17 agrupaciones tienen participación activa en la
región. Los proyectos que ha frenado son Marina Esperanto, Entre Mares, Paraíso
del Mar, Hotel Posadas, Los Pericues y Cabo Cortés. La inversión anulada supera
los 5 mil millones de dólares, y la posible creación de 3 mil fuentes de
empleos directos e indirectos en La Paz y Los Cabos
Gerardo Zúñiga
Pacheco/ Alejandro Acuña Rivera
La política de
desarrollo sustentable y el discurso ambientalista de algunas organizaciones
civiles, es un plato que se sirve frío en las mesa de los pobladores de Baja
California Sur.
Con el 40 por ciento
del territorio convertido en Áreas Naturales Protegidas y distribuidas en once
puntos estratégicos, el estado se ha convertido en un territorio fértil para la
creación y propagación de agrupaciones locales, nacionales e internacionales
que profesan amor por la naturaleza, un noble espíritu conservacionista, una
sublime pasión ecologista, y sobre todo, un combate heroico para proteger el
medio ambiente.
Datos recabados por
ZETA exponen que actualmente 17 agrupaciones tienen participación activa en la
región, las cuales lograron bloquear en la historia reciente algunos proyectos
de inversión y desarrollos turísticos en La Paz y Los Cabos, principalmente,
por presuntas violaciones ambientales:
1. Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
2. Sociedad de Historia Natural “Niparajá”
3. Medio Ambiente y Sociedad
4. Agua Vale Más que Oro
5. The Palapa
Society, A.C.
6. Asociación Interamericana de la Defensa del Medio
Ambiente
7. Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo
8. Costa Salvaje
9. Defensa Ambiental del Noroeste, A.C.
10. Los Cabos Coastkeeper
11. Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste
Costero Mexicano (ALCOSTA)
12. Greenpeace México
13. Grupo Tortuguero de las Californias, A.C.
14. Pronatura
Noroeste, A.C.
15. Ecology Project
International
16. Comunidad y Biodiversidad, A.C.
17. Vigilantes de Bahía Magdalena, A.C.
De acuerdo con el
presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz
-conocida por sus siglas como EMPRHOTUR-, Agustín Olachea Noguera, en los
últimos seis meses las acciones legales promovidas por algunos de estos grupos
ecologistas terminaron por detener seis proyectos de desarrollo turístico por supuestamente
contravenir las leyes y reglamentos en materia ambiental. Estos casos son
sujetos de procesos jurídicos en la Procuraduría Federal de Protección al Medio
Ambiente (PROFEPA), en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
(TFJFA), y en la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), este último,
organismo de carácter internacional creado a partir del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, y responsable de atender asuntos ambientales de
preocupación común entre México, Estados Unidos y Canadá.
Los proyectos
frenados son Marina Esperanto, Entre Mares, Paraíso del Mar, Hotel Posadas, Los
Pericues y el más polémico de todos, Cabo Cortés.
Lo anterior
representó la anulación de una inversión mayor a 5 mil millones de dólares, y
la posible creación de cuando menos 3 mil fuentes de empleos directos e
indirectos en La Paz y Los Cabos.
Según el titular de
EMPRHOTUR, la mayor parte de estos proyectos tenían el permiso correspondiente,
debidamente expedido por parte de la SEMARNAT, por contar con la evaluación de
Impacto Ambiental, la cual serviría para poder identificar, prevenir e
interpretar el impacto que generaría en el entorno ambiental, en caso de ser
ejecutado.
Uno de los casos es
del proyecto turístico Marina Esperanto, pero se tuvo que ir a revisión a
México, derivado de la complejidad del proyecto que, se planea, se localice en
un cuerpo de agua entre la playa El Coromuel y Marina Palmira, en La Paz.
El proyecto
contempla una inversión de 200 millones de pesos, la construcción de una
plataforma de 34 mil 851 metros cuadrados, andadores, estacionamientos, áreas
de desarrollo y verdes; edificios comerciales, estación de gasolina, marina
seca y taller; rompeolas, espigón, bordo de protección y un muelle para
atraques de yates con 18 peines y 398 slips.
El propio delegado
de la SEMARNAT, José Carlos Cota Osuna, consideró que el proyecto tendrá que
esperar el análisis y dictamen por especialistas en la materia, e incluso, la
posibilidad de ser sometido a consulta pública para ver si se aprueba.
Pero como en el caso
de la marina, la situación es exactamente la misma, replica en toda la
inversión detenida. “Es triste decirlo, pero gracias a los ambientalistas, la
inversión hoy en La Paz, es bajo un ambiente hostil y no muy grato para el
capitalista, lo grave de todo es que no solo está afectando el posible
desarrollo, sino la generación de fuentes de empleo y oportunidades de trabajo
a tanto joven que está saliendo de la universidad”, expresó el presidente de
EMPRHOTUR, Agustín Olachea Noguera.
De acuerdo con el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el desempleo va en
aumento en Baja California Sur, pues de una tasa del 3.2 por ciento en el año
2000, alcanzó la cifra récord de 7.6% en 2011, lo que llevó al estado a ocupar
el cuarto lugar nacional.
Pero lejos de
sentimentalismos, más de once grupos ambientalistas, entre los que se encuentra
Greenpeace, presentaron una denuncia en la Comisión de la CCA por presunta
corrupción de funcionarios de la SEMARNAT, que habrían autorizado los proyectos
Cabo Cortés, Paraíso del Mar y Entre Mares.
Por medio de un
escrito, Sandra Moguel, asesora legal de la Asociación Interamericana para la
Defensa del Ambiente -conocida como AIDA- detalló una serie de violaciones en
el proceso de evaluación de Impacto Ambiental. A pesar de que no cumplían con
la normatividad vigente, particularmente en cuanto a especies en peligro y
ecosistemas frágiles, como corales y manglares, los proyectos fueron
autorizados por SEMARNAT, abriendo una puerta para que se pretendiera construir
en áreas naturales protegidas y vulnerables en el Golfo de California.
En su denuncia, la
ambientalista consideró que “… el Gobierno Federal faltó a una obligación de
proteger los llamados humedales de importancia nacional e internacional, donde
es preocupante la aprobación de proyectos que amenazan los recursos marinos y
las comunidades locales”.
En el escrito
firmado por once organizaciones ecologistas, se lee que “… el antecedente puede
servir de experiencia para que el proceso de aprobación de proyectos de
desarrollo sea más transparente, y asegurar que la evaluación de Impacto
Ambiental no sea aprobada de manera discrecional, sino que científicamente
consideren el posible impacto que podría generarse en el ecosistema, y el daño
a las comunidades locales aledañas”.
Sobre estos hechos,
el coordinador de la Oficina Noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental,
Agustín Bravo Gaxiola, rechazó estar “en contra de todos los proyectos de
inversión”, solo que “no aceptan aquellos que puedan ser ilegítimos o
ilegales”.
“Tenemos que tener
una cancha pareja, y la cancha pareja son las leyes, y tenemos que tener un
piso mínimo, y ése es el desarrollo sustentable. No queremos proyectos que
comprometan no solo a las actuales generaciones, sino a las futuras, y nosotros
no somos quienes cancelamos la posibilidad del establecimiento de un
desarrollo, sino la procuraduría ambiental y los tribunales”, dijo.
Según datos
recabados por ZETA, la mayor parte de los proyectos de inversión detenidos y
cancelados carecían de un Plan de Manejo que de manera detallada, debe
establecer acciones para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir
posibles efectos o impactos ambientales negativos a causa de un proyecto, obra
o actividad. Inclusive, el documento debe contar con un plan de seguimiento,
evaluación, monitoreo y de contingencia.
El secretario de
Promoción y Desarrollo Económico del gobierno de Baja California Sur, Joel
Ávila Aguilar, reconoció que la posibilidad de detonar algún proyecto en el
estado ha cruzado históricamente por severos problemas, ya que “tenemos que
revisar la evaluación del Impacto Ambiental, el área de reserva y el área de
manejo, por una parte; y por la otra, la presión de grupos organizados de la
sociedad civil denominados ‘ambientalistas’, que han generado una fuerte
presión sobre algunos proyectos en concreto”.
Durante una
entrevista con ZETA, dijo que algunas de estas agrupaciones están legítimamente
constituidas y trabajando de forma honesta alrededor de una corriente de
pensamiento, objetivos técnicos y económicos.
Sin embargo, admitió
que existen otras que “solo medran alrededor de proyectos para hacer una forma
de vida, quienes generan crisis y viven de la crisis”.
— ¿Cuál es la postura oficial sobre estos hechos?
“Bueno, nosotros
somos facilitadores, porque en el ámbito de mi responsabilidad, tengo que tener
claridez (sic) y saber escuchar tanto a inversionistas como a grupos
ambientalistas, y saber reaccionar y responder. Debo reconocer que sin duda
tenemos impactos en lo económico y la generación de empleo”.
— ¿Cómo midieron el impacto de la ausencia de una
inversión?
“En el desempleo, y
debo reconocer que es una expresión social que tenemos, la cual estamos
atendiendo con programas y becas, pero también generando un filón, como el caso
del Centro de Convenciones de Los Cabos y de La Paz, y estamos generando un
atractivo para el turismo de convenciones o congresista. Traen eventos, como
sucede en otros estados, el cual seguramente generará una ocupación laboral y
denotará la cadena de servicios terciarios.
“Ni todos pueden, ni
todos caben en los sectores de servicios y gubernamentales, sobre todo cuando
se trata de mano calificada, y ciertamente tenemos momentos de desesperación,
quisiéramos que todo fuera más aprisa, pero también tenemos que actuar con
responsabilidad”.
Actualmente el
Estado ofrece oportunidades a todos los inversionistas, en base a la vocación e
historia de cada región, sobre todo, “el gobierno está cuidando la migración y
regulando la llegada de connacionales al estado porque -como ya sucedió en Los
Cabos- el inversionista trae gente contratada de otros estados, hacen una forma
de vida y después se termina el trabajo, y dejan a la gente a la deriva; luego
entonces pasa a formar parte de la lista de desempleados, y empiezan a buscar
una forma de subsistencia”.
EL NEGOCIO
Sin embargo, y de
acuerdo a datos recabados por ZETA, detrás de estos movimientos y posturas de
los ambientalistas, se asoma un lucrativo negocio que consiste en oponerse a
aquellas actividades económicas que sean capaces de atraer el patrocinio,
financiamiento o donaciones de empresarios ricos, fundaciones o compañías
nacionales o extranjeras.
Durante esta
investigación, este Semanario recolectó documentos y datos de The Walton Family
Foundation, una organización caritativa internacional que invirtió y repartió
más de 432 millones de dólares tan solo en 2012 para expandir las iniciativas y
oportunidades individuales y de grupos en las comunidades de Estados Unidos y a
nivel internacional en tres rubros: educación, agua, y conservación marina y de
vida.
La fundación es
dirigida por Christy Ruth Walton, una de las principales accionistas de Grupo
Walmart, viuda de John T. Walton, hijo de Sam Walton, fundador del corporativo
estadounidense.
Según sus propios
reportes de donaciones, la empresaria entregó, entre 2002 y 2007, cerca de 3.5
millones de su fortuna a proyectos caritativos, colegios, asociaciones civiles,
universidades y fundaciones.
Lo verdaderamente
curioso es que en la lista del reporte anual de donaciones figuran cuatro
grupos ambientalistas que tienen constante actividad en Baja California Sur:
- Sociedad de Historia Natural “Niparajá”
- Centro Mexicano de Derecho Ambiental
- Grupo Tortuguero de las Californias, A.C.
- Ecology Project International.
La mayor parte de
las aportaciones se centraron prácticamente en las organizaciones “Niparajá” y
CEMDA, que según estados de cuenta en poder de ZETA, obtuvieron las siguientes
cantidades por parte de la principal accionista de Grupo Walmart:
- “Niparajá”
recibió 103 mil dólares en 2001; 5 mil dólares en 2003; 310 mil dólares en
2006; 190 mil dólares en 2008; 462 mil 389 dólares en 2009; 604 mil 978 dólares
en 2010; 198 mil 231 dólares en 2011; y 472 mil dólares en 2012. En suma, 2
millones 345 mil 598 dólares en el transcurso de 12 años.
- CEMDA obtuvo 160 mil dólares en 2006; 134 mil
dólares en 2008; 85 mil dólares en 2010; 92 mil 500 dólares en 2011; y 125 mil
dólares en 2012. En total, 596 mil 500 dólares en el transcurso de seis años.
La empresaria donó e inauguró, el 1de abril de 2012,
el parque público Piedra y Pájaros en La Paz, obra también aportada por la
representante de International Community Foundation (ICF), Lucía Frausto, quien
cuenta con propiedades en La Paz y Los Cabos.
No solo eso. En el caso del CEMDA, ha vivido de
cuantiosos donativos desde su fundación en 1993. Se trata de una asociación
civil fundada por abogados, con la intención de promover la conciencia del
derecho ambiental, fomentar la conservación de la biodiversidad, y el desarrollo
sostenido de la calidad de vida, además de la promoción de la educación
ambiental.
Según el estado financiero en manos de ZETA, de 2005 a
2012, donativos por alrededor de 119 millones 201 mil 833 pesos, donde en la
lista de beneficiarios aparecen The Walton Family Foundation y otras
organizaciones caritativas como International Community Foundation, The Summit
Foundation y The William and Flora Hewlett Foundation, las cuales aportan más
del 50 por ciento del total de sus ingresos.
Tanto CEMDA como otras agrupaciones ambientales,
prácticamente no pagan impuestos a razón de que, según la Ley de Impuesto sobre
la Renta, “es una sociedad civil con fines no lucrativos”, y por lo tanto, “no
está sujeta al pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y tampoco al Impuesto
Empresarial de Tasa Única (IETU)”.
Asimismo, tampoco
están obligadas a repartir las utilidades entre trabajadores o personal, si
acaso el remanente distribuible; de haber alguno, puede gravarse. Solo por
citar un ejemplo, de los 36 millones 664 mil 108 pesos que tuvo como ingresos
en 2010 y 2011, la agrupación solo reportó como remanente distribuible mil 852
pesos y 16 mil 364, respectivamente, en esos dos años. Su base gravable provino
principalmente de gastos no deducibles.
La mayoría de los patrocinadores
de las agrupaciones ecologistas prefieren entregar donativos, ya que de acuerdo
a un contador consultado por ZETA, “es una forma elegante de reducir
impuestos”, porque la mayor parte de organizaciones ecologistas expiden recibos
al momento de recibir donativos, casi siempre en efectivo.
LAS CONTRADICCIONES
Sobre estos hechos,
ZETA solicitó una entrevista con el representante del Centro Mexicano de
Derecho Ambiental, Agustín Bravo Gaxiola, quien dijo que “la asociación tiene
como su principal misión proteger las áreas más importantes de biodiversidad de
México, por el servicio ambiental que ofrecemos a la comunidad”.
— ¿Dónde estaba
CEMDA cuando la cadena Walmart construyó de manera irregular las tiendas de San
José y de Cabo San Lucas, en Baja California Sur? En los registros que tenemos,
no aparece ninguna expresión de protesta o condena de esta organización hacia
estos proyectos, con todo y que, hoy se sabe, el grupo es sujeto de una
investigación de corrupción de parte de los gobiernos de Estados Unidos y de
México, por el pago de sobornos que permitieron establecer las tiendas sin
resistencia alguna, a pesar de violentar leyes y normas ambientales y la Ley de
Desarrollo Urbano.
“La verdad, no vamos
persiguiendo y buscando cuanto caso y cuanta situación sale a relucir. Cuando
sucedió eso, nosotros estábamos centrados en la protección de Cabo Pulmo y la
actualización del ordenamiento ecológico, programa de manejo y del área natural
protegida de Los Cabos. Sinceramente, no está en nuestro horizonte y radar
entrar a temas que en el fondo son meramente urbanos, como es la instalación de
las tiendas de Walmart”.
— Sin embargo, el
tema tiene ramificaciones importantes en el fondo ecológico. Según el dictamen
técnico del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Los Cabos, detectaron una
serie de irregularidades que no solo tuvieron un impacto vial y urbano, sino
ambiental…
“Lo que quiero
comentar es que no hay una relación contractual de ningún tipo entre Walmart y
CEMDA, y cuando ha habido lugar a litigar la protección ambiental o posibles
daños ecológicamente importantes, aunque esté involucrado este grupo, hemos intervenido.
El caso más emblemático es el del Casino de la Selva en Cuernavaca, Morelos.
CEMDA y Walmart han sido contrapartes en más de un caso, solo te menciono el
caso que consideramos más relevante”.
— ¿No importa que sea uno de sus donadores?
“Walmart como
empresa no es donador, y tampoco tenemos una relación de ningún tipo, ni
siquiera formal con la cadena comercial. Nosotros hemos recibido de alrededor
de 14 fuentes de financiamiento, donativos de The Walton Family Foundation,
pero cabe señalar que no hay ningún tipo de relación entre la fundación y la
cadena de tiendas”.
A diferencia del
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, los únicos que asumieron una postura
crítica sobre la construcción de tiendas Walmart en Los Cabos, fueron el
Colegio de Arquitectos, Ingenieros y Abogados, porque “estaban fuera del marco
legal” y catalogados como “un proyecto irregular”.
Por esta situación,
los colegios enviaron oficios en diciembre de 2010 a Elías Nuño Robles, hoy ex
director de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento cabeño,
que nunca contestó el sinnúmero de oficios, por lo que con ayuda de
profesionistas hasta en materia ambiental, realizaron un estudio y emitieron un
dictamen técnico de la construcción de las tiendas, cuya información fue
publicada en la edición 1988 de ZETA.
Pero la postura que
CEMDA no asumió con Walmart en Los Cabos, hoy por hoy, la demuestra en contra
de la cadena hotelera Hyatt, cuando supo que arrancaron las obras de
construcción dentro del complejo Costa Baja en La Paz, sin la supuesta y debida
autorización de SEMARNAT, como denunció el 26 de marzo de 2013.
“Lo que tiene que
hacer PROFEPA en este caso es actuar, si fuera Costa Baja, todo está en orden,
pero si no fuera Costa Baja, tiene que proceder a clausurar esta obra porque es
ilegal, ya que no cuenta con una autorización en materia de impacto ambiental”,
apuntó Agustín Bravo Gaxiola, de CEMDA.
Agregó que
interpondría una denuncia en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,
por contravenir la legislación ambiental, solicitando su clausura y
correspondiente sanción.
Sin embargo, la
cadena hotelera Hyatt envió a este Semanario la autorización de evaluación de
Impacto Ambiental bajo el número de folio SGPA/DGIRA/DG00502.
El representante del
grupo, José Manuel Guillermo del Peón, se dijo extrañado por la postura de
CEMDA, ya que si en algo se han caracterizado, es en “cumplir escrupulosamente
con todas las disposiciones legales emanadas del Gobierno Federal, estatal y
municipal, aplicables al proyecto de construcción”.
El directivo expuso
que los trabajos del nuevo hotel, que se construye en lo que era la marina seca
-antes una cementera-, se está llevando a cabo al amparo de la autorización de
Impacto Ambiental y del Plan Maestro de Costa Baja, documento integral que
comprende la totalidad del proyecto, incluyendo, evidentemente, el polígono
donde está localizada la marina seca y donde se cumplieron todos los requisitos
legales durante su proceso de evaluación; incluyendo una consulta pública en
que el propio Centro Mexicano de Derecho Ambiental participó activamente.
Después del debate,
y en virtud de que el titular de la evaluación del Impacto Ambiental del
proyecto Costa Baja es el banco HSBC de México, la diferencia se dio por
terminada y, casualmente, la institución financiera figura en la lista de los
14 donadores nacionales de CEMDA. Según el estado financiero, en 2011, el banco
entregó a dicho centro una donación de 75 mil pesos.
(ZETA Baja California Sur/ Gerardo Zúñiga Pacheco/
Alejandro Acuña Rivera/ Abril 22, 2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario