MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Ya no sólo es un rumor, argumento de algunos partidos
de oposición o reflexión académica: México se erosiona como Estado, no
hay derecho y poco a poco el país se ha vuelto tierra de nadie. Algo
hace poco inimaginable hoy es una realidad que se manifiesta por
doquier. Veamos.
Primero. Hoy en día
el estado de derecho no ha podido potenciar su justificación social de
garante de la convivencia pacífica y armónica de los seres humanos en
sociedad, que es una de sus funciones esenciales –al respecto hay
consenso en las más distintas teorías contractualistas del Estado–.
Tampoco ha logrado asegurar un razonable monopolio del uso de la fuerza,
lo que distingue el Estado de naturaleza en Hobbes del Estado
contractualista racional de Kant que ha llegado a nuestra época en su
esencia, por citar sólo dos ejemplos clásicos. La cultura del miedo en
porciones cada vez más amplias de la comunidad está generando, por un
lado, inquietud y desencanto colectivo sobre el futuro y, por otro,
tensión con algunos de los valores y los principios que habían sido
aceptados socialmente durante mucho tiempo. La posesión y uso de las
armas de fuego que constituye un derecho humano previsto en el artículo
10 constitucional y desarrollado en la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos –que hasta hace muy poco tiempo era un derecho humano
estigmatizado– hoy transita en los hechos a una justificación política
parcial sin ningún tipo de sustento. Las denominadas “autodefensas” que
han nacido y se han expandido en Michoacán, Guerrero y otras entidades
son claro ejemplo de lo que afirmo. A nivel mediático sucede lo que
Perelman y Olbrechts-Tyteca sostienen, que “las ideas admitidas con más
frecuencia permanecen implícitas y sin formular durante mucho tiempo
pues, en la mayoría de los casos, sólo con motivo de un desacuerdo en
cuanto a las consecuencias resultantes se plantea el problema de su
formulación o de su determinación más precisa” (Tratado de la
argumentación, Madrid, Gredos, 1989, p. 769).
Segundo. Si una
normatividad es rígida y compleja es la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos; pero eso es lo de menos cuando el valor de la opinión
pública decide qué es correcto y qué no lo es. En efecto, en la Encuesta
Telefónica sobre la Confianza en Instituciones, realizada por la Cámara
de Diputados y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, se
reveló que a 49% de los encuestados la policía no les inspira nada de
confianza, a 23% poca confianza, a 14% algo de confianza y 5% expresó
que no le inspira nada de confianza. La policía quedó por encima
únicamente de sindicatos y partidos políticos. Los mexicanos presentamos
una desconfianza hacia muchas de nuestras instituciones, ya que la
confianza inspirada por vecinos fue mayor a la que infunden la mayoría
de las instituciones (Cámara de Diputados y Centro de Estudios Sociales y
de Opinión Pública, Encuesta Telefónica sobre la Confianza en
Instituciones, 10 y 11 de agosto de 2012). Este cambio paulatino de
valores sociales apunta a que el uso de armas de fuego puede ser
aceptado y exaltado en algunos casos, pero paradójicamente no para
quienes cumplen estrictamente con la ley como los deportistas, los
tiradores, los cazadores. Ahí no. Se aplica todo el peso de la ley para
que tengan el mayor número de dificultades a pesar de cumplir la ley. En
efecto, según datos de la Sedena en Michoacán sólo se encuentran
vigentes 26 permisos de portación de armas de fuego no exclusivas para
el Ejército. Por otro lado, el artículo 11 de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos establece que las armas expresamente clasificadas
como de uso exclusivo del ejército son, entre otras, revólveres calibre
.357 Magnum y los superiores a .38 especial; pistolas calibre 9 mm.
Parabellum, Luger y similares; las .38 Súper y Comando y las de calibres
superiores; fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre
.223, 7 mm., 7.62 mm. y carabinas calibre .30 en todos sus modelos, así
como pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga,
subametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres,
entre muchas otras.
Tercero. Las “autodefensas” son grupos al
margen de la ley –“paramilitares” les llaman en Colombia, de donde
importamos el modelo– que generan muchas preguntas y casi ninguna
respuesta: ¿Por qué si las “autodefensas” violan flagrantemente la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos al utilizar armas de uso
exclusivo del Ejército –que es un delito agravado– la autoridad
competente no dice nada? ¿Por qué las autoridades federales no sólo no
aplican las sanciones que establece la ley, sino les prestan todo tipo
de ayuda como la recibida por el líder de las “autodefensas” de
Michoacán, a quien en el mundo del absurdo hasta escoltas federales para
su seguridad le asignaron? ¿Dónde obtienen las “autodefensas” las armas
de uso de fuego de uso exclusivo del Ejército y dónde se entrenan si
son “honestos y tranquilos ciudadanos”? ¿En qué momento y bajo qué
fundamento legal se ha perdido el monopolio de la violencia que sólo
debe ejercer el Estado? Todavía peor: ¿cómo se justifica la intromisión
en los estados con los “comisionados del gobierno federal”, una especie
de virreyes que hacen que los gobernadores sean sólo figuras
decorativas, como Fausto Vallejo en Michoacán? ¿No será que la
estrategia del gobierno federal es establecer un doble frente
inconstitucional, uno en el marco de la ley (Marina, Ejército, policías)
y otro sin ningún límite, como las “autodefensas”?
Evillanueva99@yahoo.com
@evillanuevamx
www.ernestovillanueva.blogspot.com
/ 9 de febrero de 2014)
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