Al
menos 95 firmas en todo el mundo se dedican a fabricar y comercializar
equipos para espiar a personas, empresas y gobiernos. Sistemas para el
monitoreo e intercepción de llamadas telefónicas y correos electrónicos,
software para identificar voces, rostros y datos, así como esquemas
para la vigilancia subrepticia, se encuentran al alcance de quien pueda
pagarlos. Si bien los gobiernos utilizan estos mecanismos para la lucha
contra el terrorismo y la delincuencia, la ausencia de controles
favorece la violación de derechos fundamentales.
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Con la anuencia de varios gobiernos los fabricantes de
programas informáticos de vigilancia prosperaron en años recientes hasta
convertirse en un sector que obtiene ganancias millonarias y actúa con
escaso control.
El reporte Sólo para sus ojos. La comercialización
del espionaje digital elaborado por expertos de Citizen Lab, de la
Escuela Munk de Asuntos Globales, y del Centro Canadá para Estudios de
Seguridad Global de la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de
Toronto, destaca:
“Otrora una capacidad exclusiva de unos cuantos
Estados, las herramientas de intrusión comercial y monitoreo son ahora
vendidas globalmente a precios bajos. Aunque esta tecnología es ofrecida
frecuentemente como capacidad de intercepción legal, estas herramientas
son usadas como un mecanismo de represión.”
Los Archivos Espías
difundidos el 1 de diciembre de 2011 por la organización WikiLeaks
enlistan 95 empresas de todo el mundo, de las cuales 32 son
estadunidenses y 17 del Reino Unido. El resto se reparte entre una
veintena de naciones. Ese listado exhibe 78 productos como interceptores
de señales, virus informáticos, transmisores, grabadoras y programas de
rastreo.
Esta información, complementada por las revelaciones de
Edward Snowden, el excontratista de la estadunidense Agencia Nacional de
Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), ya produjo críticas en todo
el mundo y pone en evidencia la necesidad de imponer controles a un
sector que ha operado con toda libertad.
“Sólo vemos la punta del
iceberg; aún no tenemos el cuadro total de este esquema masivo. Una de
las cosas que se podrían hacer es implantar controles a la exportación,
enfocados en el tipo de tecnología. Se controla por el tipo de
actividad, no por su impacto negativo sobre derechos humanos”, comenta a
Proceso Alinda Vermeer, responsable del área legal de Privacy
International, organización inglesa dedicada a defender el derecho a la
privacidad.
Con su proyecto Big Brother Incorporated la
institución construyó una base de datos de compañías dedicadas a la
venta de software las cuales asistieron entre 2006 y 2009 a seis
conferencias mundiales de Sistemas de Apoyo a Inteligencia (ISS, por sus
siglas en inglés), la mayor convención de espías del planeta. En esos
encuentros se dan cita agentes gubernamentales y sus proveedores
privados.
Por México acudieron representantes de las embajadas de
las sedes donde se efectuaron las sesiones, del Centro de Inteligencia y
Seguridad Nacional (Cisen), de la Policía Federal, de la Procuraduría
General de la República (PGR), de las secretarías de Gobernación y de
Marina, así como de la compañía Obses, que le vendió el programa de
espionaje a la procuraduría.
El 5 de junio último el diario inglés
The Guardian reveló que la NSA ha estado recogiendo información de
usuarios de Verizon Business Network Services, Inc. Un día después ese
periódico y The Washington Post dieron a conocer la existencia del
programa secreto Prism, a cargo de la NSA, mediante el cual se accede a
correos, documentos, audios, video, fotos y contraseñas de Microsoft,
Yahoo!, Google, Facebook, PalTal, AOL, Skype, YouTube y Apple.
Esos
programas analizan en tiempo real la navegación, aplicaciones,
contenidos como grabaciones, películas, imágenes o libros, direcciones
electrónicas, virus y gusanos invasivos, formatos de texto y flujos de
datos, como números de tarjetas de crédito.
En julio de 2010 The
Washington Post publicó su investigación América secreta según la cual
mil 200 agencias gubernamentales y mil 900 empresas trabajaban en
actividades de contraterrorismo, seguridad interna y programas de
inteligencia en 10 mil sitios confidenciales.
Se trata de un
mercado con gran potencial. Según la consultora estadunidense Infonetics
Research las ventas de productos especializados de esta tecnología
totalizarán mil 600 millones de dólares en 2015, y la firma Market
Research Media sitúa el mercado gubernamental estadunidense en mil 800
millones de dólares hacia 2018.
Intrusiones
Organizaciones
como Privacy International estudian la aplicación de medidas eficaces
contra el espionaje masivo indiscriminado que, en la mayoría de casos,
viola las constituciones nacionales y leyes de privacidad y protección
de datos. También busca limitar la venta global de esos programas, sobre
todo en países con récords críticos de violación a los derechos
humanos, como México.
“Tomaremos acciones civiles o penales contra
las empresas y los países donde están basadas y sus licencias de
exportación, preguntaremos a las autoridades sobre las autorizaciones
para las exportaciones. Si tenemos indicios de que estos programas están
siendo usados para reprimir o espiar activistas o disidentes, lo
rastrearíamos al país donde están produciendo esa tecnología”, adelanta
Vermeer.
El 1 de febrero último Privacy International, el Centro
Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales, el Centro Bahréin
para los Derechos Humanos, Bahrain Watch y Reporteros Sin Fronteras
(RSF) presentaron una queja ante la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) para que investigue si Gamma Group violó
los Lineamientos para las Empresas Multinacionales, al exportar el
software vigilante FinSpy.
Este dispositivo forma parte de
FinFisher, una línea de software de intrusión remota y espionaje
desarrollada por Gamma International GmbH, con sede en Munich.
En
el documento se argumenta que la corporación incumplió el respeto a los
derechos humanos de las personas afectadas por sus actividades, y no
mitigó los impactos adversos de ese incumplimiento.
El pasado 24
de junio la Oficina de Contacto del Reino Unido con la OCDE difundió que
este organismo aceptó la queja. En su comunicación esa dependencia
indicó: “Gamma ha estado considerando publicar una política de derechos
civiles, pero no está claro que pueda aplicar exitosamente esa política;
también estima que una política más amplia para prevenir ventas a
cualquier país con un criticable récord de derechos humanos sería
inaplicable”.
En su informe Enemigos de internet 2013, la
organización Reporteros Sin Fronteras catalogó a la francesa Amesys, la
estadunidense Blue Coat, las alemanas Gamma International y Trovicor
Gmbh, y la italiana Hacking Team, como los principales opresores de la
red.
Detrás de la voz
Además de los
programas de ciberespionaje adquiridos por la PGR y la Secretaría de la
Defensa Nacional (Proceso 1915) y del servidor hallado en la empresa
Uninet, filial de Telmex –Citizen Lab reveló este dato en su reporte de
marzo pasado–, el gobierno mexicano compró equipos y programas de la
corporación Speech Pro, subsidiaria de la rusa Speech Technology Center,
para montar un sistema nacional de grabación de voces.
A este
sistema pueden acceder más de 250 policías locales de las 32 entidades
de la República, 24 horas al día y siete días a la semana. “Alta
productividad, confiabilidad y una interfaz amigable han sido alcanzadas
a través de una cantidad de tecnologías de punta, algoritmos e
innovaciones tecnológicas por los más de 100 especialistas de la STC”,
dijo la empresa en junio de 2010, cuando el esquema fue completado.
El
sistema biométrico de voz identifica con rapidez a un hablante al
comparar una muestra de la voz con las de la base de datos. La
plataforma puede comparar tonos cortos grabados mediante varios canales
como micrófonos, líneas terrestres y redes digitales.
Un reporte
de la empresa, consultado por Proceso, presenta como caso de éxito el
Laboratorio de Acústica Forense de Baja California, cuyas operaciones
comenzaron en octubre de 2009.
El equipo disponible consta de
estaciones de análisis de audio, identificación de voz en base de datos,
programas de filtración de ruido y de análisis de autenticidad y de
grabación, utilizados en casos de extorsión, terrorismo, amenazas
telefónicas, casos de corrupción y secuestro.
“Hay que saber si se
espía a la gente y quién lo hace. Si la policía tiene ese récord y está
usando una herramienta intrusiva, ¿qué puede ocurrir si no sólo se usa
en el combate al crimen, sino para espiar a gente que no ha hecho nada
malo, como defensores de derechos humanos o grupos de la sociedad civil
no gratos al gobierno? Siempre hay un riesgo de que se pueda utilizar
para romper la privacidad y la libertad de expresión y no sólo enfocarse
en criminales, sino también a otras personas”, plantea Vermeer.
“El
uso de ingeniería social y ataques de programas de vigilancia comercial
contra activistas y disidentes se está convirtiendo en cosa común”,
concluye el reporte de la Universidad de Toronto.
/1 de agosto de 2013)
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