Mientras
en Lagos de Moreno la población muestra su indignación en las calles
por el creciente número de secuestros y desapariciones –las más
recientes son las de seis jóvenes, la madrugada del domingo 7–, las
autoridades no encuentran la forma de detener la violencia en esa zona
donde Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación buscan el
control. “Lagos de Moreno está sumido en el miedo”, asegura a Proceso
Jalisco uno de los lugareños.
GUADALAJARA, Jal. (Proceso
Jalisco).- En los últimos años Lagos de Moreno, un poblado con menos de
125 mil habitantes, se convirtió en uno de los municipios de mayor
riesgo para los jóvenes. De acuerdo con el informe Situación de los
derechos humanos de Jalisco, difundido por el Centro de Justicia para la
Paz y el Desarrollo (Cepad) a principios de mes, hubo 59 desapariciones
en la región Altos Norte en 2012.
Según el reporte de la Cepad,
Lagos de Moreno es uno de los municipios de la entidad más afectados por
la desaparición de personas, sólo superado por Puerto Vallarta y
Zapotlán. El documento habla de 2 mil 175 desaparecidas en Jalisco
durante 2012, de ellos mil 190 fueron mujeres (55%) y 985 hombres
(45%). El listado incluye 770 estudiantes.
La lista podría
elevarse a 90, si se suman las de 2013, incluidos los seis jóvenes
“extraviados” el sábado 6 en la zona que hoy se disputan Los Zetas y el
Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La noticia cimbró a los
pobladores, pues ocurrió en el periodo de vacaciones.
La mayoría
de los desaparecidos son varones de entre 18 y 29 años, asegura Roberto
Castelán Rueda, director de la Preparatoria Regional, y advierte sobre
la crítica situación de este municipio que colinda con Aguascalientes,
Guanajuato y Zacatecas.
Según Castelán Rueda, quien fue rector del
Centro Universitario de Los Lagos de la Universidad de Guadalajara
(UdeG), la información oficial sobre los desaparecidos en Lagos de
Moreno es ambigua. En el periodo del 24 de mayo y el sábado 6, por
ejemplo, sólo se registraron 14 secuestros, aunque los vecinos hablan de
más de 30.
Los jóvenes desaparecidos el sábado 6 son Ángel de
Jesús Rodríguez Hernández, de 19 años; Daniel Armando Espinoza
Hernández, de 22; Eduardo Isaías Ramírez Hernández, de 21; José Gerardo
Aguilar Martínez, de 18; Marco Antonio Ramírez Cárdenas, de 19, y
Christian Fabián Ávila Cardona, de 18. En esta “guerra”, dicen los
laguenses, las autoridades municipales están rebasadas.
Un día
antes, la diputada panista Norma Cordero Prado, representante del
Distrito II, con sede en Lagos de Moreno, pidió al presidente Enrique
Peña Nieto reforzar en forma urgente la presencia del Ejército y de
autoridades federales y estatales ante el incremento de la inseguridad
en la región Altos Norte, conformada por los municipios de Lagos de
Moreno, Encarnación de Díaz, San Juan de Los Lagos, Teocaltiche, Villa
Hidalgo y Unión de San Antonio.
“Las familias que antes vivían
tranquilas aquí, ahora se refugian temprano por la incertidumbre o el
miedo a ser víctimas de la violencia”, expuso la legisladora en la
tribuna del Congreso local. Su propuesta se convirtió en un punto de
acuerdo y fue aprobado en forma unánime por sus pares de la LX
Legislatura.
Cordero también pidió al gobernador Jorge Aristóteles
Sandoval Díaz redoblar la vigilancia en las carreteras que colindan con
los estados de Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí.
Sin
embargo, las autoridades reaccionaron después de la desaparición de los
seis jóvenes. El lunes 15 los familiares de los desaparecidos y un
centenar de personas realizaron una manifestación para protestar por la
inseguridad en Lagos de Moreno.
Reclamos y compromisos
El
alcalde de Lagos de Moreno, el priista René Ruiz Esparza Hermosillo,
indicó que dentro de las líneas de investigación, la fiscalía considera
una sobre los presuntos nexos de los desaparecidos con el crimen
organizado.
“Se analizan los posibles vínculos de las víctimas con
la delincuencia, hoy solamente hay indicios, esperemos que pronto se
pueda resolver este caso. Ojalá que los jóvenes sean encontrados con
vida”, declaró el alcalde a la cadena televisiva CNN el martes 23.
Los
familiares de los desaparecidos se molestaron por esas declaraciones.
Armando Espinoza, padre de Daniel Armando, uno de los “extraviados”,
consideró lamentable el intento de criminalizar a los jóvenes
desaparecidos. “Yo estoy 100% seguro que mi hijo no anda en malos
pasos”, dijo.
Su hijo estudió hasta el quinto semestre de
preparatoria y actualmente está desempleado. Se gana su dinero haciendo
mandados para una de sus tías, pero no anda en malos pasos, insistió
Armando Espinoza.
El viernes 19, Armando cuestionó la tibia
actuación de las autoridades municipales; se quejó ante el reportero del
diario El Informador de la falta de atención de los gendarmes ante los
llamados de los ciudadanos y exigió la aparición de su primogénito:
“Que
esto se vaya a oídos del procurador, del gobernador de Jalisco, de
todos los medios (para) que nos apoyen. A ver si nos escuchan… No se me
perdió un perrito. ¡Imagínate! Es mi hijo.”
La madrugada del
domingo 7 fue secuestrado Rodrigo Espinoza Aguayo, mesero de un bar
ubicado en el centro de la ciudad, justo cuando ingresaba a su casa,
según algunos vecinos.
“Lagos de Moreno está sumido en el miedo”,
asegura a Proceso Jalisco uno de ellos, quien pide ocultar su nombre;
otro habla de extorsiones y “secuestros virtuales (que) están a la orden
del día”, dice.
Un tercero añade: “Los delincuentes llaman a las
familias y anuncian el plagio de un pariente mientras los maleantes lo
retienen en algún lugar, mientras exigen dinero para liberarlo. Y
advierten: ‘Ni se te ocurra llamar a las autoridades’”.
El lunes
22, las autoridades estatales respondieron que ya se abrió la
averiguación previa 1796/2013. El miércoles 17, añadieron, el Ministerio
Público consiguió una orden de arraigo de un juez penal contra cuatro
presuntos implicados en el caso de los seis desaparecidos: Carlos
Alfredo Alcázar Zambrano, El Bebé, de 21 años; Juan Arnulfo Andrade, El
Junior, de 23; Martín Villa, El Changoleón, de 27, y Marco Antonio
Aguiñaga Santoyo, de 23.
También están bajo investigación dos
presuntos sicarios del CJNG: Sergio Grajeda Aguilar y Juan Carlos
Mateos, capturados cuando circulaban en un vehículo en el cual llevaban
fusiles de asalto y cientos de cartuchos útiles de diversos calibres.
Movilización creciente
Los
días posteriores continuaron las manifestaciones de estudiantes y
docentes de la UdeG, así como de los familiares y amigos de los
desaparecidos, quienes piden al alcalde Ruiz Esparza Hermosillo
encontrar a los seis jóvenes y sancionar a los responsables.
En
una de las manifestaciones frente a la presidencia de Lagos los
familiares fueron atendidos por el secretario de Seguridad Ciudadana,
Juan Carlos Rizo, quien admitió que el problema superaba al municipio:
“La
ciudadanía cree que es la Policía Municipal la que tiene que dar los
resultados de la aparición de los jóvenes y no es así, quien tiene la
responsabilidad de dar respuesta de las investigaciones es la Fiscalía
del Estado”, declaró Rizo.
En tanto, el alcalde Ruiz Esparza
anunció el martes 23 que el Ejército se encargaría de vigilancia, a
petición de la panista Norma Cordero el viernes 5, desde un día antes de
la desaparición de los seis jóvenes. Y el gobernador Jorge Aristóteles
Sandoval se comprometió a redoblar la vigilancia en Los Altos y habló de
una estrategia de seguridad en coordinación con los gobernadores de las
entidades colindantes.
Durante las indagatorias la Fiscalía
General del Estado aseguró una chatarrera que operaba como casa de
seguridad, rumbo al camino a La Sauceda, a la altura del kilómetro dos
de la carretera Lagos de Moreno-León, cerca de la terracería que
conduce al poblado de Comanja.
Roberto Castelán asegura que
diversos sectores de Lagos ven con desesperación la situación que se
registra e incluso la preocupación afecta a la representación de la
Iglesia católica en la zona y que por tal motivo se llevan a cabo
reuniones de análisis sobre la problemática social que se enfrenta.
“El
problema nos está brincado frente a nosotros, tal y como lo reconoció
un funcionario del gobierno municipal, el crimen organizado está
rebasando a las instituciones, a la sociedad, la escuela, la Iglesia y
otras representaciones. Nos están dejando sin herramientas (para hacer
frente), las autoridades eclesiásticas están preocupadas por todo esto.”
Castelán
Rueda insiste en que la policía fue penetrada por los delincuentes
desde hace varias administraciones, incluso cita el caso de funcionarios
de la Dirección de Seguridad Pública arrestados en 2009 por sus
presuntos vínculos con los cárteles más activos en la zona.
Ese
año, el entonces procurador de Justicia de Jalisco, Tomas Coronado
Olmos, anunció la detención de Juan Vargas Rivera, subdirector de la
policía municipal, quien supuestamente recibía 20 mil pesos mensuales
por proteger a sicarios del Cártel del Golfo. Eso ocurrió durante la
administración del panista Francisco Torres Marmolejo, quien estuvo en
el ayuntamiento laguense entre 2006 y 2009.
Un juez penal dictó
orden de formal prisión contra Vargas Rivera, a quien acusó de
extorsión, según publicó El Universal el 14 de abril de 2009. En ese
caso también estuvieron implicados Federico Trinidad Tapia, un policía
de Aguascalientes, y José Eduardo Macías, El Papirrín.
El 4 de
mayo de 2010, el entonces director de la Policía de Lagos de Moreno,
Juan Manuel Márquez Plascencia, señaló que Torres Marmolejo “negoció” la
entrada de Los Zetas a esa plaza, e incluso les ayudó a intervenir las
frecuencias policiacas a cambio del pago de un millón de pesos cada mes.
Tras
dejar la presidencia municipal de Lagos, Torres Marmolejo fue diputado
local por el PAN y siempre se deslindó de sus presuntos nexos con la
organización criminal.
Más recientemente, el 6 de septiembre de
2011, el subdirector de la Policía de Lagos, César Durán Ávila, de 40
años, fue ejecutado por un comando armado cuando conducía una camioneta
pick up en la carretera Zapotlanejo-Guadalajara, en las inmediaciones de
la zona metropolitana.
Lo que ahora vive Lagos de Moreno, reitera
Castelán Rueda, tiene que ver con los errores y en los excesos
cometidos por administraciones emanadas del PAN y del PRI en el
municipio donde nació Emilio González Márquez, quien durante su gestión
como gobernador no se preocupó por poner orden en la zona, aun cuando
algunos familiares suyos recibieron amenazas de la delincuencia
organizada.
“En Lagos, concluye el entrevistado, no se puede decir
que si yo no hago nada (ilegal) no me va a pasar nada a mí. Eso ya no
aplica en este lugar.”
En Lagos de Moreno, además de las amenazas,
extorsiones, secuestros y asesinatos, el robo a casa-habitación se
volvió una moda, según denuncian académicos a este semanario.
/1 de agosto de 2013)
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