Armando Guzmán/ Proceso
VILLAHERMOSA, Tab.
(apro).- La falta de transparencia de Pemex en la asignación de contratos a
rectores de universidades y tecnológicos, entre otros centros educativos,
llevan a pensar al investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), Javier Herrera Escamilla, en que detrás de ello hay un gran “negocio”
entre ambas partes.
En refuerzo de su
apreciación, sostiene que de 2006 a 2012, Pemex Exploración y Producción (PEP)
firmó contratos por casi 10 mil millones de pesos con distintas autoridades
universitarias estatales “sin rendir cuentas de a dónde fueron a parar esos
recursos”.
Sólo en 2012, dice,
PEP destinó 3 mil 500 millones de pesos a esas instituciones educativas, y de
2006 a 2011 firmó contratos por otros 6 mil 288 millones de pesos, lo que suma
casi 10 mil millones en los últimos siete años.
“No se sabe dónde se
aplicaron los recursos, quiénes fueron los que realizaron los trabajos para
PEP, y en función de qué fueron seleccionados”, indica.
Herrera Escamilla
lamenta que la información sobre estos millonarios recursos no esté disponible
en las páginas de transparencia de las universidades, y que los contratos con
Pemex sólo sean firmados por los directivos de Pemex y los rectores, y no por
otras autoridades universitarias, como ocurre con la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
“Los contratos de
Pemex con la UNAM y el Politécnico Nacional están de manera clara, más
transparente, es un procedimiento totalmente diferente a lo que ocurre en
Tabasco”, subraya.
El investigador
puntualiza que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) facturó a PEP
más de 673 millones de pesos en 2012; la Universidad Popular de la Chontalpa,
819 millones, y el Instituto Tecnológico de Comalcalco, 710 millones de pesos.
La Universidad
Politécnica del Golfo, la Universidad Tecnológica (UT), el Tecnológico Superior
de la Sierra y el Tecnológico de Los Ríos facturaron 641, 385, 170 y 45
millones de pesos, respectivamente, entre otros.
Herrera Escamilla
destaca el caso de la UPCH que, a pesar de recibir más dinero por contratos con
PEP, no puede pagar 50 millones de pesos que adeuda al Instituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco (ISSET) y salarios atrasados a sus docentes.
No obstante, su ex rector
y hoy funcionario de la Secretaría de Educación estatal, Pedro Javier Muñoz
Vergara, se autorizó dos “bonos de actuación” en diciembre pasado, uno por 41
mil y otro por 110 mil pesos, de los ingresos vía contrato con Pemex.
El investigador
también deplora que el rector de la UJAT, José Manuel Piña Gutiérrez, cobre más
que el gobernador. En 2012, dice, recibió un millón 783 mil 628 pesos, superior
al millón 739 mil 692 pesos que cobró el ex gobernador Andrés Granier Melo.
Por su parte, el ex rector
de la UPCH, Pedro Javier Muñoz, se autoasignó un salario anual de un millón 453
mil 810 pesos, más 120 mil pesos mensuales.
Herrera Escamilla
pide al gobierno de Arturo Núñez Jiménez promover auditorías e investigar a
fondo el procedimiento para esclarecer el destino de los millonarios recursos
que PEP aporta a las universidades, tecnológicos y otras instituciones
educativas de Tabasco, a través de contratos “opacos” que sólo firman rectores
y funcionarios de Pemex para supuestas obras “que nadie sabe dónde están y
quiénes las realizan”.
(PROCESO/ Armando Guzmán/ 22 de abril de 2013)
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