MÉXICO, D.F. (apro).- La delincuencia organizada ya agotó su
periodo de gracia hacia Enrique Peña Nieto. Aunque el presidente había
pedido a la ciudadanía un año para que lo evaluara en materia de
seguridad, algunos grupos delictivos se adelantaron y se encuentran en
una nueva fase de enfrentamientos para participar de la manera más
ventajosa en la multimillonaria economía subterránea.
Michoacán es por ahora el caso extremo y reto inmediato del gobierno
de Peña Nieto. Pero el mayor desafío es la Ciudad de México, que después
de casi una década de violencia en casi todo el país se había mantenido
relativamente ajena a la disputa violenta.
El asesinato del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet,
comandante de la Octava Zona Naval con sede en Puerto Vallarta, el
domingo 29 de julio en el municipio de Churintzio, Michoacán, es hasta
ahora el golpe más severo sufrido por las Fuerzas Armadas a manos de la
delincuencia organizada.
Considerada oficialmente como una negligencia del vicealmirante por
haber tomado un camino secundario, la ejecución pretende ser minimizada
por el gobierno de Peña Nieto, que no quiere que se le vea como una
grave baja en acción a manos de la delincuencia organizada.
El golpe de Los Caballeros Templarios ya está dado y ocurrió en
momentos de franca confrontación de esa organización delictiva con el
gobierno de Peña Nieto, acosado también por la proliferación de civiles
armados en el estado. Se trata de una emergencia para un gobierno que a
ocho meses de haber iniciado no acaba de definir cómo va a enfrentar a
la delincuencia organizada.
La respuesta del federal hasta ahora ha sido la de repetir la
estrategia de reacción del gobierno de Felipe Calderón, cuyo paso en la
Presidencia de México ya quedó oficialmente marcado como el más violento
en el país en tiempos recientes: 121 mil 683 homicidios en el país, a
razón de una tasa de 22 por cada 100 mil habitantes, una de las más
altas del mundo.
Pero una amenaza con consecuencias más graves todavía es lo que puede
ocurrir en el Distrito Federal, que aun antes de que se desbordara la
violencia en el país ya era asiento temporal y de negociación de las
diferentes organizaciones. De ahí no pasaban.
En años recientes, la capital del país ha comenzado a ser envuelta
por la violencia de la delincuencia organizada. Comenzó por la zona
conurbada. Ahora, su territorio ya es zona franca de la confrontación.
La desaparición a fines de mayo de 12 jóvenes de Tepito es lo más
conocido hasta ahora de la disputa por el control de las zonas más
lucrativas para ese negocio en el Distrito Federal. Pero el sábado 27 de
julio se registró un hecho que va más allá de la propaganda narca.
El periódico Reforma informó que la madrugada de ese día desconocidos
prendieron fuego a un auto enfrente del Reclusorio Oriente y dejaron
una cartulina con amenazas al director del penal, Hermilio Velázquez
Patricio. El mensaje, según esa versión, fue del Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG).
De acuerdo con el gobierno del Distrito Federal (GDF) la amenaza fue
por “diversos reclamos”. Pero apenas la autoridad local intentaba
responder al hecho, dos colombianos fueron ejecutados la noche del
martes en la delegación Iztacalco, al oriente de la ciudad. El jueves
amaneció un hombre decapitado en la sureña delegación Magdalena
Contreras. La suma de hechos es ya considerable.
La acción en el reclusorio Oriente va más allá del mismo mensaje
escrito. Es una demostración de que algunos grupos han comenzado a
escalar sus operaciones y a utilizar los medios que consideren
necesarios. Una propaganda violenta de ese tipo puede dar lugar a
mayores manifestaciones de violencia por parte la contra que se sienta
amenazada. Es también la confirmación de que los reclusorios
capitalinos, como los todo el país, son parte de la confrontación de los
cárteles.
En Nuevo León, el municipio San Pedro Garza, sirvió también
inicialmente como refugio de narcotraficantes y su dinero, pero al paso
del tiempo el vecino Monterrey empezó a conocer de advertencias como
éstas y pronto se convirtió en campo de batalla sin límites que alcanzó
incluso al consulado de Estados Unidos.
Con un gobierno federal indefinido en materia de seguridad y un GDF
débil y rebasado, la capital del país corre el riesgo de acostumbrarse a
convivir con estos hechos y dejar de ser el último valladar ante una
delincuencia que día a día carcome al Estado mexicano.
jcarrasco@proceso.com.mx
/ 1 de agosto de 2013)
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