Durante
su campaña presidencial, Enrique Peña Nieto se comprometió a regular
–apenas llegara a Los Pinos– la viciada práctica del otorgamiento
discrecional de publicidad gubernamental; incluso prometió crear un
organismo autónomo ad hoc. Sin embargo, a ocho meses de iniciada su
gestión, el mandatario no ha cumplido: parece haber olvidado el tema que
tantas expectativas generó en los medios. Ni siquiera ha dado respuesta
a la recomendación emitida por la CNDH en favor de este semanario,
castigado con el retiro de publicidad oficial durante los gobiernos de
los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Desde su campaña por la Presidencia y empujado por la
sociedad civil, Enrique Peña Nieto se comprometió a desterrar el viejo
instrumento de control político-mediático de la publicidad oficial y,
más aún, prometió crear un mecanismo legal para la conformación de un
órgano autónomo que la regulara.
La iniciativa se integraría
durante el periodo de transición –entre septiembre y noviembre de 2012–
para que en los primeros días de su llegada a Los Pinos fuera presentada
al Congreso, según anunció. El próximo jueves 1 de agosto su
administración cumple ocho meses y Peña Nieto aún no cumple su promesa.
El
11 de mayo de 2012, durante la campaña, los estudiantes de la
Universidad Iberoamericana (UIA) tocaron el tema cuando el entonces
candidato priista visitó sus instalaciones; incluso lo confrontaron
ásperamente.
Los medios informaron de manera sesgada sobre ese
ríspido encuentro que detonó la integración del movimiento #YoSoy132, el
cual cuestionó la antidemocracia en el ámbito de la comunicación.
Diez
días después de aquel desaguisado, el 21 de mayo Peña Nieto presentó el
Manifiesto por una Presidencia Democrática, donde abordó por primera
vez el tema de la publicidad gubernamental.
Y el 12 de julio
siguiente anunció reformas para, dijo, ampliar las facultades del
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
(IFAI) que empezarían a aplicarse desde sus primeros días en Los Pinos.
Propuso además la formación de una comisión ciudadana cuya función sería
auditar y monitorear la contratación de publicidad oficial en medios de
comunicación, guardando siempre el respeto por la libertad de
expresión.
Meses después volvió sobre el asunto. En septiembre,
cuando fue declarado presidente electo, la página www.transición2012.org
–que dejó de funcionar el martes 16– presentó la iniciativa de reforma a
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y anunció la creación de la Comisión Nacional
Anticorrupción, así como la iniciativa para regular la publicidad.
Y
aun cuando no se hizo público ningún documento oficial sobre la
regulación de la publicidad oficial, el sitio electrónico tenía una
pestaña en la cual supuestamente se publicaría el documento rector con
un mensaje:
“Durante la campaña”, decía, “uno de los principales
reclamos de la sociedad fue el establecimiento de una relación más
democrática y transparente entre el poder público y los medios de
comunicación.
“El pilar para construir esta nueva relación está en
las reglas, los procesos y la transparencia para contratar publicidad
de todos los niveles de gobierno en los medios de comunicación.
“En mi gobierno vamos a establecer una nueva relación entre los medios y el poder público.”
El
16 de noviembre, dos semanas antes de la toma de posesión de Peña
Nieto, se le preguntó a su equipo de comunicación, encabezado por David
Epifanio López Gutiérrez, cuándo se emitiría el documento. La respuesta
fue: apenas se está integrando, pero ya no se subirá a la página de la
transición.
La coyuntura
El 1 de agosto de
2012, semanas antes de que Peña Nieto ratificara su compromiso para
regular la publicidad oficial y lo anunciara tanto en rueda de prensa
como en el portal de transición, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) emitió su recomendación 035/2012 en la cual confirmó que
los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón buscaron “castigar” o
“premiar” a Proceso y a otras publicaciones según fuera su línea
editorial hacia el régimen panista.
La recomendación era una
respuesta a la queja presentada tres años antes por el director de este
semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, dirigida al ómbudsman nacional
contra el entonces presidente Felipe Calderón, a quien acusaba de violar
los derechos fundamentales a la legalidad, a la seguridad jurídica y a
la libertad de expresión e información, toda vez que de manera
arbitraria censuró y castigó al semanario al negarle publicidad con el
objetivo de causarle un daño económico (Proceso1873).
Dirigida a
la Secretaría de Gobernación, la recomendación pedía, entre otras cosas,
la definición de lineamientos y criterios claros para la contratación
de la publicidad. El entonces titular de la dependencia, Alejandro Poiré
Romero, la aceptó en septiembre, pero esto fue por mero trámite.
Como
parte de un procedimiento de inconformidad presentado ante el IFAI,
cuyo contenido se difundió el pasado 31 de mayo, la CNDH concluyó que no
hay pruebas de que se haya cumplido la recomendación hecha por el
ómbudsman nacional.
La regulación de la compra de espacios para
publicidad oficial, cuyo propósito es evitar el control mediático por
parte del gobierno, es un tema que se ha planteado en diferentes
coyunturas.
Organizaciones ciudadanas como Fundar y Artículo 19
abrieron un sitio en internet donde divulgan los resultados de sus
evaluaciones anuales respecto del comportamiento del gasto publicitario
de los gobiernos, estatales y municipales, así como del federal, y en
torno a la discrecionalidad en el manejo presupuestal de esas
instancias.
De acuerdo con Fundar, entre 2002 y 2012 se
presentaron 13 iniciativas al respecto procedentes de los distintos
grupos parlamentarios. Ninguna prosperó.
Según Justine Dupuy,
responsable del proyecto Publicidad Oficial de Fundar, desde la reforma
al artículo 134 constitucional, realizada en 2007, se estableció el
carácter institucional de la propaganda y la prohibición de difundir
imágenes o nombres de servidores públicos. No obstante, esto aún no se
ha reglamentado.
Tanto Fundar como Artículo 19 consideran que los
recursos millonarios asignados de manera opaca por concepto de
publicidad constituyen una herramienta de captura de los medios y
control de sus contenidos, lo que vulnera la libertad de expresión y el
derecho a la información.
En un comunicado conjunto emitido el
miércoles 24 ambas organizaciones explican que “han compartido múltiples
evidencias del efecto perverso del uso inapropiado de la publicidad
oficial sobre la independencia editorial de los medios, la libertad de
expresión y el derecho a la información”.
Ese día las bancadas del
PAN y el PRD presentaron a la Comisión Permanente su propuesta de
incluir una iniciativa de reglamentación al artículo 134 constitucional
en materia de propaganda gubernamental, en el marco de la discusión de
la reforma política. El PRI la rechazó, en una actitud que contrasta con
la aparente disposición de Peña Nieto a emprender la regulación.
Una vieja historia
Desde
su nacimiento, el 6 de noviembre de 1976, Proceso ha sido objeto de
innumerables presiones: agresiones y amenazas a sus reporteros, decomiso
de ejemplares disfrazada de compra masiva de algunas de sus ediciones y
vetos publicitarios. Estos últimos se intensificaron durante los
gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.
El pasado
8 de mayo José Carreño Carlón, quien fuera titular de la Coordinación
de Comunicación Social en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari,
organizó un foro en la Universidad Iberoamericana al que invitó a los
extitulares de esa instancia para que expusieran sus experiencias.
Al
encuentro asistieron Fausto Zapata Loredo, Luis Javier Solana, Manuel
Alonso, Otto Granados Roldán, Fernando Lerdo de Tejada, Carlos Almada,
Rubén Aguilar, Alejandra Sota y Roberto Calleja, este último en
representación del actual coordinador de Comunicación, David Epifanio
López.
Inmediatamente después de la exposición de Zapata, el
moderador, Carreño, mencionó el golpe a Excélsior en julio de 1976,
mediante el cual Julio Scherer García fue expulsado de la dirección de
ese diario. Y aun cuando el veterano político evitó el asunto, Luis
Javier Solana sí aludió a ese episodio; incluso habló de la cancelación
de la publicidad a Proceso durante el gobierno de López Portillo.
De
acuerdo con Solana, titular de Comunicación Social con López Portillo,
Jesús Reyes Heroles convenció al mandatario acerca de la necesidad de
legislar en materia de derecho a la información; también acusó a su
sucesor, Francisco Galindo Ochoa, de cancelar la publicidad al
semanario, y se explayó:
“Se hizo un trabajo de 20 tomos que
planteaba el derecho a la información, se propuso una legislación y, al
final, en el quinto personaje (quinto titular de comunicación de López
Portillo), contra toda la lógica, Pancho Galindo Ochoa echó a perder
toda la tarea que había hecho don José López Portillo y le quitó la
publicidad totalmente a la revista Proceso, que había nacido a partir de
la crisis que hubo con el señor Scherer y el grupo de Excélsior que
salieron (con él).
“Proceso nace el último mes de Luis Echeverría,
que quiso Julio Scherer que naciera antes de que Echeverría se fuera.
Se debe fundamentalmente Proceso al apoyo que el gobierno de José López
Portillo le dio en los casi seis años de gestión.
“Al final llegó
don Pancho –fue un absurdo que llegara a esa posición– y le quitó la
publicidad (al semanario) e hizo desaparecer a otro de los grandes
medios que nacieron al calor de la libertad que desarrolló López
Portillo: el programa Opinión Pública, de Paco Huerta.”
Oferta no cumplida
Carreño
dio otro puyazo, esta vez a Solana, apenas concluyó su participación:
“De ese episodio que hablas surgió una frase que resultó ser la
autobiografía del manejo patrimonial del gasto en materia de publicidad
gubernamental: ‘No pago para que me peguen’. Insisto: es un tema que
debe quedar en el debate porque es un viejo tema el manejo de la
publicidad gubernamental y su escasa reglamentación en el país”.
Salvo
Rubén Aguilar, quien recordó que Peña Nieto había prometido una
regulación en materia de publicidad gubernamental y medios, los demás
participantes no aludieron al tema.
En entrevista con Proceso a
propósito de ese comentario, Aguilar insiste: la publicidad
gubernamental no debe existir en una democracia, pero en tanto ello
ocurre, una instancia autónoma como la que planteó Peña Nieto sería
ideal.
Al preguntarle por qué se canceló la publicidad con Proceso
durante el sexenio de Fox (medida que fue denunciada por el semanario y
documentada en la recomendación 35/20012 de la CNDH), dice que no fue
decisión presidencial, puesto que los jefes de comunicación de cada
entidad pública decidían lo que contrataban.
Sobre este punto, en
su intervención Solana consideró que el gasto publicitario no requiere
mayor legislación, y planteó que el asunto sea de la competencia de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF).
A su vez Alejandra Sota
dijo que había muchos candados en el gobierno federal y que la
legislación en materia de transparencia había impactado el gasto
publicitario.
En su turno Calleja expresó: “El presupuesto que
ejerce el gobierno federal es definido y aprobado por el Congreso. En
esa medida el gobierno de la República no hace uso arbitrario de medios
económicos; se ajusta a lo que dispone el Congreso de la Unión en el
presupuesto de egresos anual”.
La afirmación de Calleja coincide
con la de Solana, según la cual la ASF es una de las instancias
encargadas de supervisar y confirmar que el empleo de estos recursos se
realice conforme al marco legal.
Calleja también le espetó a
Aguilar: “Mi querido Rubén: nada más quiero pedirte que no seas tan
drástico. Llevamos apenas cinco meses de gobierno. Se han impulsado
grandes reformas, se está trabajando en el tema de la mejor aplicación
de los recursos; es un tema (el de la publicidad oficial) que ocupa al
gobierno; se sigue trabajando en él y seguiremos dando cuenta de los
acuerdos a los que se llegue”.
La promesa de Peña Nieto de
reglamentar la publicidad desde el arranque de su gestión no se ha
cumplido, aun cuando está incluida en la agenda del Pacto por México. El
Acuerdo 5.8 (Compromiso 95) establece la creación de la instancia
ciudadana y autónoma que supervise la contratación de publicidad de
todos los niveles de gobierno en medios de comunicación.
A Fundar y
Artículo 19 les preocupa esta situación, sobre todo porque, dicen sus
representantes, el tema quedó fuera de agenda durante las discusiones de
la reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones y
Competencia Económica.
Según Justine Dupuy se perdió la
oportunidad para abordar ese punto, pues para avanzar y construir medios
libres “es importante regular la relación financiera entre medios y
poderes”.
/ 1 de agosto de 2013)
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