Armados de un decreto presidencial, exigen les entreguen sus tierras
A sus 88 años de edad, don Antonio Acuña se enlistó en el primer
grupo de autodefensas que se organiza en Agiabampo Dos, poblado costero
de Sonora. Se decidió a participar para exigir, desde esa trinchera, la
recuperación de sus tierras despojadas por terratenientes, en un
conflicto agrario que data de hace más de 30 años.
Don Antonio, uno de los 50 comuneros convocados por su líder
Francisco Bustamante Villa, para la integración del grupo de
autodefensa, bromea con alegría que en esta nueva lucha llevará como
arma su bastón, porque ya no tiene fuerza para cargar con un fusil o una
pistola.
Originario de Zapote, Chihuahua, pero sonorense por haber radicado
ahí la mayor parte de su vida, don Antonio cuenta su vida, marcada por
los sobresaltos y por el problema agrario que ha padecido a lo largo de
las últimas tres décadas en los límites de los estados de Sonora y
Sinaloa, y del cual calcula que quizás no le alcance el tiempo para ver
la solución.
Dice que de no haber bajado de la sierra para buscar medicina y
escuela para sus hijos, quizás él y sus hijos ya estarían muertos.
“Allá se ha vuelto muy difícil, con esos pleitos armados por los
cerros. Tenía un compadre al que mataron y luego a todos sus hijos. Salí
a tiempo para tener a mi familia completa. Otros compañeros salieron
también, y todos llegamos aquí”.
Entre todos formaron el ejido Agiabampo Uno, en las inmediaciones de
Navojoa, Sonora, con tierras dotadas por el Gobierno en la década de los
setenta. Luego llegó la división por intereses de grupo, “algunos
vendieron la lucha, y otros se unieron más”.
Un grupo de pobladores como él fundaron la comunidad Agiabampo Dos, a
sólo unos metros de Sinaloa, y esperaron la llamada resolución
presidencial, que llegó en 1997. La resolución que los dotaba de dos mil
383 hectáreas tierras jamás se cumplió, narra don Antonio, pese a que
las parcelas estaban frente a ellos.
Es así como inician los litigios 306/2002 y 527/2009 en el Tribunal
Unitario Agrario. “Y a lo mejor no me alcanza el tiempo para ver esa
resolución, menos ahora que la delincuencia organizada nos amenaza, por
eso nos vamos a defender, a organizarnos en guardias comunitarias, en
autodefensas”.
Tras una mesa plagada de papeles, Bustamante, que también usa el apodo de Pancho Villa,
arenga a firmar las actas de constitución de los vigilantes
comunitarios. Pide a sus representados no acobardarse, ni comer ansias
por la tardanza en la sentencia de los juicios agrarios.
El líder enumera encomiendas a los seguidores: “no portar armas, ni
responder a las provocaciones de personas ajenas a la comunidad que han
llegado para meter miedo y someterlos a caprichos de terratenientes,
porque lo que quieren es que desistan de los juicios de reivindicación
de la dotación de tierras”.
“Tampoco, dice, se debe alardear de que estarán armados, porque la
autoridad policial puede llegar a extremos: catear casas, detenerlos,
encarcelarlos, pues los políticos corruptos que hoy detentan el poder se
valen de cuanto pueden para no cumplir con la ley. Ya nos pasó una vez,
que sitiaron el pueblo, nos detuvieron y fuimos encarcelados, hasta que
demostramos la inocencia. No les demos argumentos para una nueva
acción”, pidió.
Bustamante Villa afirma:
“Hoy constituimos oficialmente nuestro grupo de autodefensa: Comité
Particular Consultivo Agrario de las Comunidades de Origen Indígena
Campesina Yoreme, Yaqui, Tarahumara Agiabampo Dos y Comité Particular
del Nuevo Centro Poblacional Microondas Dos, para defenderse de la
agrícola Cairo y de quienes se dicen dueños: Juan y Fernando Inzunza,
así como de un tercero a quien nombran como “El Macho Prieto” y de
apellido Inzunza”, que se sabe es de la delincuencia organizada”.
Ante la amenaza y la presencia de sospechosos, el líder agrario y las
autoridades ejidales denunciaron el caso ante el gobernador de Sonora,
Guillermo Padrés Elías “pero no se movió a un solo (agente del)
Ministerio Público, y al contrario, la agrícola obtuvo mayor impunidad.
Al parecer los comuneros nos quedamos solos”.
Es por eso, explica el líder, que armaron su propio grupo de
autodefensa. Constituidos legalmente en vigilantes comunitarios, envían
oficios de notificación de su alianza comunal a los gobernadores de
Sonora y Sinaloa, a cuarteles militares y destacamentos policiales.
“Queremos hacerlo legal, para que el gobierno no se llame sorprendido, o engañado”, justifica.
Esperarán, dice Francisco Bustamante, a que el Gobierno responda a su
decisión de armarse para defender su familia, su libertad y su tierra,
de los terratenientes y de los políticos corruptos.
“La constitución nos faculta a poseer armas en nuestras casas, y vamos por ese derecho”, agrega.
Los comuneros dicen saber el riesgo a que se enfrentan con la llamada
delincuencia organizada “confabulada con políticos cómplices”.
Aún así,
firman el acta que los convierte en autodefensas. Hay mujeres y
hombres, ancianos como don Antonio, quien también firma, aunque lo único
que puede cargar ahora es su bastón. Y su sueño inconcluso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario