En una evaluación que realizó la agencia federal de Estados Unidos sobre los hechos ocurridos en esta región de noviembre de 2009 a julio de 2010, identifica cinco causas que propiciaron la violencia: una, la que se produce por la lucha entre cárteles; dos, la de los cárteles contra el Gobierno mexicano; tres, la que ocurre al interior de los cárteles; cuatro, la que se presenta entre pandillas; y cinco, la que ocasionan oportunistas.
De acuerdo con el análisis que contiene un documento desclasificado, obtenido hace unos días por la organización National Security Archive, a través de una solicitud basada en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA, por sus siglas en inglés), desde un principio las operaciones de los cárteles en contra de las corporaciones policiacas han sido el principal factor de la batalla por la plaza de Ciudad Juárez.
“La razón principal es en mucho que los cárteles mexicanos dependen de los funcionarios corruptos”, menciona el documento, que contiene algunos datos, nombres y citas reservadas.
Según el reporte, inicialmente se tenían identificadas las tres primeras causas de la violencia, pero con la evaluación que realizaron agregaron las dos últimas, la que se produce por el enfrentamiento entre pandillas y la ocasionada por oportunistas.
Al reseñar la categoría de la violencia que se produce por el enfrentamiento entre cárteles y autoridades gubernamentales, la DEA menciona algunos de los hechos ocurridos en el período de análisis, entre ellos el homicidio del alcalde de Guadalupe Distrito Bravos, Jesús Manuel Lara Rodríguez, asesinado el 20 de junio de 2010 en su domicilio, frente a su esposa e hijos.
También apunta el homicidio de Sandra Ivonne Salas García –ocurrido el 30 de junio de 2010–, subprocuradora de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a quien identifican como el brazo derecho de la entonces procuradora Patricia González Rodríguez.
Otro caso que incluyen es el de la explosión del carro-bomba el 15 de julio de 2010, ataque que atribuyen a un acto de venganza por la detención de uno de los líderes un día antes, a quien no identifican, pero se sabe que fue Jesús Armando Acosta Guerrero, alias “El 35”.
Respecto a la violencia por la disputa entre cárteles, el documento indica que se genera por la animadversión que hay entre los líderes de 2 de los dos principales grupos criminales en el país, los que son reservados, pero menciona que se atacan entre sí.
Menciona que sus ataques los dirigen principalmente en contra de los brazos armados, traficantes, fuentes de financiamiento, funcionarios corruptos y soldados.
De la violencia que se produce al interior de los cárteles dice que es como un método de autocontrol que emplean para castigar traiciones, robo de droga, contrabando no autorizado y proporcionar información a las corporaciones policiacas.
De las dos nuevas categorías identificadas por la DEA, se establece que el enfrentamiento entre pandillas obedece no sólo a que algunas de éstas sirven a los cárteles de drogas, sino a rivalidades que ya tienen entre ellas.
Dice que una de las pandillas que operan en la ciudad, pero que en el documento restringe su nombre, opera de manera semiautónoma y bajo la protección de las autoridades.
Describe que una de estas pandillas que opera como brazo armado de un cártel carece de profesionalismo y coordinación en comparación con otra que ha perpetrado varios ataques y a los que se les atribuye la ejecución de los funcionarios consulares en marzo de 2010.
Mientras que de la violencia generada por los oportunistas, menciona que consiste principalmente en extorsiones, robos violentos y secuestros perpetrados por criminales independientes que no están relacionados con ningún grupo de narcotraficantes, pero a los que se les asocia de manera errónea.
“La actuación de los criminales oportunistas detona ante el estado de anarquía que hay en la comunidad, lo que agrava el ya de por sí elevado índice de violencia”, establece el reporte.
Agrega que este tipo de violencia es difícil de evaluar porque estos delincuentes operan como imitadores y con mucha rapidez se involucran en las actividades delictivas.
Entre las víctimas de estos delincuentes menciona a propietarios de grandes empresas, yonkes, funerarias, restaurantes, bares, transportistas, vendedores ambulantes y hasta maestros que han sido extorsionados para despojarlos de sus aguinaldos.
Con todo esto, concluye el reporte de inteligencia de la DEA, la economía de Ciudad Juárez se ha visto impactada de manera negativa, porque más de “6 mil negocios han cerrado sus puertas desde 2008 a consecuencia de la violencia y extorsiones”.
Por ello, dice que varios empresarios se han ido a El Paso, donde en el 2009 la Cámara de Comercio Hispana de El Paso reportó que más de 200 negocios de Ciudad Juárez habían iniciado operaciones en esa ciudad.
(ZOCALO/ Agencias /10/11/2013 - 02:28 PM)
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