: el ex contralor municipal Rigoberto Veliz Amador y los ex
directores de Ingresos y Egresos de la Tesorería, Loreto Arce Davis y
Blas Arrioja Loyo
“Si
caigo yo, tú te vas conmigo y todos los que estamos embarrados”,
advirtió el ex alcalde de Loreto, Yuan Yee Cunnigham, al ex síndico y
actual diputado local, Santos Rivas García, un par de semanas antes de
ser capturado y en una mesa entre amigos. A tono de mofa se reía de ser
investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por el
delito de peculado.
El ex presidente municipal loretano amagaba así a su ex
colaborador. “Tú, como síndico y todo el Cabildo, autorizaron y firmaron
el traslado de dinero de una cuenta bancaria a otra de los recursos
federales, y todos de una u otra manera estamos implicados, porque obra
en actas de Cabildo.
Pero un día después de que el ex alcalde loretano y su
tesorero, Óscar Aguilar Yee, fueron detenidos y encarcelados el 12 de
marzo de 2014, el diputado de Movimiento Ciudadano y presidente de la
Comisión de Comunicaciones y Transportes de la XIII Legislatura,
promovió un juicio de amparo para el siguiente día, bajo el número de
expediente 248/ 2014, en contra de cualquier orden de aprehensión que
pudiera librar el Juez Primero de Distrito en Baja California Sur,
Javier Lozoya Losa.
Las palabras del ex alcalde de Loreto fueron el preludio
de lo que podría suceder en caso de ser detenido por el desvío
detectado, hasta ahora, de 33 millones 380 mil 314 pesos de recursos
federales en proceso de comprobación, los cuales estaban etiquetados
para obra pública e infraestructura urbana de ese pujante destino
turístico.
Efectivamente, en el avance de las investigaciones -y
según un agente de investigación asignado al caso de la PGR- el ex
alcalde y ex tesorero de Loreto no son los únicos responsables del
delito de peculado; existen cuando menos 13 implicados más, entre éstos:
- El ex secretario general del Gobierno municipal, Ramón Romero Amador, fallecido el año pasado.
- El ex síndico Santos Rivas García y los ex regidores
perredistas Rigoberto Arce Higuera, Irasema Yolisman Salorio Garaizar,
Alfredo Quintana Fuerte, Luis Davis Davis; así como Sonia Davis Higuera
(Partido Nueva Alianza) y Eduardo Velázquez Anzaldúa (Partido Acción
Nacional.
- El ex contralor municipal Rigoberto Veliz Amador y los
ex directores de Ingresos y Egresos de la Tesorería, Loreto Arce Davis y
Blas Arrioja Loyo, respectivamente.
La lista de los anteriores ex servidores públicos del VI
Ayuntamiento de Loreto “son los corresponsables de haber autorizado y
solapados el desvío de recursos federales destinados a obras públicas e
infraestructura urbana, y a quienes buscan fincar responsabilidades
penales por autorizar y permitir que el dinero fuera tomado para el pago
de nómina, aumentos salariales, pago de arrendamientos de locales, pago
de combustible, ‘inversiones’, anticipos de sueldos y pago de
proveedores, entre los que destaca, ente otros, Servicios Vega, Prieto y Asociados S.C.”, expuso un agente de la PGR.
No obstante, y de acuerdo con la investigación de la
Procuraduría General de la República, la ruta del dinero fue rastreada
de una cuenta a otra y luego a otra, hasta llegar a la conclusión que
parte de los recursos desviados fueron presuntamente utilizados en el
proceso electoral de 2011”.
El agente de investigación asignado al caso Yuan Yee
indicó que los principales sospechosos “son el ex candidato a gobernador
de la alianza ‘Sudcalifornia para Todos’, integrada por el PRD y el PT; Luis Armando Díaz y el actual alcalde del PRD en Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño”.
En base a datos de la PGR, el dinero reclamado fue
sacado en pleno proceso electoral, casualmente a principios del
ejercicio fiscal 2011, donde “ambos candidatos en aquel entonces fueron
apoyados económicamente por el alcalde de Loreto, a decir de algunos
testigos, cuyos nombres están bajo reserva”.
Uno de los agentes de investigación del caso Yuan Yee
afirma que parte de los montos e irregularidades detectadas en la ruta
del dinero es que “fueron trasladados de una cuenta a otra hasta en tres
o cuatro ocasiones, para tratar de perder la ruta del dinero y llegar a
manos de supuestos proveedores que en la revisión y verificación de sus
datos fiscales, causaron sospechosamente baja al término del gobierno
municipal”.
El dinero desviado fue extraído entre diciembre de 2010,
y enero y febrero de 2011 de las cuentas bancarias 0100-0111-0004
0171039075, 0100-0112-0016-00 y de la subcuenta
0100-0111-0017-000165589621, utilizadas por el Fondo de Fortalecimiento
Municipal (FORTEMUN), Programa Hábitat y de Empleo Temporal; así como
del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Loreto.
A continuación, se describe cómo fueron extraídas algunas cantidades de los recursos federales:
* En diciembre se hicieron dos operaciones que quedaron
registradas “sin importe”, cuyo rastreo aún está en proceso en la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en virtud de que las pólizas
desaparecieron extrañamente del expediente y no se remitieron
comprobantes de conciliación bancaria.
* En enero, 1 millón 997 mil 451 pesos en seis
operaciones, quedaron de la siguiente manera: 624 mil 401, 250 mil, 172
mil, 3 mil 100, 87 mil 950 y 860 mil pesos.
* En febrero, 32 millones 242 mil 03 pesos fueron
sacados en siete operaciones de la siguiente manera: 669 mil 923, un
millón, 61 mil 141, 4 millones 661 mil 933, 3 millones 733 mil 240
pesos; 4 millones 886 mil 460, y 17 millones 229 mil 333 pesos.
El enredo
A diez días de la captura del ex alcalde de Loreto,
Yuan Yee Cunnigham y de su ex tesorero, Óscar Aguilar Yee, el Juez
Tercero de Distrito, Pablo Enríquez Rosas, dictó el martes 18 de marzo
auto de formal prisión en contra de los ex servidores públicos del VI
Ayuntamiento de Loreto.
Testigos apuntan que el ex alcalde “se negó a pagar la
fianza”, bajo el temor de que al salir fuera cumplimentada una segunda
orden de aprehensión obsequiada en su contra, lo que precisamente
sucedió la noche del 17 de marzo, cuando el Juez Primero de Distrito,
Javier Lozoya Losa, determinó que había pruebas suficientes para
incriminarlo por otro nuevo desvío de dinero destinado a la construcción
de un campo deportivo en Loreto.
El ex edil y el ex tesorero fueron notificados de la
segunda orden de aprehensión dentro de la misma celda que en su momento
ocuparon el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño y su ex secretario
general, Alfredo Porras Domínguez, dentro del Centro de Clasificación y
Observación del CERESO de La Paz, cuya situación jurídica se complicó
por tener dos expedientes abiertos:
* El número 013/2014, por el desvío de 1 millón 600 mil pesos.
* El 021/2014, por el desvío de 865 mil pesos.
En suma, 2 millones 465 mil pesos, los cuales abarcan
únicamente dos de cinco averiguaciones previas abiertas en su contra por
el delito de peculado.
La situación jurídica de los ex funcionarios pasó de
“inculpados” a “procesados”, quedando sujetos al reglamento interior del
Centro de Readaptación Social de La Paz, bajo los números de reos 863
para el ex alcalde, y 864 para el ex tesorero.
Desde el día de su captura, ambos lucieron uniformes de
color amarillo, tal y como lo establece el reglamento y, al cierre de
esta edición, ex edil fue prácticamente rapado.
Los dos detenidos se acogieron al Artículo 20
Constitucional y se negaron a declarar, para después, dentro de los
procesos penales, presentar su versión sobre las imputaciones en su
contra; siendo Alfredo Padilla Esparza, el abogado defensor designado
por los ex funcionarios.
Redes de corrupción alcanzan a ex alcaldes, ex secretarios y ex gobernadores
Los nichos de corrupción en la época más reciente de México no tienen distingos partidistas.
La justicia que alcanzó al ex gobernador Narciso Agúndez
Montaño, a sus principales colaboradores de gobierno, y recientemente
al ex alcalde de Loreto, Yuan Yee Cunnigham y su ex tesorero, Óscar
Aguilar Yee, es la misma que empezó a expandirse a lo largo y ancho del
país, y está detonando importantes capturas de ex alcaldes, ex
secretarios y hasta ex gobernadores.
La más reciente, la del ex secretario de Finanzas del
Estado de Michoacán, Humberto Suárez López, acusado de los delitos de
peculado por casi 40 millones de pesos.
El ex funcionario de las administraciones de los ex
gobernadores perredistas Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel,
fue capturado el martes 18 de marzo en Guadalajara, Jalisco, y
trasladado a la Procuraduría General de Justicia del Estado en Morelia,
Michoacán, donde fue presentado para rendir declaración en la Agencia
del Ministerio Público del Fuero Común.
El ex tesorero es acusado, junto con cinco de sus ex colaboradores, de autorizar y contratar a la empresa Convem de México, S.A. de C.V., que presuntamente ofrecía asesoría al Gobierno del Estado en la concertación de deuda bancaria.
No obstante, y según el resultado de una auditoría
realizada al ejercicio fiscal 2011, la compañía era “fantasma” y recibió
39 millones 725 mil 750 pesos por concepto de asesoría y servicios
profesionales.
Las evidencias encontradas, refieren que el ex tesorero
Humberto Suárez López “celebró siete contratos entre noviembre de 2009 y
diciembre de 2010”, pese a no estar inscrito en la lista de
proveedores.
Por motivos de salud, el ex secretario de Finanzas no
piso la cárcel, y fue trasladado a un hospital al sur de la capital
michoacana.
Anteriormente la justicia mexicana cayó sobre el ex
gobernador de Tabasco, el priista Andrés Granier, y después sobre el ex
mandatario de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, del Partido
Acción Nacional, y contra quienes libraron órdenes de aprensión por
peculado y uso indebido de recursos públicos.
En el Estado de Jalisco también llovió y se hizo
justicia tras la captura del ex director del Sistema Intermunicipal de
Agua Potable y Alcantarillado, Rodolfo Ocampo Velázquez, amigo personal
del ex gobernador panista Emilio González Márquez, acusado de desviar
mil 200 millones de pesos otorgados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
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