Transcurrió la primera semana de octubre y llegó la segunda de noviembre, y el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño sigue recluido en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de La Paz, Baja California Sur.
Evidentemente los cálculos del abogado defensor Otoniel
Gómez Ayala, fallaron después de que fuera presentada una queja en
contra del todavía Juez Segundo de Distrito, Francisco Javier Silva
Anda, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por haber otorgado
de forma sospechosa, el 12 de julio, un amparo a favor del ex gobernante
del PRD.
La causa de este inesperado retraso podría ser la
revisión que magistrados federales iniciaron sobre la actuación del
juzgador que por amistad con el abogado litigante, se había convertido
en juez y parte del caso.
Y es que las cuentas alegres del también ex juez federal
en Hermosillo, Sonora, colocaban al ex gobernador fuera de prisión la
primera semana de octubre, junto con el ex secretario general de
Gobierno, Alfredo Porras Domínguez, cuando supuestamente los magistrados
del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito del Poder Judicial
de la Federación, confirmaran el amparo a favor de Agúndez y ordenaran
al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, “reclasificar el
delito de peculado, en caso de que existiera una conducta distinta a
este delito”, lo que obvia y automáticamente daría el pase de salida con
solo pagar una fianza.
La vieja amistad entre el juzgador y el abogado defensor
del ex gobernador, orilló a que el Juez Francisco Javier Silva Anda
considerara apresuradamente en su dictamen que “las pruebas presentadas
en contra de Agúndez eran insuficientes para acreditar el delito de
peculado y falsificación de documentos”.
Sin embargo, lejos de apresurar el término de la disputa
legal, la decisión tomada en cuestión de días -y no de meses, como
sucede casi en todos los casos- colocó en una situación de stand by el caso, hasta que termine de ser revisado por el Poder Judicial de la Federación.
Por eso, cuando familiares y amigos del ex gobernador
daban por hecho su salida la primera semana de octubre, hasta estaban
organizando una doble fiesta: primero para celebrar su liberación, y
segundo, porque el 26 de octubre, el ex gobernante perredista cumple
años.
Pero no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Nacido en 1958,
Agúndez celebró su onomástico 54 encerrado en la cárcel, acusado desde
el 24 de mayo de distraer 76 millones 200 mil pesos por concepto de la
venta irregular de siete bienes inmuebles en el exclusivo
fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, bajo el expediente
477/2012.
Aunque su liberación parecía inminente, hoy por hoy, el
tiempo parece alargarse, y si se confirman las versiones que circulan en
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur y
el Tribunal Superior de Justicia del Estado, todo parece indicar que la
revisión del caso por parte de los magistrados del Tribunal Colegiado
del Vigésimo Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación, se
definirá hasta después de que el Presidente Electo, Enrique Peña Nieto,
tome protesta en el cargo, o de plano, hasta 2013.
Pero con todas las contrariedades de los últimos meses
ya nada es seguro, y menos tratándose de un asunto tal polémico en el
estado.
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