La saga de los casinos en México vive nuevos capítulos
de escándalo. Uno de ellos es la cancelación de los permisos que Felipe
Calderón otorgó en el último día de su mandato; otro son las acusaciones de
corrupción por el otorgamiento de autorizaciones para casas de juego contra
panistas que desempeñaron altos cargos públicos en los dos sexenios panistas,
entre ellos el senador Roberto Gil Zuarth.
Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- La última decisión de Felipe Calderón en la Presidencia de la
República, el otorgamiento de permisos a dos empresas para operar 94 casinos
durante 25 años y que ha generado un escándalo, fue anulada: Un juez suspendió
las autorizaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) a las dos firmas,
vinculadas con presuntos criminales.
El jueves 3, a un
mes de iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto, el juez segundo de distrito
en Materia Administrativa en Nuevo León, Javier Rubén Lozano Martínez, otorgó
la suspensión definitiva a Entretenimiento de México (Emex), propiedad de los
hermanos Rojas Cardona, de cuyo permiso derivaron los otorgados a Producciones
Móviles y Exciting Games.
Producciones
Móviles, a la que Gobernación autorizó la operación de 40 centros de apuestas
remotas y 40 salas de sorteos de números, es propiedad de Juan Iván Peña Néder,
según su ex esposa Talía Vázquez Alatorre, quien lo acusa de encabezar una red
de traficantes de permisos para operar casinos ilegalmente, aun desde la
cárcel, donde espera juicio acusado de violación tumultuaria.
Los otros socios de
Producciones Móviles, firma que reiteradamente ha sido denunciada por conductas
ilegales, son dos funcionarios de la Segob en la primera parte del sexenio de
Calderón: Guillermo Santillán Ortega, titular de la Unidad de Enlace Federal, y
Roberto Correa Méndez, ex director general de Juegos y Sorteos.
Se trata del más
reciente escándalo en la historia de complicidades y corrupción por el
lucrativo negocio de los casinos que proliferan en todo el país –funcionan 349
en 29 estados y hay otros 361 que pueden ser abiertos– y que involucra a
prominentes miembros del Partido Acción Nacional (PAN) en los sexenios de
Vicente Fox y Calderón.
La trama se inició
con Fox, cuando Santiago Creel como secretario de Gobernación otorgó permisos
para operar 432 casinos –con el argumento de “democratizar el juego” en México–
y la rubricó Calderón con los permisos que formalizó dos minutos antes de
concluir su sexenio, como lo reveló este semanario el pasado 15 de diciembre
(Proceso 1885).
La vinculación de
panistas con los casinos no es nueva: Por ejemplo, un operador de Creel para
otorgar los permisos una semana antes de renunciar al cargo para buscar la
candidatura presidencial, Miguel Ángel Ochoa Sánchez, titular de Enlace
Federal, es el actual presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores
y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuestas.
Ochoa tuvo el mismo
cargo en la Secretaría de Gobernación con Creel que Santillán Ortega el
siguiente sexenio; éste, además, como secretario del ayuntamiento de Salamanca,
Guanajuato, pretendió instalar un casino. Ninguno de los dos refrendó su
militancia en el PAN.
Un tema recurrente
de discusión informal en el PAN son los “casineros”, aquellos dirigentes que
tienen nexos con empresarios como Juan José Rojas Cardona, El Zar de los
Casinos, y su hermano Arturo, quienes presuntamente financiaron a Gustavo
Madero, presidente del partido, y a legisladores afines a éste como Jorge
Villalobos, Rodolfo Dorador, Guillermo Anaya…
En lo que configura
una disputa entre empresarios del juego por el mercado y a la que Televisa ha
dado inusitada cobertura informativa –empresa que también es permisionaria de
130 casinos Play City–, también se deja ver un choque entre panistas por sus
respectivos nexos con casineros.
Y es que ahora, con
el permiso que la Segob otorgó a Producciones Móviles de Peña Néder, Santillán
Ortega y Correa Méndez, los perjudicados son los Rojas Cardona, a quienes
funcionarios del gobierno de Calderón descalificaban.
Así, una vez que
Gobernación otorgó los permisos a Producciones Móviles y Exciting Games, que
fue calificada como una “conducta a todas luces criminal”, la empresa de los
Rojas Cardona presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la
República (PGR) contra Alejandro Poiré, ex secretario de Gobernación, y otros
14 funcionarios.
Y a esta denuncia
–por la que la PGR inició la averiguación previa AP/PGR/UEIDSPCAJ/M/322/2012–
siguió la solicitud de un amparo y el juez Lozano Martínez decretó la
suspensión definitiva, de la que Proceso tiene copia, que deja sin efecto los
permisos y que apunta a la clausura de por lo menos 15 casinos que operan
aquellas empresas.
“¡Son
criminales!”
El tema del juego y
las apuestas en México, que detonó la tragedia del Casino Royale de Monterrey,
donde el 25 de agosto de 2011 murieron 52 personas, se puso bajo escrutinio por
las irregularidades que presuntamente cometieron funcionarios de la
administración de Fox.
El responsable de operar
el área de juegos fue el subsecretario de Gobierno con Creel, Felipe González,
quien integró su equipo con personajes que lo acompañaron en su gobierno, como
el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Miguel Ángel Ochoa
Sánchez, dirigente de los permisionarios del juego.
Otro fue Miguel
Fierro Evans, secretario de Planeación del gobierno de Aguascalientes, y quien
fue titular de la Unidad de Gobierno de Gobernación, consignado por la PGR por
el caso del Casino Royale y protegido por la justicia.
Uno más fue Edmundo
Valdés Santacruz, coordinador de Turismo de Aguascalientes, secretario
particular de Felipe González y supuestamente allegado a los Rojas Cardona y a
Héctor Gómez Barrera, quien fue secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes
y director de Juegos y Sorteos.
El asunto de los
casinos volvió a cobrar relevancia una vez que Calderón otorgó los permisos el
último día de su gestión.
“¡El tema es este!
¡Este es el tema crucial! Calderón no dio un solo permiso en el sexenio y lo da
hasta el último minuto de su gobierno. Lo gravísimo es que se lo dio a unas
empresas denunciadas 800 veces. ¡Se los dio a criminales! ¡Eso es lo
terrible!”, clama Talía Vázquez Alatorre, exesposa de Peña Néder.
Exhibe las numerosas
denuncias que presentó ante la Segob acerca de las maniobras de Peña Néder y
sus socios, como la falsificación de permisos para la operación de casinos, por
los que cobraban entre 80 mil y 400 mil pesos mensuales.
“No puede decir el
gobierno que no sabía, porque yo denuncié por todos lados cómo habían fabricado
Producciones Móviles de manera chueca, que era un descaro que heredaba todo lo
ilegal de Cadereyta. ¡Lo hice todo y no pensé que se atrevieran a dar
permisos!”
Más que el dicho de
Vázquez Alatorre hay documentación oficial que avala la protección oficial a
Producciones Móviles y Exciting Games: Pese a que en 2011 Emex dio por
terminado el contrato de operación de la primera, la Segob dio autorización
para casinos.
Así consta por
ejemplo en el oficio enviado el 14 de marzo de 2012 por la directora general
adjunta de Juegos y Sorteos, Araceli Barroso Rodríguez, al agente del
Ministerio Público Ramón Guzmán Bernal, como parte de la averiguación previa
83/UEAIDAPLE/LE/12/2012.
Peña Néder es un
personaje peculiar: Priista de Chihuahua, de tendencia fascista, fue asesor de
Carlos Jiménez Macías cuando el presidente del PRI era Roberto Madrazo. Luego
colaboró con Fernando Silva Nieto en el gobierno de San Luis Potosí.
En 2006, cuando se
perfilaba la campaña de Andrés Manuel López Obrador, Manuel Camacho Solís,
coordinador de las Redes Ciudadanas, lo hizo su operador para los estados del
norte del país, donde imponía candidatos, algunos de mala reputación.
Concluida la campaña
y con el apoyo de Camacho, Peña Néder se hizo pasar como el interlocutor de la
izquierda con Calderón y se le dio el puesto de coordinador de asesores del
subsecretario de Gobierno, Abraham González Uyeda, cuando el secretario era
Francisco Ramírez Acuña.
Desde esa posición
Peña Néder trabó relación con Santillán Ortega y Correa Méndez para tramar la
falsificación y venta de permisos para la operación de casinos, al mismo tiempo
que estableció relación con el naciente partido Nueva Alianza, de Elba Esther
Gordillo.
Desde 2006 Vázquez
Alatorre acompañó a “Juan Iván”, como le llama, en una ruta que los llevó a
compartir un despacho y luego a contraer matrimonio, en julio de 2009, y por
eso afirma conocer todos los negocios de su ex marido, a quien acusó de
violación.
Luego de sufrir un
permanente hostigamiento y amenazas, procedió contra su ex marido, lo denunció
reiteradamente ante funcionarios del gobierno federal y decidió ventilar
públicamente sus negocios y sus cómplices a partir de que le fue otorgado el
permiso a su empresa.
Para ella no hay duda:
Detrás del permiso a Producciones Móviles hay corrupción y complicidades de
personajes cercanos a Calderón, como el senador Roberto Gil Zuarth y el abogado
Julio Esponda.
A Gil lo acusa de
haber recibido dinero de casineros en su campaña por la presidencia del PAN en
2010 y de apoyar a Peña Néder desde que era subsecretario de Gobierno y luego
secretario particular de Calderón, en cuyo carácter hizo gestiones, afirma,
para la apertura de un casino en Querétaro a cambio de 800 mil dólares.
Y a Esponda, amigo
de Calderón desde que eran estudiantes de la Escuela Libre de Derecho, lo
señala como el defensor de Peña Néder y su socio en negocios, incluido el
trámite que hicieron para instalar infructuosamente un casino en Querétaro.
Las complicidades
las extiende a la senadora Luisa María Calderón, cuya suplente es Lizette
Clavel, ex dirigente de las sobrecargos de aviación y quien es asidua visitante
de Peña Néder, preso en el penal federal de Matamoros, Tamaulipas, sujeto a
proceso por violación tumultuaria en su contra.
Diputada perredista
suplente de Michoacán, cuya propietaria es su hermana Selene –quien a su vez
fue suplente de Silvano Aureoles en el Senado– y amiga del ex gobernador Leonel
Godoy, Vázquez Alatorre ratifica sus acusaciones contra Gil Zuarth, pese a la
demanda civil que éste presentó en su contra.
“Yo no sé a quién
haya ayudado Rojas en el PAN. Dicen que financió la campaña de Calderón, no lo
sé. Lo que yo digo es que la campaña de Gil Zuarth recibió apoyos de casineros
que no eran Rojas. Si Rojas apoyó a Madero, como dicen en mi pueblo, pues pior.
Otros apoyaban a Gil Zuarth”.
–¿Qué casineros?
–Lo voy a decir
cuando lo reconvenga en la demanda. No voy a revelar mis pruebas. Gil sabe. Si
Rojas apoyó a Madero, otros apoyaron a Gil y a lo mejor de ahí viene su
corajito. A lo mejor no es como él dice, que tocó callos e intereses. ¿No será
al revés, que yo toqué callos e intereses?
Niega, por ello, que
detrás de ella estén los Rojas Cardona, a quienes Peña Néder y Santillán,
afirma, robaron: “Si hay una vinculación entre Rojas y yo es la misma que
existe con toda la gente que Juan Iván ha timado: Tenemos un enemigo común”.
Que aclare el PAN
Ante las acusaciones
de Vázquez Alatorre, Gil Zuarth insiste en que jamás ha recibido dinero de
casineros ni de nadie en su desempeño como servidor público o candidato a
presidir el PAN en 2010.
“No tengo dueño, no
tengo vergüenza ni tacha en mi paso por la Secretaría de Gobernación ni mi paso
como secretario particular del presidente. Jamás he recibido un solo peso de
persona vinculada a la industria de casinos.”
Cree que detrás de
las acusaciones de Vázquez Alatorre están personajes como Rojas Cardona, que
fueron afectados por las 3 mil 700 acciones contra el juego ilegal y las 54
clausuras de casinos que hizo como subsecretario de Gobierno.
–¿Perjudicó
intereses de los Rojas Cardona?
–No tengo duda de
que toqué intereses. Cerré 54 establecimientos.
–¿Era de los Rojas?
–No conozco si el
señor Rojas era dueño de alguno de los establecimientos. Nosotros revisábamos a
la persona moral, no a los inversionistas. La autoridad administrativa tiene un
velo de quién está detrás de cada casino o centro de apuestas. Nosotros vemos a
la persona moral si tiene o no tiene permiso. ¿Quiénes son los accionistas? Le
corresponde al Ministerio Público demostrar si hay algún financiamiento de
carácter ilegal.
Gil Zuarth, quien
insiste en que sólo ha visto una vez a Peña Néder, le revira a Vázquez Alatorre
que ella sí está vinculada al juego. “Esta persona tiene casinos en Guanajuato
y Michoacán”.
Se refiere, en el
caso de Guanajuato, al Grand Casino de León, que en efecto se abrió en 2011 y
que se inició con una asociación entre Jaguar Entertainment, de la que Vázquez
Alatorre era apoderada legal, y Grupo Win, uno de cuyos socios era Ricardo
Villarreal, actual diputado federal del PAN y hermano de Luis Alberto,
coordinador de la bancada de ese partido.
Vázquez Alatorre
confirma que no era, sino que es, apoderada de Jaguar Entertainment, propiedad
de su primo Raúl Alvarado, un empresario radicado en Estados Unidos, a quien
Peña Néder le vende el permiso de Video y Entretenimiento de Monterrey para
operar un casino en 3 millones de dólares y le consigue luego, en 2008, como
socio a Villarreal.
Sin embargo, un año
antes de abrir el casino, en 2010, rescinden el contrato con Jaguar y se abre
con un permiso de Entretenimiento y Videos Cadereyta, otro negocio de Peña
Néder asociado con Santillán Ortega.
“Lo que hizo mi
primo fue decir que estaba harto y me preguntó si podíamos demandar y le dije
que sí, pero Villarreal le decía: ‘No te puedes trepar al ring con Villarreal,
es senador por Guanajuato’. Y él decide retirarse con su chipote.”
Recuerda que el 8 de
septiembre de 2011, cuando su hermana Selene asumió la senaduría en sustitución
de Aureoles, Villarreal se le acercó, amable, a saludarla.
–Senadora, ¿que
tenemos hermanos casineros?
–Sí, senador –le
respondió ella–, con la diferencia de que el casino sí es de su hermano y de mi
hermana no.
Justamente sobre las
relaciones de panistas con casinos, Gil Zuarth emplaza al PAN a que enfrente el
problema. “Se están haciendo señalamientos muy graves en torno a la vinculación
de diversos militantes con la industria de los casinos y en consecuencia como
partido tenemos que deslindarnos claramente”.
Subraya: “Es
absolutamente inconsistente que el partido, por un lado, esté dando la batalla
al crimen organizado y, por otro, estemos siendo señalados como de estar
vinculados a una industria que tiene incidencia en el financiamiento de
organizaciones del crimen organizado”.
“Hay que hacer dos
cosas como partido político: Cada señalamiento debe ser afrontado de manera
directa, como yo lo estoy haciendo, pero también el partido, dentro de sus
órganos de dirección, tiene que hacer una revisión de cuál es la razón de que
hay esta existencia de evidenciar esta vinculación y deslindarse de aquello que
tenga motivo para ello.”
Aunque hay
señalamientos de adversarios del PAN, no descarta que también desde su partido
busquen desacreditarlo.
“No quisiera
pensarlo. Espero asumir que se trata de intereses que yo he afectado en mi paso
como subsecretario de Gobernación. Yo me hago cargo de los señalamientos que se
están haciendo en mi contra y que cada quien se haga cargo de los señalamientos
que se le hacen.”
(PROCESO/ Álvaro Delgado/ 12 de enero de 2013)
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