SALTILLO,
Coah. (apro).- La organización Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M), uno de los colectivos
más importantes de familias de personas desaparecidas, rompió toda
relación con los gobiernos federal y estatal al considerar que durante
la búsqueda de restos humanos iniciada el pasado 26 de enero en la zona
norte de esta entidad ocurrieron graves anomalías –como la entrada sin
control de la prensa y el uso de maquinaria pesada– que pudieron llevar a
la contaminación, alteración y pérdida de evidencia sustancial.
“(Siempre)
hemos enfatizado hasta la necedad nuestra demanda de que debe
protocolizarse la acción de búsqueda y de investigación, para mejorar no
sólo las probabilidades de hallazgos de personas desaparecidas, sino
para el esclarecimiento del hecho y el procesamiento judicial de los
responsables. Por eso nuestra insistencia ante el gobernador, y también
por eso nuestro sentimiento de decepción, indignación, desengaño,
impotencia, rabia y dolor, ante la evidencia irrefutable de que el
operativo, más pareció una pasarela periodística de acceso libre,
contaminando las evidencias que se esperaban recolectar, y confirmando
nuestros peores temores”, indicó en un duro comunicado.
En el
escrito titulado “Ante nuestra advertencia, el engaño”, la organización
de familiares respaldada por el Centro de Derechos Humanos Diocesano de
Saltillo señaló que el gobernador Rubén Moreira había asegurado
falsamente a las familias y a organismos internacionales que en el
operativo reciente “no había sido usada maquinaria pesada, que no se
había permitido la entrada de la prensa a la zona de búsqueda, y que se
habían respetado todos los protocolos que garantizaban el manejo y la
cadena de custodia de tan delicadas evidencias”.
“Las familias de
FUUNDEC-M fuimos sorprendidas por un reportaje del noticiero Primer
Impacto, de la cadena Univisión, en el que se aprecia un trabajo
periodístico que pone en evidencia la violación absoluta a las reglas de
preservación del lugar del hallazgo y de búsqueda, fijación,
levantamiento y embalaje de indicios fundamentales para los fines del
operativo (pateando ropa, por ejemplo), pero también se aprecia el uso
de maquinaria pesada, en acciones de excavación. El reportero desarrolla
su acción en el interior de inmuebles que debieron haber quedado
acordonados para su preservación, sin que apreciemos que la autoridad le
impida afectar lo que podría ser evidencia central de una hipótesis de
incineración de cuerpos, según él mismo refirió”, indicó la
organización.
Por esa razón FUUNDEC-M hizo evidente su rechazo al
operativo, su escepticismo sobre los resultados y la suspensión de toda
interlocución con el Estado mexicano. Exigió que “los responsables de
este desaseo den cuenta de lo sucedido, y el gobernador y el comisionado
general de la Policía Federal expliquen pública y transparentemente lo
sucedido”.
“La Plenaria de FUUNDEC ha tomado la decisión de
suspender la interlocución con el gobierno del estado de Coahuila y con
la federación, retirándose de las mesas temáticas y de las de
seguimiento de casos, hasta en tanto el gobernador de Coahuila y el
comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, nos den
explicaciones satisfactorias sobre las graves anomalías detectadas en el
operativo (…) y se deslinden las responsabilidades del secretario de
Gobierno Armando Luna Canales, del procurador de Justicia de Coahuila
Homero Ramos Gloria, del subprocurador Yáñez Arreola y de Jesús Carranza
Oyervides, vocero de seguridad del Gobierno del Estado”, indicó.
Exigieron
también que cesen los operativos de búsqueda planeados, hasta en tanto
la situación no sea aclarada y no se deslinden las responsabilidades, y
hasta que se pida ayuda a organismos internacionales para preparar,
desarrollar y sistematizar la búsqueda con estándares profesionales.
En
el escrito la organización mencionó que durante cinco años han exigido
la búsqueda inmediata de sus familiares, pero Felipe Calderón y el
exgobernador Humberto Moreira y su procurador Jorge Torres López, se
dedicaron “a administrar el conflicto. Aunque menciona que con el
gobernador actual se lograron avances en armonización legislativa y en
la atención integral, no se ha logrado una búsqueda efectiva.
“Desde
FUUNDEC hemos enfrentado la desidia y la apuesta impune de la
burocracia del Estado mexicano. Por eso, recibimos con sorpresa y alta
expectativa el operativo de búsqueda en la zona norte del estado de
Coahuila, iniciado aproximadamente el 26 de enero pasado, con una
duración de unos 10 días. En nuestro comunicado del 31 de enero,
manifestamos nuestro ánimo, pero también nuestra preocupación de que se
hiciera bien y de que la prensa fuera cuidadosa en el tratamiento ético
de la labor de informar sobre un suceso que sobrecoge nuestras entrañas,
como pasó con este operativo”, señaló.
Los representantes de
FUUNDEC y el gobernador Moreira se reunieron el pasado domingo. En dicho
encuentro, las autoridades presentaron los resultados del operativo de
búsqueda de personas desparecidas en 11 municipios del norte de
Coahuila, donde participaron más de 250 efectivos militares, policías
federales y de las corporaciones estatales.
“El gobernador Rubén
Moreira Valdez encabezó una reunión más de trabajo con los miembros del
FUUNDEC, donde se dieron a conocer los avances que registra la búsqueda
de personas desaparecidas en el estado”, precisó un comunicado oficial
sobre esa reunión.
El texto oficial agrega que el secretario de
Gobierno, Armando Luna Canales, informó que “se trabajó sobre la mesa de
investigación y búsqueda sobre los avances que ha habido en temas
generales y relevantes”.
Jorge Verástegui, representante de FUNNDEC, comentó a Apro
que las autoridades no les informaron nada en concreto y que incluso el
gobernador Moreira contradijo los resultados presentados por el
subprocurador para la Investigación y Búsqueda de Personas No
Localizadas, Juan José Yáñez Arreola.
“El gobernador Rubén Moreira nos dijo que no había encontrado nada”, comentó Verástegui.
El
operativo de búsqueda arrancó el pasado 26 de enero con el objetivo de
encontrar los restos de alrededor de 300 desaparecidos en la región
conocida como Cinco Manantiales, donde Los Zetas secuestraron y
desaparecieron a 80 familias, en venganza porque uno de sus contadores
huyó con alrededor de medio millón de dólares.
/10 de febrero de 2014)
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