Patricia Dávila/ Reportaje Especial
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Desde junio la Sección de Fraudes y División Criminal del
Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga al menos a 17 empresas que
le vendieron patrullas y equipos de seguridad a la Secretaría de Seguridad
Pública federal (SSP) cuando la encabezaba Genaro García Luna, y que
presuntamente habrían cometido en México los delitos de fraude o lavado de
dinero.
La investigación se
deriva de la denuncia presentada en Estados Unidos por José Luis Moya, experto en
temas de corrupción y transparencia, y quien ha sido asesor de algunos
legisladores panistas.
Las indagatorias
también implican a Manuel Mondragón y Kalb –encargado de la seguridad pública
federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto– en su carácter de extitular de la
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), cargo que
desempeñó hasta el 29 de noviembre de 2012.
García Luna y
Mondragón –y otros funcionarios y exfuncionarios de seguridad pública de los
gobiernos federal y capitalino– podrían verse implicados en esa investigación
por su participación en las compras de patrullas y otros equipos que se
hicieron con sobreprecios.
Moya ha seguido la
pista de ambos funcionarios y en entrevista con Proceso explica el origen de la
denuncia: “Un día me avisaron que Genaro García Luna estaba metiendo patrullas
Chrysler a una bodega por la carretera México-Pachuca. Fui, tomé fotografías de
las patrullas y al investigar me encuentro con que antes de que se hicieran las
bases para la licitación ya estaba recibiendo las unidades. Presenté la
denuncia ante la contraloría de la PFP, pero nunca hizo nada”.
Señala que además,
en noviembre de 2011, con recursos del Plan Mérida, García Luna adquirió tres
helicópteros Black Hawk –valuados por pieza en 20 millones de dólares– en 45
millones de dólares cada uno. La Secretaría de Marina adquirió otros tres en 28
millones de dólares cada uno.
Ante sus fracasados
intentos por exigir justicia en México, hace seis meses Moya presentó su
denuncia en Estados Unidos ante la Unidad de Fraude del FBI en términos de la
Ley Anticorrupción de ese país.
Los agentes del FBI
le pidieron copias de los contratos de compra-venta y él entregó decenas de
expedientes con miles de facturas que obtuvo a través de portales de Transparencia
federal y locales gracias a la Ley de Acceso a la Información. Les dijo que
sospechaba que funcionarios mexicanos y empresas estadunidenses habían lavado
dinero.
Cuenta Moya: “Uno de
los agentes me dijo: ‘A ver, vamos a pensar que encontré a una persona que
aceptó pagarme un sobreprecio por mi carro’. Le dije: ‘Bien. Sólo que en este
caso la Ley Anticorrupción de Estados Unidos prohíbe a las agencias ganar más
de 10% del valor del vehículo’. La agencia es el vendedor oficial del
corporativo y en el momento en que vendió con sobreprecio violó el contrato
entre la agencia y el corporativo.
“Cuando en el
corporativo de Chrysler se enteraron de que interpuse la denuncia y de que se
iniciaron las investigaciones, enviaron a su filial de México y a las agencias
involucradas a un auditor para investigar la compra de las patrullas. Desde
hace seis meses está aquí. Me preguntaba: ‘¿Cuando van otras empresas a las
licitaciones, no se quejan?’ Le dije que sí y le mostré las inconformidades de
varias.
“Le expliqué: ‘Mira,
por ejemplo, si ganó Chrysler Automundo la licitación de mil vehículos de 1
millón de pesos cada uno, para el pago la SSP le hace una transferencia
electrónica por 500 millones de pesos, luego de otros 500 y ya. Pero el
sobreprecio lo recibe la agencia y ésta tiene que hacer operaciones de lavado
de dinero para repartir la mordida a los funcionarios, cuando oficialmente la
utilidad tiene que quedar en los accionistas del corporativo de Chrysler’.
“En este punto los
agentes del FBI me explicaron que si la investigación arroja que el dinero fue
reportado a los accionistas de Chrysler, se constata que hubo un sobreprecio y
se podrá sancionar como tal, pero no hay operación de lavado de dinero ni
fraude ni cohecho. Sin embargo las agencias sólo reportaron a las plantas el
precio de flotilla. Ni siquiera el precio comercial de la factura, cuando en
México las facturas que otorgaron a las dependencias señalan el sobreprecio.
Este es el punto”, acota.
Entre las empresas
que Moya denunció ante el FBI están Nissan, Yamaha, Ford, General Motors,
AMESA, Whelen, EADS, Digital Ally, todas las cuales son o han sido proveedoras
de los gobiernos federal o capitalino:
“Lo que hacen es
llamar a la empresa, solicitan la información y revisan el costo del vehículo
en la planta y el pedimento de importación. Ahí detectan el sobreprecio. El FBI
determina el daño y fija una multa. El siguiente paso es localizar el dinero. En
este punto generalmente la empresa regresa al FBI y pide un ‘descuento’. El FBI
acepta a cambio de que informe cómo hizo la operación de lavado de dinero y a
quiénes lo entregaron”, asegura.
La SSPDF
En 2008 Manuel
Mondragón llegó a la SSPDF. En 2010 y con el argumento de que “sale más barato
rentar que comprar”, con el contrato SSP/BE/ARR/574 arrendó mil patrullas a 1
millón 23 mil pesos cada una, para lo que contrató con Inbursa un préstamo de
mil 230 millones de pesos.
El diputado
capitalino Carlos Alberto Flores, presidente de la Comisión de Seguridad de la
Asamblea Legislativa, solicitó al Servicio de Administración Tributaria que
iniciara una investigación y una auditoría por lavado de dinero en este caso.
Según la
investigación del legislador, por la compra de una patrulla en la delegación
Miguel Hidalgo –cuando la encabezaba Demetrio Sodi– se pagaron 320 mil pesos,
lo que significa que adquirir mil costaría 320 millones, casi 900 millones
menos que lo pagado por la dependencia encabezada por Mondragón sólo por el
arrendamiento.
Incluso si la
adquisición hubiera sido como la que tuvo lugar en la delegación Iztapalapa,
con Clara Brugada al frente, que pagó un sobreprecio por la misma unidad, el
costo también hubiera sido menor: esa demarcación cubrió a Roberto Campa, de
Grupo Automotriz Campa, 420 mil pesos por la misma patrulla, por lo que mil
hubieran costado 420 millones.
Además Mondragón
rentó mil motocicletas en 216 mil pesos cada una. Es decir, 216 millones por
las mil, pese a que si se hubieran comprado incluso en India –donde se
fabrican– habrían costado 15 mil 950 pesos cada una. En México, con el
distribuidor directo, su precio era de 33 mil pesos.
Mondragón compró
también 12 ambulancias General Motors en 1 millón 320 mil pesos cada una. Joel
Ortega (anterior jefe de la policía capitalina) las había adquirido de la marca
Mercedes Benz en 620 mil pesos: “Dobló el precio”, señala Moya.
Historia antigua
Las irregularidades
en las adquisiciones de la SSPDF no son nuevas. En 2000 Vicente Fox designó a
Alejandro Gertz Manero –quien se había desempeñado como jefe de la policía
capitalina en la administración de Rosario Robles– titular de la SSP federal.
Entonces se
descubrió que cuando trabajaba para el Gobierno del Distrito Federal Gertz
había comprado “con sobreprecio” dos mil 60 patrullas Malibú a General Motors
de México.
El monto de esta
compra –estipulado en la licitación pública 30001066-080– fue de 452 millones
446 mil 242 pesos, pero el costo se incrementó en 29 millones 751 mil 746 pesos
por el pago de un año de mantenimiento preventivo, aunque este concepto ya estaba
incluido en el precio inicial.
Otra irregularidad
fue que las patrullas se entregaron sin radios; éstos debieron adquirirse
adicionalmente, lo que ocasionó un sobreprecio de 300%.
La Contraloría
Interna de la SSPDF y la Auditoría Superior de la Federación investigaron por
separado a Gertz y a su entonces oficial mayor, Genaro Pérez Rocha. La
Subdelegación de Procedimientos Especiales de la PGR integró el expediente
231/DDF/2004, aunque la indagatoria no prosperó.
(PROCESO/ Patricia Dávila/24 de enero de 2013)
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