Pese
a las argucias de la Sedena y la Semar, y la complacencia del ómbudsman
nacional, familiares de dos jóvenes tabasqueños ejecutados a finales de
2010 y de otro civil muerto en Cuernavaca por marinos en diciembre de
2009 no cesan de pedir justicia. Entrevistados por Proceso, ellos y sus
abogados narran la cadena de absurdos, insensibilidades y trampas con
las cuales las autoridades han tratado sus casos, y reiteran su decisión
de no conformarse con las indemnizaciones que les ofrece el gobierno
federal, porque eso, dicen, es ofensivo. De ahí su clamor: “Queremos
justicia, no simulación”.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Familiares de
víctimas de la guerra contra el narcotráfico alertan sobre las fallas de
los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto para atender
los yerros de las Fuerzas Armadas y acusan a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) de avalar las omisiones de la Secretaría de
Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los
padres de Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román –acribillados
en noviembre de 2010 en Tabasco por un convoy mixto de fuerzas
castrenses y policiales– se quejan porque, arguyen, las exigencias de
justicia, así como el reconocimiento público de los abusos cometidos en
acciones armadas y las garantías de no repetición, no están contemplados
en el esquema de reparación de daños.
Lo mismo dice Andrea
Martínez, la esposa de Ignacio Aguilar Rodríguez, el dueño de una
tortillería que murió durante el operativo de los marinos el 16 de
diciembre de 2009 en Cuernavaca, Morelos, contra el narcotraficante
Arturo Beltrán Leyva.
En entrevistas por separado, los familiares
de las víctimas narran su calvario e insisten: no aceptarán que la
justicia se reduzca sólo a una indemnización económica, como lo
pretenden las autoridades federales con la complacencia del ómbudsman
nacional.
Andrea Martínez Jaimez manifiesta su inconformidad
porque, dice, la recomendación de la CNDH relativa al asesinato de su
cónyuge cuando caminaba por las inmediaciones del edificio Altitude,
donde fue ultimado el capo (la 72/2010), ya fue “cumplida” según la
comisión.
“Los de la CNDH me dijeron que el gobierno federal había
dispuesto un dinero, que lo agarrara antes de que se fuera Calderón,
porque cuando llegara Peña Nieto no iba a tener nada”, narra Andrea
mientras se seca las lágrimas.
Madre de dos hijos –una adolescente
de 17 años y un pequeño de nueve–, Andrea demostró la inocencia de su
esposo, a quien los medios de comunicación presentaron como uno de los
pistoleros de Beltrán Leyva. Y cuando pidió la intervención de la CNDH
para conseguir becas escolares y atención médica y psicológica para sus
hijos y sus suegros, le pidieron conformarse con lo que la dependencia
le ofreciera.
En junio de 2012 fue citada por la Semar: “Me
hicieron firmar un documento para dividir la cantidad (la indemnización)
en dos, porque –dice– Nacho tenía dos hijas mayores.
“Cuando fui
les dije que mi esposo se merecía una disculpa pública para que la gente
supiera que era una buena persona; les pedía aceptar su error. Insistí
en que Nacho se merecía un comunicado aclaratorio, similar al que
sacaron cuando murió y en el cual lo hicieron pasar como sicario. Me
dijeron que no lo podían hacer”, relata.
Aún se muestra indignada
pues, dice, “lo grave no sólo es la muerte de Nacho, sino hacerlo pasar
como sicario. Yo he sentido mucho coraje, más cuando te dicen que
justicia no se puede pedir porque no saben quién lo ejecutó”.
Semanas
antes de concluir el sexenio de Felipe Calderón, recuerda Andrea,
personal de la Semar se presentó en su casa y tras auscultar a sus hijos
le hicieron firmar un documento en el cual acreditaba que los menores
habían recibido atención psicológica “en cumplimiento a la recomendación
de la CNDH”. Con eso pretendieron dar por concluido el asunto, asegura.
Recientemente
un grupo de agentes de la Procuraduría General de la República (PGR)
fue a su domicilio a informarle que la muerte de su esposo sería
investigada. No les creyó.
El año pasado, dice, vio morir a su
suegro, “seguramente por la tristeza”; además, su hija fue operada de un
quiste hemorrágico y a su niño le detectaron un tumor en el pecho que,
le explicaron los médicos, no le pueden atender en el Seguro Popular.
Su
pequeño es quien más le preocupa. Asmático de nacimiento, el menor
presentó crisis severas después del crimen de su padre, a quien estaba
muy apegado. Desde entonces ha sido sometido a tratamientos psicológicos
y tanatológicos solventados con los recursos de la familia.
“Le
tiene miedo a los soldados. Cuando los ve dice que ellos mataron a su
papá y nos van a matar también a nosotros. Él quiere morirse para estar
con su papá. Su doctora nos sugiere no dejarlo solo, porque es capaz de
hacerse daño.
“Cuando recibí el dinero de la Marina me dio tanta
tristeza, porque mi familia está destruida y nada me va a devolver a
Nacho”, expone Andrea mientras se enjuga las lágrimas.
Contra el “esquema ranchero”
Desde
el 14 de noviembre de 2010, cuando los jóvenes Víctor Manuel Chan
Javier y Ramón Pérez Román fueron asesinados por un comando de
militares, marinos y policías federales y estatales en Jalpa de Méndez,
Tabasco, sus padres, Víctor Manuel Chan Uicab y Ramón Pérez Hernández,
no han dejado de pedir justicia.
Asesorados por los abogados
Rosendo Valenzuela Martínez, presidente del Movimiento Ciudadano Somos
Más, ambos movilizaron a la población la misma noche del crimen para
desactivar el operativo de las Fuerzas Armadas que pretendían sembrar
armas a los cadáveres de Víctor Manuel y Ramón.
Luego, con ayuda
del abogado Silvano Cantú, impulsor de la Ley General de Víctimas,
consiguieron reactivar la averiguación previa que abrió la PGR en contra
de los presuntos responsables (Proceso 1868). En noviembre de 2012, la
procuraduría consignó la averiguación previa ante un juez federal.
Al
mes siguiente, seis marinos, dos soldados, un policía ministerial y un
agente de seguridad pública estatal fueron a prisión, acusados de
homicidio doloso y abuso de autoridad. Además, otras 16 personas, entre
ellas siete soldados, están siendo procesadas por abuso de autoridad,
daño en propiedad ajena y encubrimiento por favorecimiento.
Los
esfuerzos de los tabasqueños se toparon con “el esquema ranchero” de la
Sedena y la Semar, avalado –dicen– por la CNDH. También critican a la
subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría
de Gobernación, Lía Limón, de “carecer de la sensibilidad, los
conocimientos y la altura para hacer valer la Ley de Víctimas y los
acuerdos internacionales de los que México es parte”, dice el abogado
Valenzuela Martínez en entrevista.
Ambas dependencias fueron
responsabilizadas de las muertes de los dos jóvenes de Jalpa de Méndez,
señala, por lo que se les recomendó resarcir daños materiales y
psicológicos a los familiares.
No obstante, admite que “eso tiene
que ser con base en normas internacionales, pues implica la reparación
integral del daño causado, incluyendo medidas de rehabilitación y de
satisfacción; medidas de no repetición, indemnización compuesta por el
daño material, inmaterial, lucro cesante, daño emergente y daño al
proyecto de vida”.
Don Víctor Chan acota: “La CNDH nos dijo que
agarráramos el dinero que nos ofrecían. Nosotros les decíamos que no se
trataba de eso. Insistimos: no podemos darnos por satisfechos así nomás,
pues se trata de un asunto de justicia. En todo caso, para empezar, la
Marina y la Sedena tenían que cubrir nuestros gastos funerarios, que eso
no era reparación de daño; les reiteramos nuestra inconformidad por su
intención de cerrar el caso con esas acciones”.
Sólo por gastos funerarios, dice don Víctor, desembolsó más de 1 millón de pesos; don Ramón Pérez gastó 490 mil pesos.
Don
Víctor y el abogado Valenzuela Martínez cuentan que, en su afán por
avalar a la Semar y la Sedena, visitadores de la CNDH buscaron a
personas que sí aceptaran los recursos ofrecidos por la Marina.
Con
el aval de la comisión, insisten, se le entregaron fondos federales a
Alejandra Valenzuela, quien se divorció de Chan Javier un año antes de
su asesinato, aun cuando no tuvo hijos con él –“ni siquiera fue al
funeral”, puntualiza el abogado–.
También coaccionaron a doña
Guadalupe Román, madre de Ramón Pérez, pese a que no vivía con él porque
estaba divorciada de don Ramón; ella “nunca exigió justicia para su
hijo”, agrega Valenzuela Martínez.
La Semar entregó los recursos a
las “beneficiarias” el 9 de octubre de 2012. Por eso, cuando el 28 de
noviembre de 2012 los padres de las víctimas y sus abogados fueron a la
CNDH, les dijeron que ya les habían pagado.
Ese día, el maestro
Silvano Cantú le preguntó al segundo visitador, Marat Paredes, cuáles
fueron los criterios para fijar el monto; no supo contestar, resalta
Valenzuela.
Y como los padres de los dos jóvenes tabasqueños
insistieron en que se les cubrieran los gastos funerarios, tal como se
había comprometido personal de la Sedena, el representante de la
dependencia, Antonio Mendoza Sánchez, exigió documentos con validez
fiscal.
Con el gobierno de Peña Nieto, los padres y abogados de
los jóvenes insistieron en que su proyecto de reparación fuera
considerado. El 2 de abril, por intermediación del gobernador de
Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, se reunieron con Lía Limón García,
subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría
de Gobernación.
“Fue una reunión terrible. Mientras estábamos
exponiendo, ella jugaba con su celular. Le mencionamos la Ley General de
Víctimas y no sabía de qué le estábamos hablando. Agarró un teléfono
rojo y se puso a platicar al parecer con uno de la CNDH. No queremos
volver a tratar con esa señora”, cuenta don Víctor.
Tres semanas
después, el 24 de abril, fueron convocados nuevamente a Gobernación, a
una reunión que encabezó Juan Carlos Gutiérrez, titular de la Unidad
para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos. Y aunque hubo
“sensibilidad y conocimiento de lo que plantemos”, la Sedena no cambió
su posición, dice el abogado Valenzuela.
A ese encuentro acudió
también el representante de Províctima, Antonio Pérez Bravo, quien
recordó que en Durango el Ministerio Público dio fe de la validez de
comprobantes entregados por familiares de víctimas en un caso en el cual
estuvo involucrado el Ejército.
Dice Valenzuela: “Estamos en un
impasse. En materia de derechos humanos la Sedena y la Semar tienen el
mismo estilo que en el sexenio pasado; es la misma vaca, pero ordeñada.
Quieren recurrir al esquema ranchero de pagar un dinero y con eso
bloquear a los familiares de las víctimas”.
Y aun cuando no ceja
en su demanda de justicia, don Víctor pone sus condiciones: “Ya no
queremos hablar con Lía Limón, queremos que sea el secretario (Miguel
Ángel) Osorio Chong quien nos atienda; queremos alguien con poder de
decisión. Queremos justicia en serio, no simulación”.
/ 20 de junio de 2013)
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