Distrito Federal– La
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretende cebarse en algunos de sus
efectivos para pagar culpas por las graves violaciones a los derechos humanos
cometidas por el Ejército durante la “guerra al narcotráfico” en el sexenio de Felipe
Calderón.
Ni la Sedena ni la
Procuraduría General de la República (PGR), ni la justicia federal están
interesadas en determinar hasta dónde llegan las responsabilidades en la
detención, tortura y desaparición de tres presuntos narcotraficantes en Ojinaga,
Chihuahua, en 2008, a manos del “pelotón de la muerte”, que actuó durante el
Operativo Chihuahua ordenado por el ex presidente.
La justicia federal
se opone a que Calderón sea citado; la Sedena, a que comparezcan su ex titular,
el general Guillermo Galván, y otros mandos, y la PGR, de la mano de la
Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), ha obstruido a la defensa de
los inculpados.
Uno de los acusados
es el teniente coronel de infantería José Julián Juárez Ramírez, comandante de
la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), con sede en Ojinaga, en
la que operó el “pelotón de la muerte”, bautizado así por la propia justicia
militar.
La justicia
castrense pretendió involucrarlo en esos delitos de lesa humanidad, pero ante
la falta de pruebas le enderezó acusaciones por posesión de mariguana, acopio
de armas y robo agravado dentro del mismo caso. Con 29 años de servicio en el
Ejército hasta su detención en septiembre de 2009 y egresado de cursos de
instrucción militar en Estados Unidos, México y Chile, Juárez Ramírez está bajo
proceso penal en la prisión militar de Mazatlán, Sinaloa.
Su defensa se
complicó cuando decidió citar a Calderón, Galván y otros generales de división.
Su argumento: que a finales de 2008 fue testigo de una reunión de generales en
la que Galván mandó actuar con mano dura contra los narcotraficantes por
órdenes de Calderón, entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
La instrucción del
Alto Mando del Ejército fue “innovar los métodos de trabajo contra los
narcotraficantes”. Sin más precisión, el cumplimiento fue a discreción de los
jefes militares y comandantes. El resultado, en Chihuahua, fue “el pelotón de
la muerte”, al que se le atribuye la tortura, muerte e inhumación clandestina
de los restos de los presuntos narcotraficantes Esaú Samaniego Rey, ‘El Cholo’
o ‘El Azteca’; Heriberto Rojas Lemus, ‘El Michoacano’; y Erick Campos
Valenzuela, ‘El Campitos’ (Proceso 1889 y 1914).
LAS ÓRDENES, INCUESTIONABLES
El defensor del
teniente coronel, Víctor Alonso Tadeo Solano, asegura en entrevista que, pese a
ser imprecisa, la instrucción a los jefes militares fue dar resultados. “Esa
fue la orden que transmitió Galván y que atribuyó a Calderón”.
Es la misma razón
que da uno de los principales acusados de haber formado parte del “pelotón de
la muerte”, el mayor de infantería Alejandro Rodas Cobón. En sus declaraciones
ministeriales, además de reclamar inocencia, ha insistido en que las
actuaciones del Ejército en Chihuahua en el sexenio pasado fueron conforme a las
órdenes salidas de Los Pinos y de la Sedena.
En una audiencia que
tuvo lugar el 8 de agosto pasado, Rodas Cobón, segundo comandante de la CINE,
declaró: “Todas las órdenes que se recibían deberían ser cumplidas (pues)
venían directamente del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas (Calderón)”.
Añadió: “Cuando se
me da una orden y estoy consciente y tengo conocimiento de que es ilegal, no
estoy obligado a cumplirla; sin embargo, cuando las órdenes vienen desde el
Mando Supremo en ninguno de los casos es cuestionada”.
Para esclarecer ese
señalamiento, el litigante solicitó al juez segundo de Distrito en Chihuahua,
Juan Carlos Zamora Tejeda, la comparecencia en calidad de testigo de Felipe
Calderón Hinojosa, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas que fue entre
2006 y 2012.
El juzgador se negó
a citar al expresidente. Argumentó que los delitos imputados a Juárez Ramírez
no se corresponden con las órdenes que Calderón dio para combatir al
narcotráfico y que no hay pruebas de su participación en los hechos que se le
atribuyen al acusado, por lo que no consideró “pertinente” citar al ex
funcionario como testigo.
El abogado se
inconformó con esa decisión, pero en una rápida resolución, adoptada el 31 de
octubre pasado, a un mes de haber interpuesto el recurso de inconformidad, el
Segundo Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Distrito, con sede en la ciudad de
Chihuahua, ratificó la negativa del juez Zamora Tejeda a citar a Calderón.
“Tal determinación
se considera acertada si se toma en cuenta que el oferente de la prueba no
explicó de qué manera la testimonial de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa puede
dar luz sobre los hechos” o conducir a resultados concretos respecto a los
ilícitos que se le imputan, estableció el Tribunal Unitario en el toca penal
258/2013-IV.
Según el nuevo fallo,
la decisión de la justicia federal de no citar a Calderón no le causa ningún
agravio ni deja en indefensión a Juárez Ramírez, quien ha solicitado la
comparecencia del ex presidente para que declare respecto a las órdenes que dio
al titular de la Sedena durante su sexenio, el general Guillermo Galván, quien
se encuentra en retiro, respecto a la manera en que se debía tratar a los
narcotraficantes.
El abogado sostiene
que el teniente coronel participó en una reunión de Galván con jefes militares
responsables del Operativo Chihuahua, en la que transmitió las órdenes de
Calderón. El encuentro castrense tuvo lugar en septiembre u octubre de 2008 en
la base área militar de Chihuahua.
Para comprobar ese
dicho, el litigante también ha pedido el testimonio de otros de los generales
participantes en esa reunión: empezando por el entonces comandante de la XI
Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila, el general de división Marco
Antonio González Barrera.
También ha pedido la
presencia de quien en ese momento era el jefe de la Quinta Zona Militar con
sede en la ciudad de Chihuahua, pero con mando en todo el estado, el general de
división Felipe de Jesús Espitia Hernández. Además, del jefe de la guarnición
militar de Ojinaga, el general Manuel de Jesús Moreno Aviña, quien también está
bajo proceso penal por los hechos atribuidos al “pelotón de la muerte”.
Antes de que el caso
trascendiera en la opinión pública, la PGJM entregó a la Policía Judicial
Militar (PJM) “un anónimo” que daba cuenta de la existencia del pelotón.
Desplegó a Chihuahua un grupo de agentes e investigadores judiciales militares
que entre agosto y septiembre de 2009 tomaron las instalaciones de la CINE.
LA AUSENCIA DEL GENERAL GALVÁN
Acuartelado todo el
personal, en primer lugar su comandante, el teniente coronel Juárez Ramírez, la
PJM interrogó y ordenó la detención de 31 efectivos. Los detenidos aseguran que
fueron torturados para culparse unos a otros e involucrar al teniente de la
CINE y al comandante de la Guarnición.
Los inculpados se
han desistido de su primera declaración ante la justicia militar no sólo por
haber carecido de abogado, sino porque no hubo órdenes judiciales en su contra,
pero sobre todo porque alegan haber sido torturados. Pero la Sedena, de la mano
de la PGR y de la justicia federal, ha puesto todo tipo de trabas para
confrontar la investigación judicial con que sostiene sus acusaciones.
La Sedena se ha
negado a que los mandos del Operativo Chihuahua declaren ante la justicia. En
el juicio contra el teniente coronel Juárez Ramírez, el general Galván ha sido
citado en cinco ocasiones y en ninguna ha asistido, contrario a las
disposiciones legales que facultan a un juez para que a la tercera ocasión
presente a un testigo con el apoyo de la fuerza pública.
Para una de las
audiencias, programada el 17 de octubre de pasado, el actual secretario de la
Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, acordó
pedirle al juez segundo de Distrito que la audiencia fuera por
videoconferencia.
Días antes, el titular
de la PGJM, el general de brigada Jesús Gabriel López Benítez, le dijo al juez
que Galván no podía comparecer en Chihuahua porque en su calidad de asesor del
secretario, el ex titular de la Sedena tiene que estar en México para “atender
todos aquellos asuntos” relacionados con la defensa de la nación, la seguridad
interior y el auxilio a la población civil”, entre otros.
El paso de los
huracanes Ingrid y Manuel en la segunda semana de septiembre pasado, fueron la
excusa: “Tal relevancia de las actividades que desarrolla el general Galván
Galván son las actuales circunstancias de desgracia que pasa el país por las
inundaciones ocurridas en gran parte del territorio, donde el militar requerido
está prestando vital asesoría a la nueva administración para el manejo y
despliegue del personal del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales”.
Según el procurador
militar, era “indispensable” la estancia de Galván en la Ciudad de México o en
el lugar que se le requiera, razón “que impide su presentación ante esa
autoridad judicial”, por lo que pidió que su testimonio se realice por vía de
exhorto a un tribunal de la Ciudad de México o por videoconferencia. Pero hasta
ahora nada ha ocurrido, con el consentimiento del juez.
SOLAPAMIENTO CASTRENSE
La Sedena ha seguido
la misma estrategia con los otros oficiales de alto rango requeridos. El 11 de
octubre le envío un escrito al juez segundo de distrito de Chihuahua para
decirle que los generales Marco Antonio González Barreda y Felipe de Jesús
Espitia por sus nuevas funciones en la secretaría no pueden separarse de sus
cargos en la Ciudad de México.
González Barreda,
quien al momento de los hechos era el comandante de la XI región con sede en
Torreón y que abarca a Coahuila y Chihuahua, es ahora director general del
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
Después de su responsabilidad en el Operativo Chihuahua, terminó el sexenio de
Calderón como inspector y contralor general del Ejército.
El general es “un
alto funcionario de esta secretaría” que se dedica “de forma permanente” a
hacer “análisis y proyectos de Seguridad Social, lo cual implica necesariamente
su permanencia en la Ciudad de México”.
El general Espitia
Hernández, el responsable directo del operativo como comandante de la 5ª Zona
Militar con sede en Chihuahua, es ahora coordinador de asesores del ISSFAM. Su
tarea es la de “asegurar el desahogo de los asuntos atendidos directamente por
el director general, que por su importancia requieren atención “urgente y
extraordinaria”, por lo que siempre tiene que estar disponible en la capital
del país; además de que participa “en forma directa y activa en los planes de
Desastre Nacional, activando ayudas a la población civil”.
La institución
castrense le dijo al juez que ambos generales “desempeñan cargos públicos de
alto mando”, categoría que de acuerdo a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza
Aérea sólo corresponde al titular de la Sedena. Según esa norma, es el único al
que se le puede nombrar alto mando.
La protección de la
dependencia no es únicamente hacia los generales. La PGJM, también con el
beneplácito del juez segundo de Distrito en Chihuahua, ha obstaculizado la
presentación de los encargados de la detención y responsables de alegada
tortura de los militares inculpados, los agentes y mandos de la justicia
militar que se trasladaron desde la Ciudad de México.
El 16 de julio
pasado, la Sedena le dijo al juez Zamora Tejeda que el responsable de las
detenciones e interrogatorios, el entonces coronel y ahora general brigadier
David Enrique Velarde Sigüenza, director de la PJM, “actualmente se encuentra
desempeñando actividades propias del servicio en la Plaza de México, Distrito
Federal, por lo que se requiere su presencia permanente en esa plaza”.
Ese mismo día, dijo
que otro de los que participaron en la detención, el mayor de infantería
Nicolás Alonso Pacheco, causó baja del Ejército y ya no está al alcance de la
secretaría.
La justicia militar
dilató tanto como pudo los careos y ampliación de declaraciones del mayor de
infantería Carlos Alberto Rivera Medeles, quien fue el encargado de las
investigaciones en la CINE.
A pesar de que la
Sedena pedía que declarara vía exhorto, Rivera Medeles tuvo que presentarse
ante el juez apenas el martes 5. En su deposición, dijo que el acuartelamiento
fue ordenado por el ex secretario Galván y que la investigación comenzó por un
anónimo. Aunque admitió que los inculpados declararon sin abogado, negó que
hubieran sido torturados.
Por otras vías, la
Sedena también ha obstruido la defensa. La PGJM, a cargo del general brigadier
Jesús Gabriel López Benítez, emitió el mensaje CEI (correo electrónico de
imagen) número 70262 para que todos los militares de bajo rango que sean
llamados como testigos para el caso, antes de comparecer en Chihuahua, se
presenten primero ante la justicia militar.
Asimismo, ha contado
con la ayuda del juez Zamora Tejeda, quien programó hasta enero y febrero de
2014 la ampliación de declaraciones y careo de los policías militares Roberto
Germán Barrera Bermejo y Román Rodríguez Morales, quienes participaron en la
detención.
La delegación de la
PGR en Chihuahua también ha puesto obstáculos para el deslinde de
responsabilidades. El 15 de julio pasado le pidió al juez que los careos y
testimonios de cualquier elemento de la Sedena que haya tenido que ver con la
detención de los acusados se hagan vía exhorto ante un juez en la Ciudad de
México “a efecto de evitar que se trasladen al Estado (sic) y se ponga en
riesgo la seguridad de los elementos castrenses”.
Peor aún, ha
impugnado algunas de las pruebas ofrecidas por la defensa del teniente coronel
Juárez Ramírez. El 23 de agosto se dijo agraviada de que el juez hubiera
aceptado el testimonio de los cabos de infantería Manuel Juárez Rodríguez y
Francisco Lima Reyes, quienes presenciaron la detención del teniente coronel.
Solicitados por el
jefe militar detenido, ambos ya fueron autorizados a declarar como testigos,
luego de varios meses de litigio que tuvo que seguir el abogado Tadeo Solano.
Incluso, el agente del Ministerio Público federal asignado al caso ha faltado a
diligencias que tendrían lugar al interior de la Tercera CINE.
(PROCESO/ Jorge Carrasco/ 2013-11-16 | 23:19)
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