“Preocupa el silencio y la falta de información”, opinaba el finado exjuez civil.
“Es un crimen muy grave y sí preocupa el silencio y la falta
de información a la ciudadanía”, dijo el exjuez civil Javier Sámano
Bazúa a Ríodoce, al ser entrevistado el 23 de junio de 2013, sobre el
extinto exjuez civil Isidro Hernández Ramírez, masacrado junto con su
familia en la zona serrana del municipio de Concordia.
A ocho meses de aquellos asesinatos, Sámano Bazúa nunca imaginó que
también él sería una víctima mortal, cuando el miércoles pasado fue
muerto a tiros cerca de su despacho particular. Y que a raíz de la falta
de información, una de las primeras conjeturas que circularían sobre el
móvil de su asesinato sería en torno a un presunto fraude contra la
Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Una semana antes, en los corrillos de abogados, se comentaba que
Sámano Bazúa y Ofelia Pardo Lizárraga, su exsecretaria de Acuerdos, se
ampararon porque desde el 21 de enero tenían una orden de aprehensión en
su contra, sin especificar de qué los acusaban, pero asumían que se
trataba de la CFE.
“Están matando a los exjueces que estuvieron involucrados en los
fraudes contra la CFE”, aventuraban versiones extraoficiales, el día del
homicidio. En cuanto al “silencio” que tanto preocupaba al finado, se
dijo que las autoridades municipales y estatales intentaron silenciar el
impacto de aquel crimen familiar para no dañar la supuesta buena imagen
de Mazatlán.
Desde el momento que los jefes policíacos se enteraron del atentado
contra Javier Sámano Bazúa, se comunicaron por la frecuencia selectiva
(sin acceso a la tropa); sabían que se trataba de un crimen de alto
impacto, porque el exjuez civil era un litigante que gozaba de poder y
fama en los tribunales civiles y penales.
Javier Sámano Bazúa, de 60 años, hizo cosas “que fueron
interesantes”, dicen tanto defensores como detractores: fue juez Primero
y Segundo de lo Civil, doctor en Derecho, catedrático de la UAS y
conoció a fondo los laberintos legales del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado de Sinaloa.
Dicho conocimiento, sostienen quienes lo trataron de cerca, le
permitió al exjuez tener el poder para colocar al menos a ocho, de cada
diez funcionarios públicos que actualmente operan en los juzgados
civiles de la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado.
Por ello, enfatizan, cuando Sámano Bazúa, jubilado y convertido en
abogado litigante llegaba a los tribunales civiles, no había funcionario
público que le cerrara las puertas y le ocultara el tejemaneje de los asuntos legales que el finado defendía y ganaba a favor de sus clientes que lo contrataban.
El crimen fue cometido aproximadamente a las 10:50 horas, cerca de
las oficinas del abogado, marcadas con el número 207 de la calle Río
Bravo, entre las calles Papagayo y Jesús García, en la colonia
Ferrocarrilera, a ciento cuarenta metros del portón por donde entra y
sale el personal de la Subdelegación de la Procuraduría General de la
República.
Luego de ocurrido el crimen, no todo fueron lágrimas ni pésames, sino
que también hubo filias y fobias: “Y murió el cinco de febrero, el Día
de la Constitución… que tanto violó”, dijo una abogada.
Otro abogado añadió: “El doctor Sámano Bazúa era una persona muy
humanitaria, si tú tenías una urgencia económica y les pedías cinco mil
pesos prestados, él te los prestaba, pero te decía “sé que no me los vas
a pagar”.
El 16 de diciembre de 2011, Ríodoce entrevistó en su lecho de muerte,
derrumbado por la diabetes, al fallecido abogado penalista, Nicanor
Bautista Ramírez, quien acusaba de corruptos a los entonces jueces
civiles Javier Sámano Bazúa y Juan Camacho Mérida.
—¿Es cierto que usted denunció penalmente al juez Sámano Bazúa?— se le preguntó a Bautista Ramírez.
—Hay una denuncia penal en contra de Sámano Bazúa, que es la
averiguación previa 221/2004, en la agencia tercera y en el archivo
causó prescripción.
—¿De qué acusaba al (entonces) juez Sámano Bazúa?
—El señor cometió delitos contra la administración de justicia— dijo el penalista.
El 23 de junio de 2013, este semanario le preguntó a Sámano Bazúa
sobre las acusaciones del abogado penalista, a lo que respondió:
“Es algo subjetivo, es algo personal, él pudo decir lo que quiso;
decir es fácil, hay que comprobarlo, y él como abogado debió saber que
lo que un abogado dice debe ser comprobado”.
En esa ocasión, Sámano Bazúa dijo respecto al fuerte silencio que
imperaba en los círculos del Poder Judicial y de los abogados en torno a
la masacre del exjuez Isidro Hernández Ramírez y su familia, que “la
verdad es que yo no le encuentro explicación, porque es un crimen
bastante terrible, bastante serio…”
Febrero cinco
—A las 10:50 horas, el abogado Sámano Bazúa es atacado a balazos por
un sicario cerca de sus oficinas ubicadas en la colonia Ferrocarrilera.
—El vehículo utilizado fue una camioneta Ford Lobo, doble cabina, color negro, sin placas.
—Peritos de la Procuraduría General de Justicia recogieron tres casquillos percutidos calibre .9 milímetros.
—A las 13:02 horas, Sámano Bazúa muere en la clínica del Issste debido a la gravedad de las lesiones.
Sin derecho a la vida: Juan Eulogio Guerra Liera
“Estamos indignados por la violencia que estamos teniendo en Sinaloa”
“Desde aquí exigimos para el maestro Sámano, así como para todos
aquellos ciudadanos que han sido víctimas de la violencia, exigimos
respuesta rápida, pero sobre todo condiciones para que se garantice la
paz social en Sinaloa”, dijo en Mazatlán, el rector de la UAS, Juan
Eulogio Guerra Liera, durante una gira de trabajo por el sur de Sinaloa.
Todavía estaba tendido el cuerpo. Igual reclamo hacía Diana Margarita
Garzón, directora de la Facultad de Derecho de la UAS, en Mazatlán.
“Todavía no podemos concebir que el maestro Sámano Bazúa haya perdido
la vida en manos de delincuentes, ¿cómo es posible que no tengamos ese
derecho a la vida que está en nuestra Constitución?”
“Nuestra postura como sinaloenses —sostiene—, es que se encuentre a
los delincuentes, que los gobernantes preserven los derechos humanos no
solamente de los mazatlecos sino de todos los ciudadanos; estamos
indignados por la violencia que tenemos en Sinaloa”.
La directora de Derecho reconoce que la UAS debe tener una postura de
exigencia para el esclarecimiento del crimen, debido a que la
institución es formadora de abogados, y añade que “muchos alumnos y
maestros de la escuela han venido a despedirse de su maestro,
conmocionados por lo que está sucediendo, pues junto con el respeto que
se tiene por el dolor de la familia, también conscientes de exigir que
se cumpla con la legalidad y el derecho a la vida”.
—El doctor Sámano Bazúa era de la opinión que ante los crímenes no
podían guardar silencio, como en el caso de la masacre, en Concordia,
del exjuez Isidro Hernández Ramírez y su familia, ocurrido el año
pasado.
—Así es, no podemos quedarnos callados. La facultad de Derecho de la
UAS ya ha tenido cinco muertes violentas: la de los maestros Carlos
Leyva, Pablo Rendón, Rubén Bórquez, Miramontes, y ahora la del maestro
Sámano Bazúa, quien era consejero universitario suplente de la facultad
de Derecho e impartía la materia de Derecho Civil.
—¿Qué acciones va a realizar la Facultad de Derecho para exigir justicia?
—Los universitarios no olvidamos, pero sí confiamos en la legalidad.
Hablamos ya con el subprocurador Regional de Justicia, Jesús Antonio
Sánchez, Solís, quien es maestro también de la facultad, y vamos a
esperar que ellos resuelvan. Confío en que él no solamente va a tener la
obligación como subprocurador, sino la obligación moral por ser maestro
de la facultad, por ser universitario, porque así como daña a la
ciudadanía este delito, nos daña a nosotros aún más. Es realmente, como
le digo, indignante. Ayer hablé con el subprocurador, como amigos, como
compañeros de trabajo, pidiéndole que cumpliera su deber como
universitario y como amigo.
—¿Y qué le respondió el subprocurador?
—Que ellos están realizando todo lo necesario, que están buscando móviles, y confío en que nos dará una respuesta pronta.
—¿No hay todavía posibles móviles del crimen?
—Todavía no pero vamos a estar muy pendientes de la revisión de todo el expediente.
Margarita Garzón relató que el día del homicidio (5 de febrero)
“expresé en las redes sociales lo paradójico que resulta que el día en
que se conmemora la Constitución Política del país, en donde se
preservaban los derechos humanos, principalmente el derecho a la vida,
ejecuten a un maestro universitario ¿qué pasa entonces con ese derecho a
la vida? Dije que todavía tengo fe y espero que los gobernantes
apliquen la ley”.
Cayetano Osuna/ febrero 9, 2014
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