En
materia de transparencia –uno de los escasos avances conseguidos por la
sociedad civil durante la alternancia– el regreso del PRI significa el
fin de un sueño. Desde Los Pinos, Enrique Peña Nieto incumple
flagrantemente sus “compromisos” con la rendición de cuentas y el acceso
a la información; desde el Congreso, el PRI sabotea la reforma a la Ley
de Transparencia para tornar irrelevante al IFAI o, peor aún,
convertirlo en un instrumento presidencial más.
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- La bancada del PRI en la Cámara de Diputados intenta imponer
reservas al dictamen de reforma a la Ley de Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), aprobada por el
Senado en diciembre último.
Pero en los primeros siete meses de
la administración de Enrique Peña Nieto la tendencia a la opacidad va
más allá del debate legislativo, pues el gobierno federal ni siquiera ha
cumplido con las obligaciones de la ley vigente.
Entre otras
anomalías se observan la ausencia de la información mínima que debe
hacerse pública en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), la
reticencia a publicar declaraciones patrimoniales del gabinete e incluso
a responder solicitudes de información, aun cuando en apariencia sean
poco comprometedoras.
El 21 de mayo de 2012, días después de que
estudiantes de la Universidad Iberoamericana lo confrontaran durante su
campaña electoral, Peña Nieto lanzó su Manifiesto por una Presidencia
Democrática, en cuyo noveno punto se comprometió: “…respetaré y acataré
las decisiones del IFAI, y promoveré su fortalecimiento institucional”.
Las mismas promesas se relanzaron durante el periodo de transición, cuando aún había protestas por el resultado electoral.
Las
iniciativas anunciadas como las primeras que haría la presidencia de
Peña Nieto eran tres: la creación de una comisión nacional
anticorrupción, una reforma a la LFTAIPG y una nueva ley para regular la
publicidad oficial. Las tres fueron anunciadas en el portal
www.transicion2012.org (en línea hasta el pasado martes 23), pero sólo
se presentó la relativa a la ley de transparencia.
Tras la
presentación de ésta, durante varias semanas las bancadas del PRI, PAN y
PRD en el Senado discutieron, consultaron a organizaciones de la
sociedad civil y lograron un acuerdo, que fue aprobado por unanimidad el
20 de diciembre de 2012.
Entre sus objetivos más destacados está
el de dar autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos (IFAI), que además tendría
competencia para conocer asuntos relativos a los poderes Ejecutivo y
Legislativo, otros organismos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos. Con lo anterior, partidos y sindicatos
se convertirían también en sujetos obligados.
También se incluyó
la ampliación de cinco a siete comisionados del mencionado instituto, un
nuevo método para elegirlos a través del Senado y no a propuesta del
presidente como hasta ahora, además de dotarlo de capacidad jurídica
para promover acciones de inconstitucionalidad.
Pero la voluntad
política de Peña Nieto para ampliar el derecho a la información y
fortalecer al IFAI se quedó ahí. La minuta aprobada por el Senado se
turnó a la Cámara de Diputados, donde permanece atascada. Se consideró
incluirla en la agenda del periodo extraordinario que concluyó el
miércoles 24, pero se pospuso por falta de acuerdo de los grupos
parlamentarios.
El disenso estalló con las 50 reservas presentadas
por la bancada priista, relativas precisamente a los aspectos más
relevantes de la reforma aprobada en el Senado. Primero la relegaron con
el pretexto de que debía salir después de la reforma a la Ley de
Telecomunicaciones, y luego porque, según los legisladores priistas,
debe aparejarse con la creación de la comisión nacional anticorrupción.
Desde
abril pasado las organizaciones civiles Fundar y Artículo 19
denunciaron que la bancada del PRI, mediante la diputada Arely Madrid
Tovilla, introdujo 50 reservas a la minuta del Senado. Renata Terrazas,
investigadora de Fundar, opina en entrevista que la reforma del Senado
era aceptable pero que las reservas de los diputados priistas eliminan
los avances.
Explica que el proyecto del PRI prevé eliminar la
definitividad de las resoluciones del IFAI; evita que los partidos
políticos sean sujetos obligados directos y mantiene que sean
indirectos, es decir que las solicitudes de información a los partidos
se tramiten a través del Instituto Federal Electoral; y se revierte la
facultad del IFAI para promover recursos de inconstitucionalidad.
Para
la entrevistada, el PRI quiere plegar al IFAI a la voluntad del
Ejecutivo, como lo confirma el hecho de que pretende mantener la
elección de comisionados sujeta a la propuesta del presidente de la
República.
Las organizaciones mencionadas han denunciado este
hecho, exigieron al PRD que fije una postura formal al respecto y
exhortaron al PAN, que parece simpatizar con las reformas, a que
defienda la minuta del Senado.
No obstante, la aprobación se sigue
postergando. Si se abre otro periodo extraordinario de sesiones en
agosto, ni siquiera se tiene certeza de que la minuta, la original o con
las reservas, se lleve al pleno.
Simulación evidente
Peña
Nieto hizo de su “compromiso con la transparencia” un recurso
publicitario. El 30 de marzo de 2012, en su primer día de campaña
electoral, firmó ante notario que haría pública su declaración
patrimonial, a lo que por cierto está obligado por la ley.
El
pasado 16 de enero él y todos los integrantes de su gabinete, excepto el
procurador general, Jesús Murillo Karam, publicaron su declaración
patrimonial, que se redujo a una lista de bienes muebles e inmuebles,
sin precisar costos, detalles ni ubicación.
Con la pompa de los
actos oficiales, el gabinete acudió al Palacio Nacional para que Peña
Nieto actuara frente a las cámaras como un usuario más del sistema
Declaranet, en el cual se dan de alta las declaraciones patrimoniales.
Su declaración establece que tiene cuatro casas, cuatro terrenos, un
departamento, obras de arte, joyas, monedas y metales, así como cuentas
bancarias y fondos de inversión, además de que gana 193 mil 478 pesos
mensuales.
Aunque legalmente los servidores públicos están
autorizados para mantener en secreto los montos de sus bienes, el
supuesto compromiso de Peña Nieto con la transparencia ampliaba las
expectativas. Sin embargo se desconoce cuántas joyas y obras de arte
tiene, así como su valor; tampoco se conoce el monto de sus ahorros y de
sus fondos de inversión. Su fortuna se conserva en secreto.
Según
la declaración patrimonial del presidente, la mayoría de sus posesiones
proviene de donaciones y herencias. En el caso de los bienes raíces
sólo compró dos: una casa en 1982 y otra en 2005. Llama la atención la
primera, que supuestamente adquirió al contado en octubre de 1982,
cuando tenía 16 años.
El resto de casas y terrenos le fueron
donados principalmente entre 2009 y 2011, excepto el departamento
–heredado en 2001– y dos terrenos que recibió en donación en 1988 y 1989
y los cuales suman unas 2.5 hectáreas.
En su mensaje de aquel 16
de enero Peña Nieto recordó que en su primer acto de campaña firmó el
compromiso de hacer pública su declaración patrimonial, lo mismo que el
resto de su gabinete. Según él, cumplió.
La crítica no sólo surgió
de la sociedad civil sino que hasta el IFAI se extrañó de la opacidad
gubernamental. La entonces comisionada presidenta del organismo,
Jacqueline Peschard Mariscal, dijo que sería positivo para la
transparencia dar a conocer información más específica y se dijo
sorprendida por la forma en que se presentaron las declaraciones.
Hasta
ahí quedó el asunto. Días después el IFAI entró en crisis por la
sucesión de Peschard. Por otra parte, los comisionados del organismo
garante de la transparencia mantenían reservados los mismos datos que
Peña Nieto y su gabinete en sus propias declaraciones patrimoniales.
Una convicción secreta
Hasta
el pasado 13 de julio, cuando el POT y las diferentes plataformas
relacionadas con las áreas de acceso a la información y manejo de datos
públicos fueron suspendidas por una mudanza de sus dominios, la
Presidencia de la República ni siquiera tenía publicada la estructura
orgánica, una de sus obligaciones mínimas y que no contiene información
sensible para la administración.
Al seleccionar la opción de
estructura orgánica en el POT, se desplegaban apenas unos cuantos
cargos, como jefe de la Oficina de la Presidencia, coordinador de
asesores, coordinador de Comunicación Social, jefe del Estado Mayor
Presidencial… pero bajo ellos aparecían cientos de registros que sólo
decían “director general”, “director de área”, “jefe de unidad”, sin
precisar áreas ni funciones, a lo que obliga la LFTAIPG en su artículo
7.
Lo que sí quedó claro es el alto nivel salarial de los nuevos
servidores públicos, pues el jefe de la Oficina de la Presidencia,
Aurelio Nuño, el coordinador de asesores, Francisco Guzmán, y el
coordinador de Comunicación Social, David López, ganan lo que un
subsecretario de Estado: más de 200 mil pesos mensuales brutos.
Los
equipos de esos funcionarios cuentan con niveles salariales casi del
mismo nivel. Por ejemplo, la Coordinación de Comunicación Social tiene
siete directores generales con remuneraciones que oscilan entre 153 mil y
200 mil pesos mensuales.
La página de internet de la Presidencia
de la República es peor que el POT, pues su información es más limitada.
Al seleccionar la pestaña “licitaciones” se localizan sólo 10
registros, todos bajo el esquema de “invitación cuando menos a tres
personas”.
Pese al limitado número de registros, éstos revelan la
tendencia de la Presidencia a contratar servicios de imagen y
comunicación, pues cinco de las 10 licitaciones son para análisis de
discurso, análisis y evaluación de opinión en medios tradicionales y
redes sociales “para la toma de decisiones”, análisis de psicología
política, traducción de textos y rubros similares.
Las otras
convocatorias caen en los rubros de mantenimiento eléctrico,
estacionamiento y despensa. En ningún caso se incluye el monto de los
contratos.
La tendencia a la opacidad se detecta hasta en la forma
de responder solicitudes de acceso a la información. Tras la visita del
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el pasado 19 de
abril, que tuvo como propósito apoyar la Cruzada Nacional Contra el
Hambre, el 13 de mayo se solicitó a la Presidencia, a la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) y a la de Relaciones Exteriores (SRE) que
proporcionaran datos sobre los gastos que generó dicha visita, así como
el número de vehículos, agentes del Estado Mayor Presidencial y demás
personal destinado a su atención.
Ninguna de esas instancias dio
la información. Sus respuestas fueron contradictorias porque ninguna
asumió la responsabilidad de la visita de Lula.
La SRE negó que
sus funcionarios hubieran participado en la recepción brindada al
exmandatario brasileño, pero la Sedesol la desmintió, pues en su
respuesta identificó al subsecretario Juan Carlos de Lastri y al
director para América Latina y El Caribe, Ernesto Campos, de la SRE,
como participantes en los actos con Lula.
Y aunque la SRE informó
que no había coordinado la visita de Lula, dio a conocer que solicitó al
Estado Mayor Presidencial un vehículo blindado y personal de seguridad.
A su vez la Presidencia declaró la inexistencia de la información
solicitada… Así, los tres sujetos obligados negaron información y
declararon la inexistencia, pero se desmintieron entre sí.
Con
todo, durante su participación en la cumbre del G-8, efectuada en
Irlanda del Norte en junio pasado, Peña Nieto habló sobre libre
comercio, impuestos y… transparencia. Compartió con los líderes de
Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y
Rusia “la convicción que tenemos de que todo gobierno democrático debe
ser transparente y abierto”.
/1 de agosto de 2013)
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